Dice una frase que cada uno en su casa hace lo que quiere. Pero no es verdad. Existen imperativos morales, éticos o jurídicos que nos siguen obligando, aunque sea en el ámbito de la vida personal. Por eso, el vecino que hace una fiesta en su casa debe tener en cuenta que el derecho de su familia a divertirse debe respetar el derecho al descanso del vecino de al lado.

Ningún canario puede recibir con tranquilidad la noticia del hallazgo de una bolsa de petróleo de unos mil millones de barriles en aguas cercanas a nuestras islas. Es innegable que el yacimiento se encuentra en aguas de soberanía de Marruecos y desde el punto de vista de la pura legalidad, el vecino país tiene todo el derecho del mundo a explotar esa riqueza. Pero por cuestiones de vecindad, a Canarias le tiene que preocupar, y mucho, que en las aguas cercanas al archipiélago empiecen a funcionar torres petrolíferas que perforen el lecho marino en busca del “oro negro”. Porque es valioso, pero también altamente contaminante.

Confieso que, como muchos otros, no acabo de entender lo que está ocurriendo con eso del petróleo y los minerales valiosos que se encuentran en los fondos oceánicos próximos al archipiélago. Hace algunos años, el Gobierno de España autorizó la realización de prospecciones que levantaron una encendida polémica en una parte de la sociedad de las islas, que se opuso rotundamente a cualquier tipo de aprovechamiento minero en los fondos cercanos. Algunos alegaron que esa oposición era un grave error porque, si había petróleo, o se “pinchaba” por España o se haría por Marruecos. Y que siempre sería mejor que las empresas petroleras trabajasen con las condiciones de seguridad que se exigen en España y Europa. Parece que el tiempo les ha dado la razón.

Pero no acabo de entender cómo es posible que ahora se descubra un yacimiento en una zona que ha sido tan exhaustivamente estudiada con georradares, análisis satelitales y todo tipo de nuevas tecnologías. O dicho de otra manera, no me creo que el “descubrimiento” sea una sorpresa. Lo es para nosotros, los canarios, pero no para quienes desde hace ya mucho tiempo vienen remoloneando con la matraquilla de los yacimientos petrolíferos cercanos.

El riesgo para las islas existe. Habrá que estudiar a qué distancia se van a producir las perforaciones y analizar las corrientes y los vientos que podrían afectarnos en caso de vertidos. Sería precipitado sacar conclusiones antes de tener datos científicos. No es eso lo que en este momento me preocupa.

Sería deseable que se cree un canal de diálogo entre Madrid y Canarias para discutir y definir una estrategia común en torno a potenciales y futuros aprovechamientos mineros en el suelo oceánico de soberanía española. Todo esto tendría que ser hablado y consensuado primero con el Gobierno de las islas y después, incluso, con la ciudadanía. De tal forma, que no solo sirva para tener información, sino para tener la certeza de que esas riquezas beneficiarían a las islas, en una medida adecuada.

Todos sabemos que el oro de Canarias es el sol y su mayor yacimiento es el turismo. Cada año nos ha dado miles de millones en nuestro PIB, creando empleo, desarrollo y riqueza. Y nuestra principal obligación es proteger ese recurso de posibles amenazas. Exigir que Marruecos no aproveche sus riquezas, como dicen algunos, es una lamentable pérdida de tiempo. Pero respetando el derecho del vecino a tomar sus propias decisiones, el Gobierno de España tiene mucho que decir y muchas garantías que exigir. Y sobre todo, tiene mucho de lo que informar a Canarias para construir una estrategia común en la que sepamos cómo, cuándo y dónde se van a defender nuestros intereses.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias

El IPPC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio Climático) se muestra contundente al afirmar que se quedó corto cuando el pasado verano lanzó al mundo su último informe sobre el cambio climático. La ampliación del informe presentado en agosto del año pasado, que hemos conocido hace un par de semanas, nos habla de una situación de no retorno muy grave para el planeta. Y también, desde luego, para Canarias.

El documento del IPPC cita de manera específica a las “islas pequeñas” como los espacios más susceptibles de verse afectados por el calentamiento global. Son muchos y muy graves, por tanto, los efectos del cambio climático para Gran Canaria – algunos ya los estamos padeciendo- y desde el Cabildo se ha elaborado una estrategia –la primera que se pone en marcha en esta Comunidad Autónoma- para la adaptación y la mitigación de sus consecuencias ( tropicalización del clima, aumento del nivel del mar, desvío de los alisios, aparición de enfermedades tropicales, periodos extremos de sequía y/o precipitaciones intensas, incendios forestales, etc.).

En este texto que comparto con ustedes quiero centrarme –aprovecho para ello la reciente celebración del Día Internacional del Agua- en un aspecto que adquiere una dimensión realmente preocupante y que requiere de acciones contundentes: me refiero a la sequía contumaz que padecemos, la escasez de agua y el avance claro hacia la desertización que presenta nuestro territorio. Estamos ante una situación alarmante que se hace cada vez más visible, más real, y que requiere de actuaciones plurales para adaptarnos y para mitigar los daños sobre las personas que habitan la isla, su economía y su valiosa biodiversidad.

