La Consejería de Hacienda remite al Gobierno central sus alegaciones y propuestas al informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de población ajustada

El documento reprocha al Ministerio que se refiera a los recursos tributarios del REF, pese a que no forman parte del sistema de financiación

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias remitió hoy al Ministerio de Hacienda y Función Pública un documento técnico con las alegaciones y propuestas presentadas al informe de este ministerio sobre el cálculo de población ajustada que defienden básicamente la necesidad de aumentar el peso de la insularidad e incluir la pobreza en el reparto de los fondos para atender los servicios públicos fundamentales. La población ajustada es el parámetro utilizado para medir las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, uno de los elementos del sistema de financiación pendiente de reforma. Además, el Ejecutivo recuerda al Gobierno central que los recursos tributarios del REF no forman parte de ese sistema.

Canarias responde, de esta manera, al informe del grupo de trabajo sobre población ajustada remitido el pasado 3 de diciembre por la ministra, María Jesús Montero, al vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Y lo hace con un documento que complementa algunas de las consideraciones ya remitidas con anterioridad al propio Ministerio, el 21 de mayo y el 22 de septiembre de 2021. El documento se ha elaborado en virtud de un convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la participación, por parte de Hacienda, de Lucrecia Apolinario Hidalgo y María Teresa Gil Doreste, y del centro académico superior, de Arturo Melián González.

La propuesta canaria argumenta, en relación con los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), que la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto y que, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada. Las comunidades autónomas con menor nivel de renta, asegura, tienen una mayor presión en los servicios públicos.

Así, en el caso de la sanidad se señala que “existen evidencias claras del impacto negativo que tiene una mayor pobreza en el estado de la salud de la población, y, por lo tanto, en unas mayores necesidades de gasto en materia de servicios sanitarios, hecho que es preciso que se considere para contar con una fórmula de medición de necesidades de gasto justa y equilibrada que permita que las CCAA afectadas por este hecho puedan ofrecer unos servicios a su población en igualdad de condiciones”.

Esta necesidad de precisión, añade el documento, es más importante aún ante un escenario en el que se plantea incrementar la ponderación del gasto sanitario en la fórmula de la población ajustada.

Sobre este mismo bloque competencial, Canarias también echa en falta un análisis del impacto del turismo en los costes sanitarios, a pesar de haberlo solicitado en julio.

La Consejería se pronuncia en similares términos en relación con el gasto educativo, si bien en este caso también reprocha al Gobierno central que no haya considerado aquí que los peores niveles de renta conllevan unas necesidades de gasto mayores y que los territorios con menos renta son los que tienen peores resultados académicos y más necesidades de programas especiales de apoyo.

Un indicador fiable

En el caso de los servicios sociales, Canarias considera fundamental añadir un indicador destinado a medir la pobreza y que sirva para calcular las necesidades de gasto relacionadas con la exclusión y la vulnerabilidad.

El documento rechaza la propuesta del Ministerio de realizar los cálculos sobre el número de parados sin prestación por desempleo, al considerar que la casuística de la exclusión es más diversa y propone el uso de la tasa AROPE, “un indicador multidimensional más aceptado, que permite su cuantificación sin dejar de lado la componente del desempleo (“baja intensidad en el empleo”)”, aunque considerando también la privación material severa y el riesgo de pobreza (hogar con una renta inferior al umbral de pobreza). “Esta tasa, al proceder de fuentes oficiales (Eurostat e INE), tiene garantizada su continuidad, periodicidad anual, y su perfeccionamiento, a la vez que permite la homogeneidad y la comparabilidad entre comunidades autónomas y países de la UE”.

El informe del Gobierno de Canarias se detiene también en el análisis de las variables geográficas y demográficas propuestas por el Ministerio y asegura, entre otras cosas, que comparte el criterio de la estrecha relación entre las variables despoblación, superficie y dispersión y, en particular, que la despoblación debe ser abordada por instrumentos de desarrollo regional, no con la financiación autonómica. Precisamente por ello, los expertos canarios no entienden que, sin embargo, se le otorgue a la despoblación peso específico en la propuesta enviada desde Madrid, porque, además, no supone mayores gastos en servicios. En este sentido, no encuentran ninguna justificación para añadir una variable distinta a la de “superficie”, dado que este indicador ya mide la densidad de población, y dispersión.

Más dotación por insularidad

En relación con la insularidad, se hace constar que ni su ponderación ni la porción que corresponde a Canarias pueden sufrir una disminución con la reforma, dado que está claramente infrarrepresentada en el documento remitido desde el Gobierno central. De ahí que se reclame que la participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad se incremente, dado que la contribución de esta variable es significativamente inferior a los costes de los servicios públicos prestados por la Comunidad Autónoma.

