El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana cede gratuitamente un local para la prestación integral del servicio en Vecindario

El vicepresidente canario y el alcalde repasan las inversiones estatales y autonómicas previstas en el municipio

La Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana dieron hoy carta de naturaleza a un convenio que permitirá la cesión gratuita de un local de titularidad municipal ubicado en el centro comercial La Ciel para reforzar la atención presencial de este organismo en la localidad y, por extensión, en la comarca sureste de Gran Canaria.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez -a la sazón presidente de la Agencia- y el alcalde de Santa Lucía, Francisco José García, dieron cuenta hoy del acuerdo en el transcurso de una visita institucional del primero, en la que también repasaron las principales inversiones a ejecutar este año en el municipio.

Rodríguez explicó que el convenio permitirá mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos de toda la comarca sureste de Gran Canaria en la oficina de Vecindario, puesto que se incrementará de una a cuatro personas el número de trabajadores y se ofrecerá una carta de servicios integral.

Hasta el momento, el local funcionaba como punto de recogida de documentación, a modo de registro, mientras que a partir de la firma del convenio se ofrecerán servicios de información, asesoramiento y asistencia.

El vicepresidente destacó el carácter estratégico de la Agencia Tributaria Canaria para el autogobierno, no en vano canaliza las contribuciones de los ciudadanos al sostenimiento de los servicios públicos y de las infraestructuras mediante los impuestos, “por lo que debemos siempre facilitar el cumplimiento de esas obligaciones.

Rodríguez, que se reunió con el alcalde, en primer lugar, y con el grupo de gobierno, a continuación, repasó también las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado -fruto de las enmiendas presentadas en su momento – y en los Presupuestos canarios.

A este respecto, el vicepresidente recordó el millón de euros consignado en las cuentas estatales para trabajos de saneamiento gracias a una enmiendas presentada por Nueva Canarias, además de la financiación prevista para el centro cultural y museo del casco de Santa Lucía -con 700.000 euros- o para la ampliación del centro educativo El Cardón, con 1,8 millones de euros, ambas partidas en los Presupuestos canarios. Se da la circunstancia de que este último proyecto también recibió 735.000 euros el pasado año del Gobierno autónomo.

Rodríguez valoró especialmente la labor del alcalde y del tripartito que gobierna Santa Lucía, “que han puesto siempre lo importante por delante, es decir el trabajo en favor de los ciudadanos y de su bienestar”.

El alcalde agradeció la visita del vicepresidente y aseguró que “la forma adecuada de trabajo entre las administraciones es el diálogo y el consenso”.

García destacó la cesión del local a la Agencia Tributaria y explicó que ésta se ha acordado por cuatro años, prorrogables, lo cual redundará en una “mejora del servicio que se presta a los contribuyentes de toda la comarca desde aquí, lo cual es también motivo de orgullo para nosotros”.

Durante el encuentro también trataron las necesidades sanitarias y educativas del municipio.

El vicepresidente canario destaca los 10.446 millones de euros de gasto público ejecutado, una cantidad equivalente al 25% del PIB del Archipiélago

El también consejero de Hacienda subraya el carácter extraordinario de un Presupuesto nutrido de recursos atípicos, como los 1.300 millones de ayudas directas para pymes, autónomos y empresas

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, aseguró hoy en el Parlamento que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2021 han sido determinantes para neutralizar los efectos más nocivos de la crisis derivada de la pandemia del Covid en las personas y la economía.

Rodríguez explicó que las cuentas del año pasado han sido “tan extraordinarias como la situación en la que se han tenido que aplicar” y han estado marcadas por ingresos también atípicos como los 1.300 millones de euros en ayudas directas para las pymes, autónomos y empresas. Con todo, la ejecución alcanzada ha sido muy alta, aun cuando Canarias hubo de gestionar 2.467 millones de euros más de los previstos inicialmente, de los cuales 465 llegaron a las arcas autonómicas en los dos últimos meses del año.

El vicepresidente precisó que el Ejecutivo gastó finalmente 10.446 millones de euros, casi 2.000 millones más de los consignados en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, lo que supone un 123,2% con respecto a las partidas iniciales.

La mayor parte de los fondos no previstos en la citada Ley y transferidos a Canarias a lo largo del ejercicio se ejecutaron en las áreas de Sanidad, con 623 millones de euros más; Educación, con 153 millones más; Empleo, con 279 millones o Turismo, con 116 millones de euros.

A estas cantidades se añaden los 1.300 millones de euros que se distribuyeron en ayudas directas a las empresas, pymes, autónomos y trabajadores en ERTE de las Islas.