Garantizar la seguridad hídrica de la isla es una de las acciones clave para atenuar las consecuencias de la ausencia de lluvias y la consiguiente aridez de nuestro suelo, la desaparición de la tierra fértil y el sector primario, la desforestación, el aumento de los incendios…y nuestra propia supervivencia.

Para Naciones Unidas la seguridad hídrica forma parte esencial del desarrollo sostenible y sus objetivos estratégicos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, sobre agua y saneamiento, tiene la finalidad de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para toda la población. El índice GWP, que mide el potencial del calentamiento global, sostiene que el desarrollo sostenible no será alcanzado sin un mundo sin seguridad hídrica y afirma que “lograr la seguridad hídrica significa satisfacer las necesidades humanas así como las de los ecosistemas. Para ello es necesario que ocurran cambios fundamentales en los valores, creencias, percepciones y posiciones políticas, no solo en las instituciones de gestión del agua, sino también en cada una de las partes interesadas. El progreso puede llegar a ser lento y las situaciones complejas, pero no hay realmente otra alternativa para el futuro de la humanidad que un mundo con seguridad hídrica. Debemos afrontar este desafío”.

Desde el Cabildo de Gran Canaria y el Consejo Insular de Aguas se está afrontando este desafío. Está singularmente presente en el modelo de ecoísla que defendemos. Realmente lleva siglos presente en un reconocimiento de nuestra fragilidad que ha ido desarrollando a lo largo de los siglos un modelo de seguridad hídrica basado en la construcción de pozos, galerías, acequias, cantoneras, canales, trasvases, presas, desaladoras, depuradoras, renovables, central hidroeléctrica Salto de Chira… para garantizar nuestra subsistencia, nuestra agricultura tradicional y de exportación, el crecimiento turístico, el aumento constante de nuestra población.

El Salto de Chira, efectivamente, es el último hito. Además de ser fundamental para la transición energética y la penetración de las renovables, el proyecto cuenta con otra importante ventaja: aportar agua desalada a las presas mediante la planta desaladora de agua de mar ubicada en Arguineguín, con una aportación prevista al embalse de Soria de 2,7 millones de metros cúbicos. Esto se hace para poder garantizar la operación de la central hidroeléctrica y compensar las pérdidas y la sequía. Además de garantizar el funcionamiento, generaría un excedente de agua que se destinaría a cubrir las necesidades en la cumbre de Gran Canaria, mediante la elevación desde la Presa de Chira. Tener las presas llenas, en estos momentos en que por falta de lluvias están casi vacías, nos va a permitir poder elevar el agua para regar toda la cuenca de Tunte, Mogán, Tejeda y Artenara, reforestar la isla y combatir los incendios. Es más, si por cualquier razón hubiese algún día un problema grave de desabastecimiento en la isla y no pudiéramos producir agua, las presas de Chira y Soria llenas nos permitirían subsistir y abastecernos durante seis meses.

La visión de futuro de los técnicos y responsables políticos de hace 50 años para detectar el problema de la escasez de agua en la isla y construir un entramado de presas, como en ningún lugar del mundo, tuvo su continuidad en la apuesta decidida por la desalación y por la depuración de las aguas provenientes del saneamiento de los municipios para “fabricar” agua potable.

En Gran Canaria, el agua desalinizada supone el 50% de la oferta total insular de agua. La isla cuenta con una capacidad total de desalación de agua de mar de 104 hectómetros cúbicos al año procedente de un total de 20 complejos de desalación públicos y privados. De los 78,3 hm3/año que se producen, 69 son para el suministro a la población y 9 hm3/año para la agricultura. Específicamente, el Consejo Insular de Aguas explota en la actualidad cuatro desalinizadoras de ósmosis inversa que producen entre 5.000 y 15.000 metros cúbicos al día. En estos momentos, junto con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Ciencia e Innovación, se trabaja en una ambiciosa iniciativa, por valor de 20 millones de euros, que permitirá desarrollar y testar tecnología innovadora aplicada a la desalación de aguas en Gran Canaria.

Dedicamos asimismo un enorme esfuerzo a la reutilización de aguas negras –las depuramos casi en su totalidad- haciendo una aportación de 12,7 hm3 anuales al sector agrícola de la isla, esto es, en torno al 30% de las aguas depuradas. Tenemos que conseguir que sea el 100% y en ello estamos trabajando. Esto supone más de 100 hm3 de agua desalinizada o regenerada. En estos momentos se están ejecutando obras tan importantes como la EDAR de Bocabarranco en Gáldar y se está a punto de licitar su emisario submarino.

Para abaratar los costes de producción y reducir las emisiones de CO2, una de las líneas de trabajo prioritarias es la transformación de las actuales instalaciones, combinando la desalación, depuración y reutilización con el empleo de energías sostenibles y sistemas de ahorro energético.

Por ese motivo pusimos en marcha el proyecto RENOVAGUA, un ambicioso plan para que 26 plantas de desalación y depuración, distribuidas por todo el territorio insular, se abastezcan de energías limpias. El Cabildo destina a esta propuesta un total de 18 millones de euros. El objetivo es reducir en un 40% el uso de energías convencionales en la producción y distribución de agua, dejar de emitir 17.000 toneladas de CO2 a la atmósfera y dejar de importar y consumir 4.670 toneladas de petróleo, además de ahorrar dos millones de euros de la cantidad total destinada a desalar agua.

