El vicepresidente del Gobierno presentó hoy la publicación, promovida por la Dirección General de Asuntos Europeos y editada por Lefebvre

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodriguez, presentó hoy un “Compendio de legislación europea aplicable a Canarias como región ultraperiférica de la UE”, promovido por este departamento y publicado por Lefebvre.

Rodríguez destacó durante el acto de presentación el “dificultoso y trabajado proceso de integración del Archipiélago en la Unión Europea” y señaló que “aún hoy en día la ciudadanía canaria no percibe en toda su dimensión aquel acuerdo”.

La adaptación o exención de las políticas comunes en Canarias o el establecimiento de un diferencial fiscal son producto de ese particular proceso de integración, que se compendia en un libro que no solo sintetiza la legislación sino que también la sitúa en el contexto histórico en el que fue promovida.

Rodríguez explicó que la publicación acercará a la ciudadanía la información sobre la legislación europea aplicable a Canarias como RUP, “facilitando la comprensión de nuestro estatus especial en la UE”, al mismo tiempo que se convertirá en una herramienta de trabajo “muy útil para los centros directivos de la Comunidad Autónoma y otras administraciones públicas canarias, los operadores económicos, el mundo académico y los medios de comunicación”.

A este respecto, el vicepresidente consideró que la divulgación de la normativa europea sobre las RUP resulta clave en el esfuerzo constante por que nuestras singularidades sean entendidas tanto por las autoridades comunitarias como españolas.

“Cuanto más amplio, accesible y sistematizado sea nuestro acervo como región ultraperiférica, menos difícil será conservarlo y profundizar en los ámbitos político y jurídico de la UE para evitar tentaciones de uniformidad que lo devalúen”, señaló.

Rodríguez subrayó que las relaciones con la UE se enmarcan en un régimen dinámico, con una sucesión constante de nuevos objetivos que requiere de una actualización permanente, y un esfuerzo de síntesis y ordenación. De hecho, este libro incluye las últimas modificaciones de la normativa europea para el periodo 2021-2027.

Plataformas de paz y democracia

En otro momento, el vicepresidente instó a las instituciones de la Unión Europea a aprovechar la situación geoestratégica de las regiones ultraperiféricas para convertirlas en plataformas que extiendan el progreso, la paz y la democracia en sus respectivos entornos regionales.

Señaló que las RUP constituyen una oportunidad para Europa a la hora de extender su influencia en zonas caracterizadas por la inestabilidad social y política, cuando no directamente por la guerra.

Rodríguez defendió, en este sentido, el carácter estratégico de Canarias como frontera sur de la Unión y animó a las instituciones europea a aplicar una política más ambiciosa en materia de inmigración y de cooperación.

El vicepresidente agradeció el trabajo del personal de la Dirección General de Asuntos Europeos “que se ha esforzado no solo en hacer una recopilación normativa, sino en ordenarla y explicarla”, y a la Editorial Lefebvre, por su empeño en hacer posible la publicación tanto en papel como en soporte digital.

Julián Zafra, director general de Asuntos Europeos, explicó que el libro se articula en ocho capítulos que versan sobre las condiciones generales de integración de Canarias en la UE, la unión aduanera y la fiscalidad, la agricultura y el Posei, la pesca, las ayudas de Estado, los fondos estructurales, la cooperación territorial y otras políticas en materias como transportes, inmigración, empleo, educación, juventud, telecomunicaciones, I+D+i o medio ambiente y energía.

Son todos ellos capítulos que se derivan del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que consagra, por un lado, el reconocimiento de la ultraperiferia y la necesidad de un tratamiento específico con medidas singulares para la aplicación de los Tratados, incluidas las políticas comunes. Y por otro lado, las ayudas públicas o las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la UE.

Por su parte, Juan Pujol, presidente de la editorial Lefebvre, aseguró que la publicación permite una aproximación certera a las RUP y mejorará el conocimiento sobre las particularidades de las Islas, partiendo de premisas como la sistematización o la actualización, que son precisamente señas de identidad de la propia firma.

Del mismo modo, expresó la disponibilidad de la editorial para abrir un espacio en su web para colocar la información técnico-jurídica que se pueda generar desde Canarias.