Rodríguez destacó el esfuerzo realizado por los diferentes departamentos del Ejecutivo para gestionar los fondos iniciales y los sobrevenidos durante el año y destacó que la cantidad ejecutada efectivamente equivale al 25% del PIB. “Nunca antes un Presupuesto tuvo tanto impacto en la economía de Canarias”, dijo.

El vicepresidente insistió en que las cuentas canarias del año 2021 han sido históricas porque han supuesto un reto mayúsculo para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales y el refuerzo de los sectores productivos, desafíos que se han saldado de manera satisfactoria.

Rodríguez también extendió el acierto del Gobierno a la previsión de ingresos realizada en los Presupuestos en materia fiscal, en las transferencias de otras administraciones y en los remanentes, “a pesar de la quinta ola de Covid y el inicio de la sexta”.

A este respecto, consideró muy positivos los datos de la recaudación tributaria, que ha subido un 12 por ciento sin incrementar la presión fiscal, “lo cual implica que estamos en un proceso de recuperación económica si añadimos al análisis los datos de empleo o de afiliaciones a la Seguridad Social”.

El vicepresidente dejó claro, igualmente, que los fondos no ejecutados de los Presupuestos no se perderán y que se podrán incorporar a las próximas cuentas, dada la inexistencia de reglas fiscales. Precisamente en las cuentas de este año hay consignados 415 millones procedes de los remanentes del año 2021.

Rodríguez agradeció el trabajo del personal de todos los departamentos autonómicos y, en especial, la labor desarrollada por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, bajo la coordinación del viceconsejero, Fermín Delgado, y del director general de Planificación y Presupuesto, Luis Márquez, y de la interventora general, Natalia de Luis.

Adquisición de suelo en La Palma

Rodríguez compareció también en relación con las medidas que se están adoptando en La Palma tras la erupción y volvió a mostrarse partidario de la adquisición de suelo público para la creación de “tres o cuatro nuevos sentamientos donde levantar viviendas para aquellos que perdieron la única que tenían”.

El vicepresidente incardinó esta medida junto a otras de ejecución rápida para la reconstrucción de caminos y carreteras -o la construcción de nuevas, como la carretera de la costa o la vía El Remo-La Zamora-; la reparación de infraestructuras hidráulicas, energéticas y de comunicaciones o la restitución de suelo industrial.

En una fase posterior, según Rodríguez, habrá que establecer los planes precisos para la reconstrucción económica y social, que deberá ser fruto del mayor consenso político y social posible.

El vicepresidente insistió en la importante respuesta que han dado las diferentes administraciones a la catástrofe y valoró la coordinación, intensidad y solidaridad demostrada por todas ellas hasta el momento, “a la que debemos dar continuidad en el futuro”.

El ISTAC completa la contabilidad provisional del año pasado con la publicación de los datos del cuarto trimestre, en el que crecieron todos los sectores, salvo la construcción

Román Rodríguez realiza una lectura “muy positiva” del informe porque constata que la economía canaria “recobra el pulso”

El Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias creció en 2021 un 6,1% con respecto al año anterior, mientras que el incremento a nivel estatal fue del 5%, según los datos provisionales publicados hoy por el Instituto Canario de Estadística (Istac) completando la contabilidad provisional del pasado año con los datos del cuarto trimestre. Los datos definitivos del ejercicio se conocerán a finales del actual año.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, realizó una lectura “muy positiva” del informe, porque constata la importante reactivación de los sectores productivos del Archipiélago, especialmente durante el cuarto trimestre del año. Precisamente, en este período el PIB canario registró un crecimiento del 9,7%, frente al 5,2% anotado por el Estado.

Rodríguez recordó que los últimos datos conocidos a final del año 2021 ya apuntaban en la misma dirección, con una importante reducción del desempleo y un notable incremento de las afiliaciones la Seguridad Social. “Si el mercado laboral se dinamiza y, al mismo tiempo, los ingresos tributarios experimentan una mejoría, como también ha ocurrido, nos encontramos ante una prueba irrefutable de que la economía canaria vuelve a recobrar el pulso”.

El vicepresidente destacó también que el incremento del PIB registrado en 2021 se aproxima a la estimación reflejada para ese año en el escenario central de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2022 planteado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, departamento encargado de la previsión macroeconómica. Esa aproximación se produce incluso a pesar la incidencia de la quinta ola de la Covid 19 y el inicio de la sexta el año pasado, contingencias lógicamente imprevisibles cuando se efectuó el pronóstico de evolución de la economía en Canarias.

