El vicepresidente y consejero de Hacienda convoca a instituciones y agentes económicos y sociales para analizar los borradores de ambos programas

El archipiélago recibirá 7.455 millones de euros en fondos europeos hasta 2027, de los cuales 5.075 millones son recursos ordinarios y el resto, Next Generation

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias presentó hoy a instituciones y los agentes económicos y sociales de las islas los borradores de los programas europeos FEDER y FSE Plus, al objeto de recabar sus aportaciones e incorporarlas, en su caso, al documento que se remitirá a las autoridades europeas para su aprobación definitiva.

Canarias recibirá 2.784 millones de euros con cargo a estos dos fondos, integrados en el denominado Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el período 2021-2027, que prevé una inversión global en el archipiélago de 5.075 millones de euros.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, destacó hoy que Canarias ha sabido defender su particular fuero económico y su condición de región ultraperiférica “hasta tal punto que, en unas circunstancias negociadoras muy complicadas, con la salida de un contribuyente neto como el Reino Unido, hemos aumentado nuestra participación de la tarta presupuestaria europea en un 14 por ciento con respecto al período 2014-2020”.

Rodríguez precisó, además, que estos recursos se suman a los 2.380 millones de euros que, aproximadamente, percibirá el archipiélago con cargo al instrumento europeo Next Generation EU para la reconstrucción económica tras la pandemia.

“La suma de recursos ordinarios y extraordinarios que tenemos que gestionar en los próximos años alcanza los 7.445 millones de euros, lo que supone un enorme desafío desde el punto de vista administrativo”, dijo el vicepresidente, quien añadió que “tenemos la obligación de realizar todo el esfuerzo de organización y gestión para ejecutar eficazmente esos fondos y contribuir a los objetivos para los que han sido diseñados”.

Rodríguez recordó que ya el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la maquinaria administrativa y ha promovido diferentes normas para la gestión de los fondos europeos, entre ellas las de contratación de personal, “puesto que no debemos olvidar que, a raíz de la anterior crisis económica, se descapitalizó de medios humanos a la administración pública”.

El vicepresidente explicó que con la gestión de los fondos -tanto ordinarios como de reconstrucción- se pretende avanzar en la transición ecológica, la mejora de la productividad y competitividad económica a través de la digitalización y la integración social.

Precisamente, dada su condición RUP, Canarias debe destinar, al menos, el 30 por ciento de los recursos del FEDER al objetivo “Una Europa más verde”, que incluye las prioridades “Transición verde” y “Movilidad urbana. Otro 25 por ciento tendrá que dedicarse a proyectos relacionados con la transición y la conectividad digitales.

Por lo que respecta al FSE Plus -que en esta ocasión incluye fondos adicionales para las RUP por su condición de tales- Canarias deberá dedicar, al menos, el 25 por ciento de los recursos a inclusión social y el 12,5 por ciento a empleo juvenil. Otro 5 por ciento deberá reservarse para proyectos de lucha contra la pobreza infantil.

Por parte del Gobierno, además de Rodríguez, participaron en el encuentro el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado; el director general de Presupuestos, Luis Márquez; la subdirectora de Gestión de Fondos Europeos, Pilar Almeida, y la jefa de servicio de Planificación Económica, Montserrat Cabrera.

Se trata de la sexta prórroga de una medida aprobada inicialmente en abril del año 2020

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno canario propondrá al Ejecutivo la prórroga del tipo 0 del IGIC a la importación y entrega de bienes sanitarios para combatir la pandemia del Covid-19. La medida será ratificada en el Consejo de Gobierno y adoptará, como las anteriores, la forma de decreto-ley.

Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de Canarias aprobó una serie de medidas extraordinarias y temporales para hacer frente a las necesidades sanitarias derivadas de la emergencia. Una de esas medidas fue el establecimiento del tipo 0 para la importación y entrega de bienes sanitarios, aprobada el 23 de abril de 2020.

La nueva prórroga será la sexta que se aprueba en idénticos términos y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este mismo año.

A este respecto, el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, explicó hoy que si bien la situación sanitaria y epidemiológica es “hoy en día muy diferente a la de hace unos meses, el virus aún no ha desaparecido y determinadas necesidades sanitarias u hospitalarias, aún se mantienen”.

