Celebramos en estos días el 75 aniversario del inicio de la repoblación forestal de Gran Canaria. Setenta y cinco años de un recorrido compartido que se ha convertido en una parte esencial de la historia de esta isla. No lo planteamos como un ejercicio de nostalgia, sino como un acto de memoria útil, que nos ayuda a comprender mejor quiénes somos y hacia dónde queremos ir como sociedad

La repoblación forestal iniciada a finales de los años cuarenta supuso una de las transformaciones territoriales más profundas del siglo XX en Gran Canaria. En una isla muy castigada por siglos de deforestación, aquella política pública alteró de manera decisiva el paisaje, los usos del suelo y del bosque y la relación de la población con su entorno natural.

Hoy, cuando miramos nuestras cumbres, medianías y barrancos, vemos masas forestales consolidadas que forman parte de nuestra identidad colectiva. Pero nada de eso fue espontáneo. Fue el resultado de decisiones humanas, planificación técnica y un enorme esfuerzo colectivo que se prolongó durante décadas.

Es importante situar aquel proceso en su contexto histórico real. La repoblación se desarrolló en un tiempo muy distinto al actual: en plena dictadura, en una sociedad profundamente empobrecida, con una economía de subsistencia frágil y con una relación entre las administraciones y la población completamente diferente a la que hoy defendemos. Las políticas se imponían desde estructuras centralizadas, sin participación de las comunidades que habitaban los territorios y sin los espacios de diálogo social que hoy consideramos esenciales.

Entender ese contexto no resta valor al esfuerzo realizado. Al contrario, nos permite comprenderlo con mayor profundidad, reconocer sus aciertos y también sus límites, así como extraer aprendizajes fundamentales para el presente. Por eso días atrás se rindió un homenaje, con nombre y apellido, a quienes representan esa historia plural de la repoblación forestal de Gran Canaria. A Milagrosa Marrero Mayor, viverista, por el trabajo silencioso y paciente de cuidar cada planta desde su origen, haciendo posible que los árboles llegaran vivos y fuertes al monte. A Antonio González Herrera y Orlando Guillén Díaz, jornaleros, por el esfuerzo físico sostenido durante años en condiciones extremas, abriendo hoyos en laderas imposibles y levantando con su trabajo buena parte de los bosques que hoy conocemos. A Mariano Domínguez Gutiérrez, del Grupo Montañero Gran Canaria, por su compromiso continuado con la mejora, la defensa y la protección social del monte. A Domingo Moreno Moreno, pastor, por representar una actividad tradicional inseparable del paisaje insular y hoy reconocida como aliada imprescindible en la gestión del territorio y la prevención de incendios. A Pedro Herminio Santiago Henríquez, “Mino”, trabajador de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, porque sin agua no hay bosque, y porque la gestión colectiva del agua ha sido uno de los pilares invisibles que han hecho posible la repoblación y la vida en las medianías y cumbres. A los herederos de Pedro Suárez Suárez, en representación del Monte Consorciado, reflejo de una etapa histórica compleja de nuestra política forestal que hoy abordamos desde el conocimiento, la justicia territorial y la corresponsabilidad. Y a Manuel Cardona Sosa, divulgador, por haber sembrado cultura forestal, conciencia ambiental y compromiso cívico durante generaciones.

Todas estas personas representan saberes distintos pero complementarios: el saber del trabajo, el saber del territorio, el saber comunitario y el saber de la transmisión cultural. Sin ninguno de ellos, la repoblación forestal de Gran Canaria habría sido posible tal y como hoy la conocemos.

Este proceso tampoco se entiende sin el trabajo técnico que lo hizo viable. Es de justicia reconocer el papel de los ingenieros y técnicos forestales que planificaron y dirigieron la repoblación en condiciones extremadamente difíciles. Queremos recordar de manera expresa al ingeniero de montes Juan Nogales Hernández, que llegó a Gran Canaria en 1949 para organizar la Brigada del Patrimonio Forestal del Estado y dirigir los primeros trabajos de repoblación. Y al ingeniero Jaime O’Shanahan Bravo de Laguna, primer responsable de la Sección Forestal del Cabildo, cuya labor fue decisiva para estructurar viveros, planificación y coordinación institucional.

Ellos, junto a las personas homenajeadas, forman un mismo relato colectivo: el de una transformación territorial construida a partir del conocimiento, el esfuerzo y la implicación de muchas personas distintas. Setenta y cinco años después, la realidad de Gran Canaria es muy diferente. Vivimos en una sociedad democrática, con mayor conocimiento científico, con instituciones cercanas y con una ciudadanía cada vez más consciente del valor del territorio.

Hoy sabemos que no existe política ambiental eficaz sin la implicación activa de las personas que viven y trabajan en el territorio.Y, sin embargo, el desafío vuelve a ser enorme. La emergencia climática se manifiesta ya en forma de sequías más intensas, aumento de temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos y riesgo creciente de grandes incendios forestales.

En este nuevo contexto, los montes de Gran Canaria han pasado a ser una infraestructura estratégica para la seguridad hídrica, la biodiversidad, la protección del suelo y el bienestar colectivo. De esta lectura nace Gran Canaria Mosaico. Un programa que entiende el territorio como un paisaje diverso, vivo y habitado, donde la gestión forestal, la agricultura, la ganadería, el pastoreo y la conservación se integran para reducir riesgos y aumentar su fortaleza.

Gran Canaria Mosaico rompe con la idea del monte como espacio aislado. Apuesta por mosaicos de usos del suelo que reducen la continuidad del combustible vegetal, previenen grandes incendios, generan oportunidades en el medio rural y fortalecen la adaptación al cambio climático. Es una política territorial basada en ciencia, conocimiento local y participación social. Ese enfoque es el que nos permite hablar hoy de territorio resiliente. Un territorio capaz de responder mejor al fuego, a la sequía y a los impactos del cambio climático. Un territorio gestionado con visión de largo plazo, sin imposiciones, aprendiendo de la historia y actuando desde la corresponsabilidad.

Y esto es, en el fondo, lo que define nuestro proyecto de ecoísla. No un lema, sino una visión política clara: entender que el futuro de Gran Canaria depende del equilibrio entre naturaleza, economía y cohesión social. Que no hay desarrollo duradero sin territorio cuidado. Y que no hay justicia social sin sostenibilidad ambiental. Si hace 75 años la repoblación forestal fue una respuesta a una isla empobrecida y degradada, hoy la respuesta tiene que ser distinta: más democrática, más participativa, más integrada y más consciente de los límites del territorio. El reto ya no es solo plantar árboles, sino construir resistencia, reducir riesgos y garantizar bienestar para las generaciones presentes y futuras.