De acuerdo con los datos publicados por el Istac -disponibles desde hoy en http://www.gobiernodecanarias.org/istac/ el mejor trimestre del año fue el segundo, cuando la economía canaria experimentó un incremento del 26,2%, frente al 17,7% a nivel nacional. El ritmo de crecimiento se atenuó el tercer trimestre, con un 7,6% de aumento -el 3,4% a nivel nacional- y repuntó el último hasta el 9,7%.

Todos los sectores han experimentado crecimientos durante el cuarto trimestre del año, salvo la construcción. Destaca en ese apartado el sector servicios, con un aumento del 11,5%, seguido de la agricultura (4,5%) y la industria (4,0%). La construcción decreció un 1,5%.

Los datos disponibles por comunidades autónomas en relación con el año 2021 son los de Andalucía, Navarra y País Vasco, que han informado de crecimientos del 5,1%, 5,8% y 5,5%, respectivamente.

Nota técnica sobre la estimación

El ISTAC recuerda que, como en otras ocasiones, en el momento de la publicación del PIB trimestral no se dispone de información de todos los indicadores de coyuntura para el trimestre de referencia; en este caso la mayoría de los indicadores están disponibles hasta noviembre y solo algunos hasta diciembre o el cuarto trimestre completo. En años de estabilidad económica, los modelos econométricos usados en esta operación permiten proyectar los datos faltantes para completar el trimestre y realizar así una primera estimación del PIB de este trimestre.

La precisa medición de las consecuencias económicas generadas por la Covid 19 requiere de más información que la actualmente disponible y no estará publicada hasta finales del presente año con las cifras que ofrezca la Contabilidad Regional de España. Mientras tanto, se han adaptado las estimaciones de coyuntura del PIB siguiendo las recomendaciones de Eurostat 1.

Los 10.446,1 millones gastados suponen un 123,2% de las partidas consignadas inicialmente en las cuentas de 2021

El avance del cierre del ejercicio sitúa la ejecución presupuestaria, incluidas las cantidades adicionales recibidas durante el año, en el 95,4%

Las operaciones de capital – inversiones- se incrementaron en 150 millones respecto al año 2020, un 18,5% de aumento

Román Rodríguez destaca que la ejecución “es la mejor del último quinquenio, por encima de ejercicios en los que no hubo que lidiar con la pandemia”

El Gobierno de Canarias ejecutó el 123,2% del gasto inicial consignado en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2021, un porcentaje que se sitúa en el 95,4% si se añaden las cantidades incorporadas en el transcurso del ejercicio, fruto de las transferencias recibidas por las administraciones europea y española. Así lo expuso hoy el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, en comparecencia informativa junto al director general de Planificación y Presupuesto del Gobierno, Luis Márquez, y la interventora general de la Comunidad Autónoma, Natalia de Luis.

De acuerdo con el avance del cierre de año realizado por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, la ejecución presupuestaria alcanzó los 10.446,1 millones de euros, lo que suponen 1.971,9 millones más de los consignados inicialmente, que fueron 8.474,2 millones. Este desempeño implica una ejecución equivalente al 123,2%. Además, esos 10.446,1 millones representan un gasto efectivo de 2.030 millones euros más que en el ejercicio anterior, el del año 2020.

Rodríguez enfatizó que ese sobresaliente incremento respecto al ejercicio de 2020 fue posible “gracias a las intensas negociaciones que desplegamos para captar recursos adicionales de la Unión Europea y el Estado español en defensa de los intereses de Canarias”.

Destacó, además de esa captación de fondos, la eficacia en la gestión, que se refleja en el alto nivel de ejecución presupuestaria, “el mejor del último quinquenio, por encima incluso de ejercicios económicos en los que no hubo que lidiar con la pandemia del Covid-19” y subrayó, especialmente, el impacto del Presupuesto público de la Comunidad Autónoma en la economía del Archipiélago.

A este respecto, precisó que los 10.446 millones de euros ejecutados suponen aproximadamente un 25% del Producto Interior Bruto de las Islas del año 21. “Este dinero tiene repercusión directa en las familias y empresas canarias y, por tanto, influye e la vida de la gente”.

Rodríguez explicó que los fondos sobrevenidos en el transcurso del ejercicio y no recogidos en el Presupuesto inicial se han destinado fundamentalmente a las ayudas directas a las pymes, empresas y autónomos, incluyendo los 1.144 millones de euros transferidos por la Administración del Estado, y a la mejora de la educación y la sanidad.

“Debemos hacer notar -añadió- que el Gobierno de Canarias ha distribuido casi 1.300 millones de euros para ayudar a los autónomos y a las pymes, con una ejecución modélica de la que no pueden presumir otros territorios del Estado, que no han conseguido ejecutar los fondos”.