El compendio está accesible en el siguiente enlace:

https://www.gobiernodecanarias.org/asuntoseuropeos/publicaciones_interes/index.html

La medida corregirá la omisión producida en la enmienda incorporada a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias incluirá el pienso en los productos de alimentación animal gravados con el tipo 0 del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), mediante un próximo decreto ley en el que se incluirán otras materias y que aprobará en breve el Ejecutivo, según adelantó hoy el vicepresidente canario y responsable del área, Román Rodríguez.

Esta medida corregirá la omisión producida en la enmienda presentada al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma por el que se aplicó ese tipo a los productos de alimentación ganadera destinados a las explotaciones ganaderas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGA)

Tras detectar la omisión, el departamento de Hacienda ha activado el procedimiento para añadir el pienso al listado de productos -como los cereales o el forraje- que cuentan desde el 1 de enero de este año con el tipo 0 del IGIC.

A este respecto, el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, Fermín Delgado, ha explicado que, efectivamente, el pienso animal es uno de los productos más utilizados por los ganaderos y que, dado que la intención del Ejecutivo ha sido siempre la de apoyar al sector que ahora mismo se encuentra en mayores dificultades, “vamos a reparar esa omisión a la mayor brevedad posible”.

Delgado aseguró, de igual modo, que también se aprovechará el decreto ley para aclarar determinados aspectos técnicos que están dificultando la aplicación de la medida en vigor; entre ellos, las entregas de estas mercancías a los importadores, dado que en ese preciso instante éstos no están en disposición de acreditar que los portes serán entregados a explotaciones ganaderas, como está establecido.

El viceconsejero precisó que se ha optado por la interpretación más flexible y se han cursado instrucciones a los funcionarios de la Agencia Tributaria Canaria para que autoricen el despacho de la mercancía con tipo cero y que, con posterioridad, el propio importador pueda acreditar mediante las liquidaciones periódicas del IGIC su venta al ganadero.

Rodríguez, por su parte, ha reiterado el apoyo inequívoco del Gobierno al sector ganadero, “que se encuentra en una situación de extrema urgencia, en la que se están reduciendo las producciones y desapareciendo numerosas explotaciones y se corre el peligro, incluso, de que se extinga la producción local de determinados alimentos de origen animal”.

Ayudas directas

El vicepresidente recordó que el Ejecutivo concedió el año 22 ayudas directas al ganadero por importe de 23,7 millones de euros y que durante el primer trimestre de este año la Consejería de Agricultura tramitará otros 8,5 millones de euros.

Del mismo modo, destacó la autorización de la Comisión Europea para modificar en el año 2023 las ayudas a la producción local del denominado POSEI adicional (ayudas que autoriza la Unión Europea pero que conceden los gobiernos estatal y autonómico), que se ha incrementado en 8,7 millones de euros.

De este modo, crecen en un 50% las ayudas a la producción de leche de vaca, que pasan de los 82 euros por tonelada a los 123 euros en el caso de las islas capitalinas y a 133 euros en el caso de las no capitalinas. Igual ocurre con la leche de cabra y oveja, cuyas ayudas aumentan un 33% y pasan de los 213 euros por tonelada a los 283 euros en las islas capitalinas y a los 293 euros en las no capitalinas.

Además, aumentan las ayudas a las quesería e industria lácteas por adquirir leche de producción local. Así mismo se acrecienta un 20% las ayudas para favorecer el consumo de las carnes locales (de vacuno; de cochino; de cabra y oveja; y de pollo y gallina) y un 16,6% la ayuda la producción de huevos.

El año ha empezado con la prórroga de cinco medidas ya vigentes y la entrada en vigor de otras cinco, nueve de ellas en la imposición indirecta y la restante en el impuesto del combustible profesional

Los Presupuestos autonómicos también prevén reducciones de hasta 700 euros en la próxima declaración de la renta

El vicepresidente y consejero del área, Román Rodríguez, destaca que el conjunto de beneficios fiscales para 2023 asciende a 2.321 millones de euros

La política de ajustes fiscales selectivos y temporales para ayudar a los sectores más perjudicados por las últimas crisis tendrá continuidad este año, al menos hasta junio de 2023, gracias a la prórroga de las medidas ya vigentes y otras nuevas contenidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que entraron hoy en vigor.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, explicó hoy que el Gobierno de Canarias es plenamente consciente de las dificultades que están atravesando las familias y empresas de las Islas, especialmente aquellas con menos recursos, y aseguró que la incertidumbre a medio plazo aconseja prorrogar todas las medidas que ya se han dispuesto en los últimos años, desde la irrupción de la pandemia.