En estos momentos se trabaja también para garantizar el agua en nuestras cumbres y medianías a través de convenios con heredades y particulares, nuevas redes de riego, adquisición de bienes hidráulicos, etc. El Área de Agricultura ha tramitado, desde 2018, unas 25 obras de infraestructuras hidráulicas en 10 municipios por un importe total de 2.375.000 €, entre redes de riego, depósitos de almacenamiento, acondicionamiento de estanques y mejoras en las interconexiones hidráulicas de comunidades de regantes o heredades de aguas. Por su parte, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha ejecutado igualmente, desde la misma fecha, 7 obras en infraestructuras hidráulicas por importe total de 1.700.000 €.

Además, el Consejo Insular de Aguas ya dispone de 1.000.000 € para el mismo propósito, aumentando así la red de redes, sistemas de almacenamiento y recursos hídricos en medianías, para asegurar la disponibilidad de agua durante las épocas de menos lluvias. Por su parte, el Ayuntamiento de Tejeda aporta con fondos propios una partida económica de 2.000.000 € para tal fin, lo que sumará más infraestructuras hidráulicas de propiedad pública.

También dentro de la propuesta “La Cumbre Vive”, se encuentran en redacción 6 proyectos de plantas de depuración natural por parte de los Ayuntamientos de Artenara, Tejeda y Gáldar, financiadas por el Cabildo de Gran Canaria. De esta forma se conseguirá un recurso hidráulico complementario más para la zona, dando además así una solución a un problema ambiental de núcleos urbanos aislados. Se trata de una inversión de 1 millón de euros. También se destinan casi 400.000 euros a la recuperación de la Finca de Los Lavaderos y su estanque cueva. Estamos hablando en total de casi 10 millones de euros de inversión, a lo que se sumarán los 700.000 metros cúbicos anuales de agua del Salto de Chira.

He querido a vuela pluma resumir todas aquellas acciones que se realizan desde el Cabildo y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria para avanzar en la seguridad hídrica de la isla. Es un camino absolutamente necesario para adaptarnos a las afecciones del cambio climático, luchar contra la desertización y seguir impulsando las soberanías energética y alimentaria en Gran Canaria.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

En el ámbito económico, al igual que Marruecos, Argelia se encuentra volcada en el impulso de las energías renovables. El objetivo es reducir el consumo de gas natural y conservar estos ingresos de exportación recurriendo a la energía renovable e impulsando colaboraciones de gobierno a gobierno y del sector privado en toda la región MENA

La cuestión del gas se convierte en punto de disputa entre países europeos. Italia también ha iniciado conversaciones con Argelia para aumentar las importaciones de gas argelino en un 20% con el fin de contrarrestar el posible cierre del gaseoducto ruso.

En las últimas semanas Argelia, Niger y Nigeria firmaron un acuerdo para terminar la construcción del gaseoducto transahariano que conecta los puntos de bombeo de gas existentes en el delta del Niger (Nigeria) con los campos de Hassi-Masud (Argelia), aumentando la capacidad de suministro en unos 46.000 millones de metros cúbicos por año.

Muchos medios de comunicación en España han estado criticando y calificando a Argelia como un suministrador inestable, cuando los datos y la historia demuestran lo contrario, algo similar pasaba con los marroquíes hasta que Argelia no renovó el contrato.

Las energías, y muy especialmente el gas, se están convirtiendo en armas de influencia política y está pasando tanto con los exportadores como los importadores, y siempre recordando la posibilidad de caer en un desabastecimiento duro, que es lo que se está usando como arma de cambio.

En Argelia no se está notando el impacto de la crisis económica porque exporta petróleo y gas y tiene relaciones privilegiadas con Rusia, de ahí que las importaciones de cereales subvencionados por el gobierno argelino no corren riesgo.

En el ámbito internacional y tras su independencia en 1964, Argelia ocupaba una posición central en la política africana, pero tras la caída de Gadafi, Marruecos no ha dejado de ganar influencia en el continente. En 2017 regresó a la Unión Africana (UA) –que había abandonado en 1984 tras el reconocimiento por la UA de Sahara Occidental en 1982–, y en 2020 15 países africanos abrieron consulado en El Aaiún. En esta rivalidad, Marruecos cuenta con apoyo francés y estadounidense, mientras que Argel queda como único protector del Polisario.

"Si siguen así las cosas nos podríamos encontrar no solo ante una "Proxy War" en el Magreb, sino ante también una posible Guerra Fría que se extendiera también al Sahel."

Después del reconocimiento internacional de la marroquinidad del Sahara por parte de distintos países como EE.UU., Argelia necesita tener más que nunca como aliados a Rusia y China en la que es una cuestión vital para su seguridad nacional.

Este marco explica por qué Argelia facilita la presencia rusa en Malí, a pesar de negar oficialmente su implicación en la llegada de Wagner al país. Además, Argel ha habilitado su espacio aéreo a aeronaves rusas para realizar operaciones en Malí, mientras denegó este derecho a Francia. Múltiples fuentes no oficiales apuntan incluso a una financiación argelina de las actividades sahelianas de Wagner.

