La consejera Nieves Lady Barreto defendió que la norma incluye las medidas urgentes y necesarias para reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la agilización de los procesos selectivos

En el sector del juego de azar y apuestas, evita la concentración de locales de juego, regula la distancia de los salones de los centros educativos y amplía la edad de protección desde los 6 años

Se tramitará como proyecto de ley para incorporar las aportaciones de partidos políticos, organizaciones sindicales, ayuntamientos y cabildos

El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy el decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de Canarias, así como para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas, aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. En el mismo Pleno se acordó su tramitación por proyecto de ley, con el objetivo de poder incorporar las aportaciones de los grupos parlamentarios, los sindicatos, los ayuntamientos y los Cabildos, a través de la FECAM y la FECAI, así como para poder recoger aspectos que señala el informe del Consejo Consultivo de Canarias y dar a la norma la mayor seguridad jurídica.

Nieves Lady Barreto defendió la necesidad de contar con un decreto ley para poder adoptar medidas que son urgentes y necesarias para dar solución a los problemas actuales y agilizar las mejoras en la Función Pública “porque es necesario iniciar el proceso de transformación de la Administración Pública y abordar los cambios necesarios para adaptarla a la realidad y a las necesidades de la población”. La consejera destacó que para actualizar la Administración pública se requiere de toma de decisiones y, por lo tanto, es necesario poner en marcha procesos y este decreto ley es el inicio, además de recoger el compromiso de iniciar la tramitación de una nueva Ley de Empleo Público en un periodo de seis meses, “porque forma parte de nuestra hoja de ruta y de nuestra agenda política”, apuntó.

El decreto ley recoge aspectos que tienen que ver con la ejecución de los procesos selectivos, con la promoción interna y con las formas en las que se constituyen las listas de empleo. Según Barreto, en cuanto a la selección de personal, nos encontramos con una ausencia total de medidas que fomentan la promoción interna. “Este decreto ley no solo reserva plazas hasta un 40% en determinados sus puestos a la promoción interna, sino que determina que algunos cuerpos y escalas puedan reservarse solamente a promoción interna y no exige la superación de nuevas pruebas o contenidos ya superados en procesos anteriores”, dijo.

En cuanto a la dificultad de acceso al empleo público de distintos colectivos, la consejera recordó que ya se ha blindado que el 10% de las plazas se reserven a las personas con discapacidad y pretendemos acabar con la media de seis años que se tarda en resolver los procesos selectivos, una media de seis años, ampliando la convocatoria, además, a un 20% adicional, de respecto de las plazas ofertadas inicialmente.

En su defensa del decreto ley, la consejera apuntó que soluciona también las especializaciones profesionales, en este caso de la Escala de Administradores Generales, Especialidad Jurídica, la de Igualdad de Género, la de Antropología para afrontar las tareas de reto demográfico, junto con otros. Además, Barreto manifestó que se regulan las listas de empleo, que eran obsoletas, y por lo tanto, permite sistemas y métodos más ágiles en el nombramiento del personal, además de abordar la renuncias a las ofertas, que conllevaba un fracaso constante de los llamamientos y por tanto en la cobertura de las plazas. En este sentido, la consejera añadió que se establece la imposibilidad de renunciar con una pena de suspensión forzosa de seis meses, entre otras medidas.

Protección de la infancia en el ámbito de juegos de azar y apuestas

El decreto ley también adopta un conjunto de medidas urgentes e inaplazables para garantizar la protección de la infancia en el ámbito de la actividad de los juegos de azar y las apuestas en Canarias a través del Decreto ley 7/2024, de 31 de julio, aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado hoy en BOC.

El decreto ley permite para ganar en celeridad y corregir la situación generada por una sentencia judicial que permite instalar salones de juego a menos de 300 metros de centros educativos de educación Infantil y Primaria, una vez finalizada la moratoria en el sector del juego a 31 de diciembre de 2023.

La disposición final séptima de este Decreto ley modifica la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas para determinar reglamentariamente la zona de influencia en la que no podrán ubicarse establecimientos para la práctica del juego por la previa existencia de un centro de enseñanza o un centro permanente de atención a los menores. La prohibición será extensiva a los bares, cafeterías o establecimientos similares, situados en la indicada zona de influencia que no tengan por actividad principal la práctica del juego.

A los efectos previstos, se consideran centros de enseñanza y de atención a menores los que, de acuerdo con su legislación sectorial, los que figuren inscritos como tales en los registros oficiales de la Administración sectorial correspondiente y cuyos usuarios potenciales tengan una edad comprendida entre los 6 y los 17 años, ambas inclusive.

Se añade también un artículo sobre la zona de influencia entre salones recreativos y de juegos y bingos para evitar concentraciones. En concreto, el decreto ley señala que la zona de influencia en la que no podrán estar ubicados salones recreativos y de juegos, sea por nueva instalación o por traslado de los autorizados, por la previa existencia de otro salón recreativo y de juegos, será la comprendida en un radio de acción de 200 metros en línea recta, medida sobre plano, desde cada una de las puertas de acceso del que se pretende instalar. Dicha distancia no será aplicable cuando se trate de salones recreativos y de juegos sin acceso directo a la vía pública en centros comerciales, si bien, para los que se pretendan instalar en una misma planta de dichos centros comerciales, la distancia a aplicar será la de 75 metros. También se fija la medida de 200 metros con las mismas características como zona de influencia entre un salón recreativo y de juego y una sala de bingo.