Este aniversario no es un punto final. Es un punto de apoyo. Nos recuerda que Gran Canaria ha sabido afrontar desafíos enormes cuando ha actuado con visión colectiva y sentido público. Y nos invita a hacerlo de nuevo, ahora desde el conocimiento, la democracia y la implicación compartida.

Que este 75 aniversario de la repoblación forestal sirva para honrar a quienes nos trajeron hasta aquí y para reafirmar un compromiso claro: seguir construyendo una Gran Canaria resistente, justa y sostenible, una Gran Canaria que convierte su territorio en fortaleza compartida y proyecto común.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

El final de un año siempre invita a la reflexión. A mirar atrás con espíritu crítico, pero también con orgullo por el camino recorrido. 2025 ha sido, para La Gomera, un año de avances reales, de gestión y de compromiso firme con una agenda de transformación social y económica que sitúa a las personas en el centro de la acción pública

En un contexto marcado por la incertidumbre y por desigualdades que aún persisten en muchos territorios, desde el Cabildo de La Gomera hemos reforzado nuestro modelo de gestión basado en el escudo social como verdadero motor de progreso. Un modelo que entiende que no hay desarrollo posible si no se garantiza la igualdad de oportunidades y si no se protege a quienes más lo necesitan.

Hoy, La Gomera está mejor que hace un año. Mejor porque hemos ampliado la atención a nuestra gente, reforzando los servicios sociales y sociosanitarios. Mejor porque hemos incrementado los incentivos y apoyos a nuestros estudiantes, conscientes de que la doble insularidad no puede seguir siendo una barrera para el futuro de nuestros jóvenes. Mejor porque hemos fortalecido la capacidad de creación de empleo y riqueza, apoyando al tejido productivo local, a las pequeñas y medianas empresas, al sector primario y a una diversificación económica más sostenible y resiliente; de la mano de una gran apuesta por la transición energética y la lucha contra el cambio climático.

Este año también ha sido clave para consolidar una visión de desarrollo equilibrado, que apuesta por la sostenibilidad, la innovación y el respeto a nuestro entorno como elementos inseparables del bienestar colectivo. La Gomera sigue avanzando con paso firme hacia un modelo económico más justo, más sólido y con más oportunidades para todos.

Pero sería irresponsable conformarse. Quedan retos importantes por delante que debemos afrontar con determinación y unidad. Uno de ellos es el reconocimiento de una singularidad fiscal propia para El Hierro, La Palma y La Gomera, una herramienta imprescindible no sólo para impulsar una transformación socioeconómica profunda, sino también para avanzar hacia una igualdad real en el conjunto del Archipiélago. Canarias sigue avanzando a dos velocidades, y los territorios no capitalinos necesitan respuestas específicas y valientes.

El nuevo año nos plantea desafíos, pero también oportunidades. Desde el Cabildo de La Gomera seguiremos trabajando con la misma convicción: más atención a las personas, más oportunidades para nuestros jóvenes, más empleo, más cohesión social y más futuro para nuestra isla, que también pasa por continuar impulsando el desarrollo de la industria aeronáutica y aeroespacial.

A las gomeras y gomeros, a quienes viven aquí y a quienes están fuera, quiero trasladarles un mensaje de agradecimiento y confianza. Gracias por el esfuerzo compartido, por la responsabilidad colectiva y por creer en una forma de hacer política útil, cercana y comprometida con la gente.

Que el año que comienza venga cargado de salud, esperanza y nuevos avances para construir una Canarias mejor y una Gomera que progrese en igualdad de oportunidades. Seguiremos caminando juntos, sin dejar a nadie atrás, construyendo una isla con más igualdad, más oportunidades y más futuro.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

El pasado jueves participé en un reconocimiento a tres deportistas canarios que simbolizan la excelencia, la resistencia y la humanidad que caracterizan a nuestro pueblo y que se amplifican en el deporte. Carla Suárez, Kirian Rodríguez y Juan Espino representan el esfuerzo, la habilidad y la positividad de las personas jóvenes por alcanzar sus metas, obtener resultados óptimos en la competición y practicar el juego limpio que distingue a quienes son referencia para el conjunto de la sociedad

El deporte para un grancanario o grancanaria forma parte de nuestra forma de ser, de la manera en que nos relacionamos con nuestras amistades y con la naturaleza que nos acoge. Nos anima a disfrutar de unas condiciones únicas que nos permiten practicarlo durante los doce meses del año.

Los deportistas que reconocimos encarnan fielmente estos valores. Con Carla hemos subido a la red, hemos defendido bolas desde el fondo de la pista y, siempre, siempre, hemos admirado su combinación de resistencia y calidad humana y deportiva. Kirian es la expresión del exquisito y apreciado fútbol canario. Es el portador de la pausa, de la sutileza y de la capacidad del isleño para imprimir su sello en todas las manifestaciones de la vida. También de una enorme capacidad de recuperación. Juan Espino es la raíz en el terrero y la prolongación de la isla al mundo. Es el puntal canario y es el león blanco africano. Es la Gran Canaria que alcanzó sus metas porque no permitió que nadie le pusiera límites.

Estoy seguro de que Carla, Kirian y Juan estarán de acuerdo en que nadie gana en solitario, ni tan siquiera el corredor de fondo. Detrás de cada trayectoria deportiva de éxito siempre hay alguien más que, en algún momento del camino, entregó su comprensión y apoyo incondicional. El Cabildo asume el respaldo al deporte como parte intrínseca de sus obligaciones con la sociedad insular a la que sirve.

Esta identificación del deporte y Gran Canaria la entendió desde siempre el Cabildo cuando tomó la iniciativa de construir instalaciones decisivas como el histórico estadio insular, la ciudad deportiva Gran Canaria o el Centro Insular de Deportes. Y a lo largo de la historia ha modernizado esos equipamientos y ha incrementado el apoyo a los clubs de élite, al deporte base, a los deportes autóctonos y a los ayuntamientos, hasta el punto de que hoy en día es el sostén fundamental de la práctica deportiva en la isla.

La confluencia entre características naturales de nuestros deportistas, cultura deportiva de nuestro pueblo y condiciones de nuestra tierra ha generado una pasión por el deporte compartida por la mayoría de nuestra población y, a la vez, ha impulsado la proyección de deportistas excepcionales que simbolizan el carácter de nuestro pueblo.

Este sentimiento de pasión colectiva, perseverancia y trabajo solidario es uno de los innumerables elementos de inspiración que el deporte entrega a la acción pública. Son ejemplos que perduran cuando se apagan el clamor de la grada y las luces de la pista. Porque, como nos recordó Jorge Luis Borges, “cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito”.