El triángulo Bamako-Argel-Moscú existe desde las independencias, cuando el Malí de Modibo Keita y la Argelia de Ben Bella fueron aliados muy cercanos de la URSS. Aunque oficiales malienses se formaron en Argelia y Rusia, la complicidad ruso-argelina excede lo militar. En 2006, durante su visita a Argel, Putin anunció una cancelación de la deuda argelina de casi 5.000 millones de dólares. Las importaciones de productos rusos en Argelia pasaron de 119,6 millones de dólares en 2000 a 4.801,8 millones en 2018. En términos militares, Argelia es el tercer cliente más importante de Moscú (14 % de sus exportaciones), después de India (25 %) y China (16 %).

Argelia sigue comprando la mayor parte de su arsenal militar a Rusia, pero la mayor parte de las empresas internacionales que operan en el campo de los hidrocarburos en Argelia son empresas occidentales. Entre ellas se encuentran Exxon movil, PB, ENI, Repsol y, por supuesto, Gasprom. El problema que tiene Argelia con occidente es que durante la guerra de los noventa del siglo pasado todos los países occidentales le cerraron la puerta y no la apoyaron para luchar contra el terrorismo. Sin embargo, después del fatídico suceso de las torres gemelas, el primer país al que la administración Bush pidió ayuda para luchar contra el terrorismo fue Argelia. Desde aquel entonces hasta nuestros días cambió la dinámica de sus relaciones, hasta el extremo de que ya USA vende aviones militares, especialmente de carga, a Argelia (los últimos fueron cuatro aviones de carga c-130j super hércules).

En relación con el Sahel no hay novedad, al menos en la frontera con Argelia, si bien han existido algunos movimientos en Kidal y Tsilit relacionados con el MNL de Azawad, pero que no afectan a Argelia.

Por su parte, Argelia ha aumentado las exportaciones de productos en forma de ayuda a la población del norte de Mali y de Niger.

Sin embargo, la turbulenta vecindad entre Marruecos y Argelia repercute en España no solo porque un vecindario inestable es foco potencial de mayores problemas sino también porque la nula cooperación antiterrorista y migratoria entre los dos países redunda contra la eficacia de los servicios de seguridad a la hora de combatir ambos fenómenos.

Debemos recordar en caso de conflicto quién está detrás de estos dos países. En el caso de Marruecos estaría Estados Unidos e Israel, y en el caso de Argelia está Rusia, cuya fragata Almirante Grigorovich, el patrullero Dmitry Rogachev y el remolcador de rescate SB-742, llegaron hasta este país para participar en maniobras navales conjuntas en 2021 con barcos de la Armada de la República Democrática Popular Argelina, según el Ministerio de Defensa ruso.

Rusia y China venden armas a Argelia, pero también Irán apoya al Frente Polisario proporcionándole armas a través de Hizbulá. En el caso de Rusia, juega doble juego porque también tiene intereses en Marruecos, ya que le vende armas, con lo cual su apoyo a Argelia es una incógnita.

Mientras tanto Marruecos pretende convertirse en una gran potencia no solo del Magreb y de África sino también en la cuenca mediterránea.

España no puede permanecer indiferente a los distintos escenarios ante los que nos podemos encontrar en un futuro próximo, ya que el Magreb es una zona de interés prioritario para nuestra seguridad nacional. Cada nuevo movimiento que se produce en uno de estos países del Magreb debería haber sido previsto con anterioridad por España y su posible respuesta.

Si no actuamos de una forma preventiva los resultados pueden ser perjudiciales para España y ser aprovechados por otros actores internacionales.

Pilar Rangel. Experta en Terrorismo Internacional y en la lucha contra Daesh.

“El bien común: ¿un paradigma de la política hoy?” es el título de la tesis con la que alcanzó el doctorado en Roma

“Valoración ética del fenómeno de la inmigración en Canarias” fue el eje de la exposición para su licenciatura en Teología Moral

Asegura que hay condiciones en el Archipiélago para caminar hacia una sociedad intercultural, solidaria y fraterna

“Es posible y deseable que la humanidad siga construyendo los principios políticos fundamentales en torno a un concepto de bien común con sólidas bases antropológicas y éticas”, reza una de las conclusiones de la tesis con la que Cristóbal Déniz Hernández (Valsequillo, junio 1969), nuevo obispo auxiliar de Canarias, logró su doctorado en Teología Moral en la Pontificia Lateranense de Roma, con la tutela de los profesores Sebastiano Viotti y Lorenzo Alvarez Verdes.

Su tesis teológica, condensada en más de 450 páginas, detalla que en los años de este tercer milenio “nos seguimos encontrando intentos fundamentalistas y beligerantes que pretenden imposiciones del bien común de acento religioso o secularista a todas las demás formas de pensar”. No obstante, su propio estudio del asunto evidencia “la superación de los modelos de sociedad confesional, incluso en la reflexión de la Doctrina Social de la Iglesia, describiendo a la sociedad como la plaza pública civil (Neuhaus), donde se puede ofrecer y dialogar sobre proyectos de bien común para toda la ciudadanía basados en acuerdos desde convicciones comunes”.

