De Jumilla a toda España, la doble vara de medir en materia religiosa amenaza la convivencia que decimos defender

La reciente polémica surgida en Jumilla, donde se ha prohibido la realización de ciertos ritos religiosos en espacios públicos, ha encendido un debate que, por desgracia, conocemos demasiado bien: la indignación selectiva.

Hoy, quienes acusan de islamofobia a las autoridades locales por impedir la celebración de estos actos son, en buena medida, los mismos que, hace apenas unos años, exigían la retirada de cruces de las plazas y calles de los pueblos de España, la eliminación de imágenes religiosas cristianas de los edificios públicos y la prohibición de montar belenes en los colegios. Entonces, no se hablaba de “cristianofobia”. Entonces, la palabra libertad sonaba distinta, con un eco más estrecho y, quizá, más cómodo.

Lo preocupante no es que se defienda la libertad de expresión o de culto -algo esencial en una sociedad democrática-, sino que se haga de forma interesada, aplicando el principio sólo cuando favorece a “los nuestros” o a “nuestra causa”. La libertad no es un traje a medida, es un derecho universal, y su valor se desmorona cuando se utiliza como arma arrojadiza.

En el fondo, esta polémica no es nueva. Cambian los actores, cambian los símbolos, pero persiste la tendencia a ver en el credo ajeno una amenaza y en el propio un patrimonio intocable. Y ahí radica el verdadero reto: aprender a convivir con la diversidad, incluso cuando nos incomoda.

No se trata de llenar nuestras calles de todos los credos ni de vaciarlas de cualquiera, sino de encontrar un punto de equilibrio donde el respeto prime sobre el recelo. Respetar no significa compartir, pero sí reconocer el derecho del otro a expresarse y vivir su fe sin ser perseguido ni instrumentalizado.

Quizá la lección que deja Jumilla no sea sobre una religión concreta, sino sobre nosotros mismos: sobre nuestra capacidad -o incapacidad- para defender con la misma vehemencia los derechos de aquellos que piensan, creen o viven de forma distinta.

La convivencia no se construye con prohibiciones selectivas ni con indignaciones a conveniencia, sino con un compromiso sincero: aceptar que la pluralidad nos enriquece y que la libertad, para que sea auténtica, debe ser la misma para todos.

La actualidad trepidante de Canarias está dejando en un segundo lugar el debate sobre decisiones de singular calado que el Gobierno del archipiélago está adoptando en contra del sistema universitario público canario. Ante esta situación no podemos permanecer impasibles. Considero que debemos reaccionar porque la aportación de la ULPGC y la ULL son fundamentales para nuestro desarrollo integral en las próximas décadas. Debilitarlo o desmantelarlo es poner en riesgo un modelo de progreso equilibrado, innovador y justo socialmente

Hablar en Gran Canaria de la Universidad es revivir una catarsis que movilizó a toda la sociedad isleña y que culminó con una conquista histórica que se ha convertido en una de las señas de identidad de nuestra isla. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como ha dicho en muchas ocasiones el exrector Rubio Royo, nació del pueblo y existe para servirle. Pocas universidades tienen el respaldo, la complicidad y la estima social que arropa a la ULPGC. Por eso, todo lo que le afecta tiene una trascendencia pública enorme. En estos días se suceden informaciones y pronunciamientos de los equipos rectorales de las dos universidades públicas canarias que hablan de desacuerdos, malestar e intranquilidad por el trato que el Gobierno canario está dispensando a las principales instituciones académicas del archipiélago. Y ante esto no podemos mirar para otro lado.

La percepción de que la ULPGC vive momentos de incertidumbre o desprotección me genera, y probablemente también a una parte importante de nuestra sociedad, una reacción de alarma y preocupación que es la que intento compartir con ustedes en la reflexión de esta semana. Han pasado 36 años desde la creación de nuestra Universidad y hoy como ayer reafirmo mi convicción de que está siendo una herramienta imprescindible para la generación de conocimiento altamente cualificado, para favorecer la igualdad de oportunidades y para democratizar la educación y la cultura.

Lo reitero con rotundidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es clave para el progreso social, económico, cultural y tecnológico de la isla y de las islas. Como lo es la Universidad de La Laguna. Y desde el Cabildo de Gran Canaria seremos firmes tanto en la colaboración estrecha con ella, con ellas, para fomentar todas aquellas áreas que necesiten de nuestra participación, como en la denuncia de actuaciones de otras administraciones o de sectores de influencia que debiliten o cuestionen el papel trascendental de la institución universitaria pública.

Hay cuatro cuestiones que me preocupan profundamente y que evidencian una estrategia deliberada en contra de nuestras universidades públicas: su financiación permanentemente deficitaria, la Ley de Consejos Sociales recientemente aprobada, el nuevo proyecto de Ley de la Ciencia en tramitación en el Parlamento de Canarias y la potenciación de las universidades privadas en esta Comunidad. No es casualidad que se hayan precipitado y coincidido en el tiempo estas decisiones, cuestionadas por los órganos de gobierno de las universidades públicas canarias. Demuestran una estrategia diseñada para debilitarlas.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nunca ha estado correctamente financiada pero en los dos últimos años la situación ha empeorado. En el año 2024 el proyecto de presupuesto no alcanzaba para garantizar las retribuciones del personal del sector público o los costes de la Seguridad Social. Las partidas de infraestructuras no permitieron afrontar las necesidades de mantenimiento o de conservación de las instalaciones ya en funcionamiento. Las universidades públicas canarias llevan varios años sin contrato programa que establezca un marco de financiación estable que les permita avanzar en los objetivos de docencia e investigación que su participación en el desarrollo social y económico de las islas reclama. Las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna reciben una financiación por estudiante inferior a la media de las universidades españolas. Y este maltrato no es casual, porque no se da circunstancialmente y se produce, además, junto a otras decisiones que agravan esta desconsideración y que evidencian una política para disminuir la capacidad y el crecimiento de las universidades públicas en beneficio de las privadas.

Según el informe del Ministerio de Universidades, el Gobierno de Canarias es uno de los que menos invierte por estudiante universitario en España y en Europa. Canarias destina menos del 0’7% a la educación superior, cuando la media estatal se acerca al 1% y la europea supera el 1’3%. Cuando Canarias necesita invertir y crecer en conocimiento y en investigación, estos datos no permiten reducir el retraso que históricamente hemos padecido.

Es inaceptable igualmente que el sistema universitario canario tenga la financiación más reducida del país para la investigación, lo que impide atraer y mantener talento investigador y limita su impacto científico y tecnológico. Las plantillas docentes y las infraestructuras de las universidades públicas tienen que actualizarse y con los presupuestos autonómicos aprobados esto no se consigue. Envejecen y se precarizan.

Por otra parte, la nueva Ley de Consejos Sociales universitarios se ha aprobado en Canarias en contra del parecer de los órganos de gobierno de las dos universidades públicas canarias. Lo primero que se denuncia es que ha faltado diálogo y que se percibe como una imposición que va a generar conflictos e ineficiencias. Y además, afirman los rectores, algunas disposiciones invaden la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente. Es muy grave que los rectores manifiesten públicamente que “esta actitud de ignorar a nuestras universidades públicas, por desgracia, no es nueva en Canarias, llueve sobre mojado”. Pocas veces habíamos escuchado en las últimas décadas una queja tan seria y desde el Cabildo de Gran Canaria no queremos guardar un silencio cómplice.

Con el paraguas de abrir las universidades a la participación social, lo que parece esconder esta medida es el interés de los sectores sociales más conservadores de esta tierra y de determinadas clases empresariales por controlar la universidad pública, en un contexto de asfixia económica y de potenciación de las universidades privadas. Y se hace además desde una visión utilitaria y economicista. No podemos obviar que de las universidades surgen los dirigentes políticos, sociales y empresariales del futuro y si bien es cierto que la universidad debe responder a las demandas de la sociedad y adaptar algunas de sus titulaciones a las necesidades económicas y sociales que se vayan generando, es imprescindible que siga siendo un espacio de generación de pensamiento crítico y plural. Lo que no puede ser es un espacio para el seguidismo del gobierno de turno o de intereses empresariales dominantes. Lo que no puede ser es que se pretenda su control absoluto para limitar el disenso, promover visiones conservadoras de la historia, la economía o la cultura y moldear generaciones futuras más afines a sus valores.

