El Gobierno autonómico expone en la Conferencia Sectorial celebrada en Tenerife que la llegada de menores migrantes se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, pasando de 587 en 2019 a 7.398 en 2023. El Ejecutivo pide a todas las autonomías que se sumen a la reforma de la Ley de Extranjería y recoge sus aportaciones a la propuesta consensuada entre las islas y el Estado

El Gobierno de Canarias alerta a las comunidades autónomas de la crisis humanitaria sin precedentes que está viviendo por la llegada de menores extranjeros no acompañados a sus costas. El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, explicó en su intervención en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada hoy en Tenerife y en la que han participado las comunidades autónomas, el incremento exponencial de llegadas que se ha producido desde 2019 y que ha saturado el sistema autonómico de acogida.

“En 2019 año llegaron a las islas 587 niños y niñas y en 2023 esa cifra ascendió hasta los 7.398. Es más que evidente que ni Canarias ni ninguna comunidad autónoma puede hacer frente a la atención de estos menores en solitario. Las competencias en materia de Infancia no se pensaron para gestionar una situación tan compleja como esta. Por ello, pedimos a las comunidades autónomas unidad para afrontar esta situación como país del primer mundo que es consciente de que el fenómeno migratorio es una realidad con la que tenemos que convivir”, precisó.

En la misma línea se manifestó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado: “Hoy es Canarias la puerta de entrada para miles de niños, niñas y adolescentes, pero mañana puede ser otra comunidad autónoma. Tenemos que trabajar unidas para darles la mejor atención a estos menores, siempre en colaboración con Europa. Si no lo hacemos, estaremos fallándoles a ellos, pero también a nosotros mismos y a los valores europeos. Por ello, es prioritario que el texto de reforma de la Ley de Extranjería que ha trabajado el Gobierno canario con el Estado se tramite como real decreto ley y que, una vez llegue a las Cortes, continúe su proceso, momento en el que podrían ser añadidos los matices o apreciaciones de los distintos grupos parlamentarios”.

La Conferencia Sectorial, celebrada en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, fue convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia y contó con la participación del Gobierno de Canarias y representantes del área de Infancia y Juventud de las distintas comunidades autónomas. El Ejecutivo canario había solicitado al Ministerio que se celebrara en el archipiélago para que los responsables autonómicos de Infancia pudieran conocer en detalle la propuesta de reforma legislativa y, al mismo tiempo, la realidad de estos menores. Para ello, de manera previa a la celebración de la Conferencia Sectorial se llevó a cabo una visita a uno de los centros que se encuentran abiertos en las islas para atender a estos niños, niñas y adolescentes.

El primer punto del orden del día de la Conferencia Sectorial consistió en la exposición de la propuesta consensuada entre el Gobierno de Canarias y el Estado para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En ese punto, las comunidades hicieron sus apreciaciones de cara a que sean tenidas en cuenta cuando se tramite en el Congreso de los Diputados. Canarias cuenta en estos momentos con unos 5.500 menores migrantes tutelados, una cifra inferior a la de llegadas por las mayorías de edad cumplidas o decretadas a migrantes que inicialmente se declararon como menores y eran adultos. La propuesta que se ha acordado con el Ministerio es que el archipiélago acoja a un máximo de 3.000 y el resto sean derivados a otras comunidades autónomas.

Desde que empezó la legislatura, Canarias ha abierto 50 centros nuevos para atender a menores migrantes, lo que ha supuesto que se haya pasado de 30 a 80 dispositivos.

En segundo lugar, se acordó el reparto de menores migrantes no acompañados por el territorio español correspondiente a 2024, así como la distribución del crédito destinado a las comunidades autónomas y a la Ciudad de Ceuta, a excepción del País Vasco y Navarra, para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, por importe de 20 millones de euros. Desde 2021 las comunidades autónomas han acordado en diferentes conferencias sectoriales la derivación de menores migrantes que están bajo tutela del Gobierno canario a otras comunidades autónomas.

