El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, asegura que propondrá que “otros territorios aprendan de lo que está haciendo Canarias”

Un equipo volcado en la mejora para el acceso a sus derechos de las personas con alguna discapacidad. Esto es lo que se ha encontrado el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, en la reunión que ha mantenido esta mañana en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad con el equipo de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.

La consejera, Candelaria Delgado, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, han informado al Ministerio sobre la elaboración del decreto ley para agilizar la valoración de los grados de discapacidad en Canarias.

“Canarias viene con los deberes hechos”, aseguró Martín Blanco. “Me alegra mucho que a la llegada de este Gobierno se encontraran con una lista de espera muy grande y que hayan sido proactivos, un gobierno vanguardista que haya pensado en soluciones para dar respuesta a la ciudadanía con discapacidad, con soluciones muy positivas que vamos a evaluar para que tengan la seguridad jurídica necesaria”, continuó. “Es un gusto poder tener este diálogo fluido, de cooperación territorial, que una consejera y su equipo vengan al Ministerio con el trabajo realizado y propuestas concretas. Estoy muy contento con la reunión, aprendiendo de lo que hace la Comunidad canaria y este decreto lo llevaremos al seno de la Comisión de Valoración de la Discapacidad para que otros territorios aprendan de lo que está haciendo Canarias”, finalizó.

Este decreto ley es una norma que permitirá a las personas con ciertas patologías, una vez interponen la solicitud, acceder a un determinado grado de discapacidad de forma casi automática. “Este despistaje rápido permitirá avanzar notablemente en el acceso a los derechos de las personas con ciertas enfermedades que, obviamente, provocan una discapacidad pero que, por el momento, tiene que seguir el procedimiento de tramitación habitual. Con el nuevo decreto, la interposición de la solicitud, la utilización de la inteligencia artificial, automatización, analítica de datos y el acceso a datos de pacientes del Servicio Canario de la Salud, se expedirá una declaración provisional de discapacidad por un grado mínimo, que ya dará acceso a todos los mecanismos de discriminación positiva a los que tienen derecho las personas con discapacidad”, explicó en declaraciones posteriores Delgado.

Para el Gobierno de Canarias, sacar de la paralización el ámbito de la discapacidad fue una prioridad desde el principio de la legislatura. La primera medida que se tomó fue precisamente la de asignar una Dirección General específica; cubrir las bajas en el área, incorporar 14 nuevos profesionales médicos a los equipos valoradores, montar equipos de valoración en La Palma y Fuerteventura, crear equipos itinerantes para que las personas no tengan que desplazarse a la Administración para su valoración y fomentar la accesibilidad de todas las personas con la ubicación de 252 bucles magnéticos para personas con hipoacusia.