El consejero ha visitado en Gáldar (Gran Canaria) los trabajos ya finalizados de clausura y restauración paisajística de El Sobradillo

José Antonio Valbuena destaca el trabajo de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y el Servicio de Residuos para sellar 25 vertederos en esta legislatura

Canarias ya ha restablecido más de la mitad de los 47 vertederos de residuos inertes denunciados en diciembre de 2015 por la Comisión Europea en Canarias por el incumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 13 y 15 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y el Consejo.

Estos datos fueron facilitados durante la visita hoy, viernes 17 de marzo, del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, a los trabajos ya finalizados de clausura y restauración paisajística del vertedero de residuos inertes de El Sobradillo, en el municipio grancanario de Gáldar. También asistió el director de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), Ángel Fariña, y el alcalde del municipio, Teodoro Sosa, entre otros representantes locales.

Valbuena agradeció el gran trabajo realizado por la ACPMN y el Servicio de Residuos en esta legislatura para, “conseguir grandes avances en el cierre, sellado y la restauración de 25 de los 47 vertederos de residuos inertes recogidos en el expediente europeo. Gracias a ellos hemos conseguido que Canarias tome las riendas de este problema. Debemos recordar que en toda la legislatura pasada no se procedió al cierre de ninguno de estos vertederos”.

De las 47 localizaciones sobre las que se debe actuar 27 se encuentran en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 20 en la de Las Palmas. De ellos, actualmente se han restablecido 23 mediante la actuación de la ACPMN, ya sea en solitario o en colaboración con otros organismos o entidades públicas y propietarios de los terrenos. A estos se suman otros dos que han sido restablecidos mientras tenían en vigencia autorizaciones.

Para 2023, la ACPMN ya tiene planificada la actuación sobre otros seis emplazamientos, de los que cinco ya se encuentran en trámite administrativo para la licitación de obras y en el caso del sexto se ha encomendado a Gesplan la modificación del proyecto para adaptarlo a la Ley de Residuos de julio de 2022.

También se está avanzando sobre la documentación y los proyectos de los 16 vertederos de residuos inertes restantes, de los que cinco se encuentran en la isla de Tenerife, cuatro en Gran Canaria y Lanzarote respectivamente, y tres en Fuerteventura.

El Sobradillo

En el vertedero de El Sobradillo, en Gáldar, ya se han finalizado las actuaciones necesarias y se está tramitando la recepción de la actuación.

De las fotografías aéreas se puede deducir que el vertido empezó a formarse entre los años 1977 y 1980 y que fue aumentando de volumen. En la fotografía aérea del año 1996 se aprecia su expansión al nacimiento del barranquillo.

A partir del año 2003 la ladera del vertido no ha sufrido cambios, pero sí se notan diferencias en la morfología de la coronación del talud hasta el año 2007, a partir del cual, según lo que puede deducirse de las fotografías aéreas, el vertido no ha sufrido más cambios hasta el momento de inicio de las obras, en 2022.

Por otro lado, en la ladera frente al vertido mayor, se observa en la fotografía aérea del año 2012, un depósito de tierras y material de demolición que sigue igual hasta el inicio de las obras.

La directora del SCS participó esta tarde en la apertura del II Congreso de la Sociedad Canaria de Radiología y I Congreso de la Sociedad Canaria de Radiología Intervencionista

La directora del Servicio Canario de la Salud (SCS), Elizabeth Hernández, acompañada por el presidente de la Sociedad Canaria de Radiología, Julián Portero, y el presiente del Comité Organizador del II Congreso de la Sociedad Canaria de Radiología y I Congreso de la Sociedad Canaria de Radiología Intervencionista, Elías Górriz, participó esta tarde en la apertura de ambos congresos que se celebran en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante su intervención, la directora del SCS recordó que la Consejería de Sanidad, a través del Pan InVeat, consensuado por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas para reducir la obsolescencia del parque tecnológico del Sistema Nacional de Salud, el SCS ha adquirido 39 equipos de alta tecnología para impulsar y reforzar el trabajo de los profesionales en el diagnóstico y tratamiento de patologías oncológicas, crónicas, neurológicas y enfermedades raras.

“Con una inversión de 38,5 millones de euros financiados con los fondos europeos Next Generation, se han adquirido siete aceleradores lineales, seis TAC, tres Resonancias Magnéticas, seis salas de equipamiento para servicios de Cardiología Hemodinámica y siete equipos de angiografía vascular que se han repartido entre todos los hospitales públicos del SCS, según sus necesidades y capacidades”, repasó Hernández.

Además, en el ámbito de la transformación digital, recordó que se sigue trabajando en implantar un modelo más cercano de atención al paciente que fomente la integración de la Atención Primaria y la hospitalaria y la personalización y la continuidad de la atención y cuidados.