El acuerdo alcanzado contempla el traslado de un total de 400 personas migrantes menores (300 menores tutelados por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y 100 menores tutelados por la ciudad autónoma de Ceuta).

“Valoramos el acuerdo alcanzado, pero hay que recordar que la presión para Canarias, con más de 5.500 menores acogidos en una red de 80 dispositivos de emergencia, sigue siendo insostenible”, afirmó Delgado. “Seguimos sin encontrar recursos ni inmuebles en los que poder ubicar a estos chicos con las garantías de seguridad y salubridad que se merecen. Estamos hablando de menores y, por tanto, son sujetos de protección, y nosotros, como administración, estamos obligados a velar por su bien superior por encima de otras consideraciones. Por ello, seguimos reivindicando la reforma de la Ley de Extranjería, que es la forma de que la corresponsabilidad se instaure por ley. De esta manera, en Canarias quedarían siempre un máximo de 3.000 menores migrantes no acompañados y el resto serían derivados a otros territorios”.

Delgado insistió en que las dificultades para encontrar instalaciones en las que brindar una acogida digna a estos chicos y chicas es muy preocupante ya, pero más aún si se tienen en cuenta las previsiones futuras. “Se estima que la llegada de niños y niñas hasta las costas canarias en pateras y cayucos en los próximos meses pueda ser de 11.000 menores más. Estamos en una situación absolutamente crítica”.

El traslado y distribución de menores migrantes no acompañados desde Canarias a las distintas comunidades autónomas españolas cuenta con el apoyo de los grupos políticos del Parlamento canario -excepto de Vox-, de la Federación Canaria de Islas, de la Federación Canaria de Municipios y de las entidades dedicadas a la atención de la infancia.

La Consejería de Turismo y Empleo, en colaboración con la de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y las confederaciones canarias de empresarios, pone en marcha esta novedosa iniciativa de la que se beneficiarán cincuenta personas migrantes

El proyecto piloto, que cuenta con un plazo de ejecución de siete meses, está financiado por el Servicio Canario de Empleo (SCE) por importe de 150.000 euros

Las consejerías de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias han presentado este martes el acuerdo de colaboración con la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas (CCE) y la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) para el desarrollo de un programa piloto, que dará comienzo en la isla de El Hierro, para la formación e integración sociolaboral de las personas migrantes.

Las acciones, financiadas por el Servicio Canario de Empleo (SCE) con fondos del Plan Integral de Empleo de Canarias 2024 (PIEC) por importe de 150.000 euros, tienen por objeto favorecer la inserción laboral de estas personas y ofrecer profesionales cualificados a las empresas ante las dificultades que existen actualmente en las islas para cubrir distintas vacantes de trabajo.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, hizo hincapié en “la importancia de trabajar desde la colaboración para impulsar proyectos con los que ofrecemos a los jóvenes migrantes, a través de la formación específica, el acceso al mercado laboral, al tiempo que ayudamos a las empresas a hacer frente a la escasez de mano de obra en sectores como la hostelería, la agricultura o la construcción”.

En su intervención, De León destacó también que “el empleo es esencial para la integración de los migrantes en nuestro entorno”, por lo que agradeció la implicación de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas (CCE) y la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), que han querido colaborar en esta iniciativa “que se pone en marcha en El Hierro pero que llevaremos también a cabo en las islas de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria”.

“La acogida e integración social de los menores migrantes exige de programas de formación y de capacitación que les permitan adquirir las habilidades y conocimientos necesarios que potencien su proceso de inserción en la sociedad canaria”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, quien recordó que “los menores que se suben a un cayuco arriesgan sus vidas para intentar acceder a un proyecto de vida mejor, no solo para ellos, sino para sus familias”.

En el marco del convenio, ambas confederaciones se comprometen a desarrollar todas las acciones y a poner a disposición los recursos humanos y materiales para su ejecución.

Los presidentes de las patronales de ambas provincias canarias, Pedro Ortega y Pedro Alfonso, coincidieron en la necesidad de formar profesionalmente a los menores migrantes que llegan a las islas y así poder integrarlos en nuestra sociedad, con el fin de reducir el lastre de las empresas de no encontrar mano de obra cualificada.