La biografía del nuevo prelado revela con sus trabajos académicos y diversas publicaciones una sensibilidad particular por los problemas sociales de actualidad, a la que no deben ser ajenos factores como su origen en el seno de una familia humilde de las medianías grancanarias, y su vocación de servicio a los demás, sobre todo a los más vulnerables de la ciudadanía.

Así lo acredita su intensa actividad en todas aquellas parroquias en las que sirvió, la última de ellas la del Cristo de la barriada de Guanarteme en la capital, desde 2019, y con la que pretende seguir vinculado en la medida que lo permitan sus nuevas obligaciones como obispo auxiliar.

La inmigración en Canarias, así como el desarrollo liberal y la globalización de la solidaridad y del bien común en los modelos económicos, han sido igualmente objeto de estudio a fondo para Cristóbal Déniz enfrentar los viejos y nuevos problemas desde su ministerio sacerdotal.

HIPOCRESIA EN INMIGRACION

En concreto su “Valoración ética del fenómeno de la inmigración en Canarias” le valió para la licenciatura en Teología Moral también en Roma. Al hacer historia del fenómeno migratorio, se detiene en tantos países, España incluido, que ahora practican una política contra los inmigrantes, y han tenido durante siglos las puertas abiertas en las naciones de éstos (en alusión a las antiguas colonias) para expoliar sus recursos naturales.

Sintoniza con el filósofo Carlos Paris cuando afirma que “hay que dejar de ser hipócritas o amnésicos (…) la historia de Europa especialmente en su fase de desarrollo capitalista y la de Estados Unidos es la de una inmensa depredación de pueblos y recursos”.

En el caso de Canarias, Cristóbal Déniz se remite al estudio de Manuel Hernández González, donde recoge el pasado de la emigración canaria a otras tierras en el periodo de gran crisis económica de 1941 a 1950. Entonces se produjo el éxodo de 24.275 canarios, principalmente hacia Latinoamérica.

“De la misma forma que se alaba el riesgo, el sacrificio, la generosidad de estos canarios que sacrificaron tantas cosas en la vida (la familia, los amigos, la seguridad y la estabilidad de estar en casa) para aportar el sustento a sus familiares, se ha de alabar el de tantos inmigrantes que ahora nos visitan a nosotros con el mismo objetivo”, opinaba el nuevo obispo auxiliar en la disertación de su licenciatura teológica en el año 1997.

Finaliza expresando en este apartado que en Canarias “hay condiciones para caminar hacia una sociedad intercultural, solidaria y fraterna con los hermanos necesitados de otras latitudes”, seguro de que es una inversión para el crecimiento de valores éticos y humanos que -a su juicio- repercutirá positivamente en beneficio de toda la sociedad canaria y de la población inmigrante.

DOMINIO DE INTERESES FUERTES

En otro de sus trabajos sobre la globalización de la solidaridad y del bien común en los modelos económicos, Cristóbal Déniz manifiesta su preferencia por un desarrollo entendido desde el bien común, de manera que en esta etapa de globalización pasa por una democracia globalizada, “es decir, instaurada sobre el plano transnacional. A pesar de la alta legitimidad de la democracia como sistema político y del estado de derecho como máximo garante de la defensa y protección de las personas desde su dignidad humana, sin embargo –puntualiza-, a escala internacional siguen dominando los intereses más fuertes sin que podamos decir que se dé el espíritu democrático”. Tal realidad exige desde su óptica “una concepción del bien común mundial y más en concreto la urgencia de tutelar y promocionar bienes colectivos imprescindibles como la paz y la salvaguardia del medio ambiente”.

El examen de la situación, con los correspondientes matices, le hace recurrir a Pablo VI y su encíclica “Populurum progressio” (cuarenta años después), como instrumento aún vigente para una alternativa, y discernir sobre la ambivalencia del modelo de desarrollo predominante y plasmar una propuesta de carácter ético y humano más completa, que “constituye el horizonte utópico irrenunciable”, sentencia.

La ceremonia de su consagración episcopal será protagonizada el sábado día 26 a las 11:00 horas en la catedral de Santa Ana por José Mazuelo, hoy al frente de la Diócesis de Canarias, acompañado de su predecesor Francisco Cases, y el nuncio del Vaticano en Madrid, Cleopas Auza.

ECHARREN, JOSÉ ALONSO Y M. MERCHÁN

Hijo de un matrimonio radicado en Valsequillo, integrado por Santiago Déniz Suarez y Magdalena Hernández Gil, el segundo obispo auxiliar en la historia de la Iglesia canaria (tras Román y Linares en 1816) despertó a la vocación religiosa en su localidad de origen al incorporarse a un grupo de jóvenes activistas desde la fe cristiana. Ingresó en el seminario a los 19 años.

Dos personas fueron decisivas en la fase inicial de su trayectoria: el párroco de la época, Manuel Merchán, y el sacerdote y profesor de Teología, José Alonso Morales, ya fallecido. El segundo sería clave para consolidar el propósito vocacional y eliminar sus miedos, “más que inseguridad”, ante el reto que abordaba. “Le agradecí en vida a Pepe Alonso su ayuda en esos momentos para aclarar mi camino. Era admirable al transmitir siempre serenidad, confianza y esperanza a su alrededor, además de su magisterio teológico, a pesar de los muchos y graves reveses que sufría con su salud”, recuerda hoy Cristóbal Déniz.