Acierto en los ingresos

El vicepresidente recordó que el nivel de ejecución alcanzado es más meritorio aún si se tiene en cuenta la llegada masiva de fondos, que, si bien tienen un impacto indiscutible en la vida de la gente también incrementan la dificultad de gestión de los recursos.

“No es lo mismo ejecutar 7.000 u 8.000 millones que ejecutar 10.446 millones”, dijo el vicepresidente, quien coincidió con el director general de Planificación y Presupuesto, Luis Márquez, a la hora de reconocer el trabajo administrativo realizado por el personal de la Comunidad Autónoma para la adecuada tramitación, gestión y ejecución de los fondos.

Rodríguez señaló también que los fondos no ejecutados no se pierden, puesto que se podrán incorporar como remanentes en el ejercicio presente, al no estar en vigor las reglas fiscales, al igual que sucedió en años anteriores.

Ejecución por capítulos

En el caso concreto de las operaciones de capital (que incluyen los capítulos de inversiones reales y transferencias de capital), se incrementaron en 150 millones respecto al año 2020, un 18,5% de aumento. La ejecución alcanzó el 77,59%.

Los datos provisionales del cierre del ejercicio indican también que las operaciones corrientes (capítulo I al IV) se han ejecutado al 97,75%, aumentando 2.412 millones sobre lo presupuestado originariamente hasta totalizar 9.485 millones de euros. De este importe, 6.690 millones corresponden al gasto en servicios públicos esenciales -sanidad, educación, derechos sociales y vivienda).

Estas operaciones cobran especial relevancia en momentos como el actual, pues son las que han permitido el incremento del personal sanitario y educativo para atender las necesidades derivadas de la pandemia del Covid-19. En concreto, en el capítulo de Personal se ejecutó el 99,1 por ciento del gasto disponible, con un incremento de 277,7 millones con respecto a las partidas previstas en la Ley presupuestaria.

En términos generales, las obligaciones de gasto reconocidas se incrementaron el ejercicio 2021 un 24,1 por ciento con respecto al año anterior, lo que supone 2.030 millones de euros más.

Los mayores incrementos, por capítulos, se dan en las transferencias corrientes y en las transferencias de capital, con aumentos del 55,8% y del 23%, respectivamente

Este balance provisional incluye exclusivamente los fondos ordinarios que ha gestionado el Gobierno de Canarias el año 2021, por lo que los recursos de carácter extraordinarios -Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y transferencias por la erupción volcánica- no están contabilizados. Sí lo está, en cambio, el React-EU, cuyo funcionamiento se equipara con un fondo europeo ordinario.

Ejecución recaudatoria

El vicepresidente valoró también el acierto de la previsión de ingresos recogida en la Ley de Presupuestos del año 2021, “dado que la recaudación tributaria se incrementó en un 12 por ciento” y recriminó la actitud de quienes acusaron al Ejecutivo de realizar una previsión irreal al objeto de cuadrar los gastos.

La recaudación de tributos en el Archipiélago, como ya se informó el pasado día 21, alcanzó los 2.291,9 millones de euros el año pasado, lo que supone un incremento del 12% con respecto al ejercicio anterior (2020) y una ejecución del 104,13% sobre lo consignado en los presupuestos de 2021, de acuerdo con los datos provisionales que maneja la Agencia Tributaria Canaria. Esa cantidad supera en 90,8 millones la previsión realizada por el Gobierno de Canarias en la Ley de Presupuestos de ese año.

De acuerdo con los datos facilitados por la Agencia Tributaria Canaria, la recaudación de los tributos propios y cedidos fue de 789,4 millones de euros, lo que supone una ejecución del 118,79% respecto al presupuesto inicial y un crecimiento del 20,16% respecto a 2020 y de -7,8% en relación con 2019.

La recaudación del REF (que incluye IGIC, AIEM y Matriculaciones) fue de 1.502,4 millones de euros, lo que representa una ejecución del 97,78% del presupuesto inicial de 2021, un crecimiento del 8,16% sobre 2020 y un -13,9% respecto a 2019.

Los Presupuestos de 2022 prevén una recaudación de 2.587,7 millones de euros, una cantidad muy aproximada a lo que se recaudó efectivamente en 2019, que fueron 2.602 millones.

La Consejería de Hacienda remite al Gobierno central sus alegaciones y propuestas al informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de población ajustada

El documento reprocha al Ministerio que se refiera a los recursos tributarios del REF, pese a que no forman parte del sistema de financiación

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias remitió hoy al Ministerio de Hacienda y Función Pública un documento técnico con las alegaciones y propuestas presentadas al informe de este ministerio sobre el cálculo de población ajustada que defienden básicamente la necesidad de aumentar el peso de la insularidad e incluir la pobreza en el reparto de los fondos para atender los servicios públicos fundamentales. La población ajustada es el parámetro utilizado para medir las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, uno de los elementos del sistema de financiación pendiente de reforma. Además, el Ejecutivo recuerda al Gobierno central que los recursos tributarios del REF no forman parte de ese sistema.