En este sentido, aseguró que este nuevo sistema incluye cambios en la agenda de los pacientes y la adecuación de las citas para mejorar la gestión de la demanda en consultas. También trabajamos par implementar la eConsulta y la videollamada como nuevos modelos complementarias a las consultas, tanto presenciales y telefónicas, para facilitar la comunicación con el paciente.

Para concluir su intervención, Elizabeth Hernández incidió en que este Plan también incluye la creación de un repositorio de imágenes único del SCS que permitirá visualizar los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas a los pacientes y las actividades preventivas que nuestros profesionales realizan con las personas usuarias de los servicios sanitarios.

Actualmente, en el Archipiélago hay 52 personas ingresadas por coronavirus, de las que nueve están en UCI y 43 en planta

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, siguiendo los nuevos indicadores recogidos en la Estrategia de Vigilancia y Control de la covid-19, consensuada por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, informa de que desde la última actualización de datos el pasado viernes se han constatado en el archipiélago 227 nuevos positivos en covid-19 entre personas de más de 60 años, grupo de población al que se hace seguimiento tras la fase aguda de la pandemia.

Por lo tanto, el acumulado de casos de coronavirus en este colectivo asciende en Canarias a 110.236 personas. Así, la Incidencia Acumulada para este grupo etario a catorce días se sitúa en los 89,29 casos por 100.000 habitantes y a los siete días en los 56,15.

Actualmente, en el Archipiélago hay 52 personas ingresadas por coronavirus, de las que nueve están en UCI y el resto, 43, en planta. Por otro lado, en los últimos siete días se ha registrado el fallecimiento de siete personas, de los que tres tuvieron lugar en Tenerife, dos en Gran Canaria y dos en La Palma. Todos los casos, con edades comprendidas entre los 81 y 94 años, tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario.

Capacidad asistencial

La Consejería de Sanidad informa que desde el pasado 12 de agosto, y cumpliendo con la Resolución del 5 de agosto de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, en el cómputo de camas ocupadas por enfermos por covid-19 se tiene en cuenta el número de camas ocupadas por pacientes que presentan una neumonía o infección respiratoria aguda u otra patología que se considere atribuible a una infección por SARS-CoV-2.

En materia de rehabilitación ya se están ejecutando 486.450 euros en 80 viviendas en la isla

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha informado en Comisión parlamentaria de las actuaciones en materia de vivienda que se están ejecutando a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) en la isla de Fuerteventura, donde ya se están a punto de licitarse 185 nuevas viviendas públicas con una inversión prevista de 24.753.774 euros y la rehabilitación de 80 inmuebles por 486.450 euros, todas ellas, actuaciones incluidas dentro del Plan de Vivienda de Canarias (2020-2025). Además, destacó el consejero regional, las primeras viviendas del Plan, dentro del programa de colaboración con el sector privado, se entregaron el mes pasado en Puerto del Rosario, las primeras 56 viviendas en alquiler asequible del actual plan de viviendas

“Estamos hablando de actuaciones del Plan de Vivienda, que lleva dos años en vigor, en la isla de Fuerteventura y hoy, aunque usted no le da importancia, le puedo decir que ya hemos entregado 56 viviendas en Puerto del Rosario, las primeras del Plan en toda Canarias y usted no le da importancia”, afirmó Sebastián Franquis en respuesta a una interpelación de la oposición parlamentaria, “además, ahora mismo estamos pendientes de que nos den la autorización desde los ayuntamientos correspondientes para licitar las obras de otras 185 viviendas y para rehabilitar otras 80 viviendas”.

De este lote de viviendas de nueva construcción que informó el consejero Franquis, en el municipio de Puerto del Rosario ya se está llevando a cabo la tramitación a concurso para la construcción de 75 viviendas públicas distribuidas en una promoción ubicada en la parcela Bernegal, con 28 viviendas, y otra en la parcela Don Quijote, con un lote de 47 viviendas. Ambos proyectos suman una inversión total de 10,5 millones de euros y se encuentran pendientes de aprobación técnica para su posterior publicación en la Plataforma de Contratación. El consejero también anunció que está prevista la incorporación de un lote de 33 viviendas en Puerto del Rosario que se financiarán con otros 4,1 millones de los fondos de la línea 6 de los Fondos Next Generation de la UE.

Esta misma línea de Fondos Europeos se aplicará en el municipio de La Oliva donde el ICAVI tiene prevista una inversión de diez millones de euros para impulsar la construcción de una promoción de 81 viviendas destinadas al alquiler asequible en Corralejo.

Como resaltó Sebastián Franquis al inicio de su intervención, una de las líneas fundamentales del Plan de Vivienda es la colaboración público-privada para ampliar el mercado de viviendas en alquiler a precios asequibles. Gracias a este programa se han entregado en la capital de la isla 56 nuevas viviendas privadas con protección oficial, cuyas obras se encontraban paralizadas. Mediante una subvención del ICAVI de 489.004 euros a la promotora majorera Bonete Garden. S.L se impulsó la finalización de esta promoción paralizada desde hace años. Una vez finalizadas las obras, se ha puesto a disposición de aquellas personas inscritas en el Registro de Demandantes de la Vivivenda con ingresos no superiores a cuatro veces el IPREM (Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples), es decir 31.632 euros anuales.