“Seguiremos realizando este tipo de ajustes fiscales el tiempo que sea preciso para atenuar el impacto de la inflación en las rentas medias y bajas, como antes lo hemos hecho con ocasión del Covid-19 o con la erupción del volcán en La Palma”, subrayó el vicepresidente.

De este modo, ayer entraron en vigor las prórrogas de hasta cinco medidas impulsadas en diferentes momentos de la actual legislatura y otras cinco nuevas, todas ellas relacionadas con el impuesto general indirecto canario (IGIC).

A estos retoques de la fiscalidad indirecta, se suma un ajuste en el tramo autonómico del IRPF para rentas medias y bajas que, aunque tiene efecto a 1 de enero de 2022, se instrumentará en la declaración de la renta a presentar este año.

En concreto, se habilita una deducción extraordinaria por el alza de precios; se incrementan quince deducciones actuales entre un 20 y un 40 por ciento y se amplía la base liquidable de los primeros cuatro tramos autonómicos. Estas medidas supondrán un ahorro fiscal de 100 millones de euros para los contribuyentes canarios.

La deducción extraordinaria por incremento de precios será de 225 euros para bases imponibles de hasta 20.000 euros (23.300 euros de salario bruto); 175 euros para bases de entre 20.000 y 25.00 euros (28.700 euros de salario bruto) y 125 euros para bases de entre 25.000 y 30.000 euros (34.000 euros de salario bruto).

Del mismo modo, se mejoran hasta quince deducciones actuales, de las cuales trece se incrementan un 20% y dos lo hacen un 40%; estas últimas son para el pago de cuotas hipotecarias y las obras en vivienda por discapacidad.

La deducción extraordinaria beneficiará al 85% de los contribuyentes; el ajuste de los tramos de la tarifa autonómica, al 95%; y el incremento de las deducciones, al 35%.

Así, según alguna de las simulaciones técnicas efectuadas por Hacienda, un matrimonio con salarios conjuntos de 36.600 euros; dos hijos de 10 y 12 años, que tiene gastos de estudios de 400 euros, gastos de enfermedad de 600 y pago de hipoteca por la vivienda habitual de 7.200 euros al año podría ahorrarse 700 euros en su próxima declaración del IRPF referida al ejercicio fiscal de este año.

Por lo que respecta al IGIC, el Gobierno ha decidido mantener inalterados este año los módulos del régimen simplificado del IGIC para todos los contribuyentes canarios, al tiempo que ha prorrogado las medidas de alivio fiscal a los palmeros, sobre todo a aquellos con domicilio fiscal en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Fuencaliente, con una reducción de las cuotas de hasta un 30% en este régimen.

También se extiende la aplicación del tipo 0 del IGIC a determinadas operaciones o entregas de bienes a los afectados por la erupción y a las entregas de material sanitario contra el Covid. A estas cuatro medidas se suma la ampliación hasta el 30 de junio de 2023 de la devolución del 9,9% del impuesto del combustible a los transportistas, agricultores y ganaderos.

Como principales novedades en la imposición indirecta, el departamento de Hacienda ha impulsado la tributación 0 en el IGIC de los libros electrónicos -que se equiparan a los libros de papel- y el aumento de productos de higiene femenina acogidos también a este tipo.

Del mismo modo, se reduce del 3% al 0% el tipo del IGIC a la entrega o importación de productos para la alimentación animal y se baja del tipo general del 7% al 3% determinados servicios de transporte de bienes, como el reparto a domicilio, mensajería y mudanza.

A todo ello, se añade la bonificación al 100% durante todo 2023 de la tasa de dirección e inspección de obras.

El vicepresidente canario recordó que “este paquete de medidas, junto a las bonificaciones fiscales ya consolidadas de años anteriores, suponen un coste fiscal total de 2.321 millones de euros, tal y como se recoge en la preceptiva memoria de beneficios fiscales incluida en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma”.

Rodríguez aseguró que las medidas anti-inflación puestas en marcha por el Gobierno de Canarias son más intensas que las de otras comunidades autónomas, especialmente en su impacto per cápita, y señaló que se han aprobado “aun cuando las Islas tienen la fiscalidad más baja de Europa” y que el Ejecutivo no ha tenido necesidad de recurrir al endeudamiento para financiarlas.