Canarias responde, de esta manera, al informe del grupo de trabajo sobre población ajustada remitido el pasado 3 de diciembre por la ministra, María Jesús Montero, al vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Y lo hace con un documento que complementa algunas de las consideraciones ya remitidas con anterioridad al propio Ministerio, el 21 de mayo y el 22 de septiembre de 2021. El documento se ha elaborado en virtud de un convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la participación, por parte de Hacienda, de Lucrecia Apolinario Hidalgo y María Teresa Gil Doreste, y del centro académico superior, de Arturo Melián González.

La propuesta canaria argumenta, en relación con los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), que la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto y que, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada. Las comunidades autónomas con menor nivel de renta, asegura, tienen una mayor presión en los servicios públicos.

Así, en el caso de la sanidad se señala que “existen evidencias claras del impacto negativo que tiene una mayor pobreza en el estado de la salud de la población, y, por lo tanto, en unas mayores necesidades de gasto en materia de servicios sanitarios, hecho que es preciso que se considere para contar con una fórmula de medición de necesidades de gasto justa y equilibrada que permita que las CCAA afectadas por este hecho puedan ofrecer unos servicios a su población en igualdad de condiciones”.

Esta necesidad de precisión, añade el documento, es más importante aún ante un escenario en el que se plantea incrementar la ponderación del gasto sanitario en la fórmula de la población ajustada.

Sobre este mismo bloque competencial, Canarias también echa en falta un análisis del impacto del turismo en los costes sanitarios, a pesar de haberlo solicitado en julio.

La Consejería se pronuncia en similares términos en relación con el gasto educativo, si bien en este caso también reprocha al Gobierno central que no haya considerado aquí que los peores niveles de renta conllevan unas necesidades de gasto mayores y que los territorios con menos renta son los que tienen peores resultados académicos y más necesidades de programas especiales de apoyo.

Un indicador fiable

En el caso de los servicios sociales, Canarias considera fundamental añadir un indicador destinado a medir la pobreza y que sirva para calcular las necesidades de gasto relacionadas con la exclusión y la vulnerabilidad.

El documento rechaza la propuesta del Ministerio de realizar los cálculos sobre el número de parados sin prestación por desempleo, al considerar que la casuística de la exclusión es más diversa y propone el uso de la tasa AROPE, “un indicador multidimensional más aceptado, que permite su cuantificación sin dejar de lado la componente del desempleo (“baja intensidad en el empleo”)”, aunque considerando también la privación material severa y el riesgo de pobreza (hogar con una renta inferior al umbral de pobreza). “Esta tasa, al proceder de fuentes oficiales (Eurostat e INE), tiene garantizada su continuidad, periodicidad anual, y su perfeccionamiento, a la vez que permite la homogeneidad y la comparabilidad entre comunidades autónomas y países de la UE”.

El informe del Gobierno de Canarias se detiene también en el análisis de las variables geográficas y demográficas propuestas por el Ministerio y asegura, entre otras cosas, que comparte el criterio de la estrecha relación entre las variables despoblación, superficie y dispersión y, en particular, que la despoblación debe ser abordada por instrumentos de desarrollo regional, no con la financiación autonómica. Precisamente por ello, los expertos canarios no entienden que, sin embargo, se le otorgue a la despoblación peso específico en la propuesta enviada desde Madrid, porque, además, no supone mayores gastos en servicios. En este sentido, no encuentran ninguna justificación para añadir una variable distinta a la de “superficie”, dado que este indicador ya mide la densidad de población, y dispersión.

Más dotación por insularidad

En relación con la insularidad, se hace constar que ni su ponderación ni la porción que corresponde a Canarias pueden sufrir una disminución con la reforma, dado que está claramente infrarrepresentada en el documento remitido desde el Gobierno central. De ahí que se reclame que la participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad se incremente, dado que la contribución de esta variable es significativamente inferior a los costes de los servicios públicos prestados por la Comunidad Autónoma.

La insularidad, se subraya en el informe remitido al Ministerio, es el único instrumento para considerar la lejanía de 1.300 kilómetros respecto a la Península y la doble insularidad que padecen las islas no capitalinas. A esto se añaden dificultades como el relieve, la orografía y la superficie reducida. “La evidencia de las dificultades que suponen estas desventajas ha llevado a que Canarias sea considerada en el Tratado de Funcionamiento de la UE como región ultraperiférica (RUP), con una aplicación especial del derecho comunitario”, a la vez que acentúa el factor de su insularidad.