Iniciativa piloto

El proyecto tiene una duración de siete meses y consta de un programa formativo completo, desde español para extranjeros, normativa laboral y para la integración social; talleres de habilidades personales; de normas y costumbres culturales; itinerarios en hostelería, agricultura y construcción, hasta el seguimiento individualizado y acompañamiento de cara a su entrada efectiva en el mercado laboral.

La consejera participó hoy en la reunión del Consejo Interterritorial del SNS en la que se abordaron las recomendaciones de atención a personas extranjeras irregulares, entre otros temas

El Servicio Canario de la Salud ha destinado 6,4 millones de euros a la atención sanitaria de la población migrante sólo durante los cinco primeros meses de este año

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, exigió hoy al Ministerio de Sanidad mayor implicación del Estado en la atención sanitaria a la población migrante que llega a nuestras costas. Monzón, que participó en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, informó que sólo en los cinco primeros meses de este año, el Servicio Canario de la Salud ha destinado 6,4 millones de euros para la atención sanitaria a la población migrante en Canarias.

En este sentido, recordó que desde el verano pasado, las islas están afrontando el fenómeno migratorio de forma intensa y constante y está suponiendo un esfuerzo para el sistema sanitario, que destina profesionales, infraestructuras y recursos materiales a la ayuda humanitaria y asistencial que precisan estas personas sin la implicación del Gobierno estatal.

La consejera abundó en esta cuestión en el apartado en el que se discutió las recomendaciones para el acceso al SNS de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, una cuestión que en Canarias está ya protocolizada y con los medios organizados para afrontar la crisis migratoria que estamos viviendo especialmente en este último año.

Esther Monzón explicó que islas como El Hierro, que no eran hasta el verano pasado destino de llegada de migrantes, han tenido que adaptar sus recursos sanitarios para ofrecer la ayuda asistencial y humanitaria que requieren las personas que llegan a la isla y que el Estado debe compensar estos desequilibrios presupuestarios que se generan en la atención sanitaria a personas extranjeras en situación irregular.

Monzón, ya había trasladado esta circunstancia en enero al Ministerio en el que reclamó que el Estado refuerce su convenio con Cruz Roja para la asistencia sanitaria, dado que no se puede obviar la situación migratoria que vive Canarias y la demanda asistencial que requieren las personas que llegan a nuestras costas.

El Servicio Canario de la Salud tiene protocolizada la atención sanitaria ante la llegada de personas migrantes para ser asistidas tanto en su llegada a la costa como en los centros de acogida y, en su caso si fuera necesaria, la derivación a los centros hospitalarios cuando requieren un abordaje especializado de su salud.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, mantuvo un encuentro con el comisario de la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Senegal, Abdoulaye Toure

“Es fundamental para Canarias que los chicos y chicas que nos están llegando desde Senegal de manera indocumentada puedan acceder a la formación reglada cuanto antes”, afirma el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno canario, Francisco Candil, de visita institucional esta semana en Senegal. Candil explica que, al completar el proceso de documentación, estos jóvenes tendrán la posibilidad de desplazarse a otras comunidades.

Francisco Candil mantuvo un encuentro con el comisario de la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Senegal, Abdoulaye Toure, en el que acordaron que Senegal colaborará en el proceso de documentación de las y los menores que aseguren llegar a Canarias desde el país y carezcan de identificación. “Con esta documentación en regla podrán acceder a los procesos formativos e incorporarse al sistema español con normalidad para conseguir lo que vienen buscando, un proyecto de vida con plena regularidad y normalidad”.

El viceconsejero forma parte de una comitiva canaria que visita el país estos días con el objetivo de conocer in situ el programa piloto Tierra Firme. Este programa, que cuenta con una inversión inicial de 500.000 euros y permitirá la formación profesional de más de 500 jóvenes senegaleses en distintas especialidades, es una iniciativa de formación laboral impulsada por el Gobierno canario en colaboración con la Cámara de Comercio de España en Senegal y diversas instituciones públicas y privadas tanto españolas como senegalesas.

