El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, apunta a este recurso como “ejemplar y pionero” en Canarias

El nuevo edificio, impulsado por la Asociación de Familias de Personas con Autismo de Las Palmas, ofrecerá un total de 12 plazas en viviendas para personas adultas con autismo, además de un centro de atención integral para menores y jóvenes con TEA y sus familias

El proyecto ha contado con una financiación de 1,9 millones por parte del Ejecutivo autonómico

Canarias contará con las primeras viviendas funcionales para personas adultas con autismo. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visitó hoy, junto a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, las obras llevadas a cabo por la Asociación de Familias de Personas con Autismo de Las Palmas para edificar viviendas funcionales para personas adultas con autismo. Además, las instalaciones, una vez concluidas, incluirán otros servicios especializados dirigidos a atender a personas con autismo y sus familias.

“Con la puesta en marcha de este nuevo recurso se dará respuesta a parte de las demandas de las familias, ofreciéndoles un recurso donde no solo se potenciará la autonomía de personas adultas diagnosticadas con autismo, sino que se llevarán a cabo servicios especializados en atención temprana dirigidos a menores de edad”, afirmó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el transcurso de la visita a las obras del nuevo espacio para la atención de este colectivo que estará ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.

La construcción del espacio ha sido impulsada por la Asociación de Familias de Personas con Autismo de Las Palmas (Apnalp) y cuenta con el apoyo financiero del Gobierno regional, que ha destinado a su construcción un total de 1.954.012,55 euros. “Estas instalaciones permitirán ofrecer una atención directa a las personas con autismo, poniendo a su disposición servicios esenciales y básicos para su desarrollo integral”, matizó el jefe del Ejecutivo.

“Estamos ante un futuro espacio fundamental y necesario para las personas con Trastorno de Espectro de Autismo, dado que, según datos de la propia asociación, a la que felicito por la labor que ha venido realizando durante las cuatro últimas décadas en favor de la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, se podrá atender a más de 300 familias al año y acogerá a más de 100 profesionales y estudiantes”, señaló la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien hizo alusión a la indispensable labor e implicación de la sociedad y de las entidades del tercer sector “para llegar a donde muchas veces la Administración no logra llegar”.

“Es fundamental la labor que realizan las entidades y, por eso, tenemos que seguir trabajando desde el Ejecutivo regional para que el concierto social sea una realidad y para reforzar los equipos de atención temprana”, añadió Delgado.

La futura instalación, que estará dirigida a la atención integral de personas con TEA (niños, jóvenes y adultos) y sus familias, está siendo construida en una parcela de 2.500 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La Asociación de Familias de Personas con Autismo de Las Palmas (Apnalp) lleva más de 40 años trabajando en la atención a las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y en la orientación y el asesoramiento a las familias de las personas afectadas por este trastorno del neurodesarrollo. Actualmente, la entidad cuenta con algunos servicios como un centro de atención diurna, que es único en la provincia, así como actividades de respiro familiar, una sala de terapia ocupacional desde el enfoque de integración sensorial, formación, orientación familiar, detección e impresión diagnóstica, campamento de verano e invierno, etc…

Una instalación con dos espacios diferenciados

Esta nueva instalación albergará, por un lado, un conjunto de viviendas para personas adultas con autismo, lo que lo convertirá en el primer recurso de estas características que se pone en marcha en el Archipiélago, y, por otro, un centro de atención integral dirigido a población menor y joven con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias.

Las viviendas, con un total de doce plazas, constituirán un servicio vinculado al centro de día, con el fin de llevar un trabajo integral y coordinado entre ambos recursos. Los alojamientos contarán con diversos espacios, como cocinas, habitaciones independientes y una sala para cada usuario, baños, zonas comunitarias (salón, sala polivalente, gimnasio…), lavandería, y espacios al aire libre que permitan el desarrollo de habilidades manipulativas y de autonomía personal en el cuidado de los entornos (jardinería y huerto, actividades de ocio, barbacoas etc.).

Junto a las viviendas, el proyecto contempla la puesta en marcha de un Centro de Atención Integral para el apoyo a las familias con niños con TEA desde los 0 a los 16 años, que funcionará como centro de referencia y donde se prevé que se implementen un conjunto de servicios especializados.

La Consejería de Turismo y Empleo mantendrá en los próximos días reuniones con todos los agentes implicados, entre los que se encuentran los siete Cabildos y 88 municipios

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, y el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, se han reunido este jueves con representantes de patronales hoteleras y extrahoteleras, sindicatos, Cámaras de Comercio y asociaciones de propietarios para abordar el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.

Miguel Ángel Rodríguez se mostró satisfecho tras el encuentro, convocado en la modalidad telemática y presencial, celebrado solo un día después de que se abriera el trámite conjunto de audiencia e información pública de la iniciativa. El director general destacó “el tono cordial y la actitud propositiva de los asistentes, que plantearon opiniones favorables, dudas, alternativas o discrepancias sobre el contenido de la iniciativa”.

