La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explica en el Parlamento que la puesta en marcha del nuevo aplicativo en el área de dependencia ha provocado un desajuste en los datos que ha sido subsanado, tal y como se verá reflejado en las estadísticas del Imserso de marzo

Canarias llevó a cabo 770 nuevas resoluciones de programas individualizados de atención (PIA), 112 modificaciones de resoluciones de revisiones de grado y 94 de revisiones de prestación reconocida durante el mes de febrero. Asimismo, sumó 4.008 nuevas solicitudes de reconocimiento de la dependencia. Así lo explicó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en respuesta a una pregunta planteada por el grupo socialista en el seno del pleno del Parlamento de Canarias celebrado hoy.

El programa individualizado de atención es la propuesta que hace la Administración de prestación de uno o más servicios, en función del grado de dependencia y las necesidades de la persona solicitante.

Según explicó Delgado, “durante el mes de febrero, la puesta en marcha del nuevo aplicativo, que mejorará la gestión de los datos y agilizará el proceso de tramitación de los expedientes de dependencia, trajo consigo una serie de desajustes en el volcado de datos por parte del Imserso, lo que ha supuesto que los nuevos datos no se hayan incluido en la estadística del organismo estatal, punto que ya se ha procedido a corregir, lo que se verá reflejado en los datos que se publiquen relativos al mes de marzo”.

“A efectos económicos y de transferencia de fondos, se tendrán en cuenta en la transferencia de febrero, ya que la intervención ha aceptado el informe enviado desde el Gobierno de Canarias con los justificantes aportados”, aclaró Delgado.

La consejera de Bienestar Social enfatizó en su intervención que la preocupación del Gobierno es “atender mejor a nuestra ciudadanía más vulnerable” y “no hacer ingeniería estadística, ni trabajar para que los datos nos dejen mejor en los informes”.

“Por eso, estamos inmerso en dar solución a las más de 6.000 personas que están dadas de alta pero que no reciben prestación porque no hay empresas acreditadas o administraciones que presten el servicio, porque ¿de qué sirve que mejoremos las estadísticas si no logramos que estas personas, y sus familiares, tengan una vida más digna?”, concluyó.