El vicepresidente subrayó que si bien el Archipiélago “ha transitado por la pandemia con mejores datos que otros territorios y ha realizado una correcta gestión de la emergencia sanitaria y de sus terribles consecuencias socio-económicas, no se puede bajar la guardia”.

“Dado que la pandemia no ha terminado -añadió Rodríguez- debemos seguir procurando a la sanidad, en particular, y a la sociedad en su conjunto, los medios y equipos precisos para combatir el virus”.

Precisamente, la previsible alta ocupación turística en las Islas de cara a los próximos meses y la celebración de eventos festivos en numerosas localidades con una masiva afluencia de personas pueden provocar nuevos focos de contagios, lo que justifica la prórroga de esta medida.

La idea es que los 10 millones que iban a destinarse para ese proyecto en el FDCAN se liberen para otras necesidades en La Palma

El vicepresidente destaca su compromiso con la isla tras la erupción volcánica y asegura que “todo lo que hagamos, será poco”

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, manifestó este lunes que programará fondos europeos para el proyecto del balneario de la Fuente Santa, ubicado en la localidad palmera de Fuencaliente.

Durante su intervención en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento de Canarias, Rodríguez detalló que solicitó al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, “un proyecto maduro” y convinieron “programar el proyecto de la Fuente Santa en los fondos europeos, de manera que los recursos que estaban previstos para ese asunto en el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) se puedan liberar ahora para otras necesidades de la isla”.

“Me he visto con los empresarios –prosiguió el vicepresidente– y me han pedido más medidas fiscales que ya estamos instrumentando e interpreto que todo lo que hagamos por esa isla, es poco”, dijo en relación con los efectos causados por la erupción volcánica.

Del mismo modo, Rodríguez también explicó que, tras su entrevista con el director general de Política de Cohesión durante su última visita a Bruselas, “podemos aspirar al 2,5 por ciento del daño del Fondo de Solidaridad habilitado por la Comisión Europea, al que se accede si reúnes una serie de requisitos. Esta cantidad equivaldría a unos 24,5 millones de euros. Es una cifra muy pequeña que, además, no puede destinarse a gastos de reconstrucción sino a gastos de respuesta inmediata en infraestructuras públicas. Por esa razón, la respuesta a todo lo que se articule para la reconstrucción de la isla tendremos que encontrarla en los presupuestos estatales, canarios, insulares y locales”, precisó.

Román Rodríguez, por último, recordó que es consciente de “la preocupación de los afectados, pero es la Comisión Mixta, en la que está el Gobierno de España con cuatro de sus ministerios y a la que el presidente del Gobierno ha asistido ya a unas cuantas reuniones, la que debe liderar ese aspecto. En ello está también el Gobierno de Canarias, con su presidente a la cabeza y otros tres departamentos; está el Cabildo de La Palma y también las tres alcaldías. En esa Comisión Mixta se concitan todos los poderes públicos para responder a los retos. Y, luego, también hay otra comisión, de este Parlamento, que entiende y estudia la reconstrucción junto a departamentos del Gobierno que actúan sobre el terreno junto a los Ayuntamientos afectados y el Cabildo de La Palma”.

“Desde mi espacio –prosiguió– facilitaré el trabajo a cada ámbito en el que tengo responsabilidades. Vamos a conseguir el máximo de fondos europeos, no solo el de Solidaridad, sino ordinarios y extraordinarios, como en el caso de la Fuente Santa. El propio director general me reconocía en Bruselas que ese fondo era pequeño, pero es el que hay y debemos entender que, para esta catástrofe, con los daños que ya se han certificado, aspiraremos a esos 24,5 millones que tienen las limitaciones que tuvieron siempre. El problema es que aquí también hay gente que habla sin saber”, concluyó.

Autodeterminación del pueblo saharaui

Por otro lado, Rodríguez también mostró su postura personal sobre el asunto de la autodeterminación del pueblo saharaui. “No hablaré en nombre del Gobierno porque aquí no todos los partidos que lo sustentamos mantenemos la misma posición. Por razones de justicia y legalidad, hay que respetar el derecho de los pueblos a la libre determinación. Lo recoge el Derecho internacional y lo ha reiterado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por tanto, aquí toca respetar la legalidad y los Derechos Humanos como principios fundamentales”.

