El Gobierno pretende que la norma incluya la unificación de los partidos judiciales de Puerto de la Cruz y La Orotava

Las islas recibirán en junio el 90% de los 15 millones de euros procedentes de los fondos MRR para mejoras de la justicia, correspondientes a las anualidades 2022-2023

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, quiere cambiar el proyecto de ley de Eficiencia Organizativa de la Administración de Justicia, que se encuentra ya tramitándose en las Cortes Generales, con el fin de corregir, de forma puntual, la Ley de Demarcación y Planta Judicial y que se incluya la unificación de los partidos judiciales de Puerto de la Cruz y La Orotava.

Así lo ha manifestado la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, al término de la Conferencia Sectorial extraordinaria de Administración de Justicia celebrada este viernes, bajo la presidencia del secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, en la que, entre otras cuestiones, se ha analizado el estado de la leyes que se encuentran en tramitación, principalmente la de Eficiencia Organizativa, que ya está en el Congreso de los Diputados, a punto de iniciar la fase de tramitación de enmiendas.

Vallejo ha indicado que el nuevo modelo organizativo (NUMO), basado en la estructura de los tribunales de Instancia y con el que se pretende dotar a la Administración de Justicia de un modelo de trabajo mucho más eficiente, parte de la actual estructura judicial de 431 partidos judiciales, pero que, en determinados casos, en los que existe amplio consenso, sería necesario modificar la Ley de Demarcación y Planta Judicial con el fin de unificar algunos de ellos, como ocurre en Puerto de la Cruz y La Orotava.

No es la primera vez que el Gobierno canario efectúa una propuesta en este sentido. Sin embargo, ahora el Ministerio, aunque no tiene previsto una reforma general de la citada Ley de Demarcación y Planta Judicial, entiende que en aquellos supuestos concretos en los que sí hay una posición común de todas las administraciones, como sucede en el caso de Puerto de la Cruz y La Orotava, cabe introducir, a través de una enmienda, tal modificación dentro del proyecto de ley de Eficiencia Organizativa. De ahí que en esta Conferencia Sectorial se haya acordado trasladar a las Cortes la propuesta de Canarias, que insistirá en las justificaciones y motivos que se han dado desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y en la conformidad de los ayuntamientos.

La Conferencia Sectorial, a la que asisten representantes de las comunidades autónomas, ha aprobado también el cronograma de distribución de los fondos europeos de las anualidades 2022 y 2023, cuyos criterios de reparto ya se habían fijado en la Conferencia Sectorial celebrada en Avilés el pasado 25 de marzo, completando de este modo la totalidad de las transferencias de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para Justicia.

Según ha detallado la viceconsejera de Justicia, Canarias recibirá 15.079.522 euros entre 2022 y 2023, mediante dos transferencias. La primera, en junio de este año, por el equivalente a un 90% de la cantidad, y la segunda, en el año 2023, por el 10% restante.

Este montante se suma a la cantidad ya recibida en 2021, que asciende a 10.079.505 euros y con la que ya se trabaja, ha dicho Vallejo, en distintos contratos públicos destinados a la transformación digital de la Administración de Justicia.