Para mantener el pulso de ese ritual, el Cabildo de Gran Canaria ha apostado de manera decidida en la última década por el deporte, elevado a parte esencial de las iniciativas del Gobierno de la isla. Es una actuación que refuerza objetivos esenciales de una sociedad de progreso y sostenible como la que queremos afianzar desde el gobierno insular. Consolida nuestra apuesta por la salud para todas y todos, afianza el arraigo y el sentimiento de pertenencia en todas las personas que lo practican o se identifican con los equipos representativos, mejora las relaciones sociales y supone un atractivo para miles de personas que encuentran en Gran Canaria un espacio incomparable para la práctica de todos los deportes durante todo el año. Por añadidura, impulsa la industria deportiva, la cual supone un revulsivo económico muy relevante. Contamos para ello con un Instituto Insular de Deportes altamente cualificado para hacerlo posible y con profesionales implicados , de la mano del responsable del área, Aridany Romero.

La importancia de estos objetivos reclama una actuación exigente en distintas direcciones y respaldada por unos presupuestos que hemos duplicado y que justifican el incremento de participación y de actividad deportiva. Una línea fundamental es la renovación de instalaciones y equipamientos que nos permiten aspirar a celebrar las mayores competiciones internacionales. Nuestra estrategia pasa por modernizar el Estadio de Gran Canaria con una inversión de 106 millones de euros para disponer de unas instalaciones polivalentes que acogerán los partidos del Mundial de Fútbol 2030, que seguirá siendo la sede estable de la Unión Deportiva Las Palmas y que hará posible acoger cualquier actividad social, cultural, gastronómica, tecnológica, etc, con un equipamiento del máximo nivel internacional. Lo mismo ocurre con la rehabilitación del Centro Insular de Deportes, el acondicionamiento de la Ciudad deportiva Gran Canaria o el avance enmascaramiento la autosuficiencia energética del Gran Canaria Arena y el Estadio Gran Canaria.

Esta línea ambiciosa se complementa con las obras de los campos municipales de Maspalomas o de Telde, que serán sedes complementarias durante el mundial de fútbol. Y también con actuaciones en infraestructuras deportivas en todos los municipios de la isla bajo el principio de la democratización del deporte. Porque el deporte no es una ‘maría’. Es una asignatura de primer orden.

Sabemos el papel que representan los equipos de alta competición en el fútbol, baloncesto, voleibol, hockey, automovilismo, natación o vela para identificar y animar al conjunto de la población a practicar los valores que el deporte encarna. Como expresan los propios representantes de estos clubs, su participación y continuidad se deben fundamentalmente a la colaboración del Cabildo de Gran Canaria. Lo mismo ocurre con el deporte base y con los deportes autóctonos. El Cabildo sirve a menudo de catalizador de la enorme vocación colectiva para que nadie se quede sin practicar el deporte que elige y que le ayuda a crecer. Y lo mismo pasa con los deportes autóctonos como la lucha, la vela o el juego del garrote, que encuentran en nuestra institución el apoyo permanente para su continuidad y crecimiento.

El deporte, en efecto, habita en nuestro interior. Y en el caso de las islas, supone una extensión de la historia, la evolución, la adaptación al entorno, la resiliencia y la nobleza de esta tierra. Con esta lógica, es evidente que sociedad insular y deporte son un espejo frente a frente que devuelve un reflejo constante.

Priorizamos el deporte porque nos identifica. Lo hacemos porque permite proyectar a la isla internacionalmente, siempre en base a principios éticos, democráticos y de defensa de los derechos humanos y la paz. Lo dijo Nelson Mandela: “El deporte tiene el poder de transformar el mundo y de unir a la gente como muy pocas cosas”. Por ello, hay que hacer lo imposible para que esta afirmación no se convierta en una frase hecha, desterrando cualquier manifestación o acto que atente contra la dignidad de las personas o la diversidad que nos enriquece.

Lo hacemos también porque es un factor de diversificación económica y generación de empleo. Pero lo hacemos, sobre todo, porque resulta esencial en el engranaje de la cohesión y la justicia social que tratamos de consolidar para el conjunto de la población. Por eso es tan importante un título de baloncesto o tener una sede mundial como garantizar que las instalaciones deportivas de nuestros barrios y pueblos reúnan las condiciones que necesita la ciudadanía, en especial nuestros niños y niñas, así como las personas con necesidades especiales. Ese, y no otro, es el partido más importante que tenemos que ganar día tras día.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Hablar de presupuestos no es hablar solo de cifras. Es hablar de prioridades, de modelo de sociedad y de la capacidad que tenemos, como responsables públicos, para transformar los recursos en bienestar real para la ciudadanía. Desde esa convicción, hemos respaldado los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, porque representan, sin ambages, las mejores cuentas posibles en el contexto actual

Son unos presupuestos prudentes, equilibrados y realistas, pero, sobre todo, profundamente sociales. No lo decimos desde la retórica, sino desde los datos: ocho de cada diez euros del gasto se destinan a sanidad, educación y políticas sociales. Esta orientación define con claridad el rumbo de unas cuentas que ponen en el centro a las personas y garantizan la igualdad de oportunidades con independencia del territorio en el que se viva.

Canarias contará en 2026 con un presupuesto no financiero de 12.491,4 millones de euros, técnicamente bien construido y avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En sanidad se destinan 4.883 millones, con un refuerzo claro de la atención primaria; en educación se superan los 2.315 millones, con avances en infraestructuras, Formación Profesional y educación de 0 a 3 años; y en bienestar social se alcanzan los 837,7 millones de euros. Mención especial merece la dependencia, que incrementa su dotación en un 30%, hasta los 387 millones. No son números abstractos: son atención, dignidad y apoyo para miles de familias canarias.

Estos presupuestos también miran al futuro. Refuerzan la inversión en infraestructuras hidráulicas, movilidad y digitalización administrativa, y permiten culminar proyectos estratégicos vinculados a los fondos europeos. Apostar por la diversificación económica, el turismo sostenible, el sector primario y la innovación es apostar por un desarrollo más equilibrado y resiliente para el Archipiélago.

Desde el punto de vista fiscal, las cuentas apuestan por la estabilidad y el alivio a las familias. La deflactación del IRPF en un 2,1% en todos los tramos, el mantenimiento de las deducciones sociales y la ausencia de nuevas figuras impositivas responden a una idea clara: no es el momento de cargar más a la ciudadanía, sino de consolidar y dar certidumbre.

Quiero subrayar, además, la dimensión territorial de estos presupuestos. La Gomera supera los 111 millones de euros en inversiones y programas, lo que se traduce en proyectos concretos y en servicios que llegan a las islas no capitalinas. Eso es cohesión territorial y equilibrio real, no discursos vacíos.