El calendario de reuniones y visitas a diversos centros de formación de Senegal se ha desarrollado durante toda la semana y ha contado con la asistencia y participación de una amplia delegación de responsables de las áreas de Relaciones con África, con su director general Luis Padilla al frente, así como de responsables de la Viceconsejería de Formación y Cualificaciones Profesionales, del Instituto Tecnológico de Canarias, de diversos centros de formación profesional, de la Cámara de Comercio, de la Federación de Empresas de Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife, de la Federación Provincial de la Pyme del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas, de la Fundación Laboral de Construcción, de la Fundación ECCA Social, de la Empresa Agroislas, de la Oficina en Dakar de Proexca y de la Cámara Oficial de Comercio de España en Senegal.

La iniciativa tiene como objeto ofrecer una respuesta a la actual situación migratoria en Senegal, apostando por una nueva dinámica de formación profesional e inserción laboral en favor de la población joven senegalesa. Para ello, se busca facilitar la creación de empleo de calidad y generar nuevo talento del que podrán beneficiarse las empresas españolas y, particularmente, las empresas canarias, así como establecer un nuevo marco de formación profesional cuya finalidad es la inserción laboral efectiva, al tiempo que desincentivar la migración irregular al ofrecer alternativas concretas desde y en el país de origen.

El corto es una iniciativa del proyecto Meraki de Fundación Adsis, con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria

El estreno estuvo acompañado de una mesa redonda que abordó las dimensiones del drama humanitario de las rutas migratorias ilegales

¿Es posible otra forma de migrar? La pregunta es el punto de partida del documental #NoEsUtopía, que recoge las reflexiones de personas migrantes y profesionales del sector, sobre un modelo migratorio que empuja a miles de personas a traspasar fronteras usando rutas ilegales, un viaje que llegan a pagar con la vida.

Solo en 2023, 6.618 personas fallecieron en las rutas de acceso a España, De ellas, 6.007 lo hicieron en la ruta canaria, un dato que la posiciona como la más letal del mundo, según cifras de la ONG Caminando Fronteras. Un drama humanitario que enfrentan las administraciones locales y que llama a debatir un nuevo enfoque.

El dato explica que sea en Canarias donde haya visto la luz #NoEsUtopía. Las personas protagonistas, reunidas en Gran Canaria, conocen de primera mano los efectos devastadores de las actuales políticas migratorias, bien como personas migradas, bien como profesionales, pero siempre desde dentro de una realidad que acaba topando con la indiferencia institucional.

Adama Ndao, geógrafa especializada en género y desarrollo, destaca la responsabilidad de las administraciones: “no se puede estar alegando que (la llegada de inmigrantes) es una situación de emergencia. Los Estados deberían tener estructuras ya preparadas y dignas para este tipo de situaciones de llegada”. Por su parte, Loueila Mint El Mammy, abogada experta en migraciones, incide en las condiciones de permanencia: “¿qué es mejor para un Estado, que las personas trabajen y contribuyan o que estén en una situación de dependencia?”.

También cuentan su experiencia personas que migraron en condiciones muy duras. Sekou Kante dejó atrás su Mali natal. El trayecto significó, entre otras cosas, resistir más de 20 días a bordo de una patera. Si hubiera tenido acceso a un visado, habría sido diferente: “venir en avión es más barato que venir en patera; en patera pagas con dinero y pagas también con la vida”.

Pero la llegada solo indica que empieza otra odisea. Naby Zana Gamara conoce bien las trabas burocráticas de la regularización. Aunque han pasado más tres años de su llegada desde Guinea-Conakri, aún hay cosas que no consigue entender: “si no tienes papeles no puedes trabajar y ¿cómo puedes trabajar si no tienes papeles?, ¿tengo que vivir en la calle porque no puedo trabajar?”.