En materia de rehabilitación, en el municipio de Tuineje se continúa impulsando la mejora de un grupo de 80 viviendas en Gran Tarajal enmarcado dentro del programa ARRUS del Plan Estatal 2018-2021, del que ya se ha firmado el acuerdo para una segunda fase y una transferencia abonada por el Gobierno de Canarias de un total de 486.451 euros.

Ayudas a municipios de menos de 20.000 habitantes

Dentro del Plan de Vivienda de Canarias también se contempla la colaboración con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para impulsar el programa para combatir la despoblación en el medio rural para municipios de menos de 20.000 habitantes. Un programa cuyo objetivo es comprar o rehabilitar viviendas para revitalizar los núcleos de población. Dentro de esta línea, Fuerteventura cuenta con tres municipios (Tuineje, Betancuria y Antigua) que se han acogido a este programa con una inversión total del ICAVI entre 2021 y 2022 de 1.561.434 euros.

“Más de un millón y medio de euros hemos distribuido a los ayuntamientos de Fuerteventura para rehabilitar, comprar vivienda y ejecutar lo que ellos decidan, producto de un programa del Plan de Vivienda que hemos elaborado conjuntamente entre la Comunidad Autónoma y la FECAM en los últimos dos años”, recordó el consejero Franquis a la oposición, “un millón y medio para comprar y para rehabilitar viviendas de los diferentes municipios de menos de 20.000 habitantes en la isla de Fuerteventura. No reconocer eso es estar fuera de la realidad, que es lo que usted suele hacer normalmente”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional finaliza una obra que mejora la actividad en 6,5 hectáreas de viñedo

El ‘Estudio Diagnóstico sobre la Viticultura en Canarias’, elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional para valorar la estructura productiva del sector de la viticultura en las islas en aras a mejorar su rentabilidad y sostenibilidad, comienza a dar resultados.

Este plan de actuaciones, que contempla un total de 15 intervenciones en las islas, ha permitido la primera fase de la mejora de un tramo de la pista del Tión, en Fuencaliente, La Palma a través de la conexión de una zona de viñedo con el núcleo urbano de Los Canarios por pistas forestales y la carretera insular LP-2.

La consejera regional del área, Alicia Vanoostende, junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, Manuel González; y el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, visitó en la mañana de hoy, viernes 17 de marzo, la finalización de esta primera fase de la obra que ha supuesto la continuidad de la actividad agrícola en la zona y un avance fundamental en la accesibilidad y condiciones de seguridad de los agricultores y agricultoras que trabajan en la zona.

Esta intervención, realizada por la empresa Gesplan, se efectuó con cargo a la partida presupuestaria denominada Plan del Viñedo por valor de 200.000 euros, y contempla 1.781 metros de pista ejecutados que benefician a 40 viticultores (según el Registro Vitícola). La misma supuso el acondicionamiento de la explanada de la pista y de los apartaderos, la estabilización de muros, taludes y barreras de contención, ejecución de firmes, badenes de hormigón y pavimentación, así como la colocación de elementos de seguridad y señalización, limitando la velocidad máxima de la vía a 10 kilómetros por hora, entre otras actuaciones.

La responsable regional del área destacó que con la conclusión de los trabajos en la pista de Los Canarios al Tión “permitimos la recuperación de parte de la superficie y mejoramos la actividad en 6,5 hectáreas de viñedo, dando seguridad a los viticultores que acceden a la zona. Además, se encuentran en desuso 7 hectáreas que con esta mejora se podrán recuperar. La pista se encontraba en un estado de conservación muy precario y defectuoso, y el acceso y transporte a las zonas de cultivo se realizaba con dificultad y con cierta falta de seguridad viaria”. “Seguiremos trabajando en la mejora de los accesos a las zonas agrícolas de las islas para seguir cultivando la viña en Canarias”, indicó.

Por su parte el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, Manuel González, puso de manifiesto el compromiso de la Consejería con el sector primario palmero y felicitó la labor del alcalde de Fuencaliente por el trabajo en la recuperación de las zonas de medianías. En este sentido, señaló que dentro de las líneas de ayuda al sector, desde el Cabildo “se ha incluido una subvención a las diferentes variedades de uva minoritaria, lo que supone una acción más para recuperar gran parte de estas zonas de medianías que se han ido abandonando con el paso del tiempo”.

El alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, agradeció el trabajo conjunto de la Consejería y el Cabildo por mantener la pista asfaltada para permitir el acceso de los agricultores. “Aunque falta mucho por hacer, es una primera fase en apoyo a la agricultura; me gustaría hacer un recuerdo especial a la figura de Feliciano Hernández, que fue pionero en plantar la viña en la zona”, concluyó.