Nuestro apoyo a estas cuentas es leal y responsable. Ahora toca lo más importante: gestionar bien, ejecutar los recursos y convertir el presupuesto en mejoras tangibles para la vida de la gente. Porque de nada sirven las buenas cuentas si no se transforman en mejores servicios, más oportunidades y mayor bienestar para Canarias.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

El pasado miércoles se inauguró en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria el Congreso de la Asociación Española de Semiconductores e Industrias Afines. Se trata de un encuentro científico de primer nivel que refleja la pujanza de un sector que desempeñará un papel importante en el futuro tecnológico y económico del Estado español

La elección de Gran Canaria como sede de este foro no es casual: responde al reconocimiento de nuestra isla como un territorio capaz de acoger y promover proyectos estratégicos de innovación y desarrollo industrial. Aquí se está construyendo, con paso firme, un marco de trabajo en el que la ciencia, la empresa y la administración cooperan de manera decidida para generar oportunidades de negocio sostenibles y de alto valor añadido.

La industria tecnológica es uno de los sectores con mayor crecimiento mundial. Con altos niveles de inversión y rentabilidad, creación constante de nuevos mercados e incremento de la productividad en otros ámbitos económicos y sociales como los de la salud, el transporte, la educación o el sector primario. Su desarrollo, motor de innovación, profundiza en una enorme transformación social, supone un potencial para el bienestar y adquiere una dimensión estratégica y geopolítica de primer orden.

Vivimos una etapa apasionante y compleja en la que Europa se ha propuesto reforzar su soberanía tecnológica y su autonomía industrial. En ese contexto, la industria de los semiconductores y la microelectrónica ocupa una posición central como base de la digitalización, la transición energética y la modernización productiva.

Gran Canaria quiere formar parte de ese esfuerzo colectivo. Queremos contribuir a que Canarias, España y Europa fortalezcan sus capacidades científicas e industriales, mediante la conjunción de la cooperación, la especialización y el talento, con el objetivo de favorecer un desarrollo sostenible integral.

Un ecosistema de estas características en territorios insulares cambia completamente el tipo de desarrollo posible: menos dependencia del turismo y del transporte, más empleo altamente cualificado, acceso a cadenas de valor globales, impulso a la innovación local, mejora del equilibrio territorial y conexión con el talento y la ciencia ya presentes. De la misma manera, reequilibra el mapa tecnológico estatal, fortalece la presencia científica y tecnológica fuera de la península y aumenta el peso político y económico en programas de soberanía tecnológica como el PERTE chip y otras iniciativas europeas.

En este marco queremos y estamos en condiciones de aportar las capacidades y las ventajas de nuestro ecosistema. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aporta a este esfuerzo un valor incalculable. En primer lugar, la variada y cualificada oferta de titulaciones STEM: en el último curso, más 3.300 estudiantes accedieron a ellas, lo que supone, sin lugar a dudas, una potente cantera de profesionales para empresas tecnológicas.

La ULPGC, dispone, igualmente, de institutos de investigación reputados y consolidados en estos ámbitos: el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), el Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI) y el Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDETIC). Desde hace años, con más de 200 investigadores e investigadoras adscritos, realizan una labor de investigación aplicada, reconocida nacional e internacionalmente, en áreas relacionadas con las Tecnologías Avanzadas de la Información.

Para reforzar todo este engranaje, y de la mano del Cabildo, a través de la sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se ha puesto en marcha un proceso de diseño y construcción de un centro dotado de laboratorios y salas blancas para la localización de empresas y proyectos de los ámbitos de la microelectrónica, la óptica y la fotónica, así como de la industria aeroespacial.

Este edificio, que estará ubicado en el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ofrecerá 7.000 metros cuadrados de espacios e infraestructuras adaptados a las necesidades de las empresas y sus proyectos y estarán disponibles para el acogimiento de empresas en 2027. Desde ya se puede contactar con la SPEGC o con el Parque Tecnológico de la Universidad para evaluar las posibilidades de uso o de instalación en este nuevo centro que marcará un antes y un después en la consolidación de Gran Canaria como un enclave de referencia para la industria de la microelectrónica y la industria aeroespacial.

No debemos olvidarnos de que, además de nuestras capacidades, ofrecemos un entorno fiscal altamente competitivo para la inversión, la investigación y la innovación. El Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) proporciona instrumentos únicos en Europa para impulsar la I+D+i, con deducciones fiscales de hasta el 75% en actividades de investigación y desarrollo, así como otros incentivos para la implantación de empresas de base industrial y tecnológica. A ellos se suman los de la Zona Especial Canaria (ZEC), que permiten operar con un tipo impositivo reducido al 4% del Impuesto de Sociedades.

Todas estas condiciones, junto con la estabilidad institucional, la seguridad jurídica europea, la conectividad internacional, la calidad de vida y el creciente dinamismo de nuestro tejido empresarial, hacen de Gran Canaria un lugar excepcional para invertir e innovar. El Cabildo de Gran Canaria seguirá apoyando decididamente este camino, fortaleciendo las alianzas con la universidad, el sector privado y las instituciones nacionales e internacionales que comparten esta visión de futuro.

Mi agradecimiento más sincero a la Asociación Española de Semiconductores e Industrias Afines por su confianza a la hora de elegir a Gran Canaria como sede de este encuentro y por permitirnos avanzar juntos en este camino. Y también mi reconocimiento a todas las personas que trabajan en la investigación, la ingeniería, la empresa o la representación pública y que impulsan cada día una industria tecnológica más fuerte, más sostenible y más humana. Estoy convencido de que, desde la unidad, avanzaremos con rumbo fijo en pos de ese objetivo estratégico.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Hablar de becas en La Gomera es hablar de igualdad de oportunidades, de cohesión social y de compromiso institucional con nuestros jóvenes. No es una política coyuntural ni una medida puntual. Es una línea de trabajo sostenida en el tiempo, que el Cabildo de La Gomera viene desarrollando desde hace más de dos décadas con una convicción clara: ningún estudiante gomero debe ver truncado su futuro por razones económicas.

Cuando iniciamos este camino, hace ya veinte años, la inversión destinada a becas apenas superaba el millón y medio de pesetas, lo que hoy equivaldría a unos 9.000 euros. Aquella cuantía modesta respondía a la realidad presupuestaria del momento, pero también a una voluntad firme de empezar a construir un sistema de apoyo al estudio que tuviera continuidad y vocación de crecimiento. El tiempo ha demostrado que esa apuesta era necesaria y acertada.