También destaca entre sus positivas influencias al obispo Ramón Echarren, que le ordenó sacerdote el 22 de septiembre de 1996, y con el que acudió a Roma años después en la visita “ad limina” al papa Juan Pablo II. “Monseñor Echarren resultó un adelantado de su tiempo, de gran capacidad receptiva y con enorme inquietud social. Inolvidable su pastoral dedicada a los abuelos”, sostiene.

Confiesa que no eligió al azar el tema de la tesis doctoral que defendió exitosamente el 8 de marzo de 2006 en Roma, incluyendo inicialmente por la fecha unas referencias a la mujer trabajadora y a San Juan de Dios, santo del día.

No duda en apuntar las Bienaventuranzas como su opción predilecta sobre cualquier otro texto evangélico, si le imponen decantarse por exclusivamente por uno de ellos.

LEMA Y ESCUDO EPISCOPAL

Ya cuenta con lema y escudo para ejercer su nueva responsabilidad eclesial: “Gaudium Domini Fortitudo Nostra” (La alegría del Señor es nuestra fortaleza). El escudo, con los colores amarillo y azul dominantes de fondo, presenta el dibujo de cinco elementos: flores de almendro sobre rojo, la silueta del Castillo de San Cristóbal, la Biblia, el mar y un corazón. Algunos de los rasgos y colores no dejan de ser un guiño claro a su raíz canaria.

Las felicitaciones le han llovido de todas partes desde que trascendió su nombramiento, conmoviéndole singularmente el mensaje por whatsapp de Magdalena, su madre, cargado de ternura y afecto: “En Valsequillo se han alegrado todos, creyentes y no creyentes, me dijo”.

A partir del sábado próximo, Cristóbal Déniz Hernández será ya definitivamente el obispo auxiliar del titular de la Diócesis, José Mazuelos, artífice de la sólida argumentación para que el Vaticano, de acuerdo con el nuncio en España, diera luz verde a este nombramiento en un tiempo récord.

Ambos prelados, Mazuelos y Déniz, se habían conocido en Roma durante los estudios teológicos de ambos. El primero culminaba su formación para el doctorado, y el segundo la iniciaba. Por suerte éste se benefició de la experiencia y el asesoramiento del primero en la elección de disciplinas y profesores universitarios para alcanzar su objetivo académico.

Amado Moreno. Periodista. Director. 'Desde mi Atalaya'. 'Amado Moreno.com' 

La tarde del pasado viernes 18 de marzo nos enterábamos, a través de un comunicado del gabinete de la Casa Real marroquí, de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, había enviado una carta al Rey Mohamed VI en la que le aseguraba que “España considera la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”. Es decir, que de facto el Gobierno de España reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara, algo que no hace ni la ONU, ni la Unión Europea, ni la Unión Africana ni ninguna otra organización internacional ya que, según Naciones Unidas, el Sáhara es un territorio pendiente de descolonización.

Además, nos enteramos de este cambio histórico en la postura de España, que sigue siendo “de iure” la potencia administradora del Sáhara Occidental, a través de una filtración parcial, interesada y humillante del Rey de Marruecos, sin que haya habido debate en el Congreso, sin que el PSOE se lo hubiese comunicado a sus socios de gobierno o a sus socios parlamentarios. Sin ni tan siquiera una comunicación o comparecencia oficial por parte del presidente del Gobierno o de su ministro de Exteriores. Es algo completamente inaceptable el que nos enteremos por una filtración de un acuerdo clandestino y opaco que no plantea de manera diáfana cuáles son las contrapartidas.

La decisión del Gobierno de España de aceptar el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, frente a la determinación de la ONU y el Tribunal Internacional de La Haya de que se ejerciera el derecho a la autodeterminación en el territorio invadido y anexionado por Marruecos, ha supuesto la segunda gran traición de un Gobierno español al pueblo saharaui. La primera realizada por una dictadura y la segunda por un gobierno democrático, pero en los dos casos con las mismas formas y el mismo fondo. La coincidencia en la denuncia de esta felonía es prácticamente unánime en el conjunto de las fuerzas políticas del arco parlamentario español y de organizaciones sindicales, sociales, etc.

En medio de una crisis bélica y energética que pone en riesgo nuestra economía y nuestra convivencia, el Gobierno español da un giro a sus políticas de respeto al Derecho Internacional y a su papel de potencia administradora, cede al chantaje y se entrega a Marruecos poniendo en riesgo sus relaciones con Argelia, de la que depende el 34% del gas que consume España. Es curioso que España se esté volcando en estos momentos en denunciar y combatir la invasión de Rusia a Ucrania y, al tiempo, justifique la invasión del Sáhara por parte de Marruecos.