Afecta a 201 trabajadores de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias que estaban en 2010 y permanecen aún en la empresa

La actualización salarial estaba prevista realizarla a partir del 1 de enero de 2022, aplicando a los salarios de 2010 las cuantías reducidas del 5% de las retribuciones de esa anualidad, añadiendo los incrementos de los años posteriores

El acuerdo alcanzado por empresa y trabajadores en 2021 no se había podido llevar a cabo hasta ahora por el incumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2019 por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta de los consejeros de Hacienda, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Sanidad, Román Rodríguez, Julio Pérez y Blas Trujillo, respectivamente, autorizar la recuperación de las retribuciones del 5% minoradas en el año 2010 al personal de la sociedad mercantil pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, SA (GSC), en los términos del apartado primero del acuerdo del acto de conciliación judicial de 10 de noviembre de 2021, en el proceso de Conflicto Colectivo 12/2020 seguido ante la Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal de Justicia de Canarias.

Este acuerdo, que afecta a 201 trabajadores de la empresa pública adscrita a las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Sanidad, comprende, en primer lugar, la actualización salarial, a partir del 1 de enero de 2022, aplicando a los salarios de 2010 las cuantías reducidas del 5% de las retribuciones de esa anualidad a lo que deberá añadirse los incrementos de los años posteriores. La cuantía estimada es de 2.125.196,03 euros teniendo en cuenta los montantes imputables de 2019.

Los efectos de este acuerdo se aplicarán al personal de GSC que vio reducidas sus retribuciones en 2010 y que en el año 2022 aún estaba prestando servicios en la empresa y se abonarán únicamente la parte de los periodos de los años 2019 a 2022.

Una vez que el Gobierno canario ha dado el visto bueno a la autorización, tras nuevos informes emitidos por Hacienda, la recuperación salarial y el abono de los atrasos que pudieran derivarse está previsto realizarse un tercio en 2022, otro tercio en 2023 y el último en 2024.

Hasta ahora, el acuerdo alcanzado por empresa y trabajadores en 2021 no se había podido llevar a cabo por el incumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2019 por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El departamento dirigido por el vicepresidente canario, Román Rodríguez, también aplicará el tipo 0 a la importación de viviendas prefabricadas en La Palma por la erupción

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha impulsado un decreto-ley -que se aprobará próximamente por el Consejo de Gobierno- con diferentes medidas tributarias, entre ellas la prórroga hasta el 30 de junio de 2023 la aplicación del tipo 0 al material sanitario contra el Covid-19, vigente desde abril de 2020.

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, ha explicado que la enfermedad no ha desparecido y que sigue concentrando parte de los esfuerzos del sistema sanitario aun cuando las medidas profilácticas se han reducido a la mínima expresión, como la obligatoriedad de mascarillas en el transporte público. La persistencia de la pandemia “aconseja la mayor cautela posible en la celebración de eventos en estos próximos días y meses, como las fiestas de Nochevieja o Carnaval, en los que se acumula gran cantidad de personas en espacios reducidos”.

A este respecto, el decreto señala textualmente que “la evolución del COVID-19 a lo largo del año 2022 no ha seguido una línea clara de estabilización, con la que haya podido presumirse su pronta finalización, al incrementarse los casos en diferentes períodos festivos y vacacionales; ello ha justificado que, por prudencia, se haya mantenido la obligatoriedad del uso de las mascarillas en determinados espacios cerrados”.

Es precisamente esa evolución la que explica la cuarta prórroga de la aplicación del tipo 0 del IGIC a determinados bienes sanitarios para combatir la pandemia, una medida que se tomó inicialmente en abril de 2020.

La Palma

El decreto-ley también modifica otra norma del mismo rango por el que se adoptaron medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, de manera que ahora se incluye la importación de viviendas prefabricadas en el tipo 0 del IGIC.

El beneficiario de la medida deberá ser “una persona física propietaria, usufructuaria o nuda propietaria de una vivienda que se ha perdido, por haber quedado destruida, inhabitable o inaccesible de forma definitiva como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, cuya existencia y titularidad debe acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho”.

La norma establece que sólo se podrá aplicar se podrá aplicar el tipo cero a una casa prefabricada por persona física y que ésta deberá sustituir a la vivienda perdida, y ser montada y unida permanentemente al suelo ubicado en la isla de La Palma, antes del 31 de diciembre de 2026.

Román Rodríguez destaca el “rigor y responsabilidad” de la gestión económico-financiera del actual Gobierno

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, aseguró hoy en el Parlamento que el nivel de deuda pública de la Comunidad Autónoma -el más bajo del Estado- permitirá a las Islas afrontar los próximos años en mejores condiciones que otros territorios.