Hoy, el Cabildo de La Gomera da un nuevo paso adelante con la mayor inversión de su historia en esta materia: 2,2 millones de euros destinados a becas y ayudas al estudio, transporte y alojamiento. Una cifra que no solo supone un incremento de un millón de euros respecto a la convocatoria anterior, sino que refleja la prioridad real que otorgamos a la educación dentro de nuestras políticas públicas.

Este esfuerzo económico responde a una realidad incuestionable. Estudiar fuera de La Gomera implica asumir los sobrecostes derivados de la doble insularidad, del transporte, del alojamiento y, en muchos casos, de la distancia emocional que supone dejar la isla a edades tempranas. Las familias gomeras conocen bien esta situación, y las instituciones no podemos permanecer ajenas a ella.

Por eso, esta convocatoria incorpora mejoras sustanciales, como la creación del bono alquiler, una ayuda complementaria de hasta 1.000 euros para los estudiantes que deben residir fuera de la isla. Una medida pionera que nace de escuchar a las familias y de entender que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para continuar los estudios superiores.

Las becas del Cabildo abarcan todas las etapas formativas: estudios universitarios dentro y fuera de Canarias, Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas no presenciales. Además, son compatibles con otras ayudas de carácter autonómico o estatal, porque nuestro objetivo no es sustituir, sino complementar y reforzar la red de apoyo a nuestros estudiantes.

Esta política de becas no es un gasto; es una inversión en capital humano, en talento y en futuro. Cada euro destinado a educación revierte en la sociedad gomera en forma de oportunidades, de conocimiento y de progreso. Apoyar a un estudiante es apoyar a una familia, y apoyar a una familia es fortalecer La Gomera en su conjunto.

Seguiremos trabajando en esta línea, con responsabilidad, sensibilidad y visión de futuro. Porque una isla que cuida de sus jóvenes es una isla que cree en sí misma y que se prepara para afrontar los retos del mañana con garantías.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

La pasada semana, Atalayar, un medio cercano al gobierno de Marruecos, insistió en calentar el ambiente previo a la reunión de alto nivel (RAN) de España y Marruecos, a celebrar los días 4 y 5 de esta semana, adelantando algunos de los objetivos estratégicos que manejan los negociadores alauitas. Ignacio Cembrero, periodista y escritor experto en el Magreb lo ha desnudado todo en los últimos días. Según la narrativa oficial marroquí, ambos países componen hoy un tándem estable basado en una cooperación política al más alto nivel, intercambios comerciales récord -en torno a los 22.700 millones de euros anuales-, cooperación en inversiones, infraestructuras, energía, transporte y tecnología y, además, colaboración en seguridad, migración y lucha contra el terrorismo, áreas en las que Marruecos es considerado un socio clave

No cabe la menor duda de que Marruecos se ha consolidado como el primer socio comercial de España fuera de la UE y en el principal cliente y proveedor español en África. Para las empresas españolas, es un mercado cercano, competitivo y atractivo en costes; para Marruecos, España es puerta de entrada privilegiada a la UE.

Para Atalayar se trata de una relación pragmática en la que todos ganan: España asegura estabilidad fronteriza, comercio previsible y oportunidades para sus empresas y Marruecos obtiene inversiones, reconocimiento implícito a su creciente peso regional y apoyo en sus grandes proyectos económicos. Esta narrativa, sin embargo, deja fuera el principal punto de fricción: el impacto asimétrico de estos acuerdos en un territorio como Canarias, a la que se pretende utilizar como moneda de cambio. Aunque el marco “win-win” -donde todas las partes involucradas buscan y logran un beneficio mutuo- es válido a nivel macroeconómico, en Canarias el panorama es diferente. El archipiélago, por su proximidad a Marruecos y su posición estratégica en el Atlántico, es el territorio español que más puede verse afectado y sacrificado por los pactos bilaterales en aspectos de crucial relevancia.

La delimitación marítima es un conflicto que se recrudece cada vez que se intenta avanzar en negociaciones de este tipo. Marruecos reclama una y otra vez, unilateralmente, zonas marítimas que se solapan con áreas próximas a Canarias lo que afecta a zonas de pesca históricas, recursos submarinos estratégicos (telurio, cobalto y tierras raras) y al control del Atlántico. Una histórica reivindicación marroquí que, en caso de salir adelante, nos llevaría a un profundo daño económico, ecológico y estratégico.

Marruecos argumenta que su extensa costa continental merece un trato "equitativo" frente a las "limitadas" costas de Canarias. Esta retórica, sin embargo, es profundamente engañosa. Se produce una desnaturalización del Estatuto de Canarias porque el archipiélago no es un peñón deshabitado. Es una comunidad autónoma española con más de 2,2 millones de ciudadanía europea, cuya economía y subsistencia dependen directamente del mar. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) no distingue entre "costa continental" y "costa insular" a la hora de generar derechos marítimos. Pretender lo contrario es un intento de crear una categoría de segunda clase para los territorios insulares. La equidistancia sí es equidad: la línea media no es un "automatismo" ciego, sino el punto de partida más objetivo y ampliamente aceptado para una delimitación justa. Corregirla sistemáticamente a favor de la parte con la costa más larga no es equidad, es la ley del más fuerte disfrazada de derecho.

Y se apunta una posible “equivalencia” peligrosa. Marruecos ofrecería a España “reconocer la soberanía española sobre Canarias” si España reconoce la marroquí sobre el Sáhara Occidental. Como apuntan distintos análisis diplomáticos se trata de un movimiento altamente inquietante. Canarias es territorio español reconocido internacionalmente -sin discusión jurídica- y por lo tanto introducirla en una negociación implica ponerla al mismo nivel que un territorio en disputa lo que genera un precedente político muy peligroso. La soberanía del archipiélago no debería ser moneda de intercambio. Es inaceptable y no podemos permitirlo.

La propuesta de una Zona de Desarrollo Conjunto (ZDC) alrededor del Monte Tropic suena bien en teoría, pero en la práctica es una trampa para Canarias. Establecer una ZDC en un área que, por geología y proximidad, debería corresponder a la plataforma continental extendida de Canarias, supone legitimar la pretensión marroquí sobre ese espacio. Es ceder antes de negociar. En cualquier empresa conjunta, Marruecos, como estado continental con fuertes apoyos políticos, tendría una posición de fuerza abrumadora frente a los intereses canarios. La historia demuestra que en estos esquemas, la parte más débil suele salir perdiendo.

El intento marroquí de extender su plataforma continental hasta 350 millas al norte de Canarias es el movimiento más agresivo. Es un ataque en la línea de flotación a nuestro futuro. De prosperar, convertiría a nuestras islas en una prisión marítima - rodeada por aguas marroquíes por el este y el sur- y con un acceso al Atlántico profundamente restringido. Estrangula nuestra ZEE potencial -limitando nuestro acceso a recursos pesqueros, minerales y genéticos futuros-, compromete nuestra seguridad y capacidad de vigilancia marítima y amenaza proyectos vitales como la conectividad submarina por cable con África Occidental.

Sorprendentemente, la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara es presentada como una mera cuestión técnica. No lo es. Es una cuestión de soberanía y seguridad para España y para Canarias. El Centro de Control de Gran Canaria es una infraestructura crítica que garantiza la seguridad de una de las rutas aéreas más transitadas del mundo. Ceder su gestión a Marruecos, aunque sea "de forma progresiva”, debilita la posición estratégica de España y de la OTAN en el flanco sur, introduce un riesgo geopolítico innecesario en una infraestructura vital e ignora que la eficacia técnica del servicio actual está más que demostrada.

La grandilocuente "Visión Atlántica" marroquí no incluye a Canarias como socio, sino como un obstáculo a sortear o un botín que incorporar. Para Rabat, el acuerdo con España no es un fin en sí mismo, sino un paso para avanzar en su objetivo estratégico último: debilitar los vínculos de Canarias con España y Europa y aumentar su influencia sobre el archipiélago.

Todo esto nos sitúa ante una grave asimetría territorial dentro de España. Mientras que la península puede beneficiarse del comercio y la inversión, Canarias queda en la periferia económica, en una preocupante primera línea geopolítica y con menor capacidad para influir en la política exterior española.

Las decisiones bilaterales tomadas en Madrid repercuten de forma directa en Canarias, a la que se margina y se le impide participar activamente en la negociación. Una vez más se sitúa a esta tierra en la incertidumbre, ante la pasividad del Gobierno de Canarias. El discurso del “acuerdo win-win” entre España y Marruecos está fundamentado en datos económicos y diplomáticos reales: comercio récord, cooperación reforzada y estabilidad política, pero oculta una asimetría evidente: lo que beneficia al conjunto del Estado no necesariamente beneficia —y puede perjudicar— a territorios como Canarias, cuya posición geográfica la convierte en frontera, plataforma y punto crítico.

Canarias no puede ser un actor secundario en este proceso: es el territorio español más afectado por la delimitación marítima, los recursos estratégicos y la geopolítica atlántica. La clave del futuro será si España integra al archipiélago en la toma de decisiones y protege de forma inequívoca sus intereses —o si, por el contrario, permite que el “win-win” se convierta en un “win para unos, riesgo para otros”. La cooperación con Marruecos debe ser absolutamente respetuosa con Canarias y con una total seguridad jurídica. España debe defender con firmeza la mediana marítima impidiendo que Marruecos amplíe unilateralmente su ZEE. No puede ceder en el establecimiento de mecanismos bilaterales de control y de protección de recursos. Y debe garantizar que Canarias se beneficie del incremento del comercio y de inversiones energéticas y tecnológicas y que el archipiélago se afiance como hub logístico entre Europa, África y América. Que se produzca un win-win real también para Canarias.

Pero además, la dimensión saharaui añade otra capa de complejidad que no puede ser obviada de ninguna de las maneras, a pesar de las últimas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Si el Sáhara Occidental sigue siendo reconocido internacionalmente como territorio distinto y pendiente de descolonización, las delimitaciones marítimas deben manejarse con extremo cuidado, pues cualquier redefinición por parte de Marruecos —o en alianza con España— vulneraría derechos reconocidos. Los recursos marítimos y submarinos en disputa en el Atlántico —alrededor de Canarias, Sáhara y aguas marroquíes— se convierten no sólo en un interés económico, sino en una cuestión jurídica internacional. Por tanto, la defensa de los intereses de Canarias no puede desentenderse de la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Es necesario exigir, por tanto, legalidad, respeto al derecho internacional y coherencia entre diplomacia, comercio y justicia.

El Sáhara Occidental no es una variable negociable al margen de la ley. Es una cuestión de derechos, soberanía y justicia internacional. Y esto debe contemplar el reconocimiento del derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, la exigencia de su consentimiento para cualquier acuerdo que le afecte y la exclusión clara del Sáhara Occidental de tratados que vinculen a la UE con Marruecos. Si no, lo que se proclama como “cooperación estratégica” puede terminar siendo una construcción frágil -rentable para unos, ilegal para otros-, y moralmente insostenible. Y en ese equilibrio entre geopolítica, economía y derecho internacional, está en juego no solo el futuro del Sáhara, sino la credibilidad de la UE, de España, de Marruecos. Y de todos los que reclamamos justicia.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

En Canarias, hablar del agua es hablar de identidad, de resiliencia y de futuro. Pero en La Gomera este vínculo alcanza una dimensión singular: nuestra relación con el agua no solo ha definido la forma en que habitamos el territorio, sino también la manera en que hemos sabido adaptarnos a la adversidad. Hoy, cuando el cambio climático tensiona como nunca los recursos hídricos, la isla vuelve a demostrar que es capaz de transformar los desafíos en una hoja de ruta estratégica hacia la sostenibilidad

Durante décadas, el modelo hidráulico insular estuvo condicionado por la disponibilidad limitada de recursos subterráneos y por la fragmentación estructural que caracterizaba a muchos territorios insulares. Sin embargo, a principios de los años noventa, La Gomera emprendió una transformación que hoy podemos considerar una verdadera revolución silenciosa. La apuesta por captar agua en el sur —donde no aflora el complejo basal— y distribuirla hacia cualquier punto de la isla a través de bombeos y depósitos de gran capacidad constituyó un salto estratégico que nos situó a la vanguardia en Canarias. Aquella intuición tecnológica permitió construir una red interconectada, robusta y flexible, que aún hoy es la columna vertebral del suministro insular.

Pero el contexto ha cambiado. Y lo ha hecho con una velocidad que obliga a abandonar cualquier lógica de complacencia. Las sequías prolongadas, la menor recarga de los acuíferos y los límites evidentes de los sondeos exigen nuevas respuestas. Y La Gomera las está dando.

La clave del presente no reside únicamente en construir más, sino en gestionar mejor. Esta es quizá la mayor enseñanza de nuestro tiempo: el agua no es solo una infraestructura, es un sistema vivo que debe ser cuidado, optimizado y valorado. Por eso, la isla ha definido dos grandes ejes para garantizar su seguridad hídrica: la reutilización y la desalación.

La decidida apuesta por la depuración y regeneración marca un cambio cultural profundo. Aumentar la capacidad de producir agua regenerada en instalaciones como las nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales no es un capricho tecnológico, sino una obligación ética en tiempos de emergencia climática. Y el proyecto LIFE smallWAT en Hermigua simboliza de manera ejemplar esta transición: convertir un municipio rural en un laboratorio europeo del ciclo del agua demuestra que la innovación no entiende de tamaños, sino de visiones.