La insularidad, se subraya en el informe remitido al Ministerio, es el único instrumento para considerar la lejanía de 1.300 kilómetros respecto a la Península y la doble insularidad que padecen las islas no capitalinas. A esto se añaden dificultades como el relieve, la orografía y la superficie reducida. “La evidencia de las dificultades que suponen estas desventajas ha llevado a que Canarias sea considerada en el Tratado de Funcionamiento de la UE como región ultraperiférica (RUP), con una aplicación especial del derecho comunitario”, a la vez que acentúa el factor de su insularidad.

En este apartado, el documento critica que el Ministerio haya mencionado explícitamente aspectos relativos a la financiación de Canarias al hablar de insularidad, cuando no se menciona a ninguna otra comunidad autónoma en todo el informe -centrado exclusivamente en la población ajustada- y recuerda que la integración de los recursos del REF no tiene nada que ver con la importancia relativa que deba otorgarse a la insularidad en la población ajustada, sino que se justifican por las especiales y graves dificultades de carácter estructural, asociadas a la condición de RUP.

Ante esos comentarios, el Ejecutivo canario recuerda al Ministerio que el artículo 166.3 del Estatuto de Autonomía señala que “los recursos del Régimen Económico y Fiscal son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Entidades Locales”. Además, el REF tiene como finalidad promover el desarrollo económico y social de Canarias, “objetivo cuya vigencia continúa presente”, conforme al artículo 1 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y a la exposición de motivos de al Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales.

El Gobierno canario cumple con su compromiso y da por satisfechos los 1.144 millones de euros de la convocatoria del Decreto Ley 6/2021

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias -a través de la Dirección General del Tesoro- transfirió hoy 777.642.047,99 euros a las cámaras de comercio de Santa Cruz de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote para el pago de las ayudas directas a pymes y autónomos que compensan los perjuicios provocados por la pandemia del Covid-19. Con este libramiento, quedan satisfechos los 1.144 millones de euros de fondos transferidos por el Estado.

A partir de este momento, las cámaras de comercio -organismos colaboradores de la administración para la gestión de las ayudas- realizarán los pagos a quienes han resultado adjudicatarios de las ayudas.

Estos 1.144 millones de euros se suman a los 87 millones que ya distribuyó en su momento el Gobierno de Canarias con cargo a fondos propios (decreto ley2/2012) y queda pendiente la compensación por el IBI turístico.

Canarias es la primera Comunidad Autónoma que abona el 100 por cien de las ayudas compensatorias por el Covid, aun siendo la que mayor volumen de recursos ha tenido que distribuir, precisamente por la mayor afección de la pandemia a la principal actividad económica del Archipiélago.

El vicepresidente canario dice que el borrador del Ministerio de Hacienda sobre la reforma del sistema le genera “intranquilidad”

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió hoy la plena vigencia de la desvinculación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias con las aportaciones estatales de la financiación autonómica, una cuestión que consideró “innegociable” y sin vuelta atrás.

Rodríguez aseguró que el borrador remitido por el Ministerio de Hacienda para la reforma del sistema de financiación autonómica le genera “intranquilidad”, especialmente las referencias a la insularidad y a las especificidades económicas y fiscales del Islas, “que no me gustan”, dijo.

A falta de un análisis en profundidad de la propuesta, que tiene enorme complejidad técnica, el vicepresidente subrayó que “no vamos a tolerar que se reabra el debate sobre la vinculación de los recursos del REF con la financiación autonómica”.

Además, insistió en la reclamación de Canarias para que los criterios de reparto de la financiación autonómica incluyan ponderaciones en función de la renta disponible, la pobreza o los niveles de desempleo.

Las autonomías tendrán en todo caso hasta el mes de enero para realizar sus valoraciones y aportaciones al documento remitido por Madrid.

“Lo ideal -dijo el vicepresidente- sería que Canarias estuviera fuera del régimen común, precisamete por sus particularidades económicas, fiscales y geográficas, porque si bien no somos Euskadi o Navarra, tampoco somos a esos efectos una comunidad autónoma como las demás”.

Rodríguez realizó estas afirmaciones al ser preguntado por los periodistas tras una recepción al embajador de Kazajstan en España, Zhigalov Konstantin, con quien intercambió información al objeto de favorecer los lazos comerciales entre país del Asia central y el Archipiélago.

El vicepresidente señaló que los kazajos están interesados en la experiencia turística de Canarias y en su papel geoestratégico en el Atlántico Medio, dada su cercanía al continente africano, para lo cual tendrán como representante en las Islas al economista Rafael Molina Petit.

Covid y PCR

Por otro lado, Rodríguez insistió en la necesidad de generalizar el uso del certificado Covid y recordó que otros países están solicitando, además de este pasaporte, una prueba diagnóstica.

El vicepresidente indicó que esa será la vía que se imponga globalmente, porque “es bueno para la salud de las personas, para la movilidad y, por tanto, para la economía”.

Rodríguez volvió a señalar que el uso del pasaporte no debe ser una cuestión a regular por cada comunidad autónoma y validada por la justicia, sino que las Cortes de España deberían haber tomado la iniciativa y promovido normas en este sentido idénticas en todo el Estado.

Acuerda líneas de trabajo con la Asociación de la Empresa Familiar a través del Istac y la Agencia Tributaria Canaria

El vicepresidente y consejero del área se reunió hoy con la Asociación que representa el 87,6% de la actividad económica en Canarias

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias cooperará con la Asociación de la Empresa Familiar en Canarias para buscar mecanismos de difusión de las particularidades fiscales de este tipo de sociedades, según dijo hoy el vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, tras reunirse con sus representantes en Las Palmas de Gran Canaria, que le informaron de que tan solo un 27% las conoce y aplica.

Rodríguez destacó la importancia de la empresa familiar en el tejido productivo del Archipiélago, tanto en la modalidad de sociedades anónimas, limitadas o autónomos, y consideró necesario estrechar los cauces de colaboración entre su organización representativa y la administración autonómica en diferentes materias.

Además de la conveniencia de difundir las ventajas fiscales de la empresa familiar, el vicepresidente señaló que durante la reunión también se acordó trabajar junto al ISTAC ara incorporar datos desagregados de estas sociedades en la producción estadística de la Comunidad Autónoma.

Rodríguez indicó que se ha establecido un calendario de trabajo con la Asociación, en el que se incorporará también la Agencia Tributaria Canaria. A este respecto, el vicepresidente se mostró partidario también de alcanzar una armonización normativa de regulación fiscal, que permita facilitar las obligaciones tributarias no solo de este tipo de contribuyentes, sino de todos en general.

En el encuentro se abordó también el debate abierto entorno a los impuestos de titularidad estatal que, si bien están bajo otro paraguas competencial, tienen incidencia en la actividad que desarrollan.

De acuerdo con los datos facilitados por la propia Asociación, la actividad económica familiar en Canarias supone el 87,6% del total. Este porcentaje alcanza el 100 por ciento en el caso de los autónomos y del 59% en el caso de las sociedades mercantiles (anónimas y limitadas).

Román Rodríguez advierte que el Fondo de Solidaridad de la UE apenas aportará el 2,5% (unos 20 millones), por lo que reclama ayudas europeas adicionales

El balance no incluye los gastos atribuibles al Gobierno central, cuyos ministerios añadirán su propia evaluación en el expediente que remitirá a Bruselas

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha remitido al Ejecutivo central la evaluación de daños provocados por la erupción volcánica en La Palma, que se sitúa hasta el momento en 842,33 millones de euros, cuantía provisional.

El vicepresidente canario y responsable de este departamento, Román Rodríguez, explicó hoy que el informe recoge los daños provocados a bienes públicos y privados, además de los costes de intervención de la Administración autonómica, y del Cabildo y los ayuntamientos palmeros. No obstante, el Fondo de Solidaridad de la UE sólo atiende el 2,5% del balance total de daños y para destinarlos a reparar bienes y servicios solo de titularidad pública.

Dado que esas restricciones provocan que la aportación del Fondo de Solidaridad sea “claramente insuficiente”, Rodríguez insta al Gobierno de España y los eurodiputados españoles a que “reclamen otras fuentes adicionales, fondos excepcionales que contribuyan realmente a financiar un plan de reconstrucción de La Palma, a la vista de que el Fondo de Solidaridad establece unas condiciones muy limitativas que evidencian que no fue concebido para situaciones como las de una erupción volcánica”.

El balance de daños remitido al Ministerio de Hacienda no incluye los gastos atribuibles a la Administración General del Estado. Precisamente, los ministerios del Gobierno de España añadirán su propia evaluación en el expediente definitivo que remitirá a las autoridades europeas para su inclusión en el Fondo de Solidaridad.

La evaluación contiene una relación minuciosa de los destrozos provocados por la erupción, en la que los bloques de mayor cuantía son los daños a las infraestructuras viarias, por 228 millones de euros; la destrucción de cultivos de plataneras y pérdidas de producción asociadas, por unos 200 millones de euros o la destrucción de edificaciones, con l65 millones de euros.

Rodríguez insistió en la particularidad del fenómeno volcánico frente a otro tipo de catástrofes o emergencias y subrayó que éste “aún no ha terminado, por lo que la evaluación de daños es susceptible de incrementarse”.

El balance ha sido tramitado por la Subdirección de Gestión de Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda y el informe será ahora completado con las valoraciones económicas de los ministerios y enviado por el departamento de Hacienda español a la Unión Europea.

Sobre este particular, el vicepresidente recordó que, para acogerse al Fondo de Solidaridad europeo en su modalidad de catástrofes de carácter regional, los daños producidos deben ser superiores al 1% del PIB, algo que se cumple en este caso.

El Fondo puede subvencionar el 2,5% del total de los daños producidos, si bien la ayuda solo se podrá destinar a la reparación o rehabilitación de bienes y servicios de carácter público. Desde la Consejería de Hacienda se estudia la posibilidad de solicitar al Gobierno de España que tramite un anticipo, que en todo caso se limitaría al 25% de la ayuda del Fondo de Solidaridad.

Con el balance de daños hasta el momento y de acuerdo con la normativa, La Palma podría recibir con cargo a este Fondo unos 20 millones de euros, si bien la Comisión Europea ya está al tanto formalmente de que la erupción sigue su curso y que la cuantía, por tanto, no está cerrada definitivamente.

La Agencia Tributaria Canaria permite a la empresa transportista realizar la declaración aduanera en nombre del destinatario, previa autorización

Desde la entrada en vigor de la obligatoriedad de la declaración H7 para bienes de bajo valor el pasado 15 de noviembre y hasta el día 25 se han presentado 303.407 formularios

La Agencia Tributaria Canaria ha dado un paso más en su objetivo de facilitar el comercio electrónico y el transporte de mercancías resultante entre Canarias y el resto del mundo, al perfeccionar el sistema para la presentación de la declaración denominada H7, obligatoria para los productos exentos del IGIC de menos de 150 euros desde el pasado 15 de noviembre.

La resolución publicada por la Agencia el 5 de noviembre en el Boletín Oficial de Canarias permite que, en casos excepcionales previamente autorizados, la empresa transportista encargada de la entrega del envío puedan realizar las formalidades aduaneras y de tributos a la importación exigidas, presentando la declaración H7 en nombre del destinatario sin la identificación individualizada del NIF de éste. En su lugar, se permite declarar otro identificador previamente autorizado, siempre y cuando el envío se realice con todos los gastos pagados y no se repercuta sobre el destinatario en el momento de la entrega de la mercancía ningún gasto adicional por la presentación de la declaración de importación H7.

El vicepresidente canario y presidente a su vez de la Agencia Tributaria, Román Rodríguez, explicó hoy que “tanto esta resolución como la orden publicada en julio de este año que permitía el autodespacho aduanero de los compradores se enmarcan el objetivo declarado de la Agencia Tributaria de agilizar y simplificar los trámites administrativos y la eliminación de costes indirectos para el consumidor”.

Esta declaración H7, que está en funcionamiento desde el pasado 1 de julio, se implantó de forma obligatoria el lunes 15 de noviembre, fecha en la que desapareció definitivamente el sistema anterior, denominado Declaración Simplificada de Bajo Valor.

La directora de la Agencia, Raquel Peligero, precisa que durante los meses en los que la declaración H7 ha estado en funcionamiento no solo en Canarias sino, con carácter obligatorio, en el resto del Estado, “se han ido depurando las posibles incidencias que han ido surgiendo, y así, se han ido realizando adaptaciones en las guías técnicas para la presentación de las declaraciones de importación de bajo valor, la última de las cuales, publicada el 10 de noviembre, recoge las modificaciones para Canarias”.

Del 15 al 25 de noviembre se han presentado un total de 303.407 declaraciones H7 en Canarias, de las que 244.801 proceden de terceros países y 58.606 de la Unión Europea; de estas últimas, 45.427 corresponden a territorio español.

Peligero señala que “en la presentación de estos formularios se han producido incidencias aisladas que, en cualquier caso, han sido subsanadas y no consta la repercusión de costes adicionales al destinatario final”.

La Declaración H7

La Declaración H7 da al consumidor la posibilidad de realizar él mismo una sencilla declaración aduanero, solo con un método de identificación válido (certificado electrónico, DNI electrónico o Clave PIN) y el número de envío o de seguimiento del paquete que facilita el vendedor.

La H7 ha sustituido a la Declaración Simplificada de Bajo Valor que, en la práctica, solo podía efectuar el transportista de la mercancía, al ser el único que conocía un elemento imprescindible para su presentación, el denominado número de declaración sumaria. Esta circunstancia provocaba cierta indefensión al consumidor, pues se le repercutían costes de distinta naturaleza, sin que aquel supiera de antemano el importe final de su transacción.

La declaración H7 mantiene la exención del IGIC a los valores menores de 150 euros y la dispensa de realizar el llamado Documento Único Administrativo (DUA), gracias a las especialidades derivadas del REF y su condición de territorio fiscal especial dentro de la UE. No ha ocurrido lo mismo en el resto del Estado, cuando la franquicia de 22 euros que estaba vigente desapareció el 1 julio.