En este apartado, el documento critica que el Ministerio haya mencionado explícitamente aspectos relativos a la financiación de Canarias al hablar de insularidad, cuando no se menciona a ninguna otra comunidad autónoma en todo el informe -centrado exclusivamente en la población ajustada- y recuerda que la integración de los recursos del REF no tiene nada que ver con la importancia relativa que deba otorgarse a la insularidad en la población ajustada, sino que se justifican por las especiales y graves dificultades de carácter estructural, asociadas a la condición de RUP.

Ante esos comentarios, el Ejecutivo canario recuerda al Ministerio que el artículo 166.3 del Estatuto de Autonomía señala que “los recursos del Régimen Económico y Fiscal son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Entidades Locales”. Además, el REF tiene como finalidad promover el desarrollo económico y social de Canarias, “objetivo cuya vigencia continúa presente”, conforme al artículo 1 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y a la exposición de motivos de al Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales.

El Gobierno canario cumple con su compromiso y da por satisfechos los 1.144 millones de euros de la convocatoria del Decreto Ley 6/2021

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias -a través de la Dirección General del Tesoro- transfirió hoy 777.642.047,99 euros a las cámaras de comercio de Santa Cruz de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote para el pago de las ayudas directas a pymes y autónomos que compensan los perjuicios provocados por la pandemia del Covid-19. Con este libramiento, quedan satisfechos los 1.144 millones de euros de fondos transferidos por el Estado.

A partir de este momento, las cámaras de comercio -organismos colaboradores de la administración para la gestión de las ayudas- realizarán los pagos a quienes han resultado adjudicatarios de las ayudas.

Estos 1.144 millones de euros se suman a los 87 millones que ya distribuyó en su momento el Gobierno de Canarias con cargo a fondos propios (decreto ley2/2012) y queda pendiente la compensación por el IBI turístico.

Canarias es la primera Comunidad Autónoma que abona el 100 por cien de las ayudas compensatorias por el Covid, aun siendo la que mayor volumen de recursos ha tenido que distribuir, precisamente por la mayor afección de la pandemia a la principal actividad económica del Archipiélago.

El vicepresidente canario dice que el borrador del Ministerio de Hacienda sobre la reforma del sistema le genera “intranquilidad”

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió hoy la plena vigencia de la desvinculación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias con las aportaciones estatales de la financiación autonómica, una cuestión que consideró “innegociable” y sin vuelta atrás.

Rodríguez aseguró que el borrador remitido por el Ministerio de Hacienda para la reforma del sistema de financiación autonómica le genera “intranquilidad”, especialmente las referencias a la insularidad y a las especificidades económicas y fiscales del Islas, “que no me gustan”, dijo.

A falta de un análisis en profundidad de la propuesta, que tiene enorme complejidad técnica, el vicepresidente subrayó que “no vamos a tolerar que se reabra el debate sobre la vinculación de los recursos del REF con la financiación autonómica”.

Además, insistió en la reclamación de Canarias para que los criterios de reparto de la financiación autonómica incluyan ponderaciones en función de la renta disponible, la pobreza o los niveles de desempleo.

Las autonomías tendrán en todo caso hasta el mes de enero para realizar sus valoraciones y aportaciones al documento remitido por Madrid.

“Lo ideal -dijo el vicepresidente- sería que Canarias estuviera fuera del régimen común, precisamete por sus particularidades económicas, fiscales y geográficas, porque si bien no somos Euskadi o Navarra, tampoco somos a esos efectos una comunidad autónoma como las demás”.

Rodríguez realizó estas afirmaciones al ser preguntado por los periodistas tras una recepción al embajador de Kazajstan en España, Zhigalov Konstantin, con quien intercambió información al objeto de favorecer los lazos comerciales entre país del Asia central y el Archipiélago.

El vicepresidente señaló que los kazajos están interesados en la experiencia turística de Canarias y en su papel geoestratégico en el Atlántico Medio, dada su cercanía al continente africano, para lo cual tendrán como representante en las Islas al economista Rafael Molina Petit.

Covid y PCR

Por otro lado, Rodríguez insistió en la necesidad de generalizar el uso del certificado Covid y recordó que otros países están solicitando, además de este pasaporte, una prueba diagnóstica.

El vicepresidente indicó que esa será la vía que se imponga globalmente, porque “es bueno para la salud de las personas, para la movilidad y, por tanto, para la economía”.

Rodríguez volvió a señalar que el uso del pasaporte no debe ser una cuestión a regular por cada comunidad autónoma y validada por la justicia, sino que las Cortes de España deberían haber tomado la iniciativa y promovido normas en este sentido idénticas en todo el Estado.