Rodríguez defendió el “rigor y la responsabilidad” que ha caracterizado la gestión económico-financiera del Gobierno de Canarias y recordó que el año 2024 volverán a activarse las reglas fiscales y, con ellas, los exhaustivos controles a las cuentas de las administraciones públicas.

El vicepresidente detalló que la Comunidad Autónoma tiene una deuda de 6.455 millones de euros, la menor de todo el Estado en relación al PIB (14,2%) y en relación a la población, con 2.813 euros por habitante, seguida de Galicia, con 4.174euros o Andalucía, con 4.284, con País Vasco, con 4.881 euros y muy lejos de Baleares, con 7.690 euros. Todo lo cual, dijo, aporta un colchón de seguridad para el medio plazo.

Rodríguez insistió en que la gestión prudente del Gobierno ha permitido a Canarias evitar la vía del endeudamiento, sin afectar por ello a los diferentes Presupuestos de la Comunidad Autónoma que, incluso, han experimentado crecimientos históricos en los últimos años.

“Eso ha sido posible -añadió- gracias a nuestra capacidad para captar recursos a nivel europeo y estatal”.

El vicepresidente también refutó con datos algunas opiniones repetidas de manera recurrente por los grupos de la oposición en el sentido de que la recaudación tributaria de la Comunidad Autónoma es mayor que nunca o que el Gobierno “se está llenando los bolsillos”.

Rodríguez, además de desacreditar tales calificativos referidos a la política fiscal, dio a conocer que la recaudación tributaria hasta octubre en los años 16, 17 y 18 ascendió en las Islas a 6.429 millones de euros (incluyendo impuestos propios, cedidos y Bloque Canario de Financiación) mientras que hasta el pasado octubre y desde el año 2020 la recaudación se sitúa en 6.284 millones de euros.

Es decir, el actual Gobierno ha recaudado un -2,3% con respecto al anterior “y encima -dijo el vicepresidente- los que estaban entonces nos recriminan a los que estamos ahora”.

Rodríguez explicó, además, que la minoración alcanza el 14,3% si la comparación se efectúa en términos reales (teniendo en cuenta la inflación) y no nominales.

En cualquier caso, el vicepresidente relativizó el peso de la recaudación fiscal en el total de ingresos de la Comunidad Autónoma, puesto que representa solo el 14%, mientras que el resto proviene de transferencias corriente y de capital del Estado y de la Unió

“Con menos ingresos hemos conseguido incrementar las partidas presupuestarias y, en consecuencia, destinar más dinero a los servicios públicos, a las inversiones o al impulso de los sectores económicos”, señaló.

Román Rodríguez firma la orden que mantiene inalterados por tercer año consecutivo los módulos del impuesto

Del mismo modo, se prorroga la reducción de las cuotas devengadas de este año y los ingresos a cuenta de los tres primeros trimestres de 2023 a los contribuyentes palmeros

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha firmado una orden por la que se mantienen inalterados los módulos del régimen simplificado del IGIC para todos los contribuyentes canarios y se prorrogan las medidas de alivio fiscal a los palmeros, sobre todo a aquellos con domicilio fiscal en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Fuencaliente.

La orden prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 los actuales índices y módulos del régimen simplificado del IGIC para las actividades económicas acogidas en toda Canarias al mismo, en el que la tributación no se vincula con el volumen real de operaciones sino al encaje de tal actividad en su correspondiente módulo. Es decir, el contribuyente tributa por una misma cantidad cada trimestre y al finalizar el año se realiza el ajuste de acuerdo a la actividad real, de manera que se ajuste lo que se ha pagado y lo que se debería haber pagado.

Rodríguez explicó que la situación de los empresarios, especialmente de aquellos que tributan sobre el régimen simplificado, que no superan los 150.000 euros de ingresos anuales, está siendo extremadamente difícil a consecuencia, primero, de la crisis del Covid, de la erupción en La Palma y, ahora, a causa de la inflación, “por lo que tenemos que seguir adoptando todas las medidas posibles para ponerles las cosas más fáciles y que puedan mantener la actividad y el empleo”.

Precisamente, la escalada de precios aconseja la prórroga de la orden en la que se establecieron los últimos índices y parámetros, en diciembre de 2019, sin modificar sus cuantías.