Y si los aspectos anteriores son graves, lo que está ocurriendo con el proyecto de Ley de la Ciencia que debate el Parlamento de Canarias alcanza niveles irracionales y ponen en evidencia las intenciones y los objetivos que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular tienen en materia científica. Nadie puede entender que el proyecto se haya empezado a tramitar sin que las dos universidades hayan participado ni hayan sido consultadas con el fin de recibir aportaciones para su redacción. Es un contrasentido que las instituciones más potentes en investigación científica o en transferencia de conocimiento en Canarias hayan sido excluidas de una Ley que les afecta directamente. Este maltrato perjudica a toda la sociedad porque frustra una progresión investigadora en la que estamos esperanzados y además expresa un sesgo evidente, margina el protagonismo de la investigación pública en beneficio de intereses privados que el Gobierno ampara. Se proponen órganos asesores donde las universidades públicas, que representan más del 95% de la investigación en nuestra tierra, están en minoría a la hora de la toma de decisiones o de aprobación de programas. Esos consejos asesores funcionarán, en la práctica, como órganos políticos paralelos a los órganos democráticos de las universidades públicas. La buena noticia es que aún se está a tiempo de corregir este dislate. Esperemos que no pase como con la Ley de Consejos Sociales y que esta vez las universidades sean escuchadas y respetadas.

Y la pieza que cierra esta estrategia conservadora del Gobierno de Canarias, en sintonía con la que desarrollan los gobiernos de derechas del PP o del PP y VOX en las Comunidades donde gobiernan, es la potenciación y el crecimiento de las universidades privadas en detrimento del sistema público. Se autoriza la creación de nuevas universidades y la impartición de nuevos grados, en algunos casos en competencia clara con la oferta de las universidades públicas, con mayor facilidad y diligencia que los que cuesta autorizar los que promueven las instituciones públicas. La escasa financiación de las públicas, además, propicia que no puedan competir con las privadas en la consecución de nuevos grados. La realidad es que en los últimos años, el 80% de los nuevos títulos oficiales en Canarias se han aprobado para universidades privadas y solo un 20% para las públicas. En este último curso que ya ha finalizado, a las universidades privadas se les aprobaron 15 grados y ninguno a las públicas. No se trata de que no haya competencia, sino de que esa competencia no sea tramposa.

Esta sucesión de hechos y de decisiones responden, insisto, a una estrategia de fortalecer universidades con una clara orientación ideológica conservadora que reduzcan el espacio plural y diverso de las universidades públicas. Y está sucediendo en España y en Europa, salvo en Alemania donde se protege al máximo la autonomía de la universidad pública. Esta oferta privada supone también una orientación social y económica muy determinante porque toda la población no puede acceder en igualdad de condiciones a unas enseñanzas costosas. Se da por lo tanto una selección social.

Las administraciones públicas y la sociedad que se movilizó a favor de la Universidad pública de Las Palmas de Gran Canaria tienen, tenemos el deber de reaccionar ante esta deriva que reduce la capacidad de nuestros principales centros superiores y desperdicia un capital investigador e innovador que tiene que mejorar, pero que ya está impulsando nuestro desarrollo integral.

Con la misma sinceridad tengo que manifestar que la respuesta de la comunidad universitaria no está siendo lo suficientemente conocida y articulada para que el conjunto de la sociedad perciba las enormes consecuencias de estas políticas. Conozco las manifestaciones de los equipos rectorales, pero estoy convencido de que ese malestar no está llegando, con información certera y veraz, al conjunto de la sociedad sensible y preocupada por un desarrollo basado en el conocimiento y la equidad, a la sociedad que salió a la calle a defender una universidad pública de vanguardia. Tampoco he percibido por parte del profesorado, los sindicatos o los estudiantes una movilización acorde con la situación. Necesitamos una respuesta plural y proporcional a la gravedad del momento.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, hoy como ayer, sabemos de la trascendencia de un sistema universitario público de calidad y accesible a todas y a todos. Por eso, si hace 40 años nos movilizamos y conseguimos la creación de la ULPGC, hoy, cuando vive momentos de riesgo para su autonomía y progresión de futuro, debemos volver a manifestarnos de todas las maneras posibles para garantizar sus recursos y consolidar el capital docente e investigador del que nos sentimos orgullosas y orgullosos. La Universidad que nació de una marea social debe seguir contando con ese respaldo colectivo.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Esta semana se han cumplido dos años del apagón total que afectó a La Gomera. Aquel episodio puso en evidencia las debilidades estructurales de nuestro sistema eléctrico insular y subrayó la urgencia de actuar con determinación. Hoy podemos afirmar que hemos avanzado significativamente, aunque todavía quedan desafíos cruciales por abordar

La reciente finalización de la subestación eléctrica de El Palmar, la primera infraestructura de Red Eléctrica en la isla, representa un paso decisivo en la mejora de nuestro sistema energético. Esta instalación, que forma parte del enlace submarino con Tenerife, no solo refuerza la capacidad de respuesta ante incidentes, sino que facilita la integración de energías renovables, alineándose con el modelo de isla sostenible que defendemos desde el Cabildo.

La interconexión eléctrica con Tenerife –prevista para completarse a finales de este año– ha sido una demanda histórica y, al mismo tiempo, una visión de futuro. Este proyecto, que une Chío con El Palmar a través de un cable submarino de 36 kilómetros, dotará a La Gomera de un respaldo energético esencial y creará una infraestructura preparada para una transición energética justa y eficiente.

Pero la interconexión no es un fin en sí mismo. Es el medio que nos permitirá dejar atrás un modelo basado en combustibles fósiles. Con la entrada en funcionamiento de cinco parques eólicos, La Gomera ya genera más energía de la que consume y con las nuevas infraestructuras la penetración de las renovables será aún mayor. Además, gracias a este nuevo vínculo con Tenerife, podremos compartir ese excedente con el sistema eléctrico regional, contribuyendo así a la descarbonización de Canarias.

Sin embargo, aún tenemos tareas pendientes. La renovación de los equipos de la central térmica de El Palmar es prioritaria. Se trata de una infraestructura clave, que requiere modernización para responder a las exigencias actuales de calidad, eficiencia y seguridad. Asimismo, cerrar el anillo eléctrico insular es imprescindible para garantizar la continuidad del suministro en todos los municipios y reducir la exposición ante posibles fallos técnicos.

En paralelo, seguimos apostando por un modelo energético descentralizado y limpio. Más de 150 instalaciones de autoconsumo ya están operativas en viviendas y empresas de la isla, y La Gomera lidera en densidad de puntos de recarga para vehículos eléctricos en el conjunto del país. Estas acciones forman parte del compromiso adquirido para lograr un territorio 100% sostenible, en el que la ciudadanía está siendo también protagonista del cambio.

Los avances logrados no son fruto de la improvisación, sino del trabajo coordinado entre administraciones, empresas y la propia sociedad. Agradezco especialmente el esfuerzo de todas las administraciones públicas y empresas: Gobierno de España, Gobierno de Canarias y Red Eléctrica.

¿Queda camino por recorrer? Sí. Pero hoy La Gomera está mejor preparada y, en breve, más conectada y más cerca de convertirse en un referente energético dentro del archipiélago.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

El lunes pasado iniciamos en el Gabinete Literario un ciclo de conferencias bajo el enunciado de “Democracia y Totalitarismo”. Impulsado desde el Cabildo de Gran Canaria, de la mano de la sociedad civil, nace con una motivación clara: generar espacios de pensamiento y reflexión crítica ante el deterioro progresivo de la cultura democrática en el mundo occidental. En una época en la que los automatismos del sistema parecen fallar, donde el ruido y la desinformación ocupan el espacio público, creemos que la defensa de la democracia debe ir más allá de los gestos institucionales y pasar también por una ciudadanía consciente, formada y comprometida. Este ciclo es, en ese sentido, una llamada a la responsabilidad colectiva

En el marco de esta iniciativa, Enric Juliana Ricart, periodista y analista político de larga trayectoria y reconocido por su capacidad para leer los procesos históricos con profundidad y sentido crítico, nos dio una conferencia titulada “España, ¿excepción europea?”. Su intervención nos permitió situar el caso español en el contexto más amplio del presente europeo y global, donde el auge de los autoritarismos ya no es una advertencia futura, sino una realidad palpable.