El corto se estrenó este 23 de mayo, en el Patio del Cabildo de Gran Canaria. El acto contó con la participación de Inés Miranda, consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, Abrah Suárez, responsable del Proyecto Meraki de Fundación Adsis, Loueila Mint El Mammy y Adama Ndao, expertas en migraciones y protagonistas del documental; Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial en CEAR e Irene García, psicóloga y técnica de Cooperación Internacional en Fundación Canaria Farrah.

#NoEsUtopía es una iniciativa del Proyecto Meraki, de Fundación Adsis. El corto responde a la necesidad de considerar otra forma de migrar: digna, libre y segura. Un mundo donde nadie vea vulnerados sus derechos humanos por sus orígenes o el color de su piel. Su visionado está disponible en las plataformas digitales de Fundación Adsis.

El documental ha contado con la financiación del Cabildo de Gran Canaria y con la colaboración de la Agencia de Marketing Digital Alegando.

Fundación Adsis, siempre al lado de las personas

Fundación Adsis acompaña a personas en riesgo de exclusión para que logren hacer realidad sus proyectos de vida. Con más de 58 años de historia, sus programas de acción social buscan construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. Cada año, acompaña a más de 40.000 personas en España y en América Latina.

La consejería de Sanidad exige mayor implicación del Gobierno de España para cubrir el gasto sanitario que requiere la atención a las personas que llegan a nuestras costas

Esta inversión corresponde sólo al primer cuatrimestre de este año

El director del SCS mantiene una reunión de coordinación sobre la asistencia sanitaria a migrantes en El Hierro

La consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias exige al Gobierno estatal mayor implicación en la atención sanitaria a la población migrante que llega a nuestras costas. En el primer cuatrimestre de este año, el Servicio Canario de la Salud ha destinado 4,6 millones de euros para la atención sanitaria a la población migrante en Canarias.

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Carlos Díaz, mantuvo hoy una reunión de coordinación con la Dirección del Área de Salud y la Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro en la que se abordó la presión asistencial por la crisis migratoria que viene asumiendo la isla desde el verano pasado. Durante la reunión se hizo una evaluación y revisión de los protocolos de actuación y asistencia sanitaria ante la llegada de población migrante a las costas de El Hierro, reforzada con una inversión de 687.000 euros, en el caso de esta área de salud.

En la reunión además de la directora del Área de Salud de El Hierro, Pilar Mora, y la gerente de los Servicios Sanitarios de la Isla, Jéssica Acosta, participaron los directores generales de Recursos Humanos, de Recursos Económicos y de la Secretaría General del SCS.

En este sentido, se acordó continuar impulsando las acciones necesarias para responder de manera más efectiva a los distintos escenarios en la atención a la población migrante, conjugando este servicio con la necesaria continuidad de la actividad asistencial habitual que se presta al resto de la población.

También se analizó la situación de la plantilla orgánica de las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro, se estudiaron las necesidades en materia de personal, así como medidas que permitan asumir las competencias atribuidas, garantizando la calidad de la atención, la sostenibilidad y buen gobierno del sistema de salud.

Obras previstas

En cuanto a las obras previstas, se avanzó en la revisión del estado de los proyectos previstos como la licitación de la obra la Resonancia Magnética, la adjudicación de redacción del proyecto del Centro de Salud de El Pinar, así como las obras del Centro de Salud de Valverde y la ampliación del Centro de Salud de Frontera. Igualmente, se analizó el proyecto para el aumento de potencia eléctrica para la Unidad de Atención Temprana.

Durante el encuentro también se trataron otros asuntos primordiales en el ámbito sanitario herreño centrados en la actividad hospitalaria y en los centros de salud de la isla.

La consejera de Bienestar Social pide al Estado que mantenga este año las partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para atención a personas migrantes y reclama recursos extras al Gobierno central para reforzar los servicios sociales del archipiélago y del resto de territorios de acogida

Además, pide apoyo a los representantes políticos para que la reforma de la Ley de Extranjería se lleve a cabo lo antes posible y permita un reparto corresponsable de los menores no acompañados

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha instado al Estado a mantener este año las partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para atención a personas migrantes y ha reclamado, asimismo, un refuerzo de la financiación con el objetivo de fortalecer los servicios sociales de las comunidades autónomas en las que residen. La titular del área hizo estas consideraciones hoy, en el seno de la XI Conferencia Sectorial de Migración, celebrada en Madrid.