“Nos hemos emplazado a seguir viéndonos y a seguir construyendo este anteproyecto, que todavía está en proceso y que queremos que sea fruto del mayor consenso posible”, agregó Rodríguez.

En esta primera reunión estuvieron presentes representantes de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel); la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL); la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de las Palmas (FEHT); Exceltur y las Cámaras de Comercio de Lanzarote y Tenerife; la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT) y la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI).

Además, participaron representantes del sindicato CC OO, así como de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV).

Según avanzó Rodríguez, la Consejería de Turismo y Empleo mantendrá en los próximos días reuniones con todos los agentes implicados, entre los que figuran los siete cabildos y los 88 ayuntamientos.

El Ejecutivo autonómico facilitará a las corporaciones locales que lo requieran una ordenanza tipo para adecuar su normativa urbanística y delimitar el uso turístico de viviendas por núcleos de población

También pondrá a disposición de los municipios el Cuadro de Mando de Vivienda Vacacional, y prepara una encomienda de gestión con el Colegio de Registradores para reforzar las tareas de inspección y control

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, y el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, han presentado este miércoles el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.

De León avanzó que serán los ayuntamientos quienes establecerán los límites, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, e indicó que “no se trata de prohibir y sí de planificar y ordenar”. “Serán los municipios que tengan desarrollados o desarrollen sus planes urbanísticos los que puedan articular medidas para hacerlo de una forma más eficiente”, señaló, subrayando que “solo podrá haber vivienda vacacional cuando el planeamiento urbanístico diga que puede haberlo”.

De León hizo hincapié en que “con la nueva ley una parcela residencial no va a permitir el uso exclusivo de hospedaje en ninguna modalidad de alojamiento turístico”, y señaló que “esto supondrá un cambio respecto a la regulación actual, que no establece límites cualitativos ni cuantitativos, y donde cualquier vivienda de los 1,78 millones que hay en Canarias puede destinarse a este fin con una declaración responsable”.

Por eso, “esta ley busca el equilibrio entre el derecho a la vivienda, el de libertad de empresa, el de todos los canarios a preservar su identidad, su medioambiente, sus ciudades, sus pueblos y el de los 54.284 propietarios de viviendas vacacionales a tener una renta adicional”, apuntó.

Por esta razón, la nueva norma establece, con carácter general y flexible, que el 90% de la edificabilidad residencial deberá destinarse a domicilio permanente, mientras que en las Islas Verdes se aplicará el 80%. Además, dentro de la hoja de ruta que se ha marcado la Consejería se encuentra la de proporcionar herramientas a los ayuntamientos que les permitan adecuar su normativa urbanística y delimitar dónde quieren esas viviendas.

Con ese objetivo, el Gobierno de Canarias pondrá a disposición de las corporaciones locales el Cuadro de Mandos de la Vivienda Vacacional, una herramienta digital que permite consultar en tiempo real y de forma georreferenciada la evolución de esta modalidad alojativa.

La titular de Turismo señaló que, además, “se estudia y prepara una encomienda de gestión con el Colegio de Registradores para el acceso al registro turístico por vía telemática, con el fin de coordinar la información, la inspección y el control de la actividad”.

Por su parte, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, apuntó que “cuando los ayuntamientos no hayan especializado los usos no podrá haber vivienda vacacional”.

El anteproyecto fija las razones por las que se puede habilitar el uso de hospedaje. En este sentido, Rodríguez agregó que “será necesario acreditar que el municipio dispone de suelo suficiente para vivienda permanente, que no está afectado por las normas de mercado residencial tensionado; será imprescindible también argumentar que esa habilitación es compatible con el uso turístico residencial y tendrán que usar indicadores de sostenibilidad”.

El director general resaltó que “si la administración local permanece cinco años sin efectuar actuación alguna, se aplicará subsidiariamente unas normas que emanan del anteproyecto de ley del Gobierno autonómico, como ocurre en ciudades como Donosti o Madrid”. Las viviendas destinadas al uso vacacional y/o turístico deberán cumplir requisitos mínimos de sostenibilidad, calidad y competitividad.

El texto normativo incluye también que las viviendas de nueva construcción deberán destinarse como mínimo diez años a un uso residencial, antes de solicitar su comercialización como vivienda vacacional.

Rodríguez aseguró que el inicio de la actividad estará sujeto a la presentación de declaración responsable, que deberá ir acompañada de una memoria técnica de actividad clasificada, así como de una cédula urbanística, y no podrán dedicarse a fines turísticos las viviendas sometidas a ningún régimen de protección pública (VPO).

El anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas se somete desde este miércoles a trámite conjunto de audiencia e información pública y puede consultarse en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias. Lo hará por un plazo de veinte días hábiles, hasta el próximo 2 de mayo.

Y es que la finalidad, tal y como subrayó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, es garantizar una mayor participación de la ciudadanía.

Enlace al anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas:

https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/IP-Anteproyecto-de-Ley-de-ordenacion-sostenible-del-uso-turistico-de-viviendas/

Esta partida forma parte del reparto de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, para el que el Ejecutivo canario ha presentado diferentes proyectos y también ha previsto otros adicionales, en caso de que se reasignen fondos antes del fin de la convocatoria

Pablo Rodríguez y Antonio Ortega han asistido a la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana organizada por el Ministerio para abordar la situación de la vivienda en las Islas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado, tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana del Ministerio, que el Gobierno de Canarias contará con 20 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia, para la rehabilitación de viviendas y de espacios urbanos, en el Archipiélago.

Está partida forma parte del reparto de fondos entre Comunidades Autónomas del Plan de Recuperación y Resiliencia, para el que el Ejecutivo canario ha presentado diferentes proyectos y también ha previsto otros adicionales, en caso de que se reasignen fondos antes del fin de la convocatoria durante este 2024.

Tras la reunión, a la que también ha asistido el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, el consejero ha trasladado que “Canarias necesita los esfuerzos de todas las administraciones para dar respuesta a uno de los principales problemas de los canarios y canarias”.

Asimismo, ha explicado que esta partida se suma a otros 200 millones de euros que, a través de fondos europeos, ha recibido Canarias para políticas de vivienda, destinadas tanto a la rehabilitación como a la construcción.

“El compromiso del Gobierno de Canarias es dar respuesta, durante esta legislatura, a los problemas de acceso a la vivienda y, por supuesto, ejecutar todos los fondos que llegan desde Europa y el Estado, ya que cuando accedimos a la Consejería, a mediados del año pasado, había muchos sin ejecutar”, ha añadido Rodríguez.

En este sentido, Rodríguez ha apuntado que, en la actualidad, gran parte de los fondos se encuentran en fase de licitación o de adjudicación, lo que permitirá disponer, en los próximos meses, de más de mil viviendas en proceso de construcción en todo el Archipiélago.

Sobre la construcción en suelo rústico

El consejero Pablo Rodríguez, en el marco de este encuentro, ha aclarado, en declaraciones a los medios de comunicación, que “el Gobierno de Canarias ha analizado la posibilidad de construir vivienda en suelo rústico en la isla de La Palma, de forma extraordinaria tras la situación generada por la erupción volcánica”.

“El Ejecutivo tiene el compromiso de priorizar las políticas de vivienda y, en ese sentido, el suelo es uno de los elementos más difíciles, porque vivimos en islas donde el territorio es limitado y sensible desde el punto de vista medioambiental, por tanto, tenemos que tener todas las previsiones posibles para poder acceder a suelo, pero teniendo en cuenta el territorio en el que nos movemos. La decisión de construir en suelo rústico en La Palma tiene una excepcionalidad, que no se da en el resto de las islas”, ha apuntado.

En este punto, Rodríguez ha explicado que están valorando la aprobación de un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que facilite la posibilidad de construir inmuebles públicos mientras se llevan a cabo otras iniciativas, de manera simultánea, como la adquisición de viviendas vacías o inacabadas, para poder poner a disposición de la ciudadanía en mayor número en el menor tiempo posible.

Con esta partida, se renovarán y construirán viviendas abandonadas u obsoletas ubicadas en la Charca de Arguineguín y el Barranco de Pino Seco

Esta iniciativa busca impulsar políticas de vivienda que fomenten la inclusión social de las personas y el acceso a una vivienda digna

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, en el que le ha trasladado que el Ejecutivo ha concedido al consistorio una subvención directa de 1.874.370,78 euros, para la mejora y rehabilitación de viviendas.

Esta subvención tiene como objetivo la financiación conjunta de actuaciones de rehabilitación, renovación y edificación de viviendas, así como la urbanización o reurbanización de los entornos en los que se encuentran los inmuebles, con el fin de contribuir a la erradicación de áreas abandonadas, obsoletas o en declive, en el área degradada de la Charca de Arguineguín y el Barranco de Pino Seco, en Mogán.

En este sentido, este acuerdo entre ambas entidades busca contribuir a la inclusión social de las personas y unidades de convivencia afectadas para facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada, en el marco del programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y la infravivienda del Plan Estatal de Vivienda.

Los inmuebles serán destinados a aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado inmobiliario, cuyas rentas anuales, incluyendo los de todas las personas que constituyan la unidad de convivencia, no superen 3 veces el IPREM en el momento de la suscripción del correspondiente contrato de arrendamiento o de cesión en uso.