Porque, seamos claros: lo que está ocurriendo en gran parte del mundo occidental no es coyuntural ni anecdótico. Por primera vez en muchas décadas, fuerzas políticas que no ocultan su desprecio por los valores democráticos están ganando elecciones, formando gobiernos, modificando constituciones y normalizando discursos de exclusión, odio y enfrentamiento. La ultraderecha ha dejado de ser un fenómeno marginal. Hoy es, en muchos países, el centro de gravedad del poder político.

En Estados Unidos, el trumpismo no es un accidente, sino la expresión de una transformación profunda del Partido Republicano y del imaginario político norteamericano. Su retorno al poder consolida un modelo que trivializa la violencia, desprecia el pluralismo y pone en cuestión incluso la legitimidad de los procesos electorales. En Francia, el ascenso de Marine Le Pen y el hundimiento del centro republicano tradicional confirman que la ultraderecha ya no necesita esconder su verdadero rostro: puede aspirar abiertamente al poder sin camuflajes. En Italia, Giorgia Meloni lidera un gobierno que conecta sin complejos con la tradición posfascista, y en el Reino Unido, el Brexit fue sólo el primer capítulo de una deriva reaccionaria que sigue reconfigurando su espectro político.

Y podríamos seguir: Alemania, donde Alternativa para Alemania (AfD) marca la agenda con un discurso xenófobo y negacionista; Hungría y Polonia, donde los derechos fundamentales están siendo recortados sistemáticamente desde los gobiernos; o Países Bajos, donde Geert Wilders ha logrado convertir sus posiciones extremas en propuestas institucionales.

En todos estos casos, la ultraderecha ha sabido explotar las grietas de un sistema democrático que ha perdido capacidad de respuesta, tanto en lo institucional como en lo cultural. Lo más preocupante, sin embargo, es que en prácticamente ningún país la izquierda está siendo capaz de construir una alternativa sólida. Ni la socialdemocracia, en general atrapada en una defensa tecnocrática y conservadora del statu quo, ni las izquierdas de tradición postcomunista o populista, que a menudo se ven reducidas a expresiones de resistencia minoritaria, simbólica o fracturada, están ofreciendo un horizonte creíble de transformación.

Esta situación plantea una pregunta incómoda: ¿qué está fallando en la arquitectura democrática para que millones de personas, en contextos tan diversos, estén optando por modelos autoritarios, nacionalistas y excluyentes?

Una primera respuesta tiene que ver con el agotamiento del modelo neoliberal, que ha vaciado de contenido el pacto democrático en múltiples planos: ha debilitado los servicios públicos, ha intensificado la precariedad vital, ha reducido la participación ciudadana a un ritual electoral cada cuatro años y ha favorecido la concentración de poder económico en pocas manos. La democracia se ha convertido, para amplios sectores sociales, en un cascarón vacío que no garantiza seguridad, ni dignidad, ni futuro.

Pero no basta con identificar las causas. Lo fundamental es asumir que la solución no pasa por restaurar un pasado idealizado, sino por tener el coraje de avanzar hacia una profundización democrática real. Porque si la democracia liberal está en crisis, la respuesta no puede ser su defensa acrítica, sino su radicalización en el sentido positivo del término: más participación, más transparencia, más redistribución, más derechos, más capacidad de decisión para las comunidades.

Defender la democracia hoy implica construir nuevos marcos políticos, culturales y económicos. Significa asumir que los viejos consensos —por útiles que fueran en su momento— ya no bastan. Que la confianza ciudadana no se recupera con gestos simbólicos, sino con políticas valientes. Que la lucha contra el autoritarismo no se gana solo en los parlamentos, sino también en las escuelas, en los barrios, en los medios, en la forma en que nos relacionamos cotidianamente como sociedad.

Y, en ese sentido, España no puede mirar hacia otro lado. ¿Somos realmente una excepción? ¿Estamos al margen de esta ola? ¿O estamos simplemente en una fase diferente del mismo proceso? Las elecciones recientes, la crispación permanente, la deslegitimación de instituciones, el auge de discursos reaccionarios en medios y redes y el cuestionamiento del pluralismo territorial y cultural muestran que la inmunidad democrática española es, en el mejor de los casos, parcial y frágil. No hay garantía alguna de que la deriva autoritaria no se instale también aquí con fuerza.

Frente a ese riesgo, no basta con la resistencia defensiva. Necesitamos políticas que vuelvan a poner la justicia social, la igualdad y la participación real en el centro del proyecto democrático. Necesitamos recuperar el sentido del bien común y el valor de lo público. Y necesitamos, sobre todo, una ciudadanía que no acepte la resignación como horizonte.

Porque la democracia no se protege sólo con leyes. Se protege —y se regenera— con ideas, con debates como los que impulsa este ciclo de conferencias, con pensamiento crítico, con cultura, con compromiso. Por cierto, tengo que citar aquí y expresarle todo el apoyo a Democracia Canarias XXI, un foro de ciudadanía, plural, surgido en nuestra isla ante los avances de los totalitarismos y la regresión y el debilitamiento de la democracia.

Es nuestra responsabilidad —como instituciones y como sociedad— abrir caminos para esa regeneración. No podemos permitirnos la nostalgia, ni la indiferencia, ni la resignación. Si el presente es difícil, el futuro dependerá de lo que estemos dispuestos a construir hoy, desde la suma de esfuerzos.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Nos encontramos ante un momento decisivo para el modelo territorial y de cohesión de nuestro país. La reforma del sistema de financiación autonómica no puede convertirse en un instrumento para agravar desigualdades, y mucho menos puede ser utilizada como moneda de cambio política para establecer una financiación singular con Cataluña, que dinamita los principios de solidaridad y equidad entre territorios

La propuesta de que Cataluña gestione la totalidad de sus recursos, quedando fuera del sistema común, implica el fin del modelo solidario que ha sostenido durante décadas la vertebración del Estado. Esta vía no sólo rompe con el espíritu constitucional que garantiza la igualdad entre españoles vivan donde vivan, sino que condena a comunidades como Canarias a quedar relegadas a una segunda fila.

Lo he dicho alto y claro: no buscamos privilegios, pero tampoco vamos a tolerar agravios. El actual sistema, que data de 2009 y debió haberse revisado en 2014, está obsoleto y ha dejado a Canarias en clara desventaja. Hemos crecido en población en más de medio millón de personas, superando los 2,2 millones de habitantes, y sin embargo, nuestra financiación no ha acompañado ese crecimiento. El resultado: tensiones insoportables en servicios básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

El anuncio de un modelo “singular” para Cataluña no es un asunto técnico, sino una cuestión de justicia territorial. Si una comunidad autónoma puede romper el marco común y quedarse con el 100 % de sus recursos, el resto quedamos atrapados en un sistema desequilibrado y profundamente injusto. La propuesta del Ministerio de Hacienda, que asigna a Canarias apenas el 4,74 % de la financiación, ignora factores esenciales como la población flotante, la ultraperificidad, la insularidad o las altas tasas de pobreza y exclusión social.

Canarias no es una comunidad más. Nuestra lejanía, nuestra condición de archipiélago, la fragilidad de nuestros servicios y el coste de vida nos colocan en una situación de especial vulnerabilidad. Necesitamos un sistema que respete nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), que lo complemente y que garantice una financiación justa basada en nuestras realidades, no en fórmulas uniformes ni en acuerdos bilaterales hechos a espaldas del resto.

Por eso, desde Canarias exigimos un modelo justo. Que contemple los costes reales de prestar servicios públicos en nuestras islas. No puede haber igualdad de oportunidades si se aceptan desigualdades de partida y si se privilegia a quien ya parte con más.