Acuerda líneas de trabajo con la Asociación de la Empresa Familiar a través del Istac y la Agencia Tributaria Canaria

El vicepresidente y consejero del área se reunió hoy con la Asociación que representa el 87,6% de la actividad económica en Canarias

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias cooperará con la Asociación de la Empresa Familiar en Canarias para buscar mecanismos de difusión de las particularidades fiscales de este tipo de sociedades, según dijo hoy el vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, tras reunirse con sus representantes en Las Palmas de Gran Canaria, que le informaron de que tan solo un 27% las conoce y aplica.

Rodríguez destacó la importancia de la empresa familiar en el tejido productivo del Archipiélago, tanto en la modalidad de sociedades anónimas, limitadas o autónomos, y consideró necesario estrechar los cauces de colaboración entre su organización representativa y la administración autonómica en diferentes materias.

Además de la conveniencia de difundir las ventajas fiscales de la empresa familiar, el vicepresidente señaló que durante la reunión también se acordó trabajar junto al ISTAC ara incorporar datos desagregados de estas sociedades en la producción estadística de la Comunidad Autónoma.

Rodríguez indicó que se ha establecido un calendario de trabajo con la Asociación, en el que se incorporará también la Agencia Tributaria Canaria. A este respecto, el vicepresidente se mostró partidario también de alcanzar una armonización normativa de regulación fiscal, que permita facilitar las obligaciones tributarias no solo de este tipo de contribuyentes, sino de todos en general.

En el encuentro se abordó también el debate abierto entorno a los impuestos de titularidad estatal que, si bien están bajo otro paraguas competencial, tienen incidencia en la actividad que desarrollan.

De acuerdo con los datos facilitados por la propia Asociación, la actividad económica familiar en Canarias supone el 87,6% del total. Este porcentaje alcanza el 100 por ciento en el caso de los autónomos y del 59% en el caso de las sociedades mercantiles (anónimas y limitadas).

Román Rodríguez advierte que el Fondo de Solidaridad de la UE apenas aportará el 2,5% (unos 20 millones), por lo que reclama ayudas europeas adicionales

El balance no incluye los gastos atribuibles al Gobierno central, cuyos ministerios añadirán su propia evaluación en el expediente que remitirá a Bruselas

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha remitido al Ejecutivo central la evaluación de daños provocados por la erupción volcánica en La Palma, que se sitúa hasta el momento en 842,33 millones de euros, cuantía provisional.

El vicepresidente canario y responsable de este departamento, Román Rodríguez, explicó hoy que el informe recoge los daños provocados a bienes públicos y privados, además de los costes de intervención de la Administración autonómica, y del Cabildo y los ayuntamientos palmeros. No obstante, el Fondo de Solidaridad de la UE sólo atiende el 2,5% del balance total de daños y para destinarlos a reparar bienes y servicios solo de titularidad pública.

Dado que esas restricciones provocan que la aportación del Fondo de Solidaridad sea “claramente insuficiente”, Rodríguez insta al Gobierno de España y los eurodiputados españoles a que “reclamen otras fuentes adicionales, fondos excepcionales que contribuyan realmente a financiar un plan de reconstrucción de La Palma, a la vista de que el Fondo de Solidaridad establece unas condiciones muy limitativas que evidencian que no fue concebido para situaciones como las de una erupción volcánica”.

El balance de daños remitido al Ministerio de Hacienda no incluye los gastos atribuibles a la Administración General del Estado. Precisamente, los ministerios del Gobierno de España añadirán su propia evaluación en el expediente definitivo que remitirá a las autoridades europeas para su inclusión en el Fondo de Solidaridad.

La evaluación contiene una relación minuciosa de los destrozos provocados por la erupción, en la que los bloques de mayor cuantía son los daños a las infraestructuras viarias, por 228 millones de euros; la destrucción de cultivos de plataneras y pérdidas de producción asociadas, por unos 200 millones de euros o la destrucción de edificaciones, con l65 millones de euros.

Rodríguez insistió en la particularidad del fenómeno volcánico frente a otro tipo de catástrofes o emergencias y subrayó que éste “aún no ha terminado, por lo que la evaluación de daños es susceptible de incrementarse”.

El balance ha sido tramitado por la Subdirección de Gestión de Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda y el informe será ahora completado con las valoraciones económicas de los ministerios y enviado por el departamento de Hacienda español a la Unión Europea.

Sobre este particular, el vicepresidente recordó que, para acogerse al Fondo de Solidaridad europeo en su modalidad de catástrofes de carácter regional, los daños producidos deben ser superiores al 1% del PIB, algo que se cumple en este caso.