Reiteró que, a su juicio, “no puede ser que los intereses económicos y geopolíticos se impongan a las leyes y a los derechos. Me parece que es un flaco favor al futuro y ya veremos lo que este nos depara. Creemos que las relaciones de buena vecindad son una obligación, pero estas deben ser de respeto y de igualdad”.

En este sentido, agregó que “sean quiénes sean los que se coloquen del lado de Marruecos, nosotros no las compartimos y las combatimos. De hecho, para explicar la posición del Gobierno de España vendrá el día 26, aquí a Canarias, el ministro Albares y mi compañero Pedro Quevedo lo interrogará este miércoles en una interpelación parlamentaria”.

“No estamos de acuerdo –continuó Rodríguez– con el cambio de posición del Gobierno de España. Nos parece un error estratégico porque, cediendo a las presiones y al chantaje, no se alimentan las posiciones justas. Detrás de la posición marroquí está una postura inaceptable sobre la inmigración y una postura inaceptable sobre el expansionismo territorial. Ahora tocan dos grandes tareas, definir de una vez la mediana equidistante y no aceptar que se discuta utilizando el territorio del Sahara y sus aguas como punto de partida porque es ilegal”.

El vicepresidente y consejero de Hacienda cuantifica en 82 millones de euros la cantidad que se podrá consolidar en la actual campaña con cargo a las 27 deducciones existentes

El Gobierno de Canarias incluyó este año cuatro medidas específicas para los afectados por la erupción de La Palma

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, valoró hoy la cantidad de deducciones autonómicas incorporadas a la actual campaña del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y animó a todos los contribuyentes canarios a informarse y beneficiarse de las mismas.

En una comparecencia en el Parlamento de Canarias, el vicepresidente recordó que existen 27 bonificaciones y deducciones en la actual campaña, que en conjunto podrán suponer un ahorro para los obligados por este impuesto en Canarias de 82 millones de euros, de los cuales 71 millones se corresponden con medidas comunes y 12 millones con las específicas para los afectados por la erupción volcánica en La Palma.

Rodríguez señaló que si a esta cantidad se unen los incentivos generales del Impuesto a nivel estatal “podríamos estar hablando de unos 420 millones de euros”, lo que da idea de la dimensión de las deducciones y bonificaciones.

A este respecto, el vicepresidente subrayó que el IRPF es el elemento vertebral de la fiscalidad, “porque son, precisamente, las rentas del trabajo las que contribuyen en mayor medida, seguidas a muy poca distancia por los impuestos indirectos, al sostenimiento del sistema y, por tanto, a la ejecución de políticas públicas”.

Rodríguez insistió en la necesidad de avanzar hacia un modelo cada vez más justo, progresivo, suficiente y moderno, que permita la sostenibilidad del gasto público y, por tanto, el mantenimiento del Estado del Bienestar.

El vicepresidente, en ese sentido, descartó las rebajas generalizadas de impuestos, por injustas, y apostó por medidas como las que ya está implantando el Gobierno de Canarias consistentes en ayudas específicas y temporales para los sectores más perjudicados, tanto por la pandemia como por la inflación.

Rodríguez defendió también el diferencial fiscal canario en relación con el Estado y la Unión Europea e indicó, en relación con el incremento experimentado por la recaudación tributaria en las Islas, que ésta obedece al crecimiento económico, por encima del efecto de la inflación.

Sobre este asunto, señaló que el aumento del IGIC -un impuesto al consumo- es producto de la buena marcha de la economía, “pues teniendo menos inflación que el resto del Estado, recaudamos más que España; de lo contrario -añadió- nos ganarían”.

La medida permitirá mitigar la pérdida de rentabilidad provocada por la pandemia del Covid

La iniciativa se suma a la devolución del 99,9% impuesto del combustible y la mediación del presidente y la consejera de Agricultura para mejorar el precio de la leche

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias aprobó esta semana una modificación de crédito que permitirá habilitar 8,2 millones de euros en ayudas para el subsector ganadero, de modo que se puedan mitigar las pérdidas provocadas por la pandemia del Covid-19.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, explicó hoy que esta medida es paradigmática de la acción del Gobierno de Canarias, en tanto encaja en su estrategia de aprobar ayudas específicas para los sectores más perjudicados por la crisis, en lugar de otras de carácter genérico “que, por su propia naturaleza, pueden quedar desdibujadas y no cumplir los fines previstos”.