Del mismo modo, se mantiene una reducción general del 10% de la cuota anual devengada por operaciones corrientes del año 2022 a aquellos contribuyentes del régimen simplificado con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma. Esa reducción ascenderá al 30 % para aquellos radicados en los municipios de Los Llanos, El Paso, Fuencaliente y Tazacorte.

Además, los ingresos a cuenta para los tres primeros trimestres del año 2023 también tendrán idéntico porcentaje de descuento.

Rodríguez recordó que la Consejería de Hacienda ha adoptado durante los últimos año numerosas medidas tendentes a la flexibilización de las obligaciones tributarias, al objeto de facilitar por esta vía la liquidez en las empresas y autónomos canarios y contribuir al mantenimiento de puestos de trabajo y de la propia actividad económica.

“Muchas de estas medidas seguirán vigentes en 2023, para lo que se irán adoptando en los próximos días las resoluciones pertinentes”, indicó.

El departamento dirigido por el vicepresidente, Román Rodríguez, ha liderado las iniciativas para la distribución de ayudas a los ganaderos afectados por el incremento de precios

La Consejería de Hacienda también ha impulsado la modificación del POSEI adicional para 2023, al objeto de incrementar las subvenciones para el sector

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, dirigida por el vicepresidente canario, Román Rodríguez, ha liderado las iniciativas políticas que habrán permitido este año la distribución de ayudas por 25 millones de euros entre los ganaderos canarios afectados por el incremento de los precios de la alimentación de los animales.

Además del último decreto-ley aprobado ayer el Consejo de Gobierno, -por 7,7 millones de euros- el departamento de Hacienda también ha promovido el establecimiento del tipo 0 en el impuesto general indirecto canario (IGIC) para los productos de alimentación animal para las granjas; una medida que se sustanciará como enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2023 y cuyo coste fiscal alcanza los 1,2 millones de euros.

Del mismo modo, la Consejería ha gestionado las modificaciones de crédito pertinentes para la concesión de ayudas extraordinarias por importe de 16 millones de euros al sector ganadero este mismo año, que se suman a las ya distribuidas en ejercicios precedentes.

Rodríguez, junto al viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, han mantenido diferentes reuniones y contactos con representantes de los ganaderos, a petición de éstos, en las que se comprometieron a intensificar las medidas de apoyo a uno de los sectores más expuestos a la actual espiran inflacionista.

Producto de esa interlocución, la Consejería de Hacienda ha impulsado la tramitación de los diferentes expedientes con la participación instrumental del departamento de Agricultura.

Rodríguez recordó, a este respecto, que el apoyo a sectores productivos y sociales perjudicados por diversas circunstancias sobrevenidas se complementa también con el acuerdo de Hacienda de establecer la bonificación del 99,99 % del impuesto de combustibles para agricultores, ganaderos y transportistas profesionales o la reducción de los módulos para el cálculo de las cuotas a ingresar del IGIG y del AIEM por parte de empresarios o profesionales acogidos al régimen simplificado.

El vicepresidente insistió en que “somos conscientes del momento tan difícil que está sufriendo la ganadería y, por eso, continuamos habilitando fórmulas excepcionales en forma de ayudas directas. Lo hemos hecho en los últimos meses, lo hacemos ahora en el Presupuesto de 2023, con otros ocho millones de euros en ayudas, y seguiremos buscando recursos”.

Por su parte, Delgado explicó, en relación con las dificultades del sector, que la alimentación de los animales constituye en torno al 60% del coste de producción de las explotaciones ganaderas y que la guerra de Ucrania ha incrementado aún más los precios de etas materias primas, mientas que los ganaderos no tienen capacidad para trasladar esos costes al precio de venta, frente al poder de las grandes superficies comerciales.

Del mismo modo, Hacienda ha impulsado ante la Comisión Europea la modificación del PSOEI adicional para el próximo año, al objeto de incrementar de forma muy importante las ayudas para el sector ganadero.

Hacienda promueve una enmienda por 1,2 millones de euros a los Presupuestos canarios que será aprobada por los grupos que apoyan al Gobierno

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha promovido una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023 por la que los productos para la alimentación de las granjas ganaderas tributarán al tipo 0 en el impuesto general indirecto canario (IGIC).

La medida se produce después de las reuniones y contactos mantenidos por el vicepresidente consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, con las asociaciones ganaderas, al objeto de aliviar la delicada situación que atraviesa el sector, debido al incremento de los precios de los cereales y otros vegetales importados.