“Es necesario que la situación política actual y la prórroga de los presupuestos no afecte a la financiación que veníamos recibiendo, asunto al que, en principio, se ha comprometido la ministra Elma Saiz. Pero, además de mantener las partidas previstas, es imprescindible reforzar los servicios sociales de los territorios de acogida para poder dar una atención integral a estas personas, que en su mayoría se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y a las que tenemos que dar respuesta las comunidades autónomas”.

En la XI Conferencia Sectorial, además de representantes de todas las comunidades autónomas y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participaron el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego; y los secretarios de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y de Migraciones, Pilar Cancela.

Aunque no estaba incluido en el orden del día, en el transcurso de este encuentro se abordó la situación de los menores extranjeros y la necesidad de modificar la normativa actual. En este sentido, Delgado solicitó apoyo a los representantes políticos para que la reforma legislativa de la Ley de Extranjería se lleve a cabo lo antes posible y permita un reparto corresponsable de los menores no acompañados por todo el territorio español, siempre con el apoyo económico del Gobierno central.

En estos momentos, Canarias tutela a 5.357 supuestos menores extranjeros no acompañados y cuenta con 74 dispositivos alojativos. “En lo que va de año han llegado más de 14.000 personas por vía marítima, lo que demuestra el incremento notable de las llegadas en comparación con el mismo periodo del año pasado”, precisó.

En este contexto, la mayoría de los representantes de las comunidades autónomas alertaron de que continúan recibiendo menores extranjeros no acompañados que llegan a sus territorios como si fueran mayores, pero que posteriormente declaran su minoría de edad, lo que obliga a las comunidades autónomas a asumir su cuidado. “Para que esta situación no siga repitiéndose y no nos arriesguemos a que convivan menores con mayores, es urgente que el Estado ponga en marcha un protocolo único de determinación de la edad en los centros temporales de atención a extranjeros (CATE)”, subrayó la consejera Candelaria Delgado.

En relación al grupo técnico creado con el fin de mejorar la comunicación entre el Estado y las comunidades autónomas tras la celebración de la última conferencia sectorial, el pasado 28 de diciembre, durante la Conferencia Sectorial se informó de que se facilitará información con carácter mensual.

Para finalizar, la consejera Candelaria Delgado explicó a las comunidades autónomas las acciones que ya está llevando a cabo el Gobierno de Canarias en los países emisores de emigrantes. En concreto, se refirió al proyecto ‘Tierra firma’, que permitirá formar a 500 jóvenes en Senegal en alguno de los sectores que demandan personal cualificado. “Esto no soluciona los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en sus países, pero contribuirá a que los jóvenes tengan opciones de desarrollar sus proyectos de vida y a que no tengan que jugarse la vida en el mar”.

La propuesta elaborada por los Servicios Jurídicos se enriquece con aportaciones de los grupos parlamentarios en la búsqueda de un frente común para defender la ‘solución canaria’

El Ejecutivo contempla cuatro vías legislativas, pero apuesta por la modificación del Código Civil mediante decreto ley como fórmula “más rápida” para conseguir la distribución de los menores

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes la Comunicación que elevará al Parlamento de Canarias sobre menores extranjeros no acompañados y sobre la necesidad de una modificación del marco normativo actual que garantice su protección integral mediante la distribución en todo el territorio español.

La propuesta aprobada por el Ejecutivo se sustenta en varias vías de cambios legislativos elaboradas por los Servicios Jurídicos de la comunidad autónoma, pero ha sido enriquecida con las aportaciones realizadas por los grupos parlamentarios. Todos, con la única excepción de Vox, han participado en el proceso abierto por el Gobierno en la búsqueda de un frente común en defensa de un reparto solidario y obligatorio de los menores migrantes no acompañados.

La Comunicación pasa ahora la Cámara regional para su debate, donde los grupos parlamentarios podrán realizar nuevas aportaciones antes de su votación en pleno. Se cumple de este modo el acuerdo alcanzado, el pasado 31 de enero, por el presidente Fernando Clavijo y el vicepresidente Manuel Domínguez con las fuerzas políticas adheridas al Pacto Canario por la Migración firmado el 19 de octubre de 2023, cuando se comprometieron a trabajar por unidos en aras del consenso.

En este sentido, el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, se ha mostrado convencido de que habrá un acuerdo “casi unánime” en el Parlamento “en defensa de la solución canaria”. A su juicio, este consenso “dará más fuerza a Canarias” para lograr el respaldo del Estado y de las Cortes Generales a las modificaciones legislativas necesarias para distribuir “de forma solidaria y vinculante” a los menores migrantes no acompañados por todo el territorio español.

Cabello ha explicado la hoja de ruta pactada con las fuerzas con representación en el Parlamento canario para lograr este objetivo. Tras la aprobación de la Comunicación en la Cámara, la Junta de Portavoces invitará a sus homónimos del Congreso de los Diputados a visitar las islas para conocer de primera mano la situación de los 5.500 menores migrantes que el Gobierno autonómico tutela en la actualidad. En esa visita, los grupos trasladarán a los portavoces de las fuerzas de la Cámara baja la propuesta de modificaciones legislativas para obtener su apoyo.

De forma paralela, el Gobierno presidido por Fernando Clavijo informará al Estado del acuerdo adoptado por el Parlamento, según ha explicado el portavoz tras subrayar que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha comprometido a “dar una respuesta a la solución canaria antes del 31 de marzo”.

Derechos de la infancia

La Comunicación del Gobierno al Parlamento de Canarias sobre menores extracomunitarios no acompañados tiene como objetivo principal “salvaguardar y promover los derechos de los menores, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio” sobre la base del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia reconocido a nivel internacional y nacional.

En este sentido, la propuesta del Ejecutivo autonómico considera urgente “establecer un marco legal coherente y efectivo que asegure que los menores migrantes no acompañados sean tratados de acuerdo a sus derechos, garantizando su acceso a la protección y a la atención adecuada”. Para el Gobierno de Canarias, el número de actual de menores “imposibilita” cumplir estas obligaciones de tutela, entre ellas, “la integración social”.

El texto que ahora debatirá el Parlamento contempla varias vías de modificación del marco normativo actual mediante las que se puede garantizar la distribución de los menores migrantes no acompañados por todo el territorio español.

Sin embargo, el portavoz ha resaltado la preferencia del Gobierno de Canarias por un cambio en el artículo 172.1 del Código Civil y del Protocolo Marco, ya que se puede abordar mediante un decreto ley aprobado por Consejo de Ministros que después debería ser refrendado por las Cortes Generales. “Es la solución más rápida”, ha recalcado Cabello.

Como alternativas, la Comunicación elevada a la Cámara regional aporta otros cambios legislativos “más gravosos, complejos y lentos” al tratarse de modificaciones de leyes orgánicas, cuya aprobación requiere ser tramitada y refrendada por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. En concreto, serían necesarias modificaciones en la Ley de Extranjería, en la de Protección Jurídica del Menor y en el decreto de Extranjería.

La consejera de Bienestar Social mantuvo hoy una reunión de trabajo con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego

Delgado explicó que el Gobierno de Canarias presentará su propuesta de modificación de la ley del menor este mes, pero que mientras se tramita es necesario que se incrementen los recursos para que las comunidades aumenten la cifra de menores acogidos

Canarias ha solicitado hoy al Ministerio de Infancia y Juventud que se incremente la financiación para que las comunidades autónomas puedan acoger a más menores migrantes en 2024. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, lo trasladó así a la ministra Sira Regó en una reunión celebrada en Madrid este viernes.

“Es necesario que se incremente la financiación para que las comunidades autónomas puedan acoger a más menores migrantes este año. Estamos trabajando en una propuesta de modificación de la ley del menor que esperamos que prospere, pero mientras tanto hay que tomar medidas que garanticen que Canarias puede atender mejor a estos niños, niñas y adolescentes”, explicó Delgado, quien mostró su satisfacción por la predisposición de la ministra hacia los temas planteados por el Gobierno canario y los compromisos alcanzados entre ambas administraciones en esta reunión.

En la última conferencia sectorial de Infancia se acordó la acogida solidaria por parte de las comunidades autónomas de 339 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, 339 de ellos en el Archipiélago canario, para lo cual el Gobierno estatal estipuló una partida de 20 millones de euros.

En la actualidad, las islas acogen a 4.700 menores migrantes no acompañados en una red de 66 dispositivos y recursos de acogida inmediata. Delgado aprovechó el encuentro para solicitar también que el Ministerio busque vías de financiación alternativas, de Europa o del propio Estado, para establecer una red de centros de acogida permanente en el Archipiélago, asunto que también trató el jueves con el ministro de Derechos Sociales.

“Además -añadió Delgado- le hemos trasladado a la ministra Sira Rego la posibilidad de constituir un banco estatal de familias acogentes, similar al existente en el Archipiélago gestionado por la Consejería de Bienestar Social, con el fin de contar con familias de acogida para menores migrantes en todos los puntos del país, una iniciativa que en Canarias ha tenido buenos resultados y que puede resultar positivo tanto para los menores como para las familias acogentes”.

Precisamente en materia de acogida, la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo regional expuso la problemática existente entre las familias de acogida extensa (abuelas, tías, hermanos mayores…) cuyos miembros cuentan con una pensión no contributiva (PNC) y que tienen a menores bajo su cargo.

“En Canarias, las familias acogentes cuentan con ayudas económicas dirigidas a facilitar el mantenimiento de una persona menor a su cargo. Esto está siendo un problema para familias en las que los tutores perciben pensiones no contributivas, puesto que las ayudas para el acogimiento computan como ingresos extra. Debemos modificar eso”.

Además, en materia de juventud, también se trató la necesidad de mejorar y potenciar el programa los programas de atención de jóvenes extutelados.

La consejera de Bienestar Social del Ejecutivo regional, Candelaria Delgado, mantuvo hoy una reunión de trabajo con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy

En el encuentro se trataron, además, otros asuntos clave para Canarias, como el complemento a las pensiones no contributivas

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha mantenido hoy una reunión de trabajo en Madrid con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la que le ha trasladado la necesidad de que intermedien con las instituciones europeas para lograr la asignación de fondos europeos extraordinarios con el propósito de establecer una red de recursos estables destinados a la acogida y atención de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas Canarias a través de pateras y barcazas.

Candelaria Delgado ha destacado la necesidad de dotar al Archipiélago de infraestructuras permanentes dedicadas a los niños, niñas y adolescentes que migran solos y quedan bajo la tutela del Gobierno de Canarias. “En la actualidad, las islas albergan a un total de 4.500 menores no acompañados, y contamos con 66 centros para atender sus necesidades. Conscientes de que el fenómeno migratorio es estructural y no meramente coyuntural, nuestro objetivo prioritario es aumentar el número de instalaciones estables, habilitando una en cada isla, con una capacidad para acoger entre 100 y 150 migrantes en cada centro”, explicó la consejera.

Se estima que para poner en marcha cinco nuevos centros, se requerirá una inversión mínima de 16 millones de euros, según un análisis detallado de las necesidades y recursos necesarios para proporcionar instalaciones seguras y servicios esenciales para los menores migrantes.

Durante el encuentro se abordaron, además, diversos temas de gran relevancia para Canarias, consolidándose como puntos centrales de la agenda. Uno de ellos fue el complemento a las pensiones no contributivas que garantice que las familias que reciben estas pensiones no se vean perjudicadas. Para ello, se puso de manifiesto la necesidad de una modificación en la Ley de la Seguridad Social para explorar la posibilidad de realizar cambios normativos que permitan excluir el complemento establecido por la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía de los ingresos computables para las pensiones no contributivas.