El otro pilar, la desalación, ha supuesto un salto histórico. Con dos nuevas plantas —en San Sebastián y Playa de Santiago— capaces de producir 6.000 metros cúbicos diarios, la isla ya no dependerá exclusivamente del subsuelo. Por primera vez, La Gomera producirá, transportará y asegurará agua con autonomía, combinando recursos naturales, tecnología y planificación. Se trata de un giro estratégico sin precedentes que fortalece nuestra resiliencia ante cualquier escenario climático.

Pero esta revolución del agua no se sostiene solo en grandes infraestructuras. También nace de decisiones complementarias que protegen el territorio: la eliminación de flora invasora, la recuperación de cauces, la lucha contra las pérdidas, la restauración ecológica. Cada litro que dejamos de malgastar es una victoria silenciosa que suma a un modelo más sostenible.

La pregunta, entonces, no es si La Gomera está cambiando, sino si estamos preparados para acompañar ese cambio. Porque gestionar el agua no es solo tarea de administraciones, ingenierías o laboratorios; es una responsabilidad compartida. Implica comprender que cada gota regenerada, cada metro cúbico desalado, cada tubería reparada y cada cauce restaurado son parte de un mismo compromiso: garantizar la vida y el futuro de una isla que ha hecho de la sostenibilidad no un discurso, sino una práctica cotidiana.

Por eso, cuando defendemos que La Gomera puede ser ejemplo para el mundo, no hablamos de ambición desmedida, sino de realidades contrastadas. Hemos demostrado que un territorio pequeño puede pensar en grande; y que, si algo define a esta isla, es su capacidad para convertir dificultades en oportunidades.

La revolución del agua en La Gomera no ha concluido. Pero su rumbo está claro: gestionar con inteligencia, valorar con conciencia y proteger con responsabilidad. Esta es la verdadera transformación cultural que nos interpela a todos. Y es, sin duda, el legado que debemos construir para quienes vendrán.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

La semana pasada, dentro de la estrategia Gran Canaria Mosaico para la prevención de grandes incendios forestales, el Cabildo de Gran Canaria presentó un nuevo paquete de videos divulgativos, protagonizados por el humorista Maestro Florido y por hombres y mujeres del mundo rural. Se trata de un nuevo paso encaminado a la tarea de formar, informar y sensibilizar a la ciudadanía de esta isla, de una manera cercana y accesible y de impulsar la cultura de la prevención, transmitiendo técnicas y consejos para evitar los incendios en nuestros bosques y, en su caso, para impedir o mitigar sus efectos sobre el medio, los bienes materiales, los animales y las personas

La mayoría de los incendios forestales que se registran en Gran Canaria tienen un origen humano y están vinculados, en gran medida, a prácticas negligentes o imprudentes. Entre las causas más frecuentes se encuentran las quemas agrícolas mal planificadas o mal ejecutadas, sin las condiciones de seguridad adecuadas, así como el uso indebido de maquinaria que genera chispas en zonas de riesgo.

Este tipo de incidentes, lejos de ser puntuales, se insertan en un contexto en el que los incendios presentan una intensidad creciente y una mayor capacidad para propagarse rápidamente, hasta afectar incluso a zonas de interfaz urbano-forestal. Esto supone un riesgo directo no solo para la biodiversidad insular y la integridad de nuestros ecosistemas, sino también para infraestructuras, propiedades privadas y, en última instancia, incluso para la seguridad de las personas y los animales.

En este escenario, los grandes incendios forestales se han convertido en un fenómeno recurrente. En los últimos 20 años se han registrado nueve en la isla, lo que implica una media aproximada de un gran incendio cada dos años. La cifra habla por sí sola: más de 32.000 hectáreas se han visto afectadas, lo que ha calcinado masas forestales, zonas agrícolas, áreas de alto valor natural y entornos próximos a núcleos de población. El impacto de estos incendios es multidimensional: condiciona la capacidad de regeneración natural del territorio, reduce la estabilidad de los suelos, compromete la productividad agraria, afecta al ciclo hidrológico y genera severas consecuencias socioeconómicas, incluyendo desplazamientos temporales de habitantes, pérdidas patrimoniales y un coste elevado para la recuperación y restauración ambiental.

El incremento del riesgo asociado al cambio climático —veranos más largos y secos, aumento de las temperaturas medias y de la calima, reducción de la humedad relativa y mayor frecuencia de episodios de viento intenso— agrava aún más la situación. En Gran Canaria, además, confluyen características que elevan la peligrosidad: una orografía abrupta, una elevada densidad demográfica y un patrón de asentamientos que en muchas zonas combina áreas forestales con viviendas dispersas o pequeños núcleos urbanos. Todo ello genera un escenario especialmente sensible en el que es imprescindible que la población adquiera competencias básicas: saber cómo convivir con el fuego, cómo identificar y reducir riesgos en su propio entorno, y cómo actuar con seguridad en caso de emergencia.

Ante esta realidad, la necesidad de prepararse y adoptar medidas preventivas es indiscutible. El Cabildo de Gran Canaria cuenta con un equipo de profesionales puntero en Europa, con un dispositivo de prevención y extinción de incendios que extiende su labor a lo largo de todo el año, frente a los tres meses de etapas anteriores. Este equipo se ha convertido en especialista y vanguardia en las quemas prescritas, en el pago por servicios medioambientales a los pastores y pastoras de la isla, en la dotación de medios a Protección Civil o en trabajos ligados a la silvicultura. Esto, sumado a su elevada capacidad técnica y los medios materiales de los que dispone, ha servido para reducir el impacto de incendios de gran potencial destructivo y para salvar por tanto muchas vidas.

Sin embargo, la responsabilidad de la prevención no puede recaer exclusivamente sobre las administraciones públicas, ni siquiera únicamente sobre el Cabildo de Gran Canaria, que ostenta competencias clave en gestión del territorio y emergencias. La normativa vigente, así como el principio básico de corresponsabilidad civil, establece que la prevención de incendios forestales es una tarea compartida entre instituciones y ciudadanía. Es, en esencia, un trabajo colectivo. La única manera de proteger la isla, sus paisajes y sus valores naturales y culturales es mediante la implicación activa de toda la sociedad, no solo estableciendo medidas de precaución y respetando las normas y las alertas, sino también participando activamente en las soluciones.

La dimensión social es, por tanto, igualmente decisiva en la prevención de incendios y requiere transmitir una cultura del riesgo: un marco social en el que la población grancanaria asuma que vive en un territorio frágil y geográficamente limitado, donde cada decisión, gesto o hábito cotidiano puede aumentar o reducir la vulnerabilidad frente a un incendio forestal.

Por eso, la comunicación institucional orientada a la prevención se concibe en el Cabildo de Gran Canaria como un componente estratégico equiparable a los planes operativos, los protocolos de emergencia o los dispositivos de extinción. La experiencia demuestra que los mejores medios técnicos pierden eficacia cuando la población no adopta comportamientos seguros, desconoce cómo actuar ante una emergencia o percibe las recomendaciones como imposiciones alejadas de su contexto vital. La eficacia de la estrategia depende, entre otros factores, de que la ciudadanía sienta que forma parte de la misma, que interiorice que su papel es determinante y que entienda que cada actuación individual tiene un impacto real en la seguridad colectiva.

Cuando logramos eso, cuando el mensaje se convierte en convicción y hábito, la prevención deja de ser un mandato y se transforma en cultura. Cultura de la prevención. De nada vale la mejor estrategia sin que la población la sienta suya; que entienda que cada gesto puede marcar la diferencia entre la seguridad y la tragedia. Cuando se entiende el motivo, cuando se percibe que lo que decimos y hacemos protege algo valioso como sus casas, sus cultivos, su paisaje o incluso su vida, la respuesta cambia. De la desconfianza se pasa a la cooperación. Una cooperación necesaria.

Pero, además, la experiencia reciente en la península —donde los terribles incendios del pasado verano mostraron la importancia de mantener un territorio activo para evitar la acumulación de combustible— ha puesto de relieve el valor de los usos tradicionales del campo como herramienta de prevención, desde el pastoreo controlado, las actividades agrícolas o las prácticas agroforestales sostenibles.

En Gran Canaria, estos principios no son nuevos: desde hace años el Cabildo trabaja para combinar la gestión forestal y la prevención con los usos tradicionales que han moldeado el paisaje insular durante generaciones desde tiempo inmemorial, con el objetivo de contar con un campo vivo, diverso, productivo y resistente a los grandes incendios.

Integrar a la población rural, reconocer su rol y facilitar su participación activa en la prevención de incendios no es solo un deber social, sino también una necesidad estratégica. Se trata de mirar de igual a igual a la población rural y lanzar mensajes claros: nos necesitamos mutuamente. Tenemos que actuar como un reloj de precisión. Todos somos necesarios. Es hora de tender la mano al campo e integrarlo en la estrategia de prevención de incendios de manera destacada. Y en esas estamos, trabajando de manera transversal desde las áreas que tienen que ver con el medio ambiente, la soberanía alimentaria, la seguridad hídrica, el Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera o el turismo activo y de la naturaleza, entre otras.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Canarias afronta en silencio dos de los mayores desafíos de su historia reciente. Son asuntos que no ocupan grandes titulares, que no generan polémicas estridentes, pero cuyo impacto condicionará nuestro futuro colectivo mucho más que cualquier debate coyuntural. Me refiero a la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómico justo para las Islas y al imprescindible blindaje de los fondos europeos destinados a las Regiones Ultraperiféricas en el próximo Marco Financiero Plurianual. Ambos retos comparten un rasgo determinante: afectan directamente a la igualdad de oportunidades de los canarios ante el resto del país, y a la capacidad de esta tierra para sostener su modelo social, económico, sostenible y productivo

La propuesta inicial de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 supone un riesgo real que no podemos ignorar. Bruselas plantea que la distribución de los fondos europeos que hoy reciben directamente las RUP pase a manos de los Estados miembros. Esto no es una cuestión técnica, como algunos podrían pensar; es una alteración profunda del modelo de acuerdo del Tratado para las Regiones Ultraperiféricas de la UE que ha permitido a Canarias compensar, aunque sea parcialmente, los sobrecostes derivados de su insularidad, su lejanía y sus características estructurales diferenciadas.

En el marco actual, las Islas reciben más de 4.600 millones de euros entre FEDER, FSE y POSEI, recursos esenciales para sostener nuestro sector primario, impulsar políticas de empleo y cohesión, y garantizar que ningún territorio del Archipiélago quede atrás. Si esos fondos dejan de asignarse directamente a Canarias para ser gestionados desde el Estado, entraríamos en una competencia desigual que nos relegaría inevitablemente. No se trata de una exageración, sino de una evidencia: Canarias nunca ha partido en igualdad frente a territorios continentales, y menos aún cuando hablamos de la defensa de intereses ante un Estado que tiene múltiples tensiones territoriales que atender.

Por eso he insistido en que esta cuestión no admite miradas partidistas. Las RUP de Portugal y Francia ya han mostrado una reacción firme y conjunta. Canarias debe hacer lo mismo, con unidad institucional y determinación política. Defender esta financiación no es un privilegio: es la garantía mínima para que el Archipiélago siga siendo competitivo, cohesionado y viable.

El segundo desafío está más cerca de casa, pero es igual de crucial. En 2026 se abordará la reforma del sistema de financiación autonómica. Y Canarias no puede permitirse acudir a esa negociación sin una posición clara y firme. Demasiadas veces hemos visto cómo, desde Madrid, se olvida que las Islas cuentan con un Régimen Económico y Fiscal propio que no debe mezclarse ni confundirse con el modelo de financiación.

Mezclar ambos sistemas sería un error histórico que pondría en riesgo la estabilidad de nuestras cuentas y la capacidad de financiar servicios esenciales. Pero además del REF, la financiación autonómica debe reconocer realidades que no pueden seguir invisibilizándose: la insularidad, la doble insularidad, los sobrecostes en los servicios públicos y una población que ha crecido en más de 570.000 personas en los últimos años. Nada de esto es circunstancial. Son factores estructurales que condicionan el coste real de servicios sanitarios, educativos, transporte, vivienda o políticas sociales. Si el nuevo modelo no incorpora de forma adecuada estos elementos, las Islas quedarán penalizadas durante años, hipotecando el margen de actuación de cualquier Gobierno futuro.

Ambas negociaciones —en Madrid y en Bruselas— determinarán la salud económica y social de Canarias durante las próximas décadas. Por eso requiere unidad. No podemos permitir que estos temas se conviertan en armas arrojadizas entre partidos o instituciones. No pertenece a un Gobierno ni a una ideología defender que Canarias tenga lo que le corresponde; pertenece a todos los canarios. Quienes representamos a esta tierra tenemos la obligación moral y política de actuar con claridad, con responsabilidad y con firmeza. El tiempo de actuar es ahora, antes de que las decisiones estén tomadas y sea demasiado tarde. Nuestro futuro se juega en estas negociaciones. Ignorarlas sería un error irreversible.

 Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.