A la par, siembran una duda enorme sobre Canarias y sobre la posibilidad de que nuestro archipiélago estuviese en la agenda de la demanda del país alauita sobre la soberanía de nuestra tierra, al mismo nivel que Ceuta y Melilla. Nos tendrán que aclarar si se trata de una burda maniobra política para utilizarnos políticamente y así justificar una actuación aviesa o si realmente estaba en discusión por parte de Marruecos su soberanía sobre este archipiélago. Resulta vergonzoso que la UE y España tengan que ponerse de rodillas ante un país claramente autoritario como Marruecos. Que la Unión Europea y España acepten de manera expresa el cuestionamiento por un sátrapa de la integridad territorial de España. Es una muestra de debilidad, una claudicación vergonzosa de España ante este país autocrático.

En cualquier caso estaríamos ante burdas maniobras coloniales. La realidad es que la Unión Europea, Marruecos y España nos la han jugado siempre en esta partida de intereses. Nos la han jugado y nos la están jugando. Y nos la pueden jugar gravemente en el futuro.

Nos la jugaron primero con la pesca. El primer convenio pesquero entre España y Marruecos a principios de los años ochenta y luego entre la UE y Marruecos, ratificado por el Parlamento Europeo el 12 de febrero de 2019, en el que se incluyen las aguas del Sáhara Occidental, en contra de las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, supuso un mazazo para nuestros puertos y para nuestros pescadores. La entrega del Banco Canario-Sahariano a Marruecos por parte de España y la UE supuso la caída en picado de nuestra flota artesanal, de la flota pesquera con base en Canarias y el declive del negocio portuario derivado de las pesquerías. No estuvimos nunca presente en las negociaciones ni se tuvo en cuenta nuestra realidad social y económica.

Nos la jugaron igualmente con el Puerto de Agadir, que se ha convertido en una competencia seria para el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Este puerto, que hoy rivaliza directamente con el nuestro y que, al obligarlo así Europa, ha asumido la mayor parte de las descargas de la pesca del Banco Canario-Sahariano, fue financiado por España a través de un crédito de Gobierno a Gobierno suscrito junto a la firma del acuerdo de pesca de 1 de agosto de 1983. Y por supuesto que para hacerlo jamás pensaron en Canarias.

Nos la jugaron también con el tomate. Desde el año 2000 Marruecos y la Unión Europea ponen en marcha un acuerdo de asociación que incluye la pesca como elemento fundamental y que se amplía a la agricultura, libre de aranceles, en el 2012. Y aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó a excluir al Sáhara de los acuerdos, la realidad es que, con distintos subterfugios, el convenio y los cultivos en el Sáhara Occidental se mantienen en detrimento de los derechos de los saharauis y de la agricultura canaria. El precio por kilo pactado por Europa con Marruecos supuso un atentado brutal contra la agricultura del sur de España y de Canarias. Una competencia desleal –que incumple las normativas europeas en materia laboral y medioambiental- que ha provocado la casi desaparición del cultivo del tomate en nuestra isla y la destrucción de miles de empleos.

Y nos la siguen jugando con la migración. El incremento de la inmigración desde las costas africanas hacia el Archipiélago canario no es ajeno a la ausencia de controles de las fuerzas que Marruecos tiene desplegadas en los territorios de origen de las pateras. Una buena parte de las personas que se juegan la vida cruzando el mar sin garantías de supervivencia son de procedencia marroquí, a pesar de las enormes ayudas que desde la Unión Europea se aportan cada año al Gobierno de Marruecos para mitigar este fenómeno. Las vidas de muchos migrantes se han convertido en moneda de cambio de esta dinámica de tensiones, como ha quedado en evidencia en los acontecimientos sufridos en Ceuta y como, desde mucho antes, viene sucediendo en las costas de Canarias cada vez que surge alguna dificultad en otros escenarios. Ni Europa ni España han obligado al cumplimiento de los objetivos de la cooperación entre Europa y Marruecos no sólo en la aplicación de medidas de seguridad fronteriza sino en el desarrollo de políticas activas de protección de los migrantes, que acaben con la aportación de recursos a fondo perdido.

No hay que olvidar tampoco que hace unos meses Marruecos concedió una licencia exclusiva a una empresa israelí para explorar yacimientos de gas y petróleo al sureste de Canarias, en las costas del Sáhara Occidental, con el silencio de España y la UE. Ese contrato prevé prospecciones petrolíferas y de gas en las aguas del Sáhara Occidental que lindan o invaden las aguas canarias. Pese a ello, la postura del Gobierno de España fue extraordinariamente tímida. La inmensa mayoría del pueblo canario ya mostró con contundencia su rechazo a la pretensión de la industria petrolera de explorar los yacimientos marinos en las aguas canarias cuando el gobierno del Partido Popular, animado por el ministro José Manuel Soria, consintió las perforaciones al noreste del Archipiélago. El nuevo planteamiento no es distinto: la misma industria, con actores diferentes, tratando de forzar la voluntad de los hombres y mujeres de Canarias en un escenario internacional de agotamiento de los combustibles fósiles. Y el Gobierno de España ha tragado y jamás ha definido una estrategia contundente ante las actuaciones que violentan la voluntad de los canarios, que debe incluir el tratamiento sobre las tierras raras situadas en aguas de jurisdicción española.