El crédito habilitado, de acuerdo con las necesidades detectadas por ese departamento, se destinará al sector ganadero, al objeto de contrarrestar la “excepcional pérdida de rentabilidad” de esta actividad, cifrada en algo más de 8 millones de euros.

Rodríguez recordó que su departamento ya aprobó el año pasado una medida similar, que complementa las acciones presupuestarias de carácter ordinario que ejecuta la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, además de la orden de 25 de marzo pasado por la que ya se está devolviendo el 99,9% del impuesto especial de carburantes a ganaderos, agricultores y transportistas.

A estas medidas se suman las gestiones de mediación del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, para una subida del precio de la leche de modo que los ganaderos puedan mejorar sus ingresos a través de la distribución en la cadena alimentaria.

El vicepresidente se refirió, por otro lado, a las subvenciones de 1.144 millones de euros de fondos estatales distribuidos por el Gobierno de Canarias para pymes, autónomos y empresas, y otros 87 millones de fondos propios, más todas aquellas ayudas sectoriales canalizadas a través de las diferentes consejerías del Ejecutivo.

“En tiempos extremadamente complicados para todos, el Gobierno de Canarias ha estado a la altura y está gestionando diligentemente los recursos públicos para fortalecer los servicios esenciales, por un lado, y para apoyar a los sectores más perjudicados, primero por la pandemia del Covid-19, y ahora, por la escalada de los precios”, subrayó Rodríguez.

El vicepresidente canario saluda la aprobación del documento y confía en su apuesta por la sostenibilidad y la digitalización

El también consejero de Hacienda se reunió en Bruselas con el embajador permanente de España en la UE y con el director general de Política Regional para abordar la descarbonización, frontera con África y fiscalidad

La nueva Estrategia RUP aprobada hoy por la Comisión Europea habrá de canalizar la modulación de las políticas europeas en estos territorios de la Unión y reforzar la apuesta por la sostenibilidad y digitalización, según dijo en Bruselas el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

Todas estas cuestiones fueron analizadas esta mañana durante las reuniones que mantuvo el vicepresidente con el embajador permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, por un lado, y con el director general de Política Regional de la Comisión, Marc Lemaitre, por otro, con quienes abordó asuntos como la fiscalidad, la descarbonización o las regulaciones fronterizas.

Rodríguez saludó la aprobación de la nueva Estrategia y, aunque señaló que habrá que estudiar todos sus detalles a partir de este momento, consideró que habrá de constituir el marco donde las regiones más alejadas de Europa puedan seguir encontrando acomodo para la aplicación de políticas europeas adaptadas.

Entre estas políticas, el vicepresidente situó el paquete de medidas denominado Objetivo 55 para la lucha contra el cambio climático y la descarbonización, del que dijo que Canarias debe quedar fuera de la imputación de precios a la importación por CO2, “puesto que en nuestro caso no tenemos otra opción que importar todo a través de vía marítima y aérea”.

Rodríguez recordó que Canarias está fuera del comercio en el caso del transporte aéreo y que es razonable que también lo esté en el caso del transporte por vía marítima, puesto que las condiciones de partida son exactamente las mismas.

El vicepresidente apeló a la alta receptividad que siempre ha mostrado la Comisión Europea con Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas, expresada normativamente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión y ratificada por decisiones judiciales, para avanzar en el citado Objetivo 55 y también en la exceptuación del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a aquellas empresas que facturen más de 750 millones anuales.

Rodríguez abordará este último asunto con mayor profundidad en la reunión que mantendrá mañana, miércoles, con el director general de Fiscalidad y Unión Aduanera, Benjamin Angel.

Esta misma tarde, Rodríguez continuará su agenda con una reunión con la directora responsable de los asuntos de África de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión, Sandra Kramer, con quien analizará el desarrollo del programa MAC de la Unión Europea, en el que Canarias desempeñará de nuevo un papel relevante.