Delgado explicó hoy que la alimentación de los animales constituye en torno al 60% del coste de producción de las explotaciones ganaderas y que la guerra de Ucrania ha incrementado aún más los precios de etas materias primas, mientas que los ganaderos no tienen capacidad para trasladar esos costes al precio de venta, frente al poder de las grandes superficies comerciales.

De acuerdo con los cálculos del viceconsejero, el coste fiscal de la medida es de 1,2 millones de euros. Hasta este momento, el tipo del IGIC es del 3%.

La iniciativa adoptará la forma de enmienda parcial al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que se tramita ahora en el Parlamento canario. Los grupos que respaldan al Gobierno apoyarán la modificación.

Román Rodríguez ha destacado que “somos conscientes del momento tan difícil que está sufriendo la ganadería y, por eso, continuamos habilitando fórmulas excepcionales en forma de ayudas directas. Lo hemos hecho en los últimos meses, lo hacemos ahora en el Presupuesto de 2023 y seguiremos buscando recursos”.

La Consejería de Hacienda, con la enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos de 2023, por tanto, da continuidad a la política de adopción de medidas de alivio fiscal selectivas para los sectores más afectados por la inflación. En el caso de la ganadería, durante el año en curso promovió la disponibilidad de 16 millones con este fin de fondos propios del Gobierno de Canarias.

Además, y en esa línea de apoyo a sectores productivos y sociales perjudicados por diversas circunstancias sobrevenidas, esta consejería ha impulsado la bonificación del 99,99 % del impuesto de combustibles para agricultores y transportistas profesionales o la reducción de los módulos para el cálculo de las cuotas a ingresar del IGIG y del AIEM por parte de empresarios o profesionales acogidos al régimen simplificado. Del mismo modo, Hacienda ha bonificado el 100% de la tasa de dirección de inspección de obras y ha reducido la imposición a las personas y empresas afectadas por erupción volcánica para La Palma.

Hacienda tramita una ampliación de crédito de 70 millones de euros para dar cobertura al incremento aprobado por el Gobierno de España en el marco de los acuerdos con los sindicatos y recogido en el Real Decreto-ley 18/2022

La nómina del próximo mes también incluirá los atrasos desde enero a octubre de este año por el mismo concepto

Román Rodríguez dice que es el momento de que la iniciativa privada dé un paso al frente y aplique también subidas salariales

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos tramitirá esta semana una ampliación de crédito de 70 millones de euros para actualizar las nóminas de los más de 70.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma con el incremento del 1,5% aprobado el pasado mes de octubre por el Gobierno de España en el marco del acuerdo con las organizaciones sindicales y sustanciado en el Real Decreto Ley Real Decreto-ley 18/2022.

El incremento se aplicará a partir de la próxima nómina de noviembre y, dado que tiene efectos retroactivos a 1 de enero de 2022, la misma nómina también incluirá los atrasos de enero a octubre de este año. Recibirán la actualización el personal de Administración General, Educación, Sanidad, Universidades y concertada.

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, explicó hoy que el aumento salarial es independiente y adicional de la subida del 2% que ya se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para este mismo año.

“Aunque es posible que muchos departamentos del Gobierno puedan hacer frente a este incremento con sus propios créditos, desde Hacienda hemos preferido calcular el impacto total y tramitar esa ampliación de crédito por circunstancias sobrevenidas de extraordinaria y urgente necesidad, en este caso la inflación”, subraya el vicepresidente.

“A las actualizaciones salariales pactadas con los sindicatos a nivel estatal, se suma la subida de las pensiones”, dijo el vicepresidente, quien aseguró que “ahora es el momento de que las empresas den un paso al frente y se apliquen también subidas salariales en el ámbito privado, tal y como se ha acordado en el sector de la hostelería en la provincia de Las Palmas con un incremento del 10,2% hasta el año 2025.

La normativa de retribuciones de los empleados del sector público corresponde exclusivamente al Estado y es de obligada aplicación para todas las administraciones.

En este sentido, Rodríguez recordó que los Presupuestos canarios para 2023 también incorporan el incremento aprobado por el Gobierno en sus propias cuentas para los empleados del sector público, en un 2,5%, revisable en función del IPC, y el incremento adicional del 1,5%, con lo que la subida prevista en las cuentas canarias por este concepto alcanza el 4%.