La financiación autonómica debe construirse desde el consenso y con visión de Estado. No puede ser el resultado de pactos particulares que privilegian a una comunidad a costa del resto. El principio de solidaridad interterritorial no es una opción: es un mandato constitucional. Romperlo sería hipotecar el futuro de todos los territorios y nosotros tenemos que trabajar en una estrategia común con todos los grupos parlamentarios y la sociedad civil para lograrlo.

Canarias no aceptará ser menos. Tenemos derecho a un trato justo, proporcional y digno. Y lo defenderemos con firmeza, con argumentos y con lealtad institucional. Porque si ahora permitimos que se fragmente el sistema común, mañana ya no habrá cohesión posible. El futuro de nuestras islas —y del país— está en juego.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

La memoria es una criatura tan prodigiosa como frágil. Si recibe el respeto y el cuidado que necesita y merece, se convierte en una poderosa herramienta de transformación del presente y de inspiración del futuro. Porque el legado no es un ancla. Es una vela que impulsa. Y una brújula. De las más fiables, por cierto

Hace seis años, por estas mismas fechas, tuvimos el honor de custodiar el viaje de nuestra herencia más ancestral hasta Bakú, capital de Azerbayán, donde el 7 de julio de 2019 se celebró el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO que convirtió nuestras montañas sagradas en Patrimonio Mundial.Un dicho de este país que se extiende entre las cimas del Cáucaso afirma que “si las manos se unen, moverán montañas”.

En este sentido, Gran Canaria puede presumir de que logró concitar las voluntades y el talento necesarios para estar a la altura de su memoria. La fórmula no devino de ninguna poción mágica. Por el contrario, su principal ingrediente fue el trabajo, la perseverancia y la convicción de las personas que lo hicieron posible. Este proceso colectivo, sólido y cargado de razones, permitió que el expediente impulsado por el Cabildo para la inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria avanzara a una velocidad pocas veces vista. Allí, donde se escucha el latido de una cultura que saltó del norte de África al océano para protagonizar una aventura atlántica sin igual.

A la hora señalada, contuvimos la respiración. Y antes del anuncio, sentimos que el tiempo se detenía. Mientras, más de mil años de historia insular se desplegaban y esperaban su momento en la gran sala, repleta de delegaciones de países de varios continentes. Finalmente, la gran salva de aplausos se mezcló con el tañido de las lapas y con la emoción. El patrimonio de nuestra cumbre ocupa desde entonces el lugar que le corresponde por la singularidad de sus valores, marcadamente isleños, que hablan de lo que hemos sido, de los que somos y, lo que considero más importante, de lo que podemos llegar a ser.

La alegría, como ya aventurábamos, permaneció, pero convivió a partir de ese momento con un profundo sentimiento de responsabilidad que ha guiado las acciones emprendidas alrededor del Paisaje Cultural. El reto era y sigue siendo no solo conservar el legado, sino divulgarlo y convertirlo en un elemento en torno al que se concentran iniciativas vinculadas a la investigación y la protección patrimonial y territorial.

Parte importante de esa labor consiste en escuchar con atención aquello que nos cuentan la toba volcánica, los ecos que proceden del fondo de cuevas y barrancos, el rumor del paso de los rebaños trashumantes, las historias que empuja el viento por los celajes, o los recuerdos y desafíos de quienes habitan el Paisaje Cultural y hacen posible que nuestro Patrimonio Mundial tenga cuerpo y alma. Para ello, hacen falta intérpretes capaces de traducir el lenguaje del tiempo. Personas que ven aquello que se nos escapa y revelan el verdadero brillo de nuestra cultura isleña. Es lo que hicieron decenas de especialistas que contribuyeron a la consolidación del expediente del Paisaje Cultural. Lograron convencer a la UNESCO de que aquí, en Gran Canaria, se encontraba un testimonio humano que el mundo debía conocer y preservar.

Este sexto aniversario brinda una oportunidad que el Cabildo no quiere dejar pasar para agradecer la labor de los y las profesionales del más alto nivel que situaron nuestra historia en el mapa mundial. Sobre todo, porque esta historia permaneció silenciada durante demasiado tiempo. Siguiendo su estela y su compromiso, continuamos fomentando el estudio del poblamiento y la evolución de los asentamientos en la cumbre junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la conservación de sitios de alto interés arqueológico en colaboración con la Universidad de La Laguna, dentro de toda una constelación de proyectos en curso.

La piedra, el cielo y la huella del camino se han convertido en papel. Pero no en un papel cualquiera. El Cabildo ha recopilado la ingente y valiosa información disponible en el libro ‘El Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas de Gran Canaria’. Son 300 páginas con textos de más de una treintena de especialistas que rezuman conocimiento y amor. Se trata de un compendio de la visión científica panorámica que respaldó la inscripción del Paisaje Cultural en la Lista Mundial de la Unesco, acompañado además de fotografías que retratan su magia y muestran rincones asombrosos y difícilmente accesibles de la geografía insular, tanto por su ubicación como por las obligadas garantías de protección del patrimonio.

La edición constituye desde este momento la obra de referencia en el conocimiento de nuestro Patrimonio Mundial con el análisis en profundidad de la interacción de la cultura aborigen de origen amazigh con los fenómenos astronómicos y el entorno montañoso de la isla, ofreciendo una aproximación clara y accesible a sus valores y atributos.

Tenemos, por lo tanto, un libro entre las manos. Las mismas manos con las que movimos montañas. Montañas Sagradas en nuestro caso. Y debemos seguir luchando desde el Cabildo, los ayuntamientos y los agentes y colectivos del ámbito para escribir las páginas del futuro. Y no queremos postales. Queremos páginas como estas, llenas de verdad y contenido. Y queremos un relato coherente con nuestra apuesta por un modelo racional de desarrollo.

Para ello, el Cabildo puso en marcha el Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, partiendo de la base de que prácticamente se fusionan sobre el territorio insular. Esta experiencia es inédita en España y excepcional a nivel internacional. Esta singularidad nos coloca en un puesto de vanguardia en la gestión coordinada de figuras UNESCO. En la práctica, refuerza la conservación y la divulgación, además de contribuir al desarrollo socioeconómico de las 18.000 hectáreas de este territorio desde la perspectiva de la coordinación con los municipios, la participación pública y la sostenibilidad.

Esta hoja de ruta está trazada en las más de 150 actuaciones que contempla el Plan Integral de Gestión del Paisaje Cultural, con iniciativas valoradas en 34 millones de euros. Y en los Planes de Sostenibilidad Turística para el Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, con 12 millones de euros de inversión ejecutados o en marcha a través de programas coordinados por diversas áreas del Cabildo.

Por su parte, la sede del Instituto, situada en un edificio aledaño al Cabildo, como una prolongación orgánica y estratégica de la acción del Gobierno de la isla, es una demostración de la importancia que le otorgamos al Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera por su trascendencia en los capítulos de la identidad, la defensa de la biodiversidad o la diversificación. De la eficacia en la tarea que tiene encomendaba habla su nivel de ejecución presupuestaria, con 1,2 millones en 2021, el año de su creación; casi 2,5 en 2022; otros 4,6 en 2023; 7,2 en 2024 y ya más de 5 millones en lo que va de este 2025 sobre un presupuesto de 9,6 millones. Y cada céntimo tiene un objetivo claro y sirve para una mejora concreta en ese empeño colectivo por romper inercias, enterrar desidias y mover lo que parecía inamovible.

Como señalé en el 20 aniversario de la Reserva de la Biosfera, este impulso económico se ha traducido en un fortalecimiento organizativo. El instituto cuenta con un equipo técnico multidisciplinar integrado por 22 biólogas, geógrafos, juristas, economistas, arqueólogos o arquitectos, entre otros perfiles, y una dotación administrativa estable. Esta estructura presupuestaria, de personal y de medios técnicos permite afrontar con solvencia los retos de planificación, ejecución de fondos europeos, cooperación interinstitucional y atención directa a la ciudadanía. También se ha traducido en múltiples hitos. Entre ellos, podemos citar la puesta en marcha de los Senderos de Gran Recorrido, la adecuación y puesta en valor del BIC de Risco Caído, entre otras actuaciones de conservación, así como las líneas de apoyo directo a proyectos de los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro enraizadas al Paisaje Cultural. O la reciente ampliación de la red de centros de interpretación con la apertura del nuevo espacio en Degollada de Becerra, que se suma al de Artenara o el Bentayga, así como la apertura del Centro de Información y Gestión de Tejeda. Se convierten además en espacios que propician la dinamización social, cultural y económica. Si se suma el Centro de Caserones de La Aldea, dedicado a la Reserva de la Biosfera, se superan las 42.000 visitas anuales.