Pablo Rodríguez y Antonio Morales abordan el avance del proyecto de la denominada ‘variante de Bañaderos’, cuya redacción afirman que se licitará durante este 2024

Durante el encuentro han anunciado la posibilidad de que, en febrero, la Corporación insular recepcione y pueda abrir al tráfico el nuevo tramo del Risco de Agaete

Las dos instituciones contemplan firmar un convenio, de cara a conseguir el suelo necesario para construir en la Isla las viviendas que prevé el Plan Canario de Vivienda

Los gobiernos insular y autonómico unirán sus fuerzas, para reclamar al Estado que asuma el coste total de la gratuidad del transporte público en las Islas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, han mantenido hoy una reunión para avanzar en la concreción y coordinación de ambas administraciones para sacar adelante varios proyectos estratégicos para la Isla en los ámbitos de carreteras, obras públicas, movilidad, transporte, costas y patrimonio.

Ambos han abordado estos asuntos junto al consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, el consejero de Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, la directora de Carreteras, Gloria Macías, el director de Conservación de Carreteras, Fernando Hidalgo y el director técnico de Salto de Chira, Yonay Concepción, por parte del Cabildo insular y al viceconsejero de Infraestructuras, Francisco González, las directoras de Transportes, María Fernández, y de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, el jefe de área de Carreteras, Ángel Mejías, el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega y el director de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, por parte del Gobierno de Canarias.

Durante la reunión, Rodríguez y Morales han dado especial relevancia a los planes que ya se ejecutan y que se acometerán en breve en las vías insulares, a raíz de la aprobación del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte (PTP-15) por parte de la Corporación insular.

En este sentido, Pablo Rodríguez ha indicado que uno de sus tramos es la denominada ‘variante de Bañaderos’, que discurre entre Bañaderos y Pagador y cuya adecuación “es una demanda histórica, para la que el planeamiento no tenía una solución concreta hasta que el Cabildo aprobó el PTP-15”, señaló, “y desde el Gobierno canario hemos priorizado la redacción del proyecto, que nos hemos comprometido a licitar durante este año”.

Asimismo, Antonio Morales ha recalcado que la aprobación del PTP-15 va a suponer, entre otros numerosos beneficios, el desarrollo de la GC-2, una vía que consideró “un elemento fundamental para el desarrollo de la Comarca Norte de Gran Canaria” y para la que, en este encuentro, se abordaron puntos esenciales.

Otro de los tramos relevantes de esta vía es el del Risco Agaete, acerca del que el presidente del Cabildo ha anunciado la posibilidad de que, a final de este mes de enero o en las primeras semanas de febrero, “ya podríamos empezar a hablar del documento de recepción y de inauguración, y, por lo tanto, de su apertura”.

En esta misma área, Morales ha explicado que se han abordado las obras de la cuarta fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria y, en concreto, del soterramiento de la carretera de Arucas, tanto las labores que se van a adjudicar próximamente para aliviar el tráfico en la rotonda de Belén María, en la capital grancanaria, así como las mejoras de los accesos de la GC-1, para los que en los próximos meses se dispondrán de los respectivos proyectos.

Más en concreto, Pablo Rodríguez ha detallado que las obras para soterrar el acceso a Arucas, que es la continuación de la cuarta fase de la circunvalación, se iniciaron hace pocos meses y finalizarán este mismo 2024.

Además, ha especificado que el Gobierno autonómico «está a muy poco tiempo de adjudicar el enlace de Belén María, que se soterrará, para mejorar el acceso al Puerto de la Luz y Las Palmas, al Sebadal y al barrio de La Isleta, uno de los puntos negros de la capital y de la Isla”. En este caso, ha añadido que la obra, presupuestada en 36 millones de euros, ya ha salido a licitación y se están valorando las 11 ofertas presentadas, para que, probablemente durante el mes de febrero, se disponga de la propuesta de adjudicación.

En cuanto a las mejoras de los enlaces e intersecciones de la GC-1, ha asegurado que los proyectos estarán listos en marzo y podrán licitarse durante 2024, haciendo hincapié en el tramo de esta vía a su paso por Telde, “en donde se produce uno de los problemas más importantes de congestión de la Isla”.

Otro de los asuntos abordados fue la segunda fase de la carretera de La Aldea, una obra de más de 150 millones de euros, sobre la que Rodríguez ha manifestado que, en pocas semanas, se finalizarán los túneles del Risco de Faneque y se pondrán a disposición del Cabildo y de la ciudadanía grancanaria.

Con relación a la GC-5, concretamente al nuevo acceso a Telde, ha comentado que ya se ha adjudicado la redacción del proyecto y que la Consejería va a intentar implementar distintas mejoras, para dimensionarlo y tenerlo listo lo antes posible.

Finalmente, ambos dirigentes se han referido al proyecto de la Metroguagua, que requiere una inversión de más de 50 millones de euros, está redactado, aprobado y pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental y de la adscripción a Costas para su licitación.

La concesión del Puerto de Taliarte

El futuro del Puerto de Taliarte ha sido un tema en el que ha detenido Antonio Morales, dado que, como recordó, se le comunicó al consejero que la concesión a la Corporación insular por parte del Gobierno canario vence en 2028. “Es un puerto que construyó el Cabildo en su momento y que tiene unas dimensiones extraordinarias de futuro en torno a la economía azul”, remarcó. “El Cabildo ha ejecutado varios millones ya de inversión en ese recinto y tiene programados para los próximos años 7 millones más. Por tanto, hemos pedido la continuidad de esa concesión”.

El presidente insular adujo que el Gobierno plantea una prórroga que la Corporación insular ya ha pedido y que, “tal y como ha expresado hoy el consejero, su voluntad es contribuir a que la obtengamos y que podamos seguir programando esa proyección de futuro del Puerto de Taliarte”, zanjó Morales.

Convenio en materia de vivienda

En el ámbito de Vivienda, Antonio Morales ha puesto de relieve que la Corporación es muy consciente de la demanda y de la situación que se vive en Canarias en general y en Gran Canaria en particular, y enfatizó en “la necesidad de coordinarnos, a través del Plan Canario de Vivienda, para poder avanzar juntos. Por eso, el Cabildo de Gran Canaria ofrece toda la colaboración y la participación del Consorcio en el Plan Canario de Vivienda. Este es el único cabildo que tiene un consorcio de estas características”, dijo. “Por tanto, nos sumamos a hacer realidad el objetivo del Gobierno de avanzar en la construcción de viviendas en Gran Canaria”.

Rodríguez ha insistido en esta idea y ha explicado que “el Plan Canario de Vivienda finaliza el año que viene, por lo que 2024 y 2025 tienen que ser los años de construcción. Va a haber cientos de viviendas construyéndose en esta Isla y la colaboración del Cabildo, a través de su Consorcio, es fundamental. Nos hemos citado para estudiar la posibilidad de firmar un convenio entre las dos administraciones, para adquirir suelo, porque los ayuntamientos nos lo han cedido, pero no es suficiente para las dimensiones que queremos buscar”, vaticinó.

Unidos para pedir a Madrid la financiación de la gratuidad del transporte

Durante el encuentro de trabajo se ha abordado la gratuidad del transporte público en la Isla y de la gestión de los déficits de explotación de la movilidad sostenible.

En este sentido, Morales ha afirmado que “se está haciendo un esfuerzo enorme por parte del Cabildo de Gran Canaria en este aspecto. El Estado aporta 81 millones de euros y el compromiso que hemos adquirido hoy es unir fuerzas, para demandar de Madrid la financiación de lo realmente supone esa gratuidad”, ha aseverado.

“Vamos a ir de la mano para conseguir que esos 72 millones que cuesta en estos momentos la gratuidad, más los 31 millones del déficit de explotación, sean asumidos de manera directa por el Estado en los presupuestos de 2024”.

Sobre este punto, Rodríguez ha apostillado que, “en 2023, se ha comprobado que son necesarios, como mínimo, 50 millones de euros más para poder asumir y afrontar la gratuidad en toda Canarias, principalmente en las dos islas capitalinas, que es donde mayor gasto, evidentemente por mayor población existe”.

Finalmente, ambos dirigentes han analizado el proyecto del tren de Gran Canaria y han adquirido el compromiso de ir de la mano en un plan que compromete 1.600.000.000 de euros.

En este sentido, Morales ha explicado que “se cuenta con todos los proyectos y estudios económicos y sociales, y se está a punto de tener el estudio de impacto medioambiental y una previsión de expropiaciones, con un coste de 16 millones de euros.

“Hemos acordado trabajar juntos, porque para conseguir la participación económica de la Unión Europea a través del programa ‘Conecta Europa’ necesitamos la conformidad del Estado y, para lograrla, es precisa la voluntad del Gobierno canario de hacer suyo este proyecto como Comunidad autónoma, de cara a que se nos incluya en el Corredor Atlántico de la Red Básica del Transporte Transeuropea”.

Rodríguez, por su parte, ha mostrado la disposición del Ejecutivo canario para sacar adelante este proyecto y ha anunciado que, la semana del 24 de enero, mantendrá reuniones en el Ministerio y para plantear dichas reivindicaciones.

“Vamos a ir de la mano y también trabajaremos en un convenio entre el Estado, Canarias y el propio Cabildo de Gran Canaria, para afrontar este macroproyecto”.

Un futuro Servicio Canario de Costas

Por último, con respecto a Costas y los rodajes, el consejero recalcó que el Gobierno canario ha heredado con la transferencia de las competencias de costas, un sistema de demarcaciones provincial.

En este sentido, ha recalcado que “el objetivo es crear un Servicio Canario de Costas, que tenga un criterio único para las ocho islas. Con ello, garantizamos la unificación no solo de los criterios, sino también de los tiempos, en definitiva, de los permisos que tienen que ver con una industria que ha crecido de manera exponencial y que nosotros, desde Costas, vamos a seguir apoyando”.

Para terminar, el presidente del Cabildo de Gran Canaria ha destacado que, en la reunión, también se han repasado varios proyectos de interés para la acuicultura en Gran Canaria y se ha hablado de la agilización de las autorizaciones para la desaladora del Salto de Chira y para la integración de la cantera, con unas propuestas paisajísticas que se han incorporado al proyecto y para las que se requiere mayor agilidad de los informes por parte del Gobierno.

Las subvenciones irán dirigidas a la mejora de 446 inmuebles en el Polígono de Jinámar y a la rehabilitación de inmuebles del grupo Sanz Orrio, en el barrio de La Isleta

La Consejería de Obra Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha concedido dos subvenciones directas por valor de 4.376.433,64 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la rehabilitación de edificios de viviendas en la ciudad.

La primera subvención, de 3.301.233,64 euros, se destinará a la rehabilitación de 446 viviendas integradas en 16 portales del Polígono Jinámar, Fase III, mientras que la segunda cuantía, de un total de 1.075.200 euros irá dirigida al entorno residencial del Grupo Sanz Orrio, en el barrio de La Isleta. Las obras, que deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026, consistirán en la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad y la seguridad de las viviendas.

Estas ayudas se enmarcan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea cuyo objetivo se centra en mejorar las condiciones de habitabilidad y eficiencia energética de las viviendas, así como la regeneración urbana de los ámbitos de actuación.

Las subvenciones se conceden por razones de interés público, social y económico, al tratarse de zonas con residentes en alto grado de vulnerabilidad. El Ayuntamiento capitalino será el encargado de ejecutar las obras.

El consejero Pablo Rodríguez ha destacado Canarias con la rehabilitación de viviendas, una medida clave para mejorar la calidad de vida de las personas y el acceso a la vivienda en la capital grancanaria

El Archipiélago cuenta con 545.344 plazas de alojamiento turístico entre hoteles, apartamentos y vivienda vacacional

La Consejería de Turismo y Empleo presenta el informe ‘Distribución y concentración del alojamiento turístico en Canarias’ elaborado por el Observatorio Turístico de Canarias

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, presentó este martes el informe ‘Distribución y concentración del alojamiento turístico en Canarias’, elaborado por el Observatorio Turístico junto a investigadores de la Cátedra CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna (ULL).

De León, que estuvo acompañada por el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, y del catedrático de la ULL Raúl Hernández, uno de los coautores del informe, destacó que “las plazas de vivienda vacacional en Canarias suponen un 36% del total de la oferta alojativa, frente al 18% de los apartamentos tradicionales, mientras que los hoteles ascienden al 46%”.

La consejera explicó que “ya existen dos municipios en el Archipiélago en donde predomina la vivienda vacacional frente al alojamiento hotelero, como son Las Palmas de Gran Canaria y La Oliva, en Fuerteventura; una ratio que demuestra la necesidad de la regulación de la oferta de alojamiento turístico en la línea que está yendo Europa y el resto del mundo, como consecuencia del rápido crecimiento de la oferta de vivienda vacacional”.

La titular del área hizo hincapié en que “estos datos refuerzan la línea de trabajo de la Consejería y acredita la oportunidad de la puesta en marcha de la futura Ley del Uso Turístico Sostenible de la Vivienda en Canarias”. Además, recordó que “el Observatorio Turístico de Canarias va a ser protagonista en esta legislatura en la toma de decisiones públicas”.

De León también adelantó que “la Consejería y las dos universidades públicas canarias firmarán un convenio para el desarrollo y funcionamiento de la Cátedra Turismo de las Islas Canarias de Sostenibilidad e Inteligencia de Datos”.

El informe que se ha presentado este martes constata que Canarias cuenta con 545.344 plazas de alojamiento turístico de las que 251.308 son plazas hoteleras; 195.994 son de vivienda vacacional y 98.042 corresponden a apartamento tradicional.

La consejera hizo hincapié en que “la expansión de la oferta de alojamiento debe regularse para evitar tensiones como la falta de vivienda de alquiler ya que, si bien, la vivienda vacacional diversifica y complementa las otras modalidades, los hoteles y apartamentos están sometidos a numerosa normativa incluyendo, en el pasado, una moratoria turística, pero el crecimiento de la vivienda vacacional no está regulado y, sus efectos, requieren de una norma específica”, indicó.

En este sentido, el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, señaló que “hay seis municipios en Canarias que tienen más plazas turísticas que habitantes censados como son Pájara, Yaiza, Mogán, Tías, San Bartolomé de Tirajana y Adeje”.

Sanabria se refirió a la existencia de una amplia variedad de zonas de interés para el turista como núcleos turísticos consolidados; áreas turísticas incipientes; zonas rurales, cascos urbanos etc. “cada una con su problemática en relación al alojamiento”. “Paralelamente”, prosiguió, “existe una amplia variedad de tipos de vivienda vacacional, como viviendas unifamiliares; viviendas aisladas; viviendas en edificios residenciales; edificios completos, cada una con sus ventajas e inconvenientes”, destacó.

A este respecto, el director de la Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna y coautor del informe, Raúl Hernández, señaló que “en Canarias hay 8 plazas de vivienda vacacional por cada 100 habitantes, aunque esta cifra aumenta en Fuerteventura, 21 plazas por cada 100 habitantes; en Yaiza con 62 plazas por cada 100 habitantes y El Cotillo con 104 plazas de vivienda vacacional por cada 100 habitantes”.

Según el informe presentado, en diciembre de 2023 había en Canarias 200.000 camas de vivienda vacacional. Las cifras registradas en octubre del pasado año señalaban la existencia de 28.560 propietarios de los cuales el 71% eran personas físicas y el 28% personas jurídicas.

Además, el 50% de las plazas de vivienda vacacional corresponden al 79% de propietarios que tienen un solo inmueble, mientras que la otra mitad son propietarios que destinan dos o más viviendas a este uso.

Puedes visualizar el informe en https://osturcan.com/distribucion-y-concentracion-del-alojamiento-turistico-en-canarias-enero-2024/

El consejero ha mantenido un encuentro con la asociación para seguir avanzando en políticas que fomenten el acceso a una vivienda digna y adecuada a la población vulnerable con ingresos inferiores a los 20.844 euros anuales

Con esta partida, se comprarán y rehabilitarán inmuebles que serán destinadas al alquiler o cedidas en uso, aumentando el parque público de Canarias

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, han mantenido un encuentro con responsables de la Asociación Provivienda, en el que les han trasladado que el Ejecutivo ha habilitado una partida de 6.631.760 euros a la compra de 76 inmuebles que serán destinados al alquiler asequible para familias vulnerables en cooperación con esta organización.

Esta colaboración, que se enmarca entre los acuerdos del Plan de Vivienda de Canarias (2020-2025), permitirá a la Asociación Provivienda adquirir inmuebles, de forma individualizada o en bloque, que ya estén finalizados y realizar las obras necesarias de rehabilitación de las mismas.

En este sentido, este acuerdo entre ambas entidades permitirá incrementar el parque público de viviendas en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Agüimes, Arrecife, Arucas, Gáldar, Ingenio, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Santa María de Guía, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Guía de Isora, La Orotava, Güímar, La Victoria de Acentejo, Los Llanos de Aridane, Telde y Arona.

Los inmuebles financiados con cargo a este programa serán ofrecidos a personas cuyas rentas anuales, incluyendo los de todas las personas que constituyan la unidad de convivencia, no superen 3 veces el IPREM, 20.844 euros anuales, en el momento de la suscripción del correspondiente contrato de arrendamiento para promover y fomentar el acceso de la ciudadanía canaria a una vivienda digna y adecuada, especialmente de aquellos que disponen de menos recursos.

La suscripción de este acuerdo forma parte de las políticas de vivienda que la Consejería pretende seguir fomentando durante esta legislatura para hacer frente a la demanda de inmuebles en las Islas con el fin de aumentar las posibilidades de que los canarios y canarias puedan acceder a una vivienda digna.

Siete municipios, cinco turísticos y dos dormitorio, representan el 62% del aumento total de viviendas y de población en el archipiélago

El problema del binomio vivienda-población se encuentra enquistado al menos desde 2011

Un total de 14 municipios canarios, cinco de ellos de gran relevancia turística, como son Arona, Adeje, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y La Oliva, acaparan el 81,3% del incremento de viviendas entre 2011-2021 y sobrepasan en 20,7 puntos porcentuales el aumento poblacional del conjunto de las islas. Así se constata en el informe ‘Población versus vivienda en Canarias. Un reto pendiente’, hecho público hoy por el Colegio de Economistas de Las Palmas.

Además, al sumar estos cinco municipios turísticos y los dos constituidos como zonas dormitorio de éstos -Granadilla de Abona y Santa Lucía de Tirajana-, se observa que, en el conjunto de Canarias, estos siete municipios representan el 61,8% del aumento total de viviendas en el archipiélago durante el período 2011-2021. Paralelamente, su crecimiento poblacional constituye el 62,6% del incremento demográfico general en las islas.

El decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibíades Trancho Lemes, subrayó durante la presentación del informe que, “el comportamiento de cada isla en lo que a la vivienda y población se refiere es dispar, según se deduce de las distintas variables analizadas y, en consecuencia, no se deben tomar decisiones generalizadas que no contemplen las especificidades de cada una de ellas”.

Por su parte, la coordinadora del informe y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Rosa Rodríguez Díaz, señaló que “son mayormente los municipios turísticos los que contribuyen a los elevados precios de compraventa y alquiler”.

El problema del binomio vivienda-población se encuentra enquistado al menos desde 2011, año que marca el final de un periodo en el que se registró el mayor incremento de viviendas y de población, fundamentalmente de la extranjera, que lo hizo de 2000 a 2011 en un 236%, representando en la actualidad en torno al 20% de la población, al cifrarse en 445.293 personas. De este aumento, Tenerife acumula prácticamente la mitad, mientras que la otra mitad se concentra en el conjunto de las islas de la provincia de Las Palmas.

Tenerife es también la isla que cuenta, en 2023, con un mayor número de demandantes de vivienda de protección, el 53,1%, frente al 44,3% del conjunto de las islas de la provincia de Las Palmas, y la que tiene un mayor stock de viviendas nuevas sin vender, 18.152 en 2022, mientras que Las Palmas acumula 11.835 viviendas.

Desde 2011 hasta 2021, el aumento de viviendas superó al de la población, y, a pesar de ello, se evidencia la persistencia del problema en la oferta de viviendas, agudizándose la necesidad de abordar esta discrepancia para garantizar un crecimiento sostenible y equilibrado que armonice el crecimiento de viviendas con el incremento poblacional en toda Canarias.

En lo que respecta al parque de viviendas, se desprende que pierde peso el régimen en propiedad en favor del alquiler, que pasa de representar un 16,2% en 2011 a un 22% en 2021, lo que lleva a Canarias a ocupar los primeros puestos en viviendas de alquiler en el país. Asimismo, del total de hogares extranjeros, el 50% vive en régimen de alquiler, el 42% en régimen de propiedad y el 8% en otro tipo de régimen.

Mientras todo ello sucede, la Administración pierde de vista el rápido avance económico y social que conduce a un estilo de vida que ha ido cambiando en el tiempo y a unas tendencias habitacionales que también lo han hecho. El tamaño de los hogares ha ido descendiendo y en 2020 los integrados entre una y cuatro personas representaron el 92,9%, destacando, particularmente, los de una y dos personas que conjuntamente suponen el 53,3%. Por tanto, se requiere de un mayor número de viviendas, si bien de menores dimensiones. “Para dar cobertura a esta situación es fundamental, no solo construir viviendas sino fomentar su rehabilitación, a fin de su adaptación a las necesidades habitacionales del momento”, destaca Rosa Rodríguez.

En este sentido, sostiene que, “si en el archipiélago se hubiesen construido viviendas de protección oficial en niveles del entorno de la media nacional, en la actualidad se dispondría de muchas más viviendas que darían cobertura con creces a los demandantes actuales inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, que según el Gobierno de Canarias ascienden a 25.269 familias, afectando de forma dispar a cada isla. Este dato contrasta con el stock de vivienda nueva sin vender que se cifra, en 2022, en 29.987 unidades, así como el fuerte volumen de viviendas vacías que ascienden a 211.331”.

Ineficiencia administrativa a lo largo del tiempo

En este sentido, ha afirmado que “aunque por parte de los poderes públicos se insiste cada vez más en la necesidad de facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada y a precios asequibles para personas con dificultades, estamos ante un problema que ellos mismos han ido generando a lo largo del tiempo”.

El hecho de que sean muchas las Administraciones Públicas a decidir, ha derivado en “muy poca agilidad y diligencia en la gestión para la promoción de vivienda pública y/o protegida y resto de ayudas a jóvenes y colectivos vulnerables, aún cuando cuentan con recursos económicos suficientes para ello”. Estas ineficiencias recaen en los particulares -pequeños y medianos-, con las restricciones al precio del alquiler de sus viviendas en el mercado libre en zonas tensionadas -aún pendientes de declarar- y por una mayor protección al inquilino frente a los desahucios, lo que resulta en indefensión para los arrendadores.

El decano del Colegio de Economistas de Las Palmas ha concluido que “tal vez sea el momento para hacer confluir y coordinar a todas las administraciones públicas de Canarias en materia de vivienda para conocer el parque de vivienda público real, el suelo disponible, las características de las viviendas a construir y/o rehabilitar y el régimen de tenencia, así como para actualizar los módulos a aplicar en la construcción y alquiler, agilizar las licencias de obras, entre otros aspectos”.

Asimismo, ha sugerido dar cabida también al sector privado, colegios profesionales y especialistas en la materia y todos aquellos colectivos que de alguna manera se encuentran vinculados con la promoción, construcción, venta y/o alquiler de viviendas.