También dentro de esta misma Dirección General, el vicepresidente mantendrá un encuentro con el director de Política de Desarrollo Sostenible, Félix Fernández-Shaw, para explorar el papel que podría desarrollar Canarias en el despliegue en África del proyecto europeo Global Gateway.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, destaca el alto nivel de cumplimiento del Gobierno de sus obligaciones ante terceros

La Comunidad Autónoma pagó en marzo en un período de 14,5 días y cierra el primer trimestre del año con un promedio idéntico

El Gobierno de Canarias cerró el pasado marzo con un periodo medio de pago de 14,58 días, por debajo de la mitad del plazo previsto legalmente para ello, situado en los 30 días. Estos datos dan continuidad a la eficiente gestión del actual Ejecutivo autónomo a la hora de responder a sus obligaciones ante proveedores desde que asumiera sus funciones, en el verano de 2019.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, valoró la diligencia de los diferentes departamentos autonómicos en esta materia, que se ha puesto de manifiesto tanto en períodos de normalidad como en situaciones de crisis. De hecho, en los 33 meses contabilizados, el Ejecutivo ha cumplido con creces el período medio de pago en 30 de ellos y ha ocupado las primeras posiciones de entre las comunidades autónomas.

Rodríguez destacó la importancia de este indicador, especialmente en un territorio como el canario, en el que la Administración autonómica se ha erigido -debido a la crisis económica derivada del Covid- como el mayor aportador de riqueza del sistema económico, en términos de Producto Interior Bruto (PIB). “Es muy importante que el Gobierno responda ante nuestras empresas y autónomos proveedores con agilidad, ofreciendo, certezas, seguridad y liquidez a los mismos”, precisó el vicepresidente, quien añadió que esta circunstancia se torna más acuciante si cabe en períodos de incertidumbres como los actuales.

De acuerdo con los datos de la Intervención General, la Comunidad Autónoma ha cerrado el primer trimestre del año con un período medio de pago de 14,54 días, replicando casi con exactitud el dato de marzo. Por meses, enero se cerró con 14,04; febrero, con 15,02 y marzo, con los citados 14,58 días.

El Periodo Medio de Pago constituye un concepto especialmente importante en la contabilidad de las administraciones públicas, no solo por su propio objeto, sino porque es uno de los criterios cuyo cumplimiento se exige en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, so pena de aplicarse por el Estado medidas de corrección.

Se da la circunstancia de que ésta es la única regla fiscal que no se ha suspendido en los años 20, 21 y 22.

Precisamente, el apartado 6 del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, introducido por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, establece que las Administraciones Públicas deben publicar su período medio de pago a proveedores

Román Rodríguez destaca la diligencia y rapidez con la que el Gobierno ha practicado esta ayuda específica a 6.260 beneficiarios de los sectores más golpeados por la inflación

De la cantidad total devuelta, 1,8 millones se corresponden con el incremento aprobado por Hacienda el pasado 25 de marzo

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha ordenado el abono de 4.426.679,16 euros en concepto de devolución del Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo del mes de marzo, que recibirán desde mañana mismo los transportistas, agricultores y ganaderos beneficiarios de la medida.

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, precisó hoy que, de esta cantidad, 1,8 millones de euros se corresponden con el incremento de la devolución del 68% al 99,9% aprobada por su departamento el 25 de marzo con efecto retroactivo al 1 de marzo.

“Hemos actuado con diligencia y rapidez para ayudar a los sectores más perjudicados por el incremento del precio del petróleo, de modo que en menos de veinte días 6.260 beneficiarios han podido recibir las cantidades correspondientes al primer mes de vigencia de esta medida extraordinaria, lo que da idea del compromiso del Gobierno de Canarias con todos aquellos a los que la inflación está golpeando más duramente”, señaló.

El vicepresidente explicó que son, precisamente, este tipo de medidas “específicas y puntuales” las más adecuadas para afrontar la subida de precios, por lo que el Ejecutivo seguirá trabajando para articular otras que permitan aliviar la delicada situación económica de nuevos sectores.

Rodríguez subrayó que la ampliación de la devolución del Impuesto Especial de Combustible del 68% al 99,9% elimina de hecho cualquier imposición sobre esta figura para los transportistas, agricultores y ganaderos, puesto que el IGIC está gravado con tipo 0. En la Península, el IVA del combustible es del 21%.

La devolución parcial del Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo viene recogida en su propia ley reguladora, que data de julio de 1986. En ella se especifica que los agricultores y transportistas tendrán derecho a la devolución parcial del impuesto que grava la gasolina y el gasóleo profesional utilizados por vehículos que se hallen afectos al desarrollo de actividades de agricultura, ganadería y transporte (discrecional y regular de viajeros, de mercancías y taxistas) y cuyos datos estén debidamente inscritos en el Censo de Agricultores y Transportistas.

El impuesto en la actualidad es de 26,5 céntimos por litro en el caso de la gasolina y de 22,2 céntimos en el caso del gasóleo.

De estas cantidades, el Gobierno devuelve desde el año 1986 el 68% a los transportistas, agricultores y ganaderos, una devolución que ahora y hasta el 31 de julio será prácticamente integra.

La Comunidad Autónoma recupera con holgura la senda del cumplimiento tras la desviación de septiembre, octubre y noviembre por demoras en sanidad

Román Rodríguez subraya que el dato consolida la reputación de buen pagador del Gobierno de Canarias en el presente mandato

De los últimos 32 meses, solo se ha sobrepasado el plazo medio en tres de ellos

El Gobierno de Canarias pagó en enero a sus proveedores en un plazo de 14,02 días, con lo que confirma la tendencia ya apuntada en diciembre del año pasado y vuelve a la senda del cumplimento, tras la desviación registrada en los meses de septiembre, octubre y noviembre.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, subrayó hoy que este este dato consolida la reputación de buen pagador que se ha ganado en los últimos años el Ejecutivo, en los que de manera recurrente se ha situado a la cabeza de las comunidades autónomas en esta exigencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Periodo Medio de Pago -PMP-.

En concreto, Canarias no solo ha cumplido el plazo medio de pago en 29 de los últimos 32 meses -desde julio de 2019- sino que lo ha hecho con las cifras más bajas del Estado. Solo en septiembre, octubre y noviembre de 2021 se superó el período establecido en lo que va de mandato debido a retrasos en los hospitales de Tenerife y el área de salud de Lanzarote, aunque tomado el promedio anual el plazo se situó en los 24,4 días, es decir casi 6 días menos de los que establece la norma.

Ya en diciembre del año pasado se volvió a pagar en 30 días y ahora, en enero de 2022, la Comunidad Autónoma rebaja a más de la mitad el plazo para el pago de sus facturas.

Rodríguez destacó la importancia de que las administraciones públicas respondan a sus obligaciones con eficacia “siempre, pero especialmente en tiempos de dificultades económicas como las que estamos vivienda, de modo que los gobiernos no se conviertan en otro obstáculo para la liquidez y la solvencia de las empresas y, por tanto, del empleo”.

El Periodo Medio de Pago constituye un concepto especialmente importante en la contabilidad de las administraciones públicas, no solo por su propio objeto, sino porque es uno de los criterios cuyo cumplimiento se exige en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, so pena de aplicarse por el Estado medidas de corrección.

Se da la circunstancia de que ésta es la única regla fiscal que no se ha suspendido en los años 20, 21 y 22.

Precisamente, el apartado 6 del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, introducido por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, establece que las Administraciones Públicas deben publicar su período medio de pago a proveedores.

El vicepresidente del Gobierno considera que todos los incentivos del fuero deberían estar vinculados a la creación de empleo

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió hoy la necesidad de abrir una reflexión sobre el futuro del Régimen Económico y Fiscal (REF), a la vista de las consecuencias que han tenido en Canarias las dos últimas grandes crisis económicas y al objeto de garantizar la eficacia de todas sus herramientas también en caso de recesión.

Rodríguez explicó en una comparecencia parlamentaria que el actual diseño del REF está más pensado para entornos de crecimiento económico, en los que despliega toda su fortaleza, que para períodos de crisis, en los que pierde pujanza, aunque algunos instrumentos, como la ZEC, han tenido su mejor año en 2021.

El vicepresidente consideró que habría que reflexionar al respecto y estudiar la manera de que el REF pueda constituirse también en un potente escudo social y económico, que palíe las graves consecuencias que tienen las crisis económicas para Canarias, dada su alta dependencia exterior.

Una de las fórmulas que se podrían articular, precisó Rodríguez, sería la de vincular todos los incentivos del Régimen a la creación de empleo, “puesto que éste es, sin duda, nuestro mayor problema”.

El vicepresidente defendió, en cualquier caso, la plena vigencia de las medidas del REF, tanto en sus aspectos fiscales -revisados en 2014- como en los económicos -actualizados en 2018- y el cumplimiento de sus preceptos en los Presupuestos estatales de 2021 y 2022.

No obstante, Rodríguez indicó que existen algunos asuntos que habría que retocar, en coincidencia con lo solicitado también desde diversas organizaciones ciudadanas y con la propia opinión del Parlamento de Canarias. Entre ellos, citó la reclamación para ampliar el plazo de materialización de la RIC del año 2017 a este mismo ejercicio; el cambio de la Ley del IGIC, que permita el abono a las empresas afectadas por la quiebra del operador turístico Thomas Cook o la garantía del comercio triangular para las empresas radicadas en la ZEC.

El vicepresidente volvió a insistir, en relación con la RIC, que no se ha producido ningún incumplimiento del Estado, sino lo que se negocia es una solicitud para ampliar el plazo de materialización, “algo que seguiremos reclamando ante el Ministerio de Hacienda, porque creemos que hay argumentos sólidos para ello, dado el impacto de la crisis y de la erupción volcánica”

“Pongamos en valor las cosas que hemos conquistado y preparemos ahora el REF para que responda a las necesidades de los canarios también en períodos de crisis”, dijo Rodríguez, quien añadió que el Gobierno está trabajando con los sectores económicos y sociales de las Islas para articular propuestas de futuro.

Unas propuestas que habrán de alinearse también la denominada Agenda 2030, de manera que se incentiven los objetivos vinculados a la sostenibilidad.

Financiación autonómica

El vicepresidente reiteró, en otra comparecencia, las demandas del Gobierno de Canarias para la inclusión de la pobreza y el fortalecimiento de la insularidad dentro del criterio de población ajustada para el reparto de la financiación autonómica. Del mismo modo, se mostró contundente a la hora de defender la desvinculación de estos recursos de los del REF.

Rodríguez recordó que la población ajustada es el parámetro utilizado para medir las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, uno de los elementos del sistema de financiación pendiente de reforma y que Canarias respondió el 31 de enero al informe del grupo de trabajo sobre este criterio remitido el pasado 3 de diciembre por el Gobierno central.

El documento remitido por el Gobierno de Canarias complementa algunas de las consideraciones ya enviadas con anterioridad al propio Ministerio -el 21 de mayo y el 22 de septiembre de 2021- y se ha elaborado en virtud de un convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la participación, por parte de Hacienda, de Lucrecia Apolinario Hidalgo y María Teresa Gil Doreste, y del centro académico superior, de Arturo Melián González.

La propuesta canaria argumenta, en relación con los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), que la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto y que, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada. Las comunidades autónomas con menor nivel de renta, asegura, tienen una mayor presión en los servicios públicos.

El Gobierno canario considera que el indicador más fiable en esta materia es el AROPE, “un indicador multidimensional más aceptado, que permite su cuantificación sin dejar de lado la componente del desempleo (“baja intensidad en el empleo”)”, aunque considerando también la privación material severa y el riesgo de pobreza (hogar con una renta inferior al umbral de pobreza). Esta tasa, al proceder de fuentes oficiales (Eurostat e INE), tiene garantizada su continuidad, periodicidad anual, y su perfeccionamiento, a la vez que permite la homogeneidad y la comparabilidad entre comunidades autónomas y países de la UE”.

En relación con la insularidad, se hace constar que ni su ponderación ni la porción que corresponde a Canarias pueden sufrir una disminución con la reforma, dado que está claramente infrarrepresentada en el documento remitido desde el Gobierno central. De ahí que se reclame que la participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad se incremente, dado que la contribución de esta variable es significativamente inferior a los costes de los servicios públicos prestados por la Comunidad Autónoma.