Reconozco el trabajo intenso de todas y todos los profesionales ligados al Cabildo o de otras entidades que desde hace años hasta hoy nos han permitido conocer, conservar y compartir un tesoro que nos emociona cada vez que lo mencionamos o recorremos. Pasado un milenio, la luz del sol y de la luna siguen marcando el tránsito de las estaciones en Risco Caído, en el Bentayga, en Acusa y en otros marcadores astronómicos con los que la población aborigen organizó su vida en estos parajes. Dejaron un ejemplo de supervivencia entre el suelo, el cielo y el mar. Lo hicieron sembrando, interpretando signos, oteando estrellas y horizontes. Ese suelo, ese cielo y ese mar siguen siendo los mismos. Hoy nos toca ocupar el lugar de las primeras personas que hicieron de Gran Canaria un lugar único en el Atlántico. Seis años entre Montañas Sagradas nos han servido para comprenderlas y admirarlas cada vez más.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Hace dos años, asumimos la responsabilidad de continuar transformando La Gomera con el compromiso de situar a las personas en el centro de la acción política. Hoy, al mirar atrás, puedo afirmar con convicción que estamos escribiendo una de las páginas más ilusionantes de nuestra historia insular. La Gomera avanza, y lo hace desde la cohesión, la sostenibilidad y el progreso compartido

Desde el primer día de legislatura, definimos una hoja de ruta clara: convertir esta isla en un territorio más resiliente, inclusivo y moderno. Con ese objetivo, hemos destinado más del 70% del presupuesto insular a políticas sociales que mejoran la vida de nuestros ciudadanos. Más de 5.000 personas se han beneficiado de nuestro escudo social: acciones directas en materia de bienestar, apoyo sanitario, formación o asistencia a colectivos vulnerables.

Pero si algo caracteriza esta etapa es el equilibrio entre las políticas sociales y el impulso económico. Hemos fortalecido nuestro tejido productivo a través de la diversificación. La apuesta por la innovación ha dado sus primeros frutos con la implantación de iniciativas vinculadas a la industria aeroespacial, así como el lanzamiento del I3Gomera, un centro que marcará un antes y un después para el desarrollo del conocimiento en la isla.

El sector primario, pilar de nuestra identidad, ha recibido más de dos millones de euros para hacer frente a los desafíos climáticos y asegurar su sostenibilidad. Al mismo tiempo, el turismo sigue creciendo desde un enfoque responsable, con más de tres millones de euros destinados a un modelo sostenible que prioriza la calidad sobre la cantidad.

La transformación también ha sido palpable en las infraestructuras estratégicas. En estos dos años hemos puesto en funcionamiento el nuevo centro sociosanitario de San Sebastián y proyectado otros dos en Agulo y Valle Gran Rey, mejorado la red viaria insular, y modernizado nuestras infraestructuras hidráulicas. Todo ello sin olvidar el esfuerzo sin precedentes que ha supuesto reforzar nuestro sistema de suministro eléctrico tras el cero energético de julio de 2023, y avanzar en la interconexión eléctrica con Tenerife.

Pero quedan retos por delante. Uno de ellos es la aprobación de una fiscalidad singular para territorios como La Gomera, El Hierro y La Palma. Esta medida no solo es necesaria, sino justa. Se trata de sentar las bases para construir una Canarias que avance a una única velocidad, capaz de atraer inversión, generar empleo y mejorar de forma decidida la calidad de vida de quienes habitan en las Islas Verdes. Solo con una fiscalidad adaptada podremos hacer frente, de manera integral, a los sobrecostes estructurales derivados de la doble insularidad y alcanzar una igualdad de oportunidades reales para todos los canarios.

Es cierto que los desafíos del presente nos han enseñado que solo con visión, diálogo y cooperación institucional podemos construir un futuro compartido. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con un modelo de isla que no deja a nadie atrás, que pone a las personas como prioridad y que apuesta decididamente por la sostenibilidad.

Tenemos la responsabilidad de preservar lo que somos y proyectar lo que queremos ser. Por eso, seguiremos trabajando para que nuestros jóvenes encuentren oportunidades en su tierra, para que nuestros mayores vivan con dignidad y para que cada rincón de La Gomera respire progreso, igualdad y esperanza. Porque el verdadero desarrollo no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de transformar vidas.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Hace pocos días se han cumplido diez años de gobierno de la actual mayoría de progreso en el Cabildo de Gran Canaria. Considero que es un momento significativo para compartir con toda la ciudadanía de Gran Canaria una reflexión y una valoración de lo que ha supuesto el periodo más largo y estable de gobierno de la isla en los últimos 65 años. Es una situación excepcional durante el periodo democrático. En realidad, en toda la historia del Cabildo, salvo durante el franquismo y las presidencias de Matías Vega Guerra (15 años) y Federico Díaz Bertrana (10 años). Y lo que me parece más destacable es que ese apoyo habla de complicidad, de ilusión, de proyecto compartido con la sociedad isleña

Llegamos al Gobierno de la isla en 2015 cuando todavía eran notorios los efectos de la gran recesión del año 2008. Cinco años después, en el 2020, el BREXIT, el COVID y el cero turístico cayeron sobre nosotros como una enorme losa que nos llenó de incertidumbre. Sin terminar de recuperarnos, en los últimos años nos hemos visto envueltos en una espiral inflacionista y de conflictos geoestratégicos, con la guerra de Ucrania y las tensiones globales como protagonistas, que están provocando el encarecimiento de la energía y de los precios para todos los sectores productivos.

Aun así los datos sociales y económicos en Gran Canaria han sido y están siendo positivos. Los datos rigurosos nos dicen que se ha producido una mejora significativa, una transformación relevante en todos los factores que definen la situación básica de nuestra sociedad. Es verdad que hay sectores que no disfrutan de esta mejoría, pero está entre nuestras prioridades buscar la redistribución y la atención a los grupos más desfavorecidos.

No hablamos de una coyuntura, de un momento puntual que podría explicarse por causas circunstanciales, sino de un periodo suficientemente largo para que la tendencia sea consistente y por tanto sea medible, fiable. Y también porque el conjunto de las cifras es coherente y nos permite concluir que el proceso de transformación alcanza a los sectores estratégicos y a la mayoría de nuestra población.

Considero que el principal logro de este tiempo es haber reforzado en la sociedad grancanaria el sentimiento colectivo de pertenencia a su isla a través de un proyecto común de desarrollo ecosocial con el que está ganando el presente y el futuro. Haber contado con la confianza de la ciudadanía durante tres mandatos, a partir de 2015, supone un honor por el que estoy y estamos agradecidas y agradecidos quienes hemos conformado este gobierno de progreso durante tres mandatos.

Frente a la crispación, un gobierno sereno. Ante la desorientación, un modelo claro de transformación que avanza con las prioridades definidas. Cuando se extiende la antipolítica, la antidemocracia y los totalitarismos, reforzamos nuestro compromiso con los valores democráticos porque no queremos volver al pasado que tanto daño hizo a nuestra gente y a nuestras islas. No podemos ser neutrales. Frente a la desmemoria, firmeza democrática.

Me gustaría insistir en que se trata de una tarea colectiva, enhebrada por el diálogo y ejecutada con determinación democrática tal y como nos comprometimos con la ciudadanía cuando nos eligió. Reivindicamos hoy el valor y la actualidad de la política como servicio público, la prioridad de un modelo sostenible y de cohesión social, las potencialidades de la sociedad grancanaria para liderar el cambio y nuestra pasión y compromiso preferente con los derechos de nuestra isla.