Obras

El Estudio Diagnóstico sobre la Viticultura en Canarias ha permitido conocer la estructura productiva del sector de la viticultura para mejorar su rentabilidad y sostenibilidad en general. Se han estudiado los factores que afectan a la producción de uva para vinificación en cada una de las zonas del archipiélago, al objeto de realizar políticas específicas de apoyo. Así, se han proyectado un total de 15 obras catalogadas como necesidades en diferentes áreas vitícolas de las islas, a las que se añaden las actuaciones en la red de estaciones agrometeorológicas en zonas vitícolas de El Hierro, La Gomera, La Palma y Gran Canaria.

El estudio profundiza en la estructura productiva del sector y el estudio de una serie de medidas que se puedan aplicar para mejorarlas. El trabajo se apoya en los datos estadísticos disponibles y las bases de los mapas de cultivos o el registro vitícola, además de la bibliografía existente y la realización de encuestas a profesionales relacionados con el sector. Se contempla la aplicación de planes de regadío específicos para zonas vitícolas concretas que requieren de actuaciones para garantizar la actividad, además de diferentes acciones orientadas a evitar el abandono de las explotaciones.

Para la consejera Alicia Vanoostende este estudio “sirve de guía para la aplicación de medidas específicas que repercutan en la mejora y desarrollo del sector vitivinícola de las islas, parte esencial dentro del sector primario”.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, formalizan el compromiso tras visitar el edificio junto al consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firmó hoy con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, un acuerdo para la adquisición del edificio Auditorio por 22 millones de euros. Una vez adquirido, el Gobierno de Canarias acondicionará su interior como sede de órganos judiciales.

Rodríguez -en calidad de responsable de la Consejería a la que se adscribe el departamento de Contratación y Patrimonio- y Bermúdez rubricaron el compromiso tras visitar el inmueble junto al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Istúritz; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y los concejales capitalinos Carlos Tarife y Juan José Martínez.

El vicepresidente destacó tras la firma del documento de voluntades la importancia de la cooperación entre administraciones para facilitar la vida a los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos y la prestación de los servicios públicos. Precisó que el traslado de los diferentes órganos judiciales que se encuentran dispersos en la ciudad y en régimen de alquiler permitirá un ahorro anual de 1,5 millones de euros al Gobierno de Canarias.

Rodríguez subrayó que, con independencia de las aportaciones económicas, la prestación del servicio público de justicia ha de realizarse también con eficacia y con la mayor accesibilidad posible para los ciudadanos, “lo que se conseguirá no solo con este edificio, sino con las instalaciones proyectadas en los terrenos anexos”.

Bermúdez se refirió a la magnífica ubicación del edificio, en plena zona de expansión de la ciudad en Cabo-Llanos, lo que facilitará la relación de los ciudadanos con la administración de justicia e indicó que la habilitación del inmueble permitirá dar respuesta a las necesidades actuales de la oficina judicial en la capital tinerfeña.

Del mismo modo, destacó que el inmueble constituirá la primera pieza de lo que será la ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife

Julio Pérez, por su parte, aseguró que la expresión de la voluntad de compra del edificio es un paso muy importante no solo para la prestación de este servicio público sino también para la propia ciudad. “Que la justicia esté en el centro de la ciudad es algo muy bueno para la propia justicia y para esta capital”, dijo el consejero, quien detalló que en la actualidad hay 20 unidades judiciales dispersas en la ciudad.

A este respecto, indicó que el nuevo modelo judicial que prevén las leyes en marcha es de imposible aplicación con las oficinas actuales, con lo que “el desafío ahora mismo, una vez resuelta la compra, es proyectar con inteligencia el interior del edificio y que esté a la altura de los tiempos”.

El consejero agradeció también el trabajo de las diferentes corporaciones municipales por la reparación del daño patrimonial provocado como consecuencia del caso de Las Teresitas.

Precisamente, el edificio cuenta con una superficie de 17.151 metros cuadrados, distribuidos en 13 plantas y 3 sótanos. Dispone de 200 plazas de aparcamiento.

Según los términos del acuerdo, el Gobierno abonará al Ayuntamiento los 22 millones de euros en cinco años, de manera que pagará cinco millones este año y el resto en las siguientes cuatro anualidades. El edificio podrá estar disponible para el uso previsto durante 2024.

La adquisición permitirá al Gobierno la reubicación de la mayoría de los órganos judiciales que están dispersos por Santa Cruz de Tenerife e, incluso, alguno de los que ahora mismo se ubican en el Palacio de Justicia de Tres de Mayo.

Esta adquisición se suma a otra formalizada hace un año, por la que el Gobierno compró -también al Ayuntamiento de Santa Cruz- el edificio Tres de Mayo. Este inmueble era utilizado por varias Consejerías en régimen de alquiler por un importe cercano a los 3,4 millones de euros anuales. Fue adquirido por 31,2 millones de euros.