El Fondo puede subvencionar el 2,5% del total de los daños producidos, si bien la ayuda solo se podrá destinar a la reparación o rehabilitación de bienes y servicios de carácter público. Desde la Consejería de Hacienda se estudia la posibilidad de solicitar al Gobierno de España que tramite un anticipo, que en todo caso se limitaría al 25% de la ayuda del Fondo de Solidaridad.

Con el balance de daños hasta el momento y de acuerdo con la normativa, La Palma podría recibir con cargo a este Fondo unos 20 millones de euros, si bien la Comisión Europea ya está al tanto formalmente de que la erupción sigue su curso y que la cuantía, por tanto, no está cerrada definitivamente.

La Agencia Tributaria Canaria permite a la empresa transportista realizar la declaración aduanera en nombre del destinatario, previa autorización

Desde la entrada en vigor de la obligatoriedad de la declaración H7 para bienes de bajo valor el pasado 15 de noviembre y hasta el día 25 se han presentado 303.407 formularios

La Agencia Tributaria Canaria ha dado un paso más en su objetivo de facilitar el comercio electrónico y el transporte de mercancías resultante entre Canarias y el resto del mundo, al perfeccionar el sistema para la presentación de la declaración denominada H7, obligatoria para los productos exentos del IGIC de menos de 150 euros desde el pasado 15 de noviembre.

La resolución publicada por la Agencia el 5 de noviembre en el Boletín Oficial de Canarias permite que, en casos excepcionales previamente autorizados, la empresa transportista encargada de la entrega del envío puedan realizar las formalidades aduaneras y de tributos a la importación exigidas, presentando la declaración H7 en nombre del destinatario sin la identificación individualizada del NIF de éste. En su lugar, se permite declarar otro identificador previamente autorizado, siempre y cuando el envío se realice con todos los gastos pagados y no se repercuta sobre el destinatario en el momento de la entrega de la mercancía ningún gasto adicional por la presentación de la declaración de importación H7.

El vicepresidente canario y presidente a su vez de la Agencia Tributaria, Román Rodríguez, explicó hoy que “tanto esta resolución como la orden publicada en julio de este año que permitía el autodespacho aduanero de los compradores se enmarcan el objetivo declarado de la Agencia Tributaria de agilizar y simplificar los trámites administrativos y la eliminación de costes indirectos para el consumidor”.

Esta declaración H7, que está en funcionamiento desde el pasado 1 de julio, se implantó de forma obligatoria el lunes 15 de noviembre, fecha en la que desapareció definitivamente el sistema anterior, denominado Declaración Simplificada de Bajo Valor.

La directora de la Agencia, Raquel Peligero, precisa que durante los meses en los que la declaración H7 ha estado en funcionamiento no solo en Canarias sino, con carácter obligatorio, en el resto del Estado, “se han ido depurando las posibles incidencias que han ido surgiendo, y así, se han ido realizando adaptaciones en las guías técnicas para la presentación de las declaraciones de importación de bajo valor, la última de las cuales, publicada el 10 de noviembre, recoge las modificaciones para Canarias”.

Del 15 al 25 de noviembre se han presentado un total de 303.407 declaraciones H7 en Canarias, de las que 244.801 proceden de terceros países y 58.606 de la Unión Europea; de estas últimas, 45.427 corresponden a territorio español.

Peligero señala que “en la presentación de estos formularios se han producido incidencias aisladas que, en cualquier caso, han sido subsanadas y no consta la repercusión de costes adicionales al destinatario final”.

La Declaración H7

La Declaración H7 da al consumidor la posibilidad de realizar él mismo una sencilla declaración aduanero, solo con un método de identificación válido (certificado electrónico, DNI electrónico o Clave PIN) y el número de envío o de seguimiento del paquete que facilita el vendedor.

La H7 ha sustituido a la Declaración Simplificada de Bajo Valor que, en la práctica, solo podía efectuar el transportista de la mercancía, al ser el único que conocía un elemento imprescindible para su presentación, el denominado número de declaración sumaria. Esta circunstancia provocaba cierta indefensión al consumidor, pues se le repercutían costes de distinta naturaleza, sin que aquel supiera de antemano el importe final de su transacción.

La declaración H7 mantiene la exención del IGIC a los valores menores de 150 euros y la dispensa de realizar el llamado Documento Único Administrativo (DUA), gracias a las especialidades derivadas del REF y su condición de territorio fiscal especial dentro de la UE. No ha ocurrido lo mismo en el resto del Estado, cuando la franquicia de 22 euros que estaba vigente desapareció el 1 julio.