Durante los últimos diez años la isla de Gran Canaria ha vivido una importante transformación social, económica, medioambiental y cultural. Hemos alcanzado el máximo histórico de personas ocupadas en la isla - 404.600- lo que supone una mejora del 37,6%. En estos 10 años hay 85.600 personas menos en el paro. Se ha reducido el desempleo en más de la mitad del que existía en 2015. Es la primera vez en los últimos años que en Gran Canaria baja la tasa de paro por debajo del 13 % tras una década crítica. Se ha incrementado el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en 88.300 lo que supone un incremento del 30,5%. El empleo crece con fuerza entre las mujeres. Hoy hay 57.290 mujeres más trabajando que hace diez años. Y no solo eso, el aumento del PIB absoluto y el per cápita, la productividad, los ingresos familiares o la riqueza por habitante, son superiores a los que había antes de la crisis del 2008.

Estos avances no son resultado de la casualidad ni del azar, sino que parten de una definición de un proyecto de desarrollo que hemos llamado como ecoísla, con una acción de gobierno centrada en el servicio público y alejada de la polarización y la confrontación partidista, con estabilidad institucional y con una configuración ideológica constante a lo largo de estos diez años. Se han producido resultados positivos que la ciudadanía ha refrendado, confirmando su confianza durante tres mandatos consecutivos.

Desde estos principios y valores de gobierno hemos impulsado miles de acciones que tienen a la ecoísla como modelo de referencia e hilo conductor de todas las políticas sectoriales. Es una propuesta global que define e identifica la acción de gobierno. Tenemos principios y perseguimos un modelo que podemos resumir en diez claves que nos permiten entender la acción global y de cada una de las áreas de gobierno:

1. La primera de las claves que explican nuestra actuación es que la sostenibilidad inspira todas las políticas esenciales del Cabildo. La sostenibilidad social y medioambiental ha sido un eje transversal en la gestión insular durante la última década.

Avanzamos hacia la soberanía energética liderando la penetración de las renovables en Canarias y apostando por la eólica marina, la geotermia o el Salto de Chira. A pesar de ser una de las islas con menos lluvia, junto a La Palma somos la única isla que no hemos declarado la emergencia hídrica. La seguridad hídrica de la isla ha sido un objetivo estratégico de esta década.

Y lo ha sido también la soberanía alimentaria, convirtiéndonos en un territorio que gana más de 200 hectáreas de suelo agrícola, que supera el 50% de la producción insular de alimentos para muchos de nuestros productos de primera necesidad (huevos, papas, frutas y hortalizas), tal y como señala la FAO que debe ser. Gran Canaria Me Gusta se ha convertido en una marca de referencia en la defensa del producto del país. Y junto a todo esto, la mejora de la protección ambiental y de la biodiversidad o la proyección de la economía azul a más de un 8% del PIB.

2. La ecoísla no se entiende sin la atención a las personas. Por eso la segunda clave es la inclusión social, la igualdad y la accesibilidad como ejes de cohesión. En la última década, Gran Canaria ha reforzado su compromiso con la justicia social mediante políticas públicas que garantizan una atención más cercana, ágil y equitativa. La creación de nuevas infraestructuras sociales, la puesta en marcha del Plan Sociosanitario más ambicioso de la historia del Cabildo y de Canarias, la aprobación del Plan Insular de Accesibilidad Universal y el impulso del marco “Gran Canaria Infinita” han consolidado una isla más inclusiva, diversa y accesible.

3. Gran Canaria es un destino turístico sostenible y diversificado. En la última década se ha consolidado un modelo turístico basado en el crecimiento cualitativo, con una oferta de alto valor experiencial, sostenible y diversificada territorialmente. La estrategia ha priorizado el aumento del gasto por turista frente a un crecimiento puramente cuantitativo. Gran Canaria ha diversificado mercados emisores, impulsado el turismo rural, activo y gastronómico y descentralizado los flujos turísticos hacia los 21 municipios.

Favorecemos el crecimiento sostenible y con una mayor rentabilidad. En 2024 se alcanzó un récord de 6.034 millones de euros en facturación turística, con un crecimiento del 10,5% interanual, una ocupación del 81,5% y un perfil de visitante que gasta más y permanece más tiempo.

4. La movilidad sostenible y la modernización del transporte público están en la agenda preferente del gobierno insular. Gran Canaria ha transformado su modelo de movilidad en la última década, apostando por un sistema público más accesible, eficiente y respetuoso con el entorno. La gratuidad del transporte, la incorporación de vehículos limpios, el liderazgo en la penetración del vehículo eléctrico en Canarias y el impulso al tren insular sitúan a la isla como referencia en sostenibilidad y conectividad. Se trata de una actuación de enorme trascendencia para nuestro futuro socioeconómico.

El crecimiento del transporte público ha sido espectacular. La demanda se ha duplicado en 10 años, pasando de 51 millones de viajeros en 2015 a más de 104 millones en 2025, reflejo del éxito de una política comprometida con la movilidad sostenible. Se ha reforzado el sistema con tecnologías inteligentes para la gestión de flotas. Y por fin ha llegado la hora del tren de Gran Canaria: el proyecto ferroviario ha avanzado con la redacción de los proyectos básicos para 58 km de trazado y 11 estaciones y se han destinado 16,6 millones de euros al proceso de expropiaciones iniciales. En las próximas semanas se firmará el convenio con el Ministerio de Transporte para su impulso definitivo.

5. Se ha desarrollado en este tiempo de manera notoria el concepto de isla inteligente, motor de innovación y de diversificación. En los últimos 10 años, Gran Canaria ha consolidado su liderazgo en la economía canaria, destacando por su modelo de desarrollo basado en la innovación y la colaboración público-privada. La isla ha transformado sectores clave como el comercio, la industria, la moda y la gastronomía, logrando un crecimiento significativo en la actividad empresarial, la sostenibilidad y la economía creativa.

Impulsamos la modernización del comercio local y los espacios industriales de la isla con una inversión superior a los 50 millones de euros: una clara apuesta por la dinamización del pequeño comercio, la mejora del espacio urbano y la renovación industrial, que está llegando a todos los rincones de la isla.

Gran Canaria se consolida como marca económica y cultural. Se singulariza nuestra gastronomía, crece la producción audiovisual, se moderniza Infecar. La implantación de plataformas digitales como DATAGRAN, AQUAGRAN o TRANSGRAN, además de un síntoma elocuente de los avances digitales, genera beneficios evidentes en cada una de las áreas donde se introducen. Son sistemas inteligentes que monitorizan 400 km de red hídrica y el 68% de la masa forestal y nos ayudan a prevenir y combatir los incendios forestales y mejorar la gestión del agua, entre otras utilidades.

6. El impulso al empleo y a la formación lo entendemos como una acción indispensable para el progreso social. La creación de empleo está muy coordinada con los veintiún municipios. Se han financiado planes de empleo local que han beneficiado a personas desempleadas en situación de especial vulnerabilidad (sin recursos, baja cualificación, discapacidad, mujeres, mayores, jóvenes...), con una inversión de 10,5 millones de euros.

A través de planes propios y en colaboración con ayuntamientos y entidades sociales, se crearon 4.337 empleos mediante programas de Garantía Juvenil, NOE, PFAE o de proyectos extraordinarios, con una inversión de más de 65 millones de euros. También se contrató a 4.194 personas en colaboración con los municipios, invirtiendo en esto otros 38 millones de euros.

En estos diez años se ha incrementado la formación y las ayudas a la contratación: se formaron 1.099 personas desempleadas con baja cualificación y se incentivó la contratación de 5.761 personas mediante ayudas a empresas, con una inversión conjunta de más de 38 millones de euros. Además, se ha apoyado la creación de centros de formación en 15 municipios. Se han concedido becas para estudio en estos diez años a más de 30.000 estudiantes. Otros 30.000 se han beneficiado de refuerzo escolar gratuito.

7. Una vivienda digna y la modernización del entorno urbano y viario han sido objetivos de una política decidida de nuestro gobierno. Durante los últimos diez años, el Cabildo ha desarrollado una estrategia encaminada a la rehabilitación de viviendas y a la modernización de infraestructuras urbanas en Gran Canaria. A través del Consorcio Insular de Viviendas y las áreas de Obras Públicas y Arquitectura, se ha trabajado en la construcción de vivienda pública, la rehabilitación de barrios, la accesibilidad residencial y la modernización de la red insular de infraestructuras, con una visión orientada a la inclusión, la sostenibilidad y la cohesión territorial.

Retomamos el programa de construcción de viviendas públicas y la rehabilitación de viviendas sociales y en estos momentos se están construyendo 63 viviendas de alquiler social en El Secadero y 16 en Valleseco, además de haberse rehabilitado casi cuatro mil viviendas en municipios y 23 viviendas de tránsito en 9 localidades, con criterios de eficiencia energética y accesibilidad.

Hemos incrementado la inversión en infraestructuras viarias: en materia de obras públicas, se han invertido 460 millones de euros en conservación y 281 millones en acondicionamiento de la red viaria insular, incluyendo actuaciones clave en la GC-21, GC-41 o GC-300, además de actuaciones de de emergencias tras el incendio de 2019 o el desplome de la GC-1.

8. El desarrollo cultural y la preservación del patrimonio consolidan nuestra identidad como pueblo. En la última década, el Cabildo de Gran Canaria ha afianzado la cultura y el patrimonio como ejes del desarrollo insular, priorizando la conservación, la difusión y el reconocimiento internacional del legado local, apoyando al sector creativo y descentralizando el acceso cultural. La creación cultural ha sido siempre una seña de identidad de esta isla.

Sin ninguna duda la declaración de un paisaje cultural de Gran Canaria como Patrimonio Mundial en 2019 define la década. Se logró la declaración de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria como Patrimonio Mundial UNESCO, con una candidatura muy bien trabajada y apoyada por toda la sociedad. Se creó posteriormente el Instituto nsular para su gestión integrada en 2020, con nueva sede y financiación creciente.

Valoramos la protección de nuestro legado cultural y la memoria histórica y se ha hecho un esfuerzo singular en la mejora del patrimonio cultural. El Museo de Bellas Artes (MUBEA) que esperamos abrir en 2026 será el gran referente para toda Canarias.

9. Nos hemos puesto como norte desde el principio liderar Gran Canaria. Esta isla ha recuperado protagonismo y liderazgo en el desarrollo social y económico insular y de Canarias, en las cuestiones decisivas que determinan calidad de vida. Gran Canaria vuelve a tener voz ante los temas que le afecten, por encima de intereses partidistas o sectoriales.

Hemos rechazado la injusticia de la política migratoria y la insolidaridad de las comunidades autónomas que no aceptan compartir la gestión de la migración y que condenan a miles de personas a vivir sin respeto a sus derechos humanos. Rechazamos que Gran Canaria se convirtiera en isla cárcel. Nos hemos plantado también siempre que se ha intentado ningunear nuestros intereses o generar discriminaciones que nos perjudiquen.

El Cabildo de Gran Canaria ha recuperado el liderazgo que necesita la isla. Es el principal inversor y dinamizador de la economía insular con más de 4.500 millones de euros en los planes que ejecuta la institución de manera directa o financiando a los ayuntamientos de la isla.

10. Estamos garantizando un Gobierno estable y honesto al servicio de Gran Canaria. Durante diez años hemos estado volcados en el servicio a la sociedad y las tormentas del exterior no han alterado la estabilidad de este gobierno de progreso.

Estas claves de gobierno nos han permitido alcanzar otros hitos históricos para Gran Canaria que repaso a vuela pluma: Salto de Chira, referencia mundial, clave para el agua y la energía; lideramos la penetración de las renovables en el archipiélago pasando de un 8% a un 25%; aprobamos el PIOT, tras más de veinte años de espera; avanzamos en la candidatura del Parque Nacional de Guguy; hemos impulsado un plan sociosanitario de más de dos mil plazas; la solidaridad internacional es más necesaria que nunca y hemos contribuido a hacer posible más de mil quinientos proyectos en países empobrecidos de nuestro entorno.

También estamos ejecutando las obras del nuevo Centro Insular de Deportes y pronto empezaremos las del nuevo Estadio de Gran Canaria; hemos conseguido ser sede del Mundial de Fútbol, del Mundial de Rallies y de otras muchas competiciones estatales e internacionales. También la música, el teatro, la ópera o la OFGC se han afianzado en el sentir colectivo de la isla y en nuestra proyección internacional; antes de final de año se empezarán las obras del nuevo e icónico edifico de Infecar y desarrollaremos el Plan Parcial ya aprobado; los platós audiovisuales está contribuyendo a un importante desarrollo del sector audiovisual; el radiotelescopio de Temisas nos coloca en el mapa internacional de la investigación.

Tengo que dar las gracias a las formaciones políticas que desde 2015 prestan apoyo a este programa de gobierno, y sobre todo a las consejeras y consejeros que han priorizado su compromiso con la ciudadanía que nos eligió para cumplir una tarea de la que no nos hemos desviado. Agradezco profundamente su lealtad e integridad. Y debo reconocer igualmente el fiel cumplimiento de los trabajadores y trabajadores públicos y su compromiso con la institución y la isla.

Por todo ello estamos en condiciones de devolver en trabajo y progreso la confianza recibida con el apoyo de la ciudadanía durante tres convocatorias sucesivas. Gracias Gran Canaria.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Durante años, hemos hablado –con preocupación y con voluntad política– de una Canarias a dos velocidades. Una, la del crecimiento económico acelerado de las grandes islas; otra, la de los territorios periféricos, castigados por la doble insularidad y por la falta de equidad estructural en las políticas públicas. Hoy, cuando el reto demográfico ocupa un lugar central en la agenda política, es momento de pasar del diagnóstico a la acción. Y la herramienta más potente que tenemos para corregir esas desigualdades se llama fiscalidad singular

Las Islas Verdes –La Gomera, El Hierro y La Palma– comparten un rasgo común: sufren una desventaja estructural por razones geográficas, sociales y económicas. La dispersión territorial, la pérdida de población joven, el encarecimiento de los servicios básicos, el sobrecoste de la doble insularidad y la fragilidad del tejido empresarial no pueden abordarse con coyunturales o genéricas. Necesitamos una fiscalidad adaptada a esta realidad, una fiscalidad que no iguale lo desigual, sino que corrija lo injusto.

Por eso, proponemos una compensación del 50% en el tramo autonómico del IRPF para las rentas del trabajo en estos tres territorios. Esta medida no es un capricho ni una idea excéntrica; es una propuesta justa y racional para incentivar el arraigo poblacional, frenar la despoblación y dinamizar la economía local. No se trata de regalar nada, sino de dar oportunidades allí donde más se necesita.

Nuestra propuesta no se queda ahí. Apostamos también por deducciones fiscales en rentas procedentes del capital mobiliario, arrendamientos y rendimientos inmobiliarios. Asimismo, planteamos bonificaciones en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para la adquisición de inmuebles destinados a actividades económicas. También debe contemplarse la reducción de gravámenes para empresas que operen efectivamente en estos territorios, siguiendo el modelo de incentivos que ya contempla nuestro Régimen Económico y Fiscal.

Estas tienen un doble objetivo: estimular la inversión privada y facilitar el establecimiento de nuevas actividades económicas, especialmente en sectores estratégicos como el turismo sostenible, la economía digital, las medidas de energías renovables o los servicios sociosanitarios. A través de esta vía, podemos dotar a nuestras islas de nuevas capacidades para afrontar los desafíos del presente y del futuro.

Ya no hacen falta más estudios. El problema está identificado y la solución también. De hecho, el Parlamento de Canarias ha aprobado resoluciones claras en esta línea y el propio Gobierno ha mostrado sensibilidad, por ejemplo, con la compensación del coste del combustible. Sin embargo, es urgente avanzar hacia un marco fiscal estable, estructural y ambicioso, que tenga reflejo en los próximos presupuestos autonómicos.

Desde La Gomera seguiremos impulsando esta reivindicación como una prioridad irrenunciable. Porque si queremos una Canarias cohesionada, con igualdad de oportunidades para todos y todos, esta es la dirección que debemos seguir. Frente al modelo de desarrollo desigual que arrastra nuestra comunidad, la fiscalidad diferenciada es una oportunidad para reconciliar justicia y eficacia, para dar a nuestras islas no capitalinas una nueva capacidad de futuro. Es, en definitiva, una herramienta para que nadie tenga que marcharse de su isla por falta de oportunidades. Para que vivir en La Gomera, La Palma o El Hierro no sea un acto de resistencia.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Necesitamos que la reflexión y la pausa se impongan a las prisas. Cerrar por un instante los ojos e imaginar el vuelo del pinzón azul entre los pinares de Inagua. Es una imagen casi onírica y sin embargo obstinadamente real que invita a fusionar ensueños y objetivos tangibles. Por eso, cuando la ciudad corría y consumía la mañana, quisimos, hace unos días, detener el tiempo para que se escuchara en el mismo centro de la capital insular el latido de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria en su vigésimo aniversario. Lo hicimos a través de una muestra de paneles informativos y fotografías que a partir de ahora recorrerá distintos puntos de la isla para divulgar su significado. La efeméride supone también un recordatorio, porque la preservación de los valores naturales y humanos que atesora esta figura UNESCO es una responsabilidad colectiva. Y es preciso poner la máxima atención en su cuidado, porque contiene las llaves del futuro

La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria funciona como un incansable laboratorio de evolución de la vida ya que existe tal concentración de endemismos que está catalogada como ‘punto caliente de la biodiversidad’ en el mundo. De hecho, la información del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BIOTA) indica que en el territorio de la RBGC se han registrado 6.084 especies. Un total de 4.170 son nativas, 1.024 de ellas endémicas. Se distribuyen por el amplio espacio declarado Reserva de la Biosfera el 29 de junio de 2005. Hablamos de más de 103.000 hectáreas, casi 66.000 de ellas terrestres, que abarcan el 42% del territorio insular y de una franja marina de otras 37.000 hectáreas.

No obstante, las claves que citaba anteriormente están custodiadas en la memoria y el conocimiento de la realidad que pisan las personas que habitan este espacio de la declaración, alrededor de 16.000 habitantes que suponen menos del 2% de la población total de Gran Canaria. Sin embargo, su importancia para el modelo sostenible que defendemos para la isla es incuantificable, sobre todo cuando los desafíos guardan relación directa con el despoblamiento, la adaptación al cambio climático, la vivienda, la mejora de la calidad de vida o la gestión del uso público en iconos naturales.

Este llamamiento al equilibrio cobra una dimensión especial en un momento histórico en el que nuestra isla avanza en conservación y preservación y, a la vez, proliferan a nuestro alrededor movimientos que aspiran a pasar por encima de la naturaleza y de los rasgos de identidad de los pueblos, subidos al carro del capitalismo desaforado y la uniformidad global. Crecen como la maleza. Pero en Gran Canaria estamos preparados y preparadas para frenarlos. Y la Reserva de la Biosfera es una de nuestras herramientas más valiosas.

Esta figura de la UNESCO, como bien sabemos, supone un reconocimiento internacional a la histórica y particular simbiosis entre la naturaleza y las personas que han habitado y habitan este territorio. Pero entraña sobre todo la responsabilidad de mantener un legado que nos brinda además la oportunidad de extraer conclusiones valiosas en este contexto de retos sociales y ambientales.

El acento debe ser puesto sobre la sostenibilidad y sobre las personas que habitan la Reserva de la Biosfera. Porque ellas son el rostro del paisaje. Y también el rastro, el surco correcto a seguir. Hacia ese lugar ha dirigido el foco en la última década la gestión del Gobierno insular, que además ha reforzado los recursos disponibles a través de la estructura que conforma el Instituto para la Gestión Integrada de la Reserva de la Biosfera y el Patrimonio Mundial.

Este instituto responde a la necesidad de gestionar de forma integrada un territorio que ha sido distinguido por la UNESCO con dos reconocimientos internacionales simultáneos: la Reserva de la Biosfera y el Patrimonio Mundial al Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, este último desde 2019.

La experiencia de Gran Canaria es única en España y excepcional a nivel internacional, donde apenas existen precedentes comparables. Uno de los más reconocidos es el caso de la isla de Jeju (Corea del Sur). Esta singularidad sitúa al instituto, y con ello a la isla, en la vanguardia de la gobernanza territorial mundial, como referente en la gestión coordinada de figuras UNESCO.

La gestión de una Reserva de la Biosfera requiere armonizar ámbitos tan diversos como el medio ambiente, el turismo, la agricultura, el patrimonio, la cultura, la igualdad o el desarrollo rural. El instituto responde a esta necesidad mediante una estructura institucional anclada en el centro neurálgico del gobierno insular, que articula políticas públicas desde una visión ecosocial, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el modelo de Ecoísla y la Agenda 2030.

El salto presupuestario es uno de los hitos más notables: en 2015 la gestión de la RBGC contaba con apenas unos 100.000 euros. En 2025, el presupuesto asignado supera los 9,6 millones de euros, y ya se han ejecutado más de 5 millones en el primer semestre del año. Este crecimiento (superior al 7.700%) ha sido clave para profesionalizar la gestión, escalar proyectos y ampliar su alcance territorial y social.

Este impulso económico se ha traducido en un fortalecimiento organizativo. El instituto cuenta con un equipo técnico multidisciplinar integrado por 22 biólogas, geógrafos, juristas, economistas, arqueólogos o arquitectos, entre otros perfiles, y una dotación administrativa estable. Esta estructura permite afrontar con solvencia los retos de planificación, ejecución de fondos europeos, cooperación interinstitucional y atención directa a la ciudadanía.

También posibilita una Reserva de la Biosfera viva con la reactivación del Consejo Rector, el Consejo Científico y el Consejo de Participación Pública. A ello se suma el apoyo directo a la sociedad civil con líneas específicas de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, dirigidas a colectivos locales en ámbitos como la educación ambiental, cultura, agroecología, restauración patrimonial o innovación social. Estas ayudas consolidan un ecosistema cívico comprometido con el territorio.

Y vemos signos claros de que esa sintonía se ensancha. Hace un mes, por ejemplo, el Cabildo amplió la convocatoria de ayudas a proyectos en la Reserva de la Biosfera y el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria para dar respuesta a más de 40 iniciativas de gran interés para los objetivos comunes que perseguimos.

En el terreno de la sensibilización, las ecoescuelas están haciendo posible que la población infantil tome contacto con las raíces y se involucre lo antes posible con modelos de relación respetuosos con el medio ambiente. Lo mismo sucede con iniciativas como ‘Creando Comunidad Biosfera en Gran Canaria’, que renuevan y extienden la savia de este gran árbol colectivo.

Al mismo tiempo, hemos vivido acontecimientos que apuntalan la divulgación y el disfrute sostenible del territorio a través de los Senderos de Gran Recorrido o de la apertura del Centro de Interpretación de Degollada de Becerra, una nueva ventana a la historia escrita en paisaje. Porque primero fue el fuego que rasgó el océano, allí donde no había nada. Luego la roca, el paisaje. Y luego la aventura humana sobre el Atlántico.

Me gustaría recalcar el trabajo de las y los profesionales que hacen realidad las propuestas de acción. Porque sabemos que tienen muy en cuenta el sentimiento de los hombres y mujeres de esta tierra y la supervivencia de testimonios de resiliencia que nos sirven de inspiración. De hecho, el refuerzo de las acciones en los últimos años nos ha permitido estrechar los vínculos con la realidad rural y costera; colaborar con los municipios y, sobre todo, escuchar a quienes saben y viven el territorio en la búsqueda de oportunidades de desarrollo compatibles con la conservación.

El vigésimo aniversario invita a celebrar el camino recorrido y señala el horizonte. Hoy, en definitiva, festejamos y nos comprometemos a insistir en el trabajo, porque la isla y el futuro así lo demandan. Quiero hacer un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para que camine, sienta, respire y se sumerja en la Reserva de la Biosfera que con tanto orgullo y cuidado festejamos. Será una manera de adentrarse en nuestro propio interior, de conocernos mejor y de contribuir a mantener con vida todo aquello que nos da sentido y perspectiva. Como un espejo, y no como un espejismo. Con el aleteo capaz de frenar el tiempo e inspirar al mundo con la grandeza de lo aparentemente frágil. Así debe seguir volando el pinzón azul por el pinar. También nuestros fundados sueños de un mañana mejor.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.