El acto institucional contó con la participación del vicepresidente del Gobierno y del consejero Julio Pérez, que dirige el área de emergencias

Fueron homenajeados 55 trabajadores de la empresa pública GSC que llevan desde 1998 prestando servicio

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias cumple 25 años de su puesta en marcha con más de once millones de personas atendidas. En este periodo, el 1-1-2 Canarias ha dado respuesta a las demandas de ayuda de residentes y turistas en cualquier punto del archipiélago marcando un único número de teléfono, que es atendido en diferentes idiomas, de forma ininterrumpida, los 365 días.

Para celebrar esta efeméride se celebró hoy un acto institucional en Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en el que se rindió un homenaje al personal que lleva desde 1998 trabajando en la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), que contó con la participación del vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. También estuvieron presentes en la entrega la vicepresidenta de Administraciones Públicas y Transparencia, Alicia Álvarez y el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas.

En el mismo acto se reconoció la trayectoria de José Julián Isturitz, director general de Patrimonio, como primer gerente de la empresa pública.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, impulsor de este servicio de emergencia y fundador de GSC, destacó en su intervención que el 1-1-2 ha demostrado lo más importante de un servicio público: ser eficaz, resolver problemas, satisfacer demandas y ser apreciado por la gente. Román Rodríguez afirmó que el CECOES 1-1-2 tiene el reconocimiento de la inmensa mayoría de la población porque ofrece una respuesta profesional, operativa y sentida, en los momentos críticos y en situaciones extremas.

Por su parte, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tras excusar las ausencias del presidente del Gobierno de Canarias y el consejero de Sanidad del acto, mostró su satisfacción por el 25 Aniversario del 1-1-2, una organización con la que las circunstancias vividas en estos cuatro años le han llevado a tener cierta intimidad y a conocer más de cerca. En este sentido, resaltó que el Gobierno canario debe corresponder con el mismo grado de intensidad y responsabilidad con la que desarrollan su labor los trabajadores del 1-1-2 e indicó que tanto como consejero, pero también como integrante del 1-1-2, a lo largo de esta legislatura ha intentado corresponder a esa entrega y dedicación mejorando sus capacidades.

Julio Pérez felicitó a quienes cumplen 25 años en el 1-1-2 y agradeció su compromiso. Un Estado se mide, ha dicho, por la seguridad que le otorga a sus ciudadanos y ciudadanas, algo que se requiere cotidianamente, y que legitima la existencia del propio Gobierno. El consejero subrayó el número de personas atendidas diariamente y enumeró algunos de los proyectos que ahora mismo están en marcha, como los edificios esenciales, para adaptar las prestaciones a las transformaciones que registra la sociedad de las islas.

El 1-1-2 del Gobierno de Canarias ha multiplicado por cuatro la media de personas atendidas desde que se puso en marcha en 1998, pasando de 352 a 1.500 al día, con una media mensual que supera las 43.00 personas. Estas cifras confirman la confianza depositada por la población en este servicio de emergencias, que presta la ayuda necesaria en situaciones relacionadas con urgencias sanitarias, de seguridad, extinción, salvamento y rescate, accidentes y, también, a través del servicio de atención a la mujer víctima de violencia.

De esta manera, en estos 25 años de servicio, se ha prestado asistencia a más de 11 millones de personas, de las que cerca de cuatro millones se encontraban en una situación de emergencia vital.

Las peticiones de ayuda por parte de los ciudadanos en los 25 años de funcionamiento del 1-1-2 Canarias superan los 20 millones. Un 43% de las mismas fueron resueltas desde el propio Centro Coordinador, sin la necesidad de movilizar recursos de emergencias, mientras que el 56%, once millones y medio, se gestionaron como incidentes.

Por sectores, los incidentes de carácter sanitario han superado los seis millones y los relacionados con la seguridad los tres millones y medio. En menor medida se registraron los servicios clasificados por el sector de extinción y rescate que superaron los 934.000, los accidentes, ya sea de tráfico o de otro tipo, con más de 950.000 y los referidos a Salvamento Marítimo que aglutinaron alrededor de 22.600.

Por su parte, el director del 1-1-2, Moisés Sánchez, señaló que en estos 25 años los ciudadanos de Canarias han podido acceder a todos los servicios de emergencia utilizando un único número, el 1-1-2, y ahora, tienen que poder seguir haciéndolo en el mundo digital, que sea accesible para todas las personas y que contemple las distintas capacidades. En este sentido apuntó a la gestión de las comunicaciones, la localización del alertante, y la disponibilidad de diferentes medios de acceso al servicio de emergencias serán elementos imprescindibles para lograr una asistencia adecuada.

La directora técnica de la Asociación Europea de Número de Emergencias (EENA), Cristina Lumbreras, intervino desde Bruselas para plantear el futuro de las comunicaciones de emergencias desde la perspectiva europea. Lumbreras resaltó que los países miembros de la Unión Europea tienen obligación de posibilitar el acceso equivalente a los servicios de emergencia para personas con discapacidad, de presentar un plan de migración a comunicaciones basadas en IP y de establecer criterios para la ubicación del llamante, entre otros puntos.

Por último, la jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montserrat Román reflexionó sobre dónde estábamos hace 25 años, dónde estamos ahora y los retos de futuro. Montserrat Román resaltó la importancia de la definición de un modelo de Protección Civil autonómico que garantice la gestión unificada de los accidentes y las emergencias colectivas, tanto en la fase preventiva, como en la respuesta inmediata, con el 1-1-2 como referencia para la población.

El jefe del servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Francisco Cabrera López, ha asistido al Congreso de los Diputados, en Madrid, a la mesa redonda: Prevención de la ceguera: experiencias de éxito en las Comunidades Autónomas y Hospitales, para dar a conocer los avances y programas específicos que ha puesto en marcha el centro hospitalario

El jefe del servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Francisco Cabrera López, centro dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha asistido a la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, en Madrid, a la jornada: La prevención de la ceguera y la discapacidad visual en España: un compromiso colectivo.

En concreto el Dr. Cabrera López ha participado en la mesa redonda: Prevención de la ceguera: experiencias de éxito en las Comunidades Autónomas y Hospitales, para dar a conocer los avances y programas específicos que ha puesto en marcha el centro hospitalario como servicio referente a nivel nacional.

En su intervención ha expuesto el programa de screening de retinopatía diabética, programa RETISALUD, consolidado en Canarias, que comenzó a funcionar en el Complejo Hospitalario, de manera inicial, en el año 2007, y con el que se ha realizado el cribado a más del 80 por ciento de la población diana.

La retinopatía diabética es una causa de ceguera importante en el mundo y afecta al tres por ciento de la población adulta. Este programa tiene como objetivo principal la detección precoz de la retinopatía diabética disminuyendo así la incidencia de la ceguera en estos pacientes.

Durante el transcurso de su presentación ha informado de la Unidad especializada de Terapia Intravítrea del Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario, certificada como unidad de excelencia por su protocolo, por la Sociedad Española de Retina y Vítreo.

En su ponencia también ha destacado el programa en red de Gestión de Flujo de Pacientes, para la mejora y agilidad de la atención, en el que han participado los profesionales del Servicio de Oftalmología, Informática, Admisión, Historia Clínica Electrónica y Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

Este encuentro, en el Congreso de los Diputados, además, ha contado con la participación de la presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Rosa Romero y el presidente de la Sociedad Española de Oftalmología, Antonio Piñero Bustamante.

También, han participado representantes de la ONCE, de AbbVie, de la Asociación de afectados y familiares de glaucoma, de la Asociación Mácula Retina, del Hospital Universitario Miguel Servet, de la Clínica Universitaria de Navarrra, del Servicio Andaluz de Salud, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y del Hospital Universitario Virgen del Rocío, que han estado moderados en las dos mesas redondas que se han celebrado por la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad, Ana Prieto y la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad, Elvira Velasco.

La Gerencia del Hospital pone en marcha una serie de medidas para ganar espacio en el que atender a los pacientes en Urgencias, agilizar los traslados de los que requieren ingreso y reforzar la plantilla

Se ampliará el área de transición con capacidad para 10 camas en un espacio colindante con el servicio de Urgencias que hasta ahora se destinaba a otros usos logísticos

Se ha incorporado a un facultativo más de guardia, se crea la figura de enfermero coordinador de Urgencias y se ha contratado a once celadores para agilizar la derivación de pacientes a plantas. Se han incrementado, además, los facultativos, en horario de tarde y los fines de semana, para que se puedan dar altas hospitalarias en esos tramos horarios, así como para ampliar la realización de pruebas diagnósticas

La Gerencia del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, centro dependiente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, ha adoptado una serie de medidas para mejorar la atención que ofrece el servicio de Urgencias ante el problema de infraestructuras y de espacio existente, lo que complica la asistencia cuando registra sobreocupación por incremento de la demanda de su población de referencia. El objetivo es poner en marcha una serie de iniciativas que favorezcan el trabajo de los profesionales y el confort de los pacientes en tanto se resuelva el problema de forma definitiva con la construcción del edificio de ampliación del Hospital que actualmente ocupa el Centro Universitario de Las Palmas (CULP).

Obra de ampliación del área de transición

La Gerencia ha iniciado una obra para ampliar el área de transición del servicio de Urgencias del centro hospitalario. Este nuevo espacio permitirá aumentar la capacidad del servicio y crear una nueva zona de tránsito para los pacientes que ya han sido valorados y se encuentran en espera de traslado a planta de hospitalización. En total se prevé ganar un área para la instalación de 10 camas para pacientes que precisen ingreso.

Refuerzo de personal de Urgencias

Entre las medidas adoptadas para mejorar la atención a Urgencias, la gerencia del hospital ha reforzado la plantilla del servicio de Urgencias. De este modo, se incorpora un facultativo más de guardia, como refuerzo a la sobre ocupación de pacientes en el servicio y se ha creado la figura del Enfermero Coordinador en Urgencias, tanto en horario de mañana y tarde, cuya función es coordinar la redistribución de pacientes en función de si la derivación es al área de transición, a planta o la zona de traslados de ambulancias, facilitando y supervisando el drenaje de pacientes.

Además, se ha realizado un refuerzo de celadores con la contratación de once efectivos para agilizar el índice de rotación de pacientes pendientes de ingreso, asimismo se ha reforzado igualmente el personal de limpieza.

Nueva sala de espera para acompañantes

Paralelamente se está trabajando en la ejecución de una nueva sala de espera destinada a los familiares y acompañantes de los pacientes mientras éstos son atendidos en el servicio de Urgencias.

Otras medidas de mejora para hospitalización

Además de las medidas adoptadas para mejorar la atención en Urgencias, la Gerencia ha contemplado otras iniciativas de mejora que afectan a la gestión de camas en el área de hospitalización, cuya finalidad es agilizar los procesos de ingreso y de alta en planta. De este modo, se ha puesto en marcha un equipo muldisciplinar integrado en el Comité de Gestión de Ingresos que se encargará de optimizar el proceso de alta e ingreso de pacientes en las camas de hospitalización con la finalidad de reducir al máximo la demora en los traslados.

Más facultativos para facilitar las altas los fines de semana

Se han incrementado los facultativos, en horario de tarde y los fines de semana, para que se puedan dar altas hospitalarias en esos tramos horarios, así como para ampliar la realización de pruebas y agilizar la capacidad de resolución diagnóstica.

Refuerzo de Hospitalización a Domicilio

También se ha potenciado la Hospitalización a Domicilio para que aquellos pacientes que cumplen el perfil puedan ser atendidos en su hogar con las revisiones diarias de médico y enfermero mientras dure su proceso clínico y reciba el alta hospitalaria.

Turcón presenta alegaciones a la declaración de interés público de la cofradía de plantas fotovoltaicas en Gáldar, de la mercantil Hierba Muda S.L. coparticipe de la influyente energética ECOENER

El informe de alegaciones del colectivo presentado en sede electrónica al Servicio de planeamiento – Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, pide se rechace la declaración de interés público o social de los proyectos denominados “Planta Solar Fotovoltaica Gáldar”, “Planta Solar Fotovoltaica Anzo”, “Planta Solar Fotovoltaica Barrial” y “Planta Solar Fotovoltaica Marmolejos”, de 2 MWp de potencia cada una, igualmente se referencian las infraestructuras asociadas y líneas de evacuación emplazadas en suelo de protección agrícola intensiva del municipio de Gáldar.

Es de destacar que el propio Ayuntamiento de Gáldar ha manifestado su resistencia a estas macroinstalaciones fotovoltaicas, alegando lo siguiente “No procede la ocupación de Suelo Agrícola con Instalaciones de Energías Renovables, las cuales sólo podrán autorizarse como uso complementario en las cubiertas de instalaciones, construcciones y edificaciones existentes”. En este caso se pasa por encima del planeamiento municipal y de la voluntad popular.

Los ecologistas siguen manteniendo como en anteriores expedientes en información pública, la preocupación por el modelo de implantación de energías renovables en Gran Canaria donde se pretende, simplemente, sustituir las fuentes de generación, desvinculadas de la demanda, a costa del territorio de la Isla y para beneficio de grupos de inversión que no tienen más interés que ganar dividendos con el jugoso negocio que se les pone en bandeja.

Proyectos de este tipo, sobre suelo rústico de protección agraria y desvinculados de las demandas de energía eléctrica concretas, convierten a la implantación de infraestructuras de energías renovables en el territorio como un fin especulativo en sí mismo y no como un medio para el desarrollo socioeconómico local y satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad canaria en el proceso de transición ecológica y energética.

Simplemente, se acaparan de forma privada derechos de inyección de energía eléctrica a la red eléctrica insular por 25 o 30 años, en detrimento de otros proyectos públicos o privados sobre cubiertas de edificios prexistentes, y se transforma suelo rústico de protección agraria, de forma irreversible e incompatible, en ese período hacia un uso industrial, en detrimento de la producción de alimentos y la recuperación de los suelos.

Por otro lado, en general las autorizaciones de plantas de energías renovables sin consumos asociados, cargas eléctricas gestionables, ni almacenamiento alguno, generarán costes externos que deberán cubrirse con otras inversiones públicas o por otros participantes en los sistemas eléctricos. No deberían ser de utilidad pública inversiones que generen externalidades que ellas mismas deben cubrir. No debería autorizarse ninguna planta fotovoltaica que no lleve asociados consumos y un programa de gestión de cargas eléctricas para que su producción fuese gestionable en al menos un 50 %.

Proponemos que se recomiende al grupo inversión que reoriente su capacidad financiera a promover proyectos sobre cubiertas de edificios, en cooperación justa con los demandantes de energía eléctrica propietarios de las instalaciones, e integrando políticas de gestión de la demanda en los proyectos que se propongan para minimizar las necesidades externas de almacenamiento de energía para estabilizar el sistema eléctrico insular.

Creemos que esta estrategia de desarrollo de la energía solar fotovoltaica basada sólo en cubiertas o suelos industriales, urbanos o de infraestructuras, es imprescindible en aras de preservar los suelos agrícolas, rústicos o con protección, que ya están empezando a ser ocupados masivamente por macrohuertas solares de forma especulativa.

Como atestiguan los datos disponibles, existe en Gran Canaria superficie urbanizada capaz de absorber todas las instalaciones de fotovoltaica que se precisen, sea de autoconsumo o instalaciones asociadas a infraestructuras, sin necesidad de ocupar suelo rústico, con un potencial de entre 220 y 320 MWp.

Precisamente lo que está ocurriendo, en la práctica, es la concesión de utilidad pública y el desarrollo de multitud de macro instalaciones solares fotovoltaicas ocupando suelo rústico, agrícola o potencialmente agrícola, o en proceso de naturalización. Tan solo en la zona Este y Sureste de Gran Canaria, que nosotros sepamos, se están instalando o tramitando más de 60 instalaciones sobre suelo con una potencia nominal cercana a los 200 MWpico y una ocupación de suelo de probablemente más de 400 hectáreas, superficie equivalente a la que ocupa la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. Prácticamente todas estas instalaciones están en manos de grupos financieros específicos como Ecoener, Naturgy y otros fondos de inversión especulativos que están acaparando prácticamente la totalidad del sector de generación de energía solar fotovoltaica en la Isla.

Estimamos que cualquier terreno rústico o con potencial agrícola debe ser respetado y conservado, en aras de preservar la capacidad de “soberanía alimentaria” y/o “la riqueza paisajística” necesaria para el bienestar social y de otras actividades económicas, incluso la propia actividad turística.

La importancia del carbono orgánico del suelo (COS, por sus siglas en español, en adelante), principal componente de la materia orgánica, es capital en todos los procesos que se dan en el suelo y en su calidad, ya que mejora su estructura, fertilidad y capacidad de almacenamiento de agua, siendo por ello ampliamente aceptado como un indicador de la calidad del suelo (Podmanicky et al. 2011).

La preservación del suelo y su capacidad para fijar carbono sí es de utilidad pública o social. La ocupación del suelo y su transformación para la instalación de macrohuertas solares fotovoltaicas sobre suelo rustico, no es de utilidad pública o social, sino de interés particular, y entra en claro conflicto con el interés general de preservar el suelo rústico y su potencial de fijación de carbono.

Los proyectos planteados promueven 4 instalaciones solares fotovoltaicas sobre suelo rústico de 2 MWp cada una (es decir 8 MWp) que afectan a una superficie ocupada de unas 11,7 hectáreas, sobre Zona Bb 1.1., por su muy alto valor agrícola productivo actual y potencial (según el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria) y clasificado como SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA INTENSIVA por el PGO de Gáldar. El espacio agrícola propuesto para su transformación se encuentra entre el Barranco de El Juncal y la zona conocida como Costa de Botija.

Como ya se indica en el propio Plan Insular de Ordenación de Territorio de Gran Canaria (PIO/GC), la finalidad de ordenación de esta Zona Bb1.1 es la preservación de la actividad agrícola existente frente a otros usos diferentes o ajenos a la actividad agrícola, la conservación y mejora de los paisajes agrarios y de los elementos naturales y patrimoniales existentes. Por otra parte, esta zona se encuentra integrada en un Área Agrícola de Valor Estructurante, considerada un Área de Interés Insular dentro de las Acciones Estructurantes previstas por el PIO/GC para el desarrollo de la Ordenación y la Estructura del Territorio correspondientes al Ámbito Territorial nº 5: La Costa Noroeste.

Claramente, la superficie total de las 4 instalaciones fotovoltaicas, en su conjunto, más las infraestructuras asociadas y vallados, con más de 10 hectáreas ocupadas, exceden cualquier criterio lógico de ocupación ya que estas instalaciones no están vinculadas a ninguna actividad agrícola.

Por tanto, nuestras alegaciones están por la consideración del suelo rústico agrícola productivo o potencialmente productivo como un bien escaso en Canarias, considerando incompatible su transformación con instalaciones industriales de paneles solares fotovoltaicos para producción de energía eléctrica, a no ser que estas instalaciones estén asociadas a cubiertas de edificios preexistentes, pérgolas o invernaderos en producción y destinadas a satisfacer las demandas energéticas de las fincas en cuestión con vertido a red de excedentes.