El inicio de este curso político ha parecido más una disputa de gallinero que una oportunidad para cimentar consensos. La confrontación partidista en torno a la propuesta de condonación de la deuda ha acaparado titulares y debates, relegando a un segundo plano lo más importante: los intereses de los más de 2,2 millones de canarios y canarias, que esperan de sus representantes a nivel nacional altura de miras, no un espectáculo de enfrentamiento permanente

No se trata de buscar culpables de la crispación que vivimos en España. Se trata de reflexionar, con serenidad, sobre lo que está en juego para Canarias y su futuro. La propuesta de quita de deuda —que permitirá a las comunidades autónomas decidir si se acogen o no a este mecanismo— debe analizarse desde lo que realmente necesita el Archipiélago. No desde las trincheras partidistas, sino desde la unidad de acción política.

En términos generales, la condonación es una medida positiva: supone un alivio financiero que puede convertirse en palanca de desarrollo y mejorar la vida de la ciudadanía. Sin embargo, en el caso de Canarias, las condiciones actuales de la propuesta son insuficientes. Precisamente por ello, el trámite parlamentario del Proyecto de Ley debe entenderse como una gran oportunidad para el consenso y la unidad de todos los canarios.

No basta con aceptar los 3.249 millones de euros previstos. Canarias debe reclamar con firmeza y serenidad los casi 5.000 millones que realmente le corresponden. Esta no es una reivindicación partidista, sino una causa común: defender los intereses del Archipiélago desde la unidad, porque solo así se garantizará un trato justo y equilibrado.

Al mismo tiempo, Canarias encara otro reto decisivo: la reforma del sistema de financiación autonómica. El crecimiento demográfico y la presión sobre los servicios públicos esenciales —sanidad, educación y políticas sociales— exigen máxima vigilancia y una posición firme ante una posible ruptura con el principio de solidaridad de este mecanismo.

El Estado, en ocasiones, ha confundido el Régimen Económico y Fiscal (REF) con la financiación autonómica, poniendo en riesgo la singularidad reconocida de Canarias. Ante ello, la respuesta no puede ser la confrontación estéril, sino la fortaleza institucional, la unidad y la responsabilidad colectiva.

Hoy más que nunca, Canarias necesita voces que unan, no que dividan. La condonación de la deuda debe entenderse como un punto de partida, no como una meta final. Es la ocasión para demostrar que, por encima de cualquier diferencia, los canarios y sus representantes son capaces de actuar juntos en defensa de su tierra.

Con serenidad, con firmeza y con visión de futuro, este proceso puede transformarse en una auténtica conquista colectiva para el presente y las próximas generaciones de las islas.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Imagino a menudo esta isla hace más de quinientos años. La brisa salada del mar, las velas desplegadas al viento, los sueños que partían desde nuestras costas hacia lo desconocido. La Gomera fue entonces puerto de despedidas y de esperanza, y hoy sigue siendo un lugar desde el que tender puentes hacia el mundo. Esa es, precisamente, la esencia de las Jornadas Colombinas: no quedarnos atrapados en el bronce de la historia, sino usarla como espejo para interrogarnos sobre nuestro presente

Vivimos tiempos convulsos. Europa sangra en Ucrania, Gaza clama entre ruinas, y millones de seres humanos huyen del hambre, de las guerras, de la exclusión. Los organismos internacionales muestran su fragilidad, incapaces de responder a la altura de la dignidad humana. Ante esa realidad, no podemos callar ni resignarnos. La paz no es un lujo, no es una utopía distante: es pan en la mesa, escuela abierta, trabajo digno, seguridad para que ningún niño crezca bajo las bombas.

En este contexto, he querido subrayar la importancia de voces valientes, de hombres y mujeres que, como Josep Borrell, no teman llamar a las cosas por su nombre. Él ha recordado a Europa su deber de actuar y ha denunciado la barbarie que asola al pueblo palestino. Esa coherencia, ese compromiso, son ejemplo de lo que significa ser ciudadano del mundo.

Pero hablar de paz también nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. En Canarias sabemos lo que es emigrar, y también lo que es recibir a quienes llegan buscando refugio. Lo hacemos no por caridad, sino por justicia. Ningún ser humano vale menos que otro. Por eso necesitamos más cooperación del Estado y de Europa, y también el cumplimiento real de la ley por parte de todas las comunidades autónomas.

Cuidar la paz significa, asimismo, cuidar de nuestra tierra. Canarias es una comunidad singular: alejada, fragmentada, dependiente del exterior. Por eso exige reconocimiento y apoyo decidido. Apostar por la educación, la sanidad, la vivienda, la cultura, la diversificación económica y un sistema de financiación justo no es un capricho, es una condición de paz social. Porque no habrá paz sin igualdad de oportunidades ni sin respeto a la dignidad de las personas.

Hay que rechazar la política del insulto y de la división. El camino debe ser el diálogo, el pacto, el acuerdo, el respeto mutuo. Así es como Canarias ha sabido avanzar y así debemos seguir haciéndolo.

La paz también requiere valentía para transformar la política internacional. No podemos permitir que la indiferencia o los intereses económicos pesen más que la vida humana. La diplomacia y la cooperación deben volver a ser herramientas eficaces, no meros discursos. Europa tiene que estar a la altura de su historia y de su responsabilidad, y Canarias, como frontera sur, tiene un papel estratégico para recordar al continente que la humanidad no tiene fronteras cuando se trata de defender la vida y la dignidad.

Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que la paz está ligada a la sostenibilidad. No habrá un futuro pacífico si seguimos destruyendo nuestro planeta, agotando sus recursos y condenando a generaciones enteras al desarraigo climático. Canarias, por su fragilidad insular, es un laboratorio de lo que puede ocurrir si no reaccionamos a tiempo. Apostar por las energías limpias, por la gestión responsable del agua, por un turismo sostenible y por una economía diversificada es también apostar por la paz, porque significa garantizar bienestar y seguridad para quienes vienen después de nosotros.

Hoy, desde La Gomera, como hace siglos, volvemos a tender puentes. Entre continentes, sí, pero también entre ideas, culturas y generaciones. Ese es el mensaje que queremos lanzar al mundo desde estas Jornadas Colombinas: un mensaje de paz.

Cada 8 de septiembre, la Villa Mariana de Teror se convierte en el corazón devoto de Gran Canaria. Multitudes de fieles acuden a honrar a la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis, en una jornada donde lo religioso y lo popular se entrelazan en un mosaico de fervor, tradición y orgullo insular. Entre los muchos elementos que conforman esta celebración, uno de los que mayor simbolismo despierta es la participación de las Fuerzas Armadas

No se trata únicamente de una presencia protocolaria. El desfile de militares, la escolta al paso de la Virgen, la interpretación de himnos y la solemnidad del uniforme en un contexto religioso hablan de algo más profundo: del vínculo entre la institución castrense y la identidad del pueblo canario. El soldado que rinde honores en Teror no solo representa al Estado, sino también al hijo de estas islas que, en su servicio, enlaza la disciplina de los cuarteles con la espiritualidad de su gente.

Las Fuerzas Armadas en Canarias no son un cuerpo ajeno ni distante. Están presentes en la historia reciente de la isla, en la defensa de nuestra tierra, nuestras costas y nuestros cielos, en el auxilio durante emergencias y catástrofes, en la participación en misiones internacionales donde Canarias ha aportado hombres y mujeres que también llevan consigo la memoria de su tierra. Su presencia en la festividad del Pino es, por tanto, un recordatorio de ese doble compromiso: el servicio a la nación y la cercanía con la sociedad a la que pertenecen.

No obstante, conviene reflexionar sobre el alcance de esa participación. En un tiempo donde lo religioso se ve a menudo desplazado por lo estrictamente civil, la imagen de militares rindiendo honores a la Virgen puede generar debate. ¿Es solo tradición o es un gesto de confesionalidad? Algunos lo ven como una inercia del pasado, mientras que otros lo interpretan como un reconocimiento a la fe mayoritaria que sigue latiendo en el pueblo canario.

En mi opinión, la clave está en no reducir este gesto a un simple ritual vacío. La participación de las Fuerzas Armadas en Teror debe leerse como un símbolo de arraigo, de identidad y de respeto a las tradiciones de un pueblo que, más allá de sus creencias individuales, reconoce en la Virgen del Pino un punto de unión. El uniforme, la fe y la tradición juntos en la plaza de Teror, no son una imposición, sino un abrazo entre dos realidades que forman parte inseparable de nuestra historia colectiva.

Quizás en un futuro la sociedad reclame nuevas formas de representación, y habrá que estar atentos a esos cambios. Pero mientras tanto, el paso firme de los militares en Teror cada 8 de septiembre seguirá recordándonos que las Fuerzas Armadas no solo defienden fronteras, sino que también comparten con su pueblo los momentos de fe, emoción y memoria. Y esa es, en sí misma, otra forma de servicio.

El último proceso de estabilización docente en Canarias nació, en teoría, para arreglar un problema serio: nuestras altísimas tasas de interinidad. La Unión Europea metió presión, obligando a reducirlas de golpe, y el Estado puso sobre la mesa un plan “extraordinario” para hacerlo. Sobre el papel parecía el inicio de una buena noticia, pero la verdad es que en el archipiélago se convirtió en un despropósito anunciado

El Gobierno de Ángel Víctor Torres, del PSOE, fue el primero en mover ficha, y no lo hizo con cuidado, sino a lo grande: unas 2.000 plazas de golpe en el concurso de méritos, más o menos el mismo número que el resto de comunidades juntas. Mientras otros territorios protegían a su profesorado interino con convocatorias más moderadas, aquí se abrió la puerta de par en par. Y sí, muchos pensamos que no fue inocente, que era un guiño a Pedro Sánchez para ir allanando un futuro en Madrid, aunque eso significara dejar vendidos a cientos de docentes canarios.

Y ya el conejo me esriscó la perra: miles de aspirantes de fuera del Archipiélago vieron en Canarias una oportunidad fácil, con un concurso y una oposición extraordinaria sin pruebas eliminatorias, tal y como marca el Real Decreto estatal. El resultado final: más de la mitad de las plazas fueron para gente que nunca ha trabajado aquí. Gente que nunca se leyó el currículo educativo de Canarias, que no saben cómo es el entorno del alumnado del archipiélago, vamos, que ni saben quién fue Artemi Semidán o Bencomo. La Consejería intentó frenar el golpe retrasando su incorporación hasta el curso 25/26, pero el daño está hecho, y en la adjudicación de destinos del próximo curso muchos interinos canarios se han visto desplazados. Gente que llevaba varios años en Fuerteventura obligados a trabajar en otra isla, o que directamente no obtuvieron ninguna vacante, y lo mismo pasará con los sustitutos, es una efecto dominó que va perjudicando a los que están abajo.

Y lo que más duele es que había formas muy simples de haber evitado parte del problema. Bastaba con exigir que la inscripción fuese presencial para quienes quisieran presentarse en Canarias, un filtro mínimo que habría ahorrado esta avalancha y protegido el empleo local. Pero no se hizo, y ahora pagamos todos la factura.

Esto no es nuevo. En 1977, en plena Transición, el Ministerio convocó unas oposiciones que podían expulsar a miles de maestros interinos de las islas y llenar nuestras aulas con profesorado recién llegado de la Península, sin vínculo con la realidad canaria. La reacción entonces fue contundente: boicot, encierros, manifestaciones, y una negociación que acabó con una vía excepcional para estabilizar al profesorado de aquí. Aquello no solo salvó empleos, también defendió un modelo educativo con raíces en nuestra tierra.

La diferencia entre entonces y ahora no es la amenaza, que es casi calcada, sino la respuesta. En 1977 se actuó antes de que el daño fuera irreversible, se entendió que la escuela no es un simple lugar donde se da clase, sino un espacio que transmite cultura, identidad y compromiso con la comunidad. Hoy, en cambio, vemos cómo se permite que la marea entre, y solo después de darse cuenta del desastre, intentaron pararla, pero con un balde.

Algunos se excusan diciendo que “la ley venía de Madrid” o que “la UE obligaba”, pero lo cierto es que otras comunidades demostraron que había margen para proteger a su gente. Aquí, en cambio, se optó por las prisas, por la foto, por la política de escaparate, y ahora las consecuencias las sufren quienes llevan años en las aulas.

La educación en Canarias no es un servicio cualquiera, es un bien común, un patrimonio que se construye con estabilidad y con gente que conoce y vive la realidad de las islas. En 1977 lo supimos defender y lo conseguimos, en 2024 reaccionamos tarde y con resignación… y es que cada vez que bajamos la guardia, perdemos nuestros derechos.

La comunidad educativa parece adormilada, esperando que las cosas se arreglen solas, pero nada se arregla solo, si queremos una escuela pública fuerte, con arraigo y continuidad, toca despertar. Porque si no salimos a la calle a defender lo nuestro, otros decidirán por nosotros… y no será precisamente para mejorar.

Hace 533 años, tres puntos del Atlántico —La Gomera, Huelva y el continente americano— quedaron unidos por una gesta que cambió la historia de la Humanidad. Fue desde Palos de la Frontera que Cristóbal Colón emprendió un viaje sin retorno hacia lo desconocido, haciendo escala en San Sebastián de La Gomera, donde halló el último puerto europeo antes de descubrir el entonces llamado Nuevo Mundo. Lo que fue una proeza náutica de dimensiones impensables, se convirtió también en el origen de unos lazos culturales, humanos y patrimoniales que perduran hasta hoy

Esta semana, al presentar la XXI Regata Palos - La Gomera, reafirmamos ese vínculo. La prueba náutica, que partirá desde la costa onubense el próximo 30 de agosto, no sólo rememora aquella travesía de 1492, sino que reinterpreta su espíritu en clave contemporánea: con el valor de la hermandad, el entendimiento y el compromiso común entre territorios separados por el mar, pero unidos por la historia.

En un mundo donde a menudo la división impone su relato, esta regata se convierte en una metáfora poderosa de lo que podemos alcanzar si navegamos juntos, si dejamos que el viento del respeto, la cultura compartida y la cooperación impulse nuestras velas. Huelva y La Gomera no son hoy meros puertos de salida y llegada: son símbolos vivos de una conexión que ha resistido guerras, cambios geopolíticos, revoluciones tecnológicas y transformaciones sociales.

La historia ha querido que estas dos tierras sigan unidas por el Atlántico y por una memoria común. América, por su parte, se suma a este triángulo de afectos y herencias, como la orilla que completó aquel viaje y que, con el tiempo, compartió con nosotros su lengua, su música, su gente y su espíritu.

Este año, además, las Jornadas Colombinas que se celebrarán en San Sebastián de La Gomera el próximo 6 de septiembre nos invitan a una reflexión profunda sobre el reto de la paz en el mundo. Qué mejor escenario que este cruce de civilizaciones y culturas, que este rincón del planeta donde la historia nos enseñó que el diálogo y la valentía abren horizontes. La paz es el puerto más difícil de alcanzar, pero también el más necesario. Y como en cualquier travesía, el primer paso para lograrlo es zarpar juntos, desde el entendimiento.

Por eso, iniciativas como la Regata Palos - La Gomera no deben quedarse solo en lo deportivo o lo conmemorativo. Son actos de reafirmación. De compromiso con nuestra historia y con el porvenir. De construcción de una sociedad que necesita más que nunca mirar al otro con serenidad, tender puentes y entender que el progreso solo es posible desde la unidad.

Hoy, desde La Gomera, lanzamos al mar este mensaje de unidad. Que las velas de la regata lleven consigo no solo el recuerdo de Colón, sino también el anhelo de un mundo mejor, más fraterno y justo. Y que cada milla náutica recorrida sea un paso más hacia ese horizonte común.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

De Jumilla a toda España, la doble vara de medir en materia religiosa amenaza la convivencia que decimos defender

La reciente polémica surgida en Jumilla, donde se ha prohibido la realización de ciertos ritos religiosos en espacios públicos, ha encendido un debate que, por desgracia, conocemos demasiado bien: la indignación selectiva.

Hoy, quienes acusan de islamofobia a las autoridades locales por impedir la celebración de estos actos son, en buena medida, los mismos que, hace apenas unos años, exigían la retirada de cruces de las plazas y calles de los pueblos de España, la eliminación de imágenes religiosas cristianas de los edificios públicos y la prohibición de montar belenes en los colegios. Entonces, no se hablaba de “cristianofobia”. Entonces, la palabra libertad sonaba distinta, con un eco más estrecho y, quizá, más cómodo.

Lo preocupante no es que se defienda la libertad de expresión o de culto -algo esencial en una sociedad democrática-, sino que se haga de forma interesada, aplicando el principio sólo cuando favorece a “los nuestros” o a “nuestra causa”. La libertad no es un traje a medida, es un derecho universal, y su valor se desmorona cuando se utiliza como arma arrojadiza.

En el fondo, esta polémica no es nueva. Cambian los actores, cambian los símbolos, pero persiste la tendencia a ver en el credo ajeno una amenaza y en el propio un patrimonio intocable. Y ahí radica el verdadero reto: aprender a convivir con la diversidad, incluso cuando nos incomoda.

No se trata de llenar nuestras calles de todos los credos ni de vaciarlas de cualquiera, sino de encontrar un punto de equilibrio donde el respeto prime sobre el recelo. Respetar no significa compartir, pero sí reconocer el derecho del otro a expresarse y vivir su fe sin ser perseguido ni instrumentalizado.

Quizá la lección que deja Jumilla no sea sobre una religión concreta, sino sobre nosotros mismos: sobre nuestra capacidad -o incapacidad- para defender con la misma vehemencia los derechos de aquellos que piensan, creen o viven de forma distinta.

La convivencia no se construye con prohibiciones selectivas ni con indignaciones a conveniencia, sino con un compromiso sincero: aceptar que la pluralidad nos enriquece y que la libertad, para que sea auténtica, debe ser la misma para todos.

La actualidad trepidante de Canarias está dejando en un segundo lugar el debate sobre decisiones de singular calado que el Gobierno del archipiélago está adoptando en contra del sistema universitario público canario. Ante esta situación no podemos permanecer impasibles. Considero que debemos reaccionar porque la aportación de la ULPGC y la ULL son fundamentales para nuestro desarrollo integral en las próximas décadas. Debilitarlo o desmantelarlo es poner en riesgo un modelo de progreso equilibrado, innovador y justo socialmente

Hablar en Gran Canaria de la Universidad es revivir una catarsis que movilizó a toda la sociedad isleña y que culminó con una conquista histórica que se ha convertido en una de las señas de identidad de nuestra isla. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como ha dicho en muchas ocasiones el exrector Rubio Royo, nació del pueblo y existe para servirle. Pocas universidades tienen el respaldo, la complicidad y la estima social que arropa a la ULPGC. Por eso, todo lo que le afecta tiene una trascendencia pública enorme. En estos días se suceden informaciones y pronunciamientos de los equipos rectorales de las dos universidades públicas canarias que hablan de desacuerdos, malestar e intranquilidad por el trato que el Gobierno canario está dispensando a las principales instituciones académicas del archipiélago. Y ante esto no podemos mirar para otro lado.

La percepción de que la ULPGC vive momentos de incertidumbre o desprotección me genera, y probablemente también a una parte importante de nuestra sociedad, una reacción de alarma y preocupación que es la que intento compartir con ustedes en la reflexión de esta semana. Han pasado 36 años desde la creación de nuestra Universidad y hoy como ayer reafirmo mi convicción de que está siendo una herramienta imprescindible para la generación de conocimiento altamente cualificado, para favorecer la igualdad de oportunidades y para democratizar la educación y la cultura.

Lo reitero con rotundidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es clave para el progreso social, económico, cultural y tecnológico de la isla y de las islas. Como lo es la Universidad de La Laguna. Y desde el Cabildo de Gran Canaria seremos firmes tanto en la colaboración estrecha con ella, con ellas, para fomentar todas aquellas áreas que necesiten de nuestra participación, como en la denuncia de actuaciones de otras administraciones o de sectores de influencia que debiliten o cuestionen el papel trascendental de la institución universitaria pública.

Hay cuatro cuestiones que me preocupan profundamente y que evidencian una estrategia deliberada en contra de nuestras universidades públicas: su financiación permanentemente deficitaria, la Ley de Consejos Sociales recientemente aprobada, el nuevo proyecto de Ley de la Ciencia en tramitación en el Parlamento de Canarias y la potenciación de las universidades privadas en esta Comunidad. No es casualidad que se hayan precipitado y coincidido en el tiempo estas decisiones, cuestionadas por los órganos de gobierno de las universidades públicas canarias. Demuestran una estrategia diseñada para debilitarlas.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nunca ha estado correctamente financiada pero en los dos últimos años la situación ha empeorado. En el año 2024 el proyecto de presupuesto no alcanzaba para garantizar las retribuciones del personal del sector público o los costes de la Seguridad Social. Las partidas de infraestructuras no permitieron afrontar las necesidades de mantenimiento o de conservación de las instalaciones ya en funcionamiento. Las universidades públicas canarias llevan varios años sin contrato programa que establezca un marco de financiación estable que les permita avanzar en los objetivos de docencia e investigación que su participación en el desarrollo social y económico de las islas reclama. Las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna reciben una financiación por estudiante inferior a la media de las universidades españolas. Y este maltrato no es casual, porque no se da circunstancialmente y se produce, además, junto a otras decisiones que agravan esta desconsideración y que evidencian una política para disminuir la capacidad y el crecimiento de las universidades públicas en beneficio de las privadas.

Según el informe del Ministerio de Universidades, el Gobierno de Canarias es uno de los que menos invierte por estudiante universitario en España y en Europa. Canarias destina menos del 0’7% a la educación superior, cuando la media estatal se acerca al 1% y la europea supera el 1’3%. Cuando Canarias necesita invertir y crecer en conocimiento y en investigación, estos datos no permiten reducir el retraso que históricamente hemos padecido.

Es inaceptable igualmente que el sistema universitario canario tenga la financiación más reducida del país para la investigación, lo que impide atraer y mantener talento investigador y limita su impacto científico y tecnológico. Las plantillas docentes y las infraestructuras de las universidades públicas tienen que actualizarse y con los presupuestos autonómicos aprobados esto no se consigue. Envejecen y se precarizan.

Por otra parte, la nueva Ley de Consejos Sociales universitarios se ha aprobado en Canarias en contra del parecer de los órganos de gobierno de las dos universidades públicas canarias. Lo primero que se denuncia es que ha faltado diálogo y que se percibe como una imposición que va a generar conflictos e ineficiencias. Y además, afirman los rectores, algunas disposiciones invaden la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente. Es muy grave que los rectores manifiesten públicamente que “esta actitud de ignorar a nuestras universidades públicas, por desgracia, no es nueva en Canarias, llueve sobre mojado”. Pocas veces habíamos escuchado en las últimas décadas una queja tan seria y desde el Cabildo de Gran Canaria no queremos guardar un silencio cómplice.

Con el paraguas de abrir las universidades a la participación social, lo que parece esconder esta medida es el interés de los sectores sociales más conservadores de esta tierra y de determinadas clases empresariales por controlar la universidad pública, en un contexto de asfixia económica y de potenciación de las universidades privadas. Y se hace además desde una visión utilitaria y economicista. No podemos obviar que de las universidades surgen los dirigentes políticos, sociales y empresariales del futuro y si bien es cierto que la universidad debe responder a las demandas de la sociedad y adaptar algunas de sus titulaciones a las necesidades económicas y sociales que se vayan generando, es imprescindible que siga siendo un espacio de generación de pensamiento crítico y plural. Lo que no puede ser es un espacio para el seguidismo del gobierno de turno o de intereses empresariales dominantes. Lo que no puede ser es que se pretenda su control absoluto para limitar el disenso, promover visiones conservadoras de la historia, la economía o la cultura y moldear generaciones futuras más afines a sus valores.

Y si los aspectos anteriores son graves, lo que está ocurriendo con el proyecto de Ley de la Ciencia que debate el Parlamento de Canarias alcanza niveles irracionales y ponen en evidencia las intenciones y los objetivos que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular tienen en materia científica. Nadie puede entender que el proyecto se haya empezado a tramitar sin que las dos universidades hayan participado ni hayan sido consultadas con el fin de recibir aportaciones para su redacción. Es un contrasentido que las instituciones más potentes en investigación científica o en transferencia de conocimiento en Canarias hayan sido excluidas de una Ley que les afecta directamente. Este maltrato perjudica a toda la sociedad porque frustra una progresión investigadora en la que estamos esperanzados y además expresa un sesgo evidente, margina el protagonismo de la investigación pública en beneficio de intereses privados que el Gobierno ampara. Se proponen órganos asesores donde las universidades públicas, que representan más del 95% de la investigación en nuestra tierra, están en minoría a la hora de la toma de decisiones o de aprobación de programas. Esos consejos asesores funcionarán, en la práctica, como órganos políticos paralelos a los órganos democráticos de las universidades públicas. La buena noticia es que aún se está a tiempo de corregir este dislate. Esperemos que no pase como con la Ley de Consejos Sociales y que esta vez las universidades sean escuchadas y respetadas.

Y la pieza que cierra esta estrategia conservadora del Gobierno de Canarias, en sintonía con la que desarrollan los gobiernos de derechas del PP o del PP y VOX en las Comunidades donde gobiernan, es la potenciación y el crecimiento de las universidades privadas en detrimento del sistema público. Se autoriza la creación de nuevas universidades y la impartición de nuevos grados, en algunos casos en competencia clara con la oferta de las universidades públicas, con mayor facilidad y diligencia que los que cuesta autorizar los que promueven las instituciones públicas. La escasa financiación de las públicas, además, propicia que no puedan competir con las privadas en la consecución de nuevos grados. La realidad es que en los últimos años, el 80% de los nuevos títulos oficiales en Canarias se han aprobado para universidades privadas y solo un 20% para las públicas. En este último curso que ya ha finalizado, a las universidades privadas se les aprobaron 15 grados y ninguno a las públicas. No se trata de que no haya competencia, sino de que esa competencia no sea tramposa.

Esta sucesión de hechos y de decisiones responden, insisto, a una estrategia de fortalecer universidades con una clara orientación ideológica conservadora que reduzcan el espacio plural y diverso de las universidades públicas. Y está sucediendo en España y en Europa, salvo en Alemania donde se protege al máximo la autonomía de la universidad pública. Esta oferta privada supone también una orientación social y económica muy determinante porque toda la población no puede acceder en igualdad de condiciones a unas enseñanzas costosas. Se da por lo tanto una selección social.

Las administraciones públicas y la sociedad que se movilizó a favor de la Universidad pública de Las Palmas de Gran Canaria tienen, tenemos el deber de reaccionar ante esta deriva que reduce la capacidad de nuestros principales centros superiores y desperdicia un capital investigador e innovador que tiene que mejorar, pero que ya está impulsando nuestro desarrollo integral.

Con la misma sinceridad tengo que manifestar que la respuesta de la comunidad universitaria no está siendo lo suficientemente conocida y articulada para que el conjunto de la sociedad perciba las enormes consecuencias de estas políticas. Conozco las manifestaciones de los equipos rectorales, pero estoy convencido de que ese malestar no está llegando, con información certera y veraz, al conjunto de la sociedad sensible y preocupada por un desarrollo basado en el conocimiento y la equidad, a la sociedad que salió a la calle a defender una universidad pública de vanguardia. Tampoco he percibido por parte del profesorado, los sindicatos o los estudiantes una movilización acorde con la situación. Necesitamos una respuesta plural y proporcional a la gravedad del momento.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, hoy como ayer, sabemos de la trascendencia de un sistema universitario público de calidad y accesible a todas y a todos. Por eso, si hace 40 años nos movilizamos y conseguimos la creación de la ULPGC, hoy, cuando vive momentos de riesgo para su autonomía y progresión de futuro, debemos volver a manifestarnos de todas las maneras posibles para garantizar sus recursos y consolidar el capital docente e investigador del que nos sentimos orgullosas y orgullosos. La Universidad que nació de una marea social debe seguir contando con ese respaldo colectivo.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Esta semana se han cumplido dos años del apagón total que afectó a La Gomera. Aquel episodio puso en evidencia las debilidades estructurales de nuestro sistema eléctrico insular y subrayó la urgencia de actuar con determinación. Hoy podemos afirmar que hemos avanzado significativamente, aunque todavía quedan desafíos cruciales por abordar

La reciente finalización de la subestación eléctrica de El Palmar, la primera infraestructura de Red Eléctrica en la isla, representa un paso decisivo en la mejora de nuestro sistema energético. Esta instalación, que forma parte del enlace submarino con Tenerife, no solo refuerza la capacidad de respuesta ante incidentes, sino que facilita la integración de energías renovables, alineándose con el modelo de isla sostenible que defendemos desde el Cabildo.

La interconexión eléctrica con Tenerife –prevista para completarse a finales de este año– ha sido una demanda histórica y, al mismo tiempo, una visión de futuro. Este proyecto, que une Chío con El Palmar a través de un cable submarino de 36 kilómetros, dotará a La Gomera de un respaldo energético esencial y creará una infraestructura preparada para una transición energética justa y eficiente.

Pero la interconexión no es un fin en sí mismo. Es el medio que nos permitirá dejar atrás un modelo basado en combustibles fósiles. Con la entrada en funcionamiento de cinco parques eólicos, La Gomera ya genera más energía de la que consume y con las nuevas infraestructuras la penetración de las renovables será aún mayor. Además, gracias a este nuevo vínculo con Tenerife, podremos compartir ese excedente con el sistema eléctrico regional, contribuyendo así a la descarbonización de Canarias.

Sin embargo, aún tenemos tareas pendientes. La renovación de los equipos de la central térmica de El Palmar es prioritaria. Se trata de una infraestructura clave, que requiere modernización para responder a las exigencias actuales de calidad, eficiencia y seguridad. Asimismo, cerrar el anillo eléctrico insular es imprescindible para garantizar la continuidad del suministro en todos los municipios y reducir la exposición ante posibles fallos técnicos.

En paralelo, seguimos apostando por un modelo energético descentralizado y limpio. Más de 150 instalaciones de autoconsumo ya están operativas en viviendas y empresas de la isla, y La Gomera lidera en densidad de puntos de recarga para vehículos eléctricos en el conjunto del país. Estas acciones forman parte del compromiso adquirido para lograr un territorio 100% sostenible, en el que la ciudadanía está siendo también protagonista del cambio.

Los avances logrados no son fruto de la improvisación, sino del trabajo coordinado entre administraciones, empresas y la propia sociedad. Agradezco especialmente el esfuerzo de todas las administraciones públicas y empresas: Gobierno de España, Gobierno de Canarias y Red Eléctrica.

¿Queda camino por recorrer? Sí. Pero hoy La Gomera está mejor preparada y, en breve, más conectada y más cerca de convertirse en un referente energético dentro del archipiélago.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

El lunes pasado iniciamos en el Gabinete Literario un ciclo de conferencias bajo el enunciado de “Democracia y Totalitarismo”. Impulsado desde el Cabildo de Gran Canaria, de la mano de la sociedad civil, nace con una motivación clara: generar espacios de pensamiento y reflexión crítica ante el deterioro progresivo de la cultura democrática en el mundo occidental. En una época en la que los automatismos del sistema parecen fallar, donde el ruido y la desinformación ocupan el espacio público, creemos que la defensa de la democracia debe ir más allá de los gestos institucionales y pasar también por una ciudadanía consciente, formada y comprometida. Este ciclo es, en ese sentido, una llamada a la responsabilidad colectiva

En el marco de esta iniciativa, Enric Juliana Ricart, periodista y analista político de larga trayectoria y reconocido por su capacidad para leer los procesos históricos con profundidad y sentido crítico, nos dio una conferencia titulada “España, ¿excepción europea?”. Su intervención nos permitió situar el caso español en el contexto más amplio del presente europeo y global, donde el auge de los autoritarismos ya no es una advertencia futura, sino una realidad palpable.

Porque, seamos claros: lo que está ocurriendo en gran parte del mundo occidental no es coyuntural ni anecdótico. Por primera vez en muchas décadas, fuerzas políticas que no ocultan su desprecio por los valores democráticos están ganando elecciones, formando gobiernos, modificando constituciones y normalizando discursos de exclusión, odio y enfrentamiento. La ultraderecha ha dejado de ser un fenómeno marginal. Hoy es, en muchos países, el centro de gravedad del poder político.

En Estados Unidos, el trumpismo no es un accidente, sino la expresión de una transformación profunda del Partido Republicano y del imaginario político norteamericano. Su retorno al poder consolida un modelo que trivializa la violencia, desprecia el pluralismo y pone en cuestión incluso la legitimidad de los procesos electorales. En Francia, el ascenso de Marine Le Pen y el hundimiento del centro republicano tradicional confirman que la ultraderecha ya no necesita esconder su verdadero rostro: puede aspirar abiertamente al poder sin camuflajes. En Italia, Giorgia Meloni lidera un gobierno que conecta sin complejos con la tradición posfascista, y en el Reino Unido, el Brexit fue sólo el primer capítulo de una deriva reaccionaria que sigue reconfigurando su espectro político.

Y podríamos seguir: Alemania, donde Alternativa para Alemania (AfD) marca la agenda con un discurso xenófobo y negacionista; Hungría y Polonia, donde los derechos fundamentales están siendo recortados sistemáticamente desde los gobiernos; o Países Bajos, donde Geert Wilders ha logrado convertir sus posiciones extremas en propuestas institucionales.

En todos estos casos, la ultraderecha ha sabido explotar las grietas de un sistema democrático que ha perdido capacidad de respuesta, tanto en lo institucional como en lo cultural. Lo más preocupante, sin embargo, es que en prácticamente ningún país la izquierda está siendo capaz de construir una alternativa sólida. Ni la socialdemocracia, en general atrapada en una defensa tecnocrática y conservadora del statu quo, ni las izquierdas de tradición postcomunista o populista, que a menudo se ven reducidas a expresiones de resistencia minoritaria, simbólica o fracturada, están ofreciendo un horizonte creíble de transformación.

Esta situación plantea una pregunta incómoda: ¿qué está fallando en la arquitectura democrática para que millones de personas, en contextos tan diversos, estén optando por modelos autoritarios, nacionalistas y excluyentes?

Una primera respuesta tiene que ver con el agotamiento del modelo neoliberal, que ha vaciado de contenido el pacto democrático en múltiples planos: ha debilitado los servicios públicos, ha intensificado la precariedad vital, ha reducido la participación ciudadana a un ritual electoral cada cuatro años y ha favorecido la concentración de poder económico en pocas manos. La democracia se ha convertido, para amplios sectores sociales, en un cascarón vacío que no garantiza seguridad, ni dignidad, ni futuro.

Pero no basta con identificar las causas. Lo fundamental es asumir que la solución no pasa por restaurar un pasado idealizado, sino por tener el coraje de avanzar hacia una profundización democrática real. Porque si la democracia liberal está en crisis, la respuesta no puede ser su defensa acrítica, sino su radicalización en el sentido positivo del término: más participación, más transparencia, más redistribución, más derechos, más capacidad de decisión para las comunidades.

Defender la democracia hoy implica construir nuevos marcos políticos, culturales y económicos. Significa asumir que los viejos consensos —por útiles que fueran en su momento— ya no bastan. Que la confianza ciudadana no se recupera con gestos simbólicos, sino con políticas valientes. Que la lucha contra el autoritarismo no se gana solo en los parlamentos, sino también en las escuelas, en los barrios, en los medios, en la forma en que nos relacionamos cotidianamente como sociedad.

Y, en ese sentido, España no puede mirar hacia otro lado. ¿Somos realmente una excepción? ¿Estamos al margen de esta ola? ¿O estamos simplemente en una fase diferente del mismo proceso? Las elecciones recientes, la crispación permanente, la deslegitimación de instituciones, el auge de discursos reaccionarios en medios y redes y el cuestionamiento del pluralismo territorial y cultural muestran que la inmunidad democrática española es, en el mejor de los casos, parcial y frágil. No hay garantía alguna de que la deriva autoritaria no se instale también aquí con fuerza.

Frente a ese riesgo, no basta con la resistencia defensiva. Necesitamos políticas que vuelvan a poner la justicia social, la igualdad y la participación real en el centro del proyecto democrático. Necesitamos recuperar el sentido del bien común y el valor de lo público. Y necesitamos, sobre todo, una ciudadanía que no acepte la resignación como horizonte.

Porque la democracia no se protege sólo con leyes. Se protege —y se regenera— con ideas, con debates como los que impulsa este ciclo de conferencias, con pensamiento crítico, con cultura, con compromiso. Por cierto, tengo que citar aquí y expresarle todo el apoyo a Democracia Canarias XXI, un foro de ciudadanía, plural, surgido en nuestra isla ante los avances de los totalitarismos y la regresión y el debilitamiento de la democracia.

Es nuestra responsabilidad —como instituciones y como sociedad— abrir caminos para esa regeneración. No podemos permitirnos la nostalgia, ni la indiferencia, ni la resignación. Si el presente es difícil, el futuro dependerá de lo que estemos dispuestos a construir hoy, desde la suma de esfuerzos.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Nos encontramos ante un momento decisivo para el modelo territorial y de cohesión de nuestro país. La reforma del sistema de financiación autonómica no puede convertirse en un instrumento para agravar desigualdades, y mucho menos puede ser utilizada como moneda de cambio política para establecer una financiación singular con Cataluña, que dinamita los principios de solidaridad y equidad entre territorios

La propuesta de que Cataluña gestione la totalidad de sus recursos, quedando fuera del sistema común, implica el fin del modelo solidario que ha sostenido durante décadas la vertebración del Estado. Esta vía no sólo rompe con el espíritu constitucional que garantiza la igualdad entre españoles vivan donde vivan, sino que condena a comunidades como Canarias a quedar relegadas a una segunda fila.

Lo he dicho alto y claro: no buscamos privilegios, pero tampoco vamos a tolerar agravios. El actual sistema, que data de 2009 y debió haberse revisado en 2014, está obsoleto y ha dejado a Canarias en clara desventaja. Hemos crecido en población en más de medio millón de personas, superando los 2,2 millones de habitantes, y sin embargo, nuestra financiación no ha acompañado ese crecimiento. El resultado: tensiones insoportables en servicios básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

El anuncio de un modelo “singular” para Cataluña no es un asunto técnico, sino una cuestión de justicia territorial. Si una comunidad autónoma puede romper el marco común y quedarse con el 100 % de sus recursos, el resto quedamos atrapados en un sistema desequilibrado y profundamente injusto. La propuesta del Ministerio de Hacienda, que asigna a Canarias apenas el 4,74 % de la financiación, ignora factores esenciales como la población flotante, la ultraperificidad, la insularidad o las altas tasas de pobreza y exclusión social.

Canarias no es una comunidad más. Nuestra lejanía, nuestra condición de archipiélago, la fragilidad de nuestros servicios y el coste de vida nos colocan en una situación de especial vulnerabilidad. Necesitamos un sistema que respete nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), que lo complemente y que garantice una financiación justa basada en nuestras realidades, no en fórmulas uniformes ni en acuerdos bilaterales hechos a espaldas del resto.

Por eso, desde Canarias exigimos un modelo justo. Que contemple los costes reales de prestar servicios públicos en nuestras islas. No puede haber igualdad de oportunidades si se aceptan desigualdades de partida y si se privilegia a quien ya parte con más.

La financiación autonómica debe construirse desde el consenso y con visión de Estado. No puede ser el resultado de pactos particulares que privilegian a una comunidad a costa del resto. El principio de solidaridad interterritorial no es una opción: es un mandato constitucional. Romperlo sería hipotecar el futuro de todos los territorios y nosotros tenemos que trabajar en una estrategia común con todos los grupos parlamentarios y la sociedad civil para lograrlo.

Canarias no aceptará ser menos. Tenemos derecho a un trato justo, proporcional y digno. Y lo defenderemos con firmeza, con argumentos y con lealtad institucional. Porque si ahora permitimos que se fragmente el sistema común, mañana ya no habrá cohesión posible. El futuro de nuestras islas —y del país— está en juego.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.