Esto ocurrió poco después de otra decisión marroquí que no ha sido contestada por parte del Gobierno de España: la aprobación por su Cámara Alta de la ampliación a 200 millas de su zona económica exclusiva y la extensión de la plataforma continental a 350 millas, lo que supone asignarse, además, las aguas del Sáhara Occidental. Esta ampliación afecta directamente a aguas canarias y se hace para la explotación del subsuelo rico en telurio, cobalto y tierras raras y como medio de presión, de nuevo, al gobierno español y canario.

En definitiva, vemos como Canarias es utilizada por parte del Gobierno de Marruecos como elemento de presión y chantaje sobre el Gobierno de España lo que ha llevado a la aceptación por parte de Pedro Sánchez de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Canarias debe ser contundente en el rechazo a las continuas cesiones por parte de España a un gobierno dictatorial y exigir la defensa de la legalidad internacional y que España haga valer su postura frente a las pretensiones imperialistas del reino alauí. Además ¿quién nos asegura que el monarca absolutista se conformará con lo ya conseguido?

El conflicto sobre la soberanía del Sáhara Occidental y la construcción del Gran Marruecos está en la raíz de esta dinámica de pulsos que el régimen político de Marruecos aplica a sus vecinos. Canarias no sólo es testigo directo de la tensión acumulada en la región desde que España abandonó el Sáhara en 1975, es también víctima directa de los distintos fracasos de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución pacífica y duradera para este conflicto.

Por supuesto, no nos olvidamos de la legítima lucha del pueblo saharaui por su libertad y autodeterminación. Marruecos debe poner fin a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y se debe avanzar en la resolución pacífica, y con respeto a la legalidad internacional, en la descolonización y la celebración de un referéndum que permita la instauración de la República Árabe-Saharaui Democrática con plena soberanía sobre su territorio.

El impuesto más injusto del mundo, la inflación, ataca con especial virulencia a las personas que peor lo están pasando. Porque para los que cuentan los euros para llegar a fin de mes, el aumento de los precios es la puntilla definitiva

En La Gomera padecemos en mayor manera los efectos de esta nueva crisis. Los sobrecostes de la doble insularidad se están convirtiendo en algo insoportable de asumir. El incremento del precio del transporte de mercancías, de las materias primas o de los combustibles, que afecta a todos los españoles, es mayor en el caso de las Islas Canarias. Y aún mayor si hablamos de islas no capitalinas, el último eslabón de una cadena que empobrece aún más a nuestros conciudadanos.

La cesta de la compra en nuestra isla se ha convertido en una de las más caras de España. El precio de los combustibles de automoción, que es un escándalo en Canarias, desafía a los cielos en las islas no capitalinas. Esto, sencillamente, es insoportable. Y sin embargo, lo estamos aguantando.

El Gobierno de España ha salido al paso, otra vez, de una nueva adversidad. Porque parece que no bien terminamos de salir de una tempestad cuando ya tenemos que enfrentarnos a la siguiente. Como se decía antes: “no salimos de una para meternos en otra”. Tan grande es la preocupación que se van a destinar dieciséis mil millones para ayudar a las familias y a los sectores económicos, afectados por una inflación que en breve pasará del 10%, una cifra que no se veía desde hace décadas. Parte de esa ayuda llegará a Canarias. Y bien que la vamos a necesitar, aunque sigo insistiendo en que las medidas deben venir de la mano de incentivos específicos a los territorios que padecemos la doble insularidad.

Sigo esperando —y deseando— que este año sea el del cambio a mejor. Cruzando los dedos para que acabe de una vez la tragedia que está viviendo el pueblo de Ucrania y esperanzado en que el turismo no se resienta y podamos reactivar nuestra economía. Pero complicaciones como una inflación que nadie esperaba pueden dar al traste con nuestras mejores expectativas.

Las dificultades que ha atravesado la sociedad de nuestras islas con unos déficits estructurales anclados desde hace décadas, ha creado una enorme bolsa de pobreza y exclusión social. Nadie puede ser ajeno al conocimiento de tantas y tantas familias que han visto sus sueños rotos por la pérdida del trabajo o del negocio. Lo vemos quienes estamos en las corporaciones locales, al lado de los vecinos. Y lo denuncian con alarma los responsables de las ONG de Canarias, que hacen una labor admirable. La inflación exagerada que estamos padeciendo es como una chispa que cae sobre la pinocha seca en el monte: algo que puede convertirse en un imparable incendio de empobrecimiento.

Canarias importa cerca del cuarenta por ciento de su PIB de fuera de las islas. Y eso nos hace extremadamente vulnerables al encarecimiento de los fletes y a la carencia de materias primas. El incremento del precio de los combustibles es mortal para siete islas donde la única alternativa es el transporte por carretera, mayoritariamente privado. Y el precio de la cesta de la compra no ha hecho más que subir, convirtiéndose, para muchas personas, en un producto de lujo.

Tendremos que contener, entre todos, a ese monstruo inflacionario que devora nuestros recursos. El Gobierno ha puesto en marcha las primeras medidas. Y las autoridades europeas, seguramente, actuarán en breve. Pero que nadie se engañe: nos va a costar mucho más a islas como La Gomera, El